Jesús Cantú
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| Luis Videgaray y Enrique Peña Nieto. Foto: Miguel Dimayuga |
MÉXICO,
D.F. (Proceso).- La propuesta de reforma hacendaria “y social” (como la
ha llamado el mismo presidente Enrique Peña Nieto) sorprendió a todos.
Hasta hoy todas las propuestas de reforma gubernamentales, aunque
tímidas, incompletas o insuficientes, obedecían en su orientación a las
demandas y requerimientos del neoliberalismo y los países ricos
agrupados en la Organización para la Cooperación y el Desarrollo
Económicos (OCDE).
Pero la reforma hacendaria se sale de esta lógica, y aun cuando no se atreve a contradecirla en su totalidad, sí ignora varias de sus indicaciones. Los puntos más claros de ello son la resistencia a generalizar el Impuesto al Valor Agregado en alimentos y medicinas o, al menos, incluir un alza en la tasa; y la propuesta de déficit presupuestal a partir de este mismo año.
Entre los propósitos fundamentales del llamado “Consenso de Washington”, retomados por los países ricos de la OCDE y recetados indiscriminadamente para los denominados países emergentes y en desarrollo, se encuentran: el incremento de los ingresos tributarios mediante los impuestos al consumo y el llamado equilibrio fiscal.
Lo paradójico es que las naciones ricas no siguen sus recetas, pues casi todas tienen déficits fiscales, y del total de su captación recaudan 33.2% vía impuestos al ingreso y las utilidades, y 31.3% en impuestos al consumo; mientras los países a los que les imponen sus recetas, como es el caso de México, recaudan más de 52% de sus ingresos a través de impuestos al consumo y únicamente 27.8% proviene de los impuestos directos.
La propuesta de Peña Nieto pretende obtener 39.9% de la captación con el aumento de los Impuestos Especiales a la Producción y los Servicios; el 24.4%, con el alza de 2 puntos porcentuales a la tasa del Impuesto Sobre la Renta para personas físicas que ganen más de 500 mil pesos al año; el 22.5% del Impuesto al Valor Agregado; el 6.9%, con la llamada eliminación de los privilegios y los regímenes especiales del ISR empresarial; y el restante 6.3%, de derechos.
Así, pese a que apuesta principalmente por los impuestos indirectos, como indica la receta de la OCDE, no la acata en sus términos. Pero, como es evidente por las reacciones de los dirigentes de los organismos empresariales, sí traicionó totalmente sus expectativas; y, como dice el PRD, incluyó algunas de sus demandas históricas: pensión universal a adultos mayores y seguro de desempleo. La propuesta de reforma está más cerca de la incoherencia que del eclecticismo.
Se halla mal orientada porque incorpora varios gravámenes que se contraponen abierta y claramente con algunos de los objetivos que, según el discurso presidencial y del titular de Hacienda, se buscan.
En cuanto a la reactivación económica, contravienen este fin las propuestas de: incrementar 2 puntos porcentuales la tasa máxima del ISR a partir de los 500 mil pesos anuales de salario (41 mil 667 pesos mensuales), e imponer IVA a colegiaturas, rentas, hipotecas, etcétera, pues así le quitarían recursos disponibles a la población más propensa al consumo (clase media), la que verdaderamente puede hacer crecer la demanda interna.
En el mismo sentido, el IVA en la compraventa de inmuebles y las hipotecas impactaría directamente a uno de los sectores más afectados por la actual recesión: el inmobiliario.
El IVA en las colegiaturas también puede convertirse en la peor inversión del gobierno mexicano, pues como acertadamente declararan rectores de universidades públicas y privadas, se traducirá en la transferencia de alumnos de las escuelas privadas a las públicas, y el gasto que esto produciría puede ser mayor a lo que pretenden recaudar; pero además se convierte en un obstáculo para el mejoramiento de la calidad académica, tanto en la educación privada como en la pública, pues la primera disminuiría sus ingresos y la segunda vería aumentar la demanda y, por consecuencia, sus carencias.
La eliminación o reducción de las deducciones permitidas a personas físicas se opone claramente a la intención de disminuir la informalidad, pues se reduce el incentivo a solicitar recibos o facturas para comprobar los gastos; así, nuevamente: los ingresos no declarados pueden ser mayores al ahorro en las deducciones y, por lo tanto, el ingreso gravable puede bajar, al igual que la tributación.
Para colmo, los incrementos en la captación son mucho menores a los necesarios para cubrir los agujeros que se abren con la pensión universal, el seguro de desempleo y la reforma al régimen fiscal de Pemex, con lo cual la reforma no resuelve ningún problema y, todo lo contrario, sí puede crear nuevos problemas o más derechos sociales incumplidos.
De acuerdo con un estudio de la OCDE, en 2010 el promedio de 15 países latinoamericanos recibieron ingresos tributarios equivalentes a 19.4% de su Producto Interno Bruto; 34 naciones de la OCDE, 33.8%; y México, 18.8%, pero si se restan los ingresos provenientes de los gravámenes al petróleo, esto se reduce a escasamente 13.9%. Según los pronósticos del mismo gobierno, la propuesta permitirá incrementar los ingresos tributarios en 1.2 puntos porcentuales, es decir, apenas para alcanzar el promedio de los niveles latinoamericanos (contando los provenientes del petróleo) y muy lejos de los países de la OCDE. Pero incluso muy por debajo de la recaudación impositiva de Argentina y Brasil, que rebasan el 30%.
Y, lo peor, todo indica que habrá cambios importantes entre la propuesta y lo que finalmente se apruebe: lo más probable es que se elimine el IVA en las colegiaturas; pero también están en riesgo el nivel de ingreso anual a partir del cual se aplicará la nueva tasa del ISR y el IVA en las rentas de casas habitación y los intereses de los créditos hipotecarios. De concretarse estos ajustes o, al menos, alguno de ellos, el incremento en la recaudación sufrirá las consecuencias, ya que lo volverán más insuficiente.
Una de las principales expectativas que generó el actual gobierno federal era la presencia de un equipo de funcionarios de primer nivel que supuestamente dominaban la materia económica, y hoy parece que es una de sus debilidades: primero mostraron su incapacidad para ejercer el gasto público, lo cual se manifestó en el subejercicio presupuestal; y ahora, con una propuesta de reforma que puede convertirse en el último clavo en el ataúd del Mexican Momentum (Memo). No pueden eludir su responsabilidad en el decrecimiento económico, por más que lo quieran achacar a los impactos de la economía internacional.
Pero la reforma hacendaria se sale de esta lógica, y aun cuando no se atreve a contradecirla en su totalidad, sí ignora varias de sus indicaciones. Los puntos más claros de ello son la resistencia a generalizar el Impuesto al Valor Agregado en alimentos y medicinas o, al menos, incluir un alza en la tasa; y la propuesta de déficit presupuestal a partir de este mismo año.
Entre los propósitos fundamentales del llamado “Consenso de Washington”, retomados por los países ricos de la OCDE y recetados indiscriminadamente para los denominados países emergentes y en desarrollo, se encuentran: el incremento de los ingresos tributarios mediante los impuestos al consumo y el llamado equilibrio fiscal.
Lo paradójico es que las naciones ricas no siguen sus recetas, pues casi todas tienen déficits fiscales, y del total de su captación recaudan 33.2% vía impuestos al ingreso y las utilidades, y 31.3% en impuestos al consumo; mientras los países a los que les imponen sus recetas, como es el caso de México, recaudan más de 52% de sus ingresos a través de impuestos al consumo y únicamente 27.8% proviene de los impuestos directos.
La propuesta de Peña Nieto pretende obtener 39.9% de la captación con el aumento de los Impuestos Especiales a la Producción y los Servicios; el 24.4%, con el alza de 2 puntos porcentuales a la tasa del Impuesto Sobre la Renta para personas físicas que ganen más de 500 mil pesos al año; el 22.5% del Impuesto al Valor Agregado; el 6.9%, con la llamada eliminación de los privilegios y los regímenes especiales del ISR empresarial; y el restante 6.3%, de derechos.
Así, pese a que apuesta principalmente por los impuestos indirectos, como indica la receta de la OCDE, no la acata en sus términos. Pero, como es evidente por las reacciones de los dirigentes de los organismos empresariales, sí traicionó totalmente sus expectativas; y, como dice el PRD, incluyó algunas de sus demandas históricas: pensión universal a adultos mayores y seguro de desempleo. La propuesta de reforma está más cerca de la incoherencia que del eclecticismo.
Se halla mal orientada porque incorpora varios gravámenes que se contraponen abierta y claramente con algunos de los objetivos que, según el discurso presidencial y del titular de Hacienda, se buscan.
En cuanto a la reactivación económica, contravienen este fin las propuestas de: incrementar 2 puntos porcentuales la tasa máxima del ISR a partir de los 500 mil pesos anuales de salario (41 mil 667 pesos mensuales), e imponer IVA a colegiaturas, rentas, hipotecas, etcétera, pues así le quitarían recursos disponibles a la población más propensa al consumo (clase media), la que verdaderamente puede hacer crecer la demanda interna.
En el mismo sentido, el IVA en la compraventa de inmuebles y las hipotecas impactaría directamente a uno de los sectores más afectados por la actual recesión: el inmobiliario.
El IVA en las colegiaturas también puede convertirse en la peor inversión del gobierno mexicano, pues como acertadamente declararan rectores de universidades públicas y privadas, se traducirá en la transferencia de alumnos de las escuelas privadas a las públicas, y el gasto que esto produciría puede ser mayor a lo que pretenden recaudar; pero además se convierte en un obstáculo para el mejoramiento de la calidad académica, tanto en la educación privada como en la pública, pues la primera disminuiría sus ingresos y la segunda vería aumentar la demanda y, por consecuencia, sus carencias.
La eliminación o reducción de las deducciones permitidas a personas físicas se opone claramente a la intención de disminuir la informalidad, pues se reduce el incentivo a solicitar recibos o facturas para comprobar los gastos; así, nuevamente: los ingresos no declarados pueden ser mayores al ahorro en las deducciones y, por lo tanto, el ingreso gravable puede bajar, al igual que la tributación.
Para colmo, los incrementos en la captación son mucho menores a los necesarios para cubrir los agujeros que se abren con la pensión universal, el seguro de desempleo y la reforma al régimen fiscal de Pemex, con lo cual la reforma no resuelve ningún problema y, todo lo contrario, sí puede crear nuevos problemas o más derechos sociales incumplidos.
De acuerdo con un estudio de la OCDE, en 2010 el promedio de 15 países latinoamericanos recibieron ingresos tributarios equivalentes a 19.4% de su Producto Interno Bruto; 34 naciones de la OCDE, 33.8%; y México, 18.8%, pero si se restan los ingresos provenientes de los gravámenes al petróleo, esto se reduce a escasamente 13.9%. Según los pronósticos del mismo gobierno, la propuesta permitirá incrementar los ingresos tributarios en 1.2 puntos porcentuales, es decir, apenas para alcanzar el promedio de los niveles latinoamericanos (contando los provenientes del petróleo) y muy lejos de los países de la OCDE. Pero incluso muy por debajo de la recaudación impositiva de Argentina y Brasil, que rebasan el 30%.
Y, lo peor, todo indica que habrá cambios importantes entre la propuesta y lo que finalmente se apruebe: lo más probable es que se elimine el IVA en las colegiaturas; pero también están en riesgo el nivel de ingreso anual a partir del cual se aplicará la nueva tasa del ISR y el IVA en las rentas de casas habitación y los intereses de los créditos hipotecarios. De concretarse estos ajustes o, al menos, alguno de ellos, el incremento en la recaudación sufrirá las consecuencias, ya que lo volverán más insuficiente.
Una de las principales expectativas que generó el actual gobierno federal era la presencia de un equipo de funcionarios de primer nivel que supuestamente dominaban la materia económica, y hoy parece que es una de sus debilidades: primero mostraron su incapacidad para ejercer el gasto público, lo cual se manifestó en el subejercicio presupuestal; y ahora, con una propuesta de reforma que puede convertirse en el último clavo en el ataúd del Mexican Momentum (Memo). No pueden eludir su responsabilidad en el decrecimiento económico, por más que lo quieran achacar a los impactos de la economía internacional.
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