Arturo Rodríguez García
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La protesta en contra de la termoeléctrica en Huexca, Yecapixtla, Morelos. Foto: Especial |
Arrinconadas
desde la Colonia en las regiones más inhóspitas el país, las
comunidades indígenas se enfrentan ahora a la voracidad de los
empresarios mexicanos y extranjeros que pretenden alejarlos de sus
tierras para instalar en ellas minas y plantas eólicas, termoeléctricas
e hidroeléctricas: el negocio privado que el gobierno federal defiende
como una prioridad de la nación. Uno de los opositores a esos
megaproyectos afirma: “Nos quieren exterminar”.
MÉXICO, D.F. (Proceso).- Propietarios originarios de la tierra y de los recursos que hay en ella, los pueblos indígenas enfrentan una amenaza: los megaproyectos energéticos, que trastornan a sus comunidades entre despojos, atropellos políticos y judiciales y la presión para que abandonen usos y costumbres ancestrales.
Lo mismo en los desiertos de Baja California que en los valles del Istmo de Tehuantepec, en la Sierra Norte de Puebla o alrededor del volcán Popocatépetl; en la costa del Golfo de México o a través de las planicies semidesérticas del norte, la realidad desmiente la campaña publicitaria del gobierno de Enrique Peña Nieto, que promete más inversiones, empleos y alimentos con la reforma energética.
El Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra y el Agua de Morelos, Puebla y Tlaxcala (FPDTA) lo documenta con datos oficiales: por ejemplo, la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) y la Comisión Nacional del Agua (Conagua) estiman que 5% del agua del país se destina a abastecer las termoeléctricas, cuando toda la actividad industrial del país consume 4%. Tan sólo la termoeléctrica de Petacalco gasta tres veces más líquido que toda la población del Distrito Federal.
De hecho el FPDTA surgió para coordinar a quienes se oponían al Proyecto Integral Morelos (PIM), heredado por la pasada administración estatal y que pretende instalar dos termoeléctricas en la comunidad nahua de Huexca, en el municipio agrícola de Yecapixtla, Morelos.
A fin de alimentar esas plantas se extraería el agua del valle de Cuautla y del municipio de Ayala, y se las dotaría de combustible mediante un gasoducto que rodearía el Popocatépetl, para lo cual se expropiarían tierras de cultivo en comunidades nahuas de Tlaxcala, Puebla y Morelos. Además, siempre estaría latente el riesgo de una erupción.
Conforme a la tendencia del sexenio calderonista, el proyecto fue encargado a las empresas españolas Energás, Abengoa, Elecnor y OHL (Proceso 1870); esta última tuvo en su consejo de administración al actual director de Petróleos Mexicanos (Pemex), Emilio Lozoya Austin…
Fragmento del reportaje que se publica en la edición 1924 de la revista Proceso, actualmente en circulación.
MÉXICO, D.F. (Proceso).- Propietarios originarios de la tierra y de los recursos que hay en ella, los pueblos indígenas enfrentan una amenaza: los megaproyectos energéticos, que trastornan a sus comunidades entre despojos, atropellos políticos y judiciales y la presión para que abandonen usos y costumbres ancestrales.
Lo mismo en los desiertos de Baja California que en los valles del Istmo de Tehuantepec, en la Sierra Norte de Puebla o alrededor del volcán Popocatépetl; en la costa del Golfo de México o a través de las planicies semidesérticas del norte, la realidad desmiente la campaña publicitaria del gobierno de Enrique Peña Nieto, que promete más inversiones, empleos y alimentos con la reforma energética.
El Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra y el Agua de Morelos, Puebla y Tlaxcala (FPDTA) lo documenta con datos oficiales: por ejemplo, la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) y la Comisión Nacional del Agua (Conagua) estiman que 5% del agua del país se destina a abastecer las termoeléctricas, cuando toda la actividad industrial del país consume 4%. Tan sólo la termoeléctrica de Petacalco gasta tres veces más líquido que toda la población del Distrito Federal.
De hecho el FPDTA surgió para coordinar a quienes se oponían al Proyecto Integral Morelos (PIM), heredado por la pasada administración estatal y que pretende instalar dos termoeléctricas en la comunidad nahua de Huexca, en el municipio agrícola de Yecapixtla, Morelos.
A fin de alimentar esas plantas se extraería el agua del valle de Cuautla y del municipio de Ayala, y se las dotaría de combustible mediante un gasoducto que rodearía el Popocatépetl, para lo cual se expropiarían tierras de cultivo en comunidades nahuas de Tlaxcala, Puebla y Morelos. Además, siempre estaría latente el riesgo de una erupción.
Conforme a la tendencia del sexenio calderonista, el proyecto fue encargado a las empresas españolas Energás, Abengoa, Elecnor y OHL (Proceso 1870); esta última tuvo en su consejo de administración al actual director de Petróleos Mexicanos (Pemex), Emilio Lozoya Austin…
Fragmento del reportaje que se publica en la edición 1924 de la revista Proceso, actualmente en circulación.
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