Las fuerzas armadas mexicanas han llegado a un momento de definición. El desarrollo de la obra de descompostura nacional que de origen ha protagonizado Felipe Calderón ha llevado al Ejército Mexicano a cumplir un papel ajeno a su esencia: lo mismo ha sido utilizado para dar viabilidad a furtivas y vergonzosas tomas de protesta presidencial que para sustituir a fuego abierto la incapacidad civil de solucionar el problema político, económico y social del narcotráfico. En ese terreno minado, los miembros de las secretarías de la Defensa Nacional y de Marina han cometido frecuentes violaciones a los derechos humanos y se han convertido en rígidas autoridades supletorias en municipios, estados y en el mismo ámbito íntimo y relajado de Los Pinos.
Pero, con todo lo que se pueda atribuir a esas fuerzas armadas (lo que hayan cometido por sí mismas o por órdenes de civiles empequeñecidos en el poder formal), hasta ahora se han negado a aceptar órdenes extranjeras, sean éstas directas o convenidas mediante arreglos de presuntas colaboraciones o asesorías que en realidad vayan más allá de esa letra expresa.
Ahora, ante la catástrofe de la guerra contra el narcotráfico, con un encargado de la Presidencia que en su desesperación está buscando repartir culpas (a Estados Unidos, a los demás niveles de gobierno, a los ciudadanos que inexplicablemente han aguantado barbaridades, etcétera), los estrategas militares de Washington pretenden disolver la línea de contención que históricamente ha impedido que el ejército vecino colabore con el mexicano en la solución de problemas internos. No sólo está en puerta el caballo de Troya denominado Iniciativa Mérida –que entre otras cosas permitirá al Pentágono el control tecnológico de la estructura militar y policiaca mexicana– sino la abierta pretensión de que ante un problema conjunto –como en estos días se afana en insistir el comandante Calderón, como si con tales planteamientos se quisieran justificar próximas afinidades operacionales– deben ensayarse acciones militares conjuntas jamás permitidas.
En los momentos más intensos de las protestas populares por el fraude electoral de 2006 circuló en los niveles directivos de ese movimiento la versión de que el entonces secretario de la Defensa Nacional, general Clemente Vega García, se había negado a obedecer las instrucciones verbales del entonces presidente Fox para que las tropas salieran a las calles y, en caso necesario, realizaran desalojos de plantones en el Zócalo y el Paseo de la Reforma. Teniendo como referencia el Tlatelolco de 1968, el general secretario habría pedido a Fox que las instrucciones fueran planteadas por escrito y fundamentando los motivos, para que el Ejército no volviera a ser tachado de represor por sí, sino en cumplimiento de órdenes del civil facultado para darlas.
Ahora, con la nación ensangrentada, enmedio de una guerra que nadie pidió ni aprobó, con un gobierno débil y proclive a lo extranjero (España y Estados Unidos, sus madrastras patrias) y con las garras del halcón pentagonal abiertamente decididas a hacerse del control del vecino en llamas programadas, los oficiales mexicanos tienen frente a sí la decisión de abrir las puertas a las fuerzas intervencionistas del imperio en decadencia, bajo el disfraz ovejuno de las ayudas y las colaboraciones, o mantener la tradicional distancia que corresponde a nuestra experiencia histórica y a los peligros actuales derivados de la debilidad institucional general.
Pero, con todo lo que se pueda atribuir a esas fuerzas armadas (lo que hayan cometido por sí mismas o por órdenes de civiles empequeñecidos en el poder formal), hasta ahora se han negado a aceptar órdenes extranjeras, sean éstas directas o convenidas mediante arreglos de presuntas colaboraciones o asesorías que en realidad vayan más allá de esa letra expresa.
Ahora, ante la catástrofe de la guerra contra el narcotráfico, con un encargado de la Presidencia que en su desesperación está buscando repartir culpas (a Estados Unidos, a los demás niveles de gobierno, a los ciudadanos que inexplicablemente han aguantado barbaridades, etcétera), los estrategas militares de Washington pretenden disolver la línea de contención que históricamente ha impedido que el ejército vecino colabore con el mexicano en la solución de problemas internos. No sólo está en puerta el caballo de Troya denominado Iniciativa Mérida –que entre otras cosas permitirá al Pentágono el control tecnológico de la estructura militar y policiaca mexicana– sino la abierta pretensión de que ante un problema conjunto –como en estos días se afana en insistir el comandante Calderón, como si con tales planteamientos se quisieran justificar próximas afinidades operacionales– deben ensayarse acciones militares conjuntas jamás permitidas.
En los momentos más intensos de las protestas populares por el fraude electoral de 2006 circuló en los niveles directivos de ese movimiento la versión de que el entonces secretario de la Defensa Nacional, general Clemente Vega García, se había negado a obedecer las instrucciones verbales del entonces presidente Fox para que las tropas salieran a las calles y, en caso necesario, realizaran desalojos de plantones en el Zócalo y el Paseo de la Reforma. Teniendo como referencia el Tlatelolco de 1968, el general secretario habría pedido a Fox que las instrucciones fueran planteadas por escrito y fundamentando los motivos, para que el Ejército no volviera a ser tachado de represor por sí, sino en cumplimiento de órdenes del civil facultado para darlas.
Ahora, con la nación ensangrentada, enmedio de una guerra que nadie pidió ni aprobó, con un gobierno débil y proclive a lo extranjero (España y Estados Unidos, sus madrastras patrias) y con las garras del halcón pentagonal abiertamente decididas a hacerse del control del vecino en llamas programadas, los oficiales mexicanos tienen frente a sí la decisión de abrir las puertas a las fuerzas intervencionistas del imperio en decadencia, bajo el disfraz ovejuno de las ayudas y las colaboraciones, o mantener la tradicional distancia que corresponde a nuestra experiencia histórica y a los peligros actuales derivados de la debilidad institucional general.
Como era de esperar, la respuesta de los gobernadores perrepripánicos a la iniciativa de derogar la tenencia vehicular fue violenta. Actuando bajo sus órdenes, los secretarios de finanzas de las 32 entidades federativas del país –incluido el izquierdista (¿será?) del Distrito Federal– enviarán hoy una carta al Congreso y a la Secretaría de Hacienda rechazando la posibilidad de que se les prive de ese ingreso que calculan en 22 mil millones de pesos anuales. No mencionan, por supuesto, que en los últimos meses los automovilistas fueron sacrificados con 36 gasolinazos y una parte de la recaudación es para los gobernadores. Caso cerrado, seguiremos pagando la tenencia y los gobernadores dándose una vida de jeques árabes.
Viene lo peor
‘‘En economía estamos pasando una etapa difícil –dijo con toda crudeza Ismael Plascencia, presidente de la Confederación de Cámaras Industriales–, pero creemos que todavía lo peor está por llegar. El desempleo como ustedes han visto ha sido brutal en los primeros meses del año, a finales del año pasado también. En el mes de enero 128 mil desempleados”. Hasta ahí lo que dijo Plascencia. A pesar de los esfuerzos del gobierno calderonista, no por resolver el problema sino por maquillar su dramática realidad, todo apunta a que para finales de año se habrán cancelado un millón de puestos de trabajo de los registrados en el IMSS. México es uno de los países con mayor desempleo del mundo: pertenece a los que tienen más del 40% de la población en edad de trabajar sin una ocupación formal.
Tec, crédito anticrisis
El Tecnológico de Monterrey anuncia un nuevo esquema por el cual las familias de sus alumnos pueden tener acceso a una línea de financiamiento con tasa fija de 8.5% y hasta 15 años para pagar. Estará vigente en 2009 y 2010, los años que se prevén como los más difíciles de la crisis. De acuerdo al rector, Rafael Rangel Sostmann, contempla inicialmente 80 millones de pesos y se suma al fondo de becas y créditos existente por 1,185 millones. Sin un apoyo financiero, muchos estudiantes desertarían y las universidades públicas están saturadas.
Viene lo peor
‘‘En economía estamos pasando una etapa difícil –dijo con toda crudeza Ismael Plascencia, presidente de la Confederación de Cámaras Industriales–, pero creemos que todavía lo peor está por llegar. El desempleo como ustedes han visto ha sido brutal en los primeros meses del año, a finales del año pasado también. En el mes de enero 128 mil desempleados”. Hasta ahí lo que dijo Plascencia. A pesar de los esfuerzos del gobierno calderonista, no por resolver el problema sino por maquillar su dramática realidad, todo apunta a que para finales de año se habrán cancelado un millón de puestos de trabajo de los registrados en el IMSS. México es uno de los países con mayor desempleo del mundo: pertenece a los que tienen más del 40% de la población en edad de trabajar sin una ocupación formal.
Tec, crédito anticrisis
El Tecnológico de Monterrey anuncia un nuevo esquema por el cual las familias de sus alumnos pueden tener acceso a una línea de financiamiento con tasa fija de 8.5% y hasta 15 años para pagar. Estará vigente en 2009 y 2010, los años que se prevén como los más difíciles de la crisis. De acuerdo al rector, Rafael Rangel Sostmann, contempla inicialmente 80 millones de pesos y se suma al fondo de becas y créditos existente por 1,185 millones. Sin un apoyo financiero, muchos estudiantes desertarían y las universidades públicas están saturadas.
Sonriente y feliz como nunca antes, el 17 de mayo de 2001 Roberto Hernández anunció con bombo y platillo la venta del aún mexicano Banamex a la trasnacional financiera Citigroup. Cómo no estarlo. Tenía ante sí una oportunidad dorada: 12 mil 500 millones de dólares (mitad en efectivo, mitad en acciones del corporativo estadunidense) para él y su pandilla, el gracioso aval del gobierno foxista y la plena garantía de éste que la operación no le costaría un centavo en términos fiscales.
En aquella maravillosa fecha (para él, desde luego) el tuxpeño no dejó de exaltar lo sólido que era Citigroup, lo honestos que eran sus directivos y la gran oportunidad que a los mexicanos se les presentaba por contar con una trasnacional financiera que venía e expoliarlos como parte de una realidad innegable que es la globalización. aquí y allá, abundantes inserciones en los medios de comunicación, risas y abrazos repartió el que algunos años atrás entre sus allegados era mejor conocido como la perra flaca, por carecer de los recursos necesarios para mantener el tren de vida que le exigía el pomposo mundillo bursátil del país.
Nuestra integración con Citigroup asegura que México cuente con un banco fuerte que continúe compitiendo eficientemente en el cambiante escenario mundial y que las compañías y consumidores mexicanos tengan el respaldo de un banco excepcionalmente fuerte y competitivo a nivel mundial, subrayaba Roberto Hernández aquel 17 de mayo, el mismo que no mucho tiempo atrás juraba que Banamex se mantendría en manos mexicanas.
Así, tras 117 años de operación, el Banco Nacional de México –que se fundó el 2 de junio de 1884– pasó a formar parte del inagotable inventario de filiales y subsidiarias del Citigroup, la institución financiera más importante del mundo y con una trayectoria por demás sucia, que por primera vez entró de lleno en el mercado financiero nacional, a pesar de que fue el primer banco extranjero en establecerse en el país, en 1929, y se convirtió en el primer emporio extranjero que cotizó en la Bolsa Mexicana de Valores, por medio de la cual se concretó la operación de compra-venta de ciento por ciento de las acciones del Grupo Financiero Banamex (patrimonio cultural incluido), obvio es que libre de impuestos para Roberto Hernández y su pandilla. En aquella ocasión el tuxpeño aseguró que la venta no se concreta por debilidad o carencia de recursos. Por el contrario, el Fobaproa, indebidamente, ya le había soltado miles de millones de pesos y el Citigroup le daba miles de millones de dólares.
Pues bien, el numerito se repite ocho años después de aquella extraordinaria fecha, pero en sentido contrario. Apenas unos días antes de conocerse la intervención del gobierno estadunidense en Citigroup y de que a partir de ese momento la Casa Blanca se convertía en accionista mayoritario de la trasnacional financiera (36 por ciento de las acciones), y por ende, del otrora Banco Nacional de México, el mismo Roberto Hernández utilizó a sus jilgueros para difundir la versión de que no estaba interesado en la recompra de Banamex, para inmediatamente después proceder, junto con su pandilla, a la adquisición de algunos paquetes de las muy devaluadas acciones de ese grupo financiero excepcionalmente fuerte y competitivo a nivel mundial, papeles que por primera vez en su historia se cotizan por abajo de un dólar.
Manuel Medina Mora, jefe de operaciones de Citigroup en México y América Latina, y Roberto Hernández, presidente de BanamexFoto La Jornada
Sin embargo, por muy baratos que cuesten esos papeles, para lograr ese objetivo Roberto Hernández deberá pagar algo más que los 7.5 millones de dólares que hasta ahora reconoce. Lo anterior, porque de acuerdo con el informe anual que el Citigroup entregó a la SEC de Estados Unidos, al cierre de 2008 el corporativo estadunidense tenía registradas 5 mil 450 millones de acciones en circulación. Si el gobierno de Obama invirtió 45 mil millones de billetes verdes por 36 por ciento de ese universo accionario, el tuxpeño tendrá que echar cuentas para conocer de a cómo el control de Banamex. Sin duda cuenta con una pandilla de inversionistas (los mismos que se beneficiaron de la venta y de la exención fiscal, como Manuel Medina Mora) que pueden hacerlo fuerte a la hora de pujar (por los papeles aún propiedad de la trasnacional), aunque el problema que tiene es que muchos de sus integrantes acarrean sus propias broncas con los consorcios que encabezan, como es el caso de Lorenzo Zambrano y Cemex.
Tampoco hay que perder de vista que el enemigo más sonado, temido y repudiado de Roberto Hernández es Carlos Slim, quien ya salió de shoping en pos de las acciones baratas de Citigroup, enfocado al jugosísimo negocio llamado Banamex. No hay que olvidar que en la carrera empresarial de ambos el de apellido libanés ya le ganó Telmex al tuxpeño y que, en el inventario Forbes de multimillonarios mexicanos, el catastrofista siempre ha ocupado la primera posición, y por mucho, mientras el otrora risueño y feliz RH no ha pasado de la penúltima.
El citado trasiego se da libre e impunemente ante la vergonzosa inacción (que no sorprende, desde luego) de la Secretaría de Hacienda y su organismo especializado la Comisión Nacional Bancaria y de Valores ante el caso Banamex, ahora propiedad mayoritaria de un gobierno extranjero (por muy amigo y socio que sea), o lo que es lo mismo una operación total y abiertamente ilegal para efectos mexicanos.
Si ahora Roberto Hernández adquirió 6 millones de acciones de Citigroup por las que pagó 7.5 millones de dólares, a 1.25 por unidad, pues tendrá que invertir mucho más para hacerse del control de Banamex. A pesar de ello, el tuxpeño debe estar tranquilo y quitarse de la cabeza todo tipo de preocupación: para retomar el control de la joya que ocho años atrás vendió, puede utilizar, al igual que su pandilla, los impuestos que el gobierno foxista nunca le cobró por la venta del Banco Nacional de México a las trasnacional estadunidense.
Suceda lo que suceda, los que nunca verán un sólo centavo de beneficio serán los que en los últimos 27 años han pagado, quiéranlo o no, por ese enorme fardo, económico y social, en que se ha convertido la banca privada que opera en el país, uno de los más sólidos poderes fácticos a los que la clase política no osa incomodar.
Las rebanadas del pastel
Negocio redondo: en 1991, Roberto Hernández y pandilla pagaron (se supone) cerca de 2 mil 300 millones de dólares por Banamex; 10 años después obtuvieron 10 veces más, libre de impuestos; y ocho años más tarde pueden recuperarlo por mucho menos de la mitad, mientras Hacienda interpreta la ley. Todo en familia.
cfvmexico_sa@hotmail.com • mexicosa@infinitum.com.mx
En aquella maravillosa fecha (para él, desde luego) el tuxpeño no dejó de exaltar lo sólido que era Citigroup, lo honestos que eran sus directivos y la gran oportunidad que a los mexicanos se les presentaba por contar con una trasnacional financiera que venía e expoliarlos como parte de una realidad innegable que es la globalización. aquí y allá, abundantes inserciones en los medios de comunicación, risas y abrazos repartió el que algunos años atrás entre sus allegados era mejor conocido como la perra flaca, por carecer de los recursos necesarios para mantener el tren de vida que le exigía el pomposo mundillo bursátil del país.
Nuestra integración con Citigroup asegura que México cuente con un banco fuerte que continúe compitiendo eficientemente en el cambiante escenario mundial y que las compañías y consumidores mexicanos tengan el respaldo de un banco excepcionalmente fuerte y competitivo a nivel mundial, subrayaba Roberto Hernández aquel 17 de mayo, el mismo que no mucho tiempo atrás juraba que Banamex se mantendría en manos mexicanas.
Así, tras 117 años de operación, el Banco Nacional de México –que se fundó el 2 de junio de 1884– pasó a formar parte del inagotable inventario de filiales y subsidiarias del Citigroup, la institución financiera más importante del mundo y con una trayectoria por demás sucia, que por primera vez entró de lleno en el mercado financiero nacional, a pesar de que fue el primer banco extranjero en establecerse en el país, en 1929, y se convirtió en el primer emporio extranjero que cotizó en la Bolsa Mexicana de Valores, por medio de la cual se concretó la operación de compra-venta de ciento por ciento de las acciones del Grupo Financiero Banamex (patrimonio cultural incluido), obvio es que libre de impuestos para Roberto Hernández y su pandilla. En aquella ocasión el tuxpeño aseguró que la venta no se concreta por debilidad o carencia de recursos. Por el contrario, el Fobaproa, indebidamente, ya le había soltado miles de millones de pesos y el Citigroup le daba miles de millones de dólares.
Pues bien, el numerito se repite ocho años después de aquella extraordinaria fecha, pero en sentido contrario. Apenas unos días antes de conocerse la intervención del gobierno estadunidense en Citigroup y de que a partir de ese momento la Casa Blanca se convertía en accionista mayoritario de la trasnacional financiera (36 por ciento de las acciones), y por ende, del otrora Banco Nacional de México, el mismo Roberto Hernández utilizó a sus jilgueros para difundir la versión de que no estaba interesado en la recompra de Banamex, para inmediatamente después proceder, junto con su pandilla, a la adquisición de algunos paquetes de las muy devaluadas acciones de ese grupo financiero excepcionalmente fuerte y competitivo a nivel mundial, papeles que por primera vez en su historia se cotizan por abajo de un dólar.
Manuel Medina Mora, jefe de operaciones de Citigroup en México y América Latina, y Roberto Hernández, presidente de BanamexFoto La Jornada
Sin embargo, por muy baratos que cuesten esos papeles, para lograr ese objetivo Roberto Hernández deberá pagar algo más que los 7.5 millones de dólares que hasta ahora reconoce. Lo anterior, porque de acuerdo con el informe anual que el Citigroup entregó a la SEC de Estados Unidos, al cierre de 2008 el corporativo estadunidense tenía registradas 5 mil 450 millones de acciones en circulación. Si el gobierno de Obama invirtió 45 mil millones de billetes verdes por 36 por ciento de ese universo accionario, el tuxpeño tendrá que echar cuentas para conocer de a cómo el control de Banamex. Sin duda cuenta con una pandilla de inversionistas (los mismos que se beneficiaron de la venta y de la exención fiscal, como Manuel Medina Mora) que pueden hacerlo fuerte a la hora de pujar (por los papeles aún propiedad de la trasnacional), aunque el problema que tiene es que muchos de sus integrantes acarrean sus propias broncas con los consorcios que encabezan, como es el caso de Lorenzo Zambrano y Cemex.
Tampoco hay que perder de vista que el enemigo más sonado, temido y repudiado de Roberto Hernández es Carlos Slim, quien ya salió de shoping en pos de las acciones baratas de Citigroup, enfocado al jugosísimo negocio llamado Banamex. No hay que olvidar que en la carrera empresarial de ambos el de apellido libanés ya le ganó Telmex al tuxpeño y que, en el inventario Forbes de multimillonarios mexicanos, el catastrofista siempre ha ocupado la primera posición, y por mucho, mientras el otrora risueño y feliz RH no ha pasado de la penúltima.
El citado trasiego se da libre e impunemente ante la vergonzosa inacción (que no sorprende, desde luego) de la Secretaría de Hacienda y su organismo especializado la Comisión Nacional Bancaria y de Valores ante el caso Banamex, ahora propiedad mayoritaria de un gobierno extranjero (por muy amigo y socio que sea), o lo que es lo mismo una operación total y abiertamente ilegal para efectos mexicanos.
Si ahora Roberto Hernández adquirió 6 millones de acciones de Citigroup por las que pagó 7.5 millones de dólares, a 1.25 por unidad, pues tendrá que invertir mucho más para hacerse del control de Banamex. A pesar de ello, el tuxpeño debe estar tranquilo y quitarse de la cabeza todo tipo de preocupación: para retomar el control de la joya que ocho años atrás vendió, puede utilizar, al igual que su pandilla, los impuestos que el gobierno foxista nunca le cobró por la venta del Banco Nacional de México a las trasnacional estadunidense.
Suceda lo que suceda, los que nunca verán un sólo centavo de beneficio serán los que en los últimos 27 años han pagado, quiéranlo o no, por ese enorme fardo, económico y social, en que se ha convertido la banca privada que opera en el país, uno de los más sólidos poderes fácticos a los que la clase política no osa incomodar.
Las rebanadas del pastel
Negocio redondo: en 1991, Roberto Hernández y pandilla pagaron (se supone) cerca de 2 mil 300 millones de dólares por Banamex; 10 años después obtuvieron 10 veces más, libre de impuestos; y ocho años más tarde pueden recuperarlo por mucho menos de la mitad, mientras Hacienda interpreta la ley. Todo en familia.
cfvmexico_sa@hotmail.com • mexicosa@infinitum.com.mx
Expliqué en la entrega anterior (27/02/09) que John Bellamy Foster y Fred Magdoff (FyM) en su libro The Great Financial Crisis (Monthly Review Press, Nueva York, 2009) se consideran herederos de la tradición analítica de Paul Baran, Paul Sweezy y Harry Magdoff, que se puede englobar con el nombre de teoría del estancamiento del capitalismo monopolista financiero. FyM se apoyan en esta teoría (ya explicada en mi entrega de la semana pasada) y en el escasamente percibido planteamiento de Keynes sobre el papel contradictorio de las finanzas en la economía capitalista. El desarrollo de la corporación es inseparable del desarrollo de las finanzas modernas, incluyendo el mercado de valores industriales y un nuevo y más importante papel del crédito y la deuda en toda la economía. Añaden:
“La bolsa de valores misma, sugirió Keynes, fue sobre todo un producto de los intentos de los inversionistas de reducir los riesgos asociados con la inversión productiva mediante la tenencia de derechos a la riqueza escriturados en papel y por tanto fácilmente transferibles. Pero una vez que esto ocurrió, el capitalismo adquirió crecientemente un aspecto dual reflejado en dos estructuras diferentes de formación de precios: la de los productos físicos y la de los activos financieros. Cada uno operado por separado. Al quedar convertidos los activos de largo plazo de las corporaciones en compromisos financieros de corto plazo, surge la posibilidad, argumentó Keynes, que la economía fuera más y más rehén de la especulación, generando más y más volatilidad e inestabilidad… Para Keynes, la estructura de las finanzas modernas propiciaba un desacoplamiento periódico entre el mercado de activos financieros y la producción, y la posibilidad de que las burbujas especulativas seguidas de su inevitable estallido pudieran desestabilizar el sistema en su conjunto” (FyM, p. 16).1
Citan aquí una famosa y profética frase de Keynes::
“los especuladores pueden no hacer daño cuando sólo son burbujas en una corriente firme de espíritu de empresa; pero la situación es seria cuando la empresa se convierte en burbuja dentro de una vorágine de especulación” (Teoría general de la ocupación, el interés y el dinero, Fondo de Cultura Económica, 4ª edición, 2003, p. 167).
FyM relatan que el crédito de haber redescubierto y desarrollado estas agudas percepciones de Keynes corresponde a Hyman Minsky, quien postuló la hipótesis de la inestabilidad financiera. Para Minsky, dicen FyM:
“El talón de Aquiles de un sistema financiero desarrollado es su dependencia de un flujo constante de ingreso en efectivo, en particular ganancias, para apoyar y validar la continua expansión. La inestabilidad del sistema financiero aumenta en el tiempo al apilarse deuda sobre deuda en una burbuja que estallará en cuanto se vuelva más lento el flujo de efectivo. La economía moderna, por lo tanto, se vuelve crónicamente dependiente de la función de prestamista de última instancia de los bancos centrales y de las tesorerías gubernamentales…”. (p. 17)2
Además, Sweezy y Harry Magdoff insistieron durante 30 años a través de las páginas de Monthly Review, dicen FyM, en las relaciones entre el estancamiento y lo que luego habría de llamarse financiarización (el remplazo, como centro de gravedad de la economía, de la producción por las finanzas). El argumento de Sweezy y Magdoff, continúan FyM, es que la tendencia al estancamiento crea las condiciones para un viraje mayor en el papel de las finanzas en el capitalismo estadunidense: de ayudante modesto a fuerza impulsora. La especulación financiera se convirtió en una segunda locomotora del crecimiento, dada la debilidad de la primera locomotora, la inversión productiva. Se aceleró el proceso de endeudamiento creciente que se convirtió en rasgo institucionalizado de la economía, presente todo el tiempo y no sólo durante las orgías especulativas que ocurrían históricamente en las cimas del ciclo económico (véase gráfica). El funcionamiento del sistema se volvió más y más dependiente de una serie de burbujas financieras cada una más grande que la anterior.
Para Harry Magdoff y Sweezy, la esencia del dilema del capitalismo en su etapa monopolista se captura en el abrazo simbiótico entre el estancamiento y la financiarización. La economía no puede vivir sin la financiarización (y otros propulsores como el gasto militar), pero al final de cuentas no puede vivir con ella, dicen FyM. Añaden que el argumento central de su libro es que una evaluación realista de la historia económica reciente requiere centrarse en la interrelación entre la tendencia al estancamiento del capital monopolista y las fuerzas contrarrestantes, la más importante de las cuales es la financiarización, al grado que podemos hablar hoy del capital monopolista financiero. Por si hiciera falta FyM aclaran cuál es el problema de fondo y cuál el síntoma:
“La explosión financiera en EU y otras economías capitalistas avanzadas desde los años sesentas es sintomática de la tendencia subyacente al estancamiento cuyas raíces se encuentran en el patrón de acumulación del capital monopolista financiero. Es este patrón y no la financiarización (o la crisis actual de la financiarización) la que constituye el verdadero problema. Marx explicó que las crisis resultan de la sobreproducción de capital. En efecto, Marx escribió que ‘la barrera real de la producción capitalista es el capital mismo’. El sistema se confronta ahora duramente contra esta barrera de múltiples maneras. No hay posibilidad que el sistema en esta etapa de su historia y con la estructura existente de desigualdad, pueda absorber vía la inversión productiva, el enorme excedente que ha alimentado la explosión financiera. Al mismo tiempo, el proceso de financiarización mismo está en crisis. El prospecto más probable, por tanto, es un estancamiento profundo y prolongado” (pp. 20-21).
Las importantísimas conclusiones de este párrafo parecen irrefutables y sus consecuencias son gravísimas. Podemos entender la financiarización como un keynesianismo privado espontáneo que ha sido, aún más que el gasto militar y el publicitario, lo que ha mantenido a flote el capitalismo aunque sin superar la tendencia al estancamiento. Si la financiarización está en crisis, ¿cuál será la salida a ese enorme excedente que el sistema genera? ¿Podrá el presupuesto enviado por Obama remplazar, aunque sea parcialmente, esta función de la financiarización? El estancamiento profundo y prolongado del capitalismo, recordemos la historia de la primera mitad del siglo XX, puede llevar a fortalecer el fascismo y corrientes similares de ultraderecha en el mundo.
1 FyM se apoyan no sólo en la Teoría general sino también en los Essays in Persuassion (Ensayos de persuasión), de Keynes, publicados en 1932.
2 FyM citan un artículo autobiográfico de Minsky, escrito en 1992, e incluido en P. Arestis y M. Sawyer, A Biographical Dictionary of Dissenting Economists, (Edgard Elgar, 2000), así como el libro de Minsky: Stabilizing an unstable Economy (estabilizando una economía inestable), Yale University Press, 1986.
jbolt@colmex.mx
“La bolsa de valores misma, sugirió Keynes, fue sobre todo un producto de los intentos de los inversionistas de reducir los riesgos asociados con la inversión productiva mediante la tenencia de derechos a la riqueza escriturados en papel y por tanto fácilmente transferibles. Pero una vez que esto ocurrió, el capitalismo adquirió crecientemente un aspecto dual reflejado en dos estructuras diferentes de formación de precios: la de los productos físicos y la de los activos financieros. Cada uno operado por separado. Al quedar convertidos los activos de largo plazo de las corporaciones en compromisos financieros de corto plazo, surge la posibilidad, argumentó Keynes, que la economía fuera más y más rehén de la especulación, generando más y más volatilidad e inestabilidad… Para Keynes, la estructura de las finanzas modernas propiciaba un desacoplamiento periódico entre el mercado de activos financieros y la producción, y la posibilidad de que las burbujas especulativas seguidas de su inevitable estallido pudieran desestabilizar el sistema en su conjunto” (FyM, p. 16).1
Citan aquí una famosa y profética frase de Keynes::
“los especuladores pueden no hacer daño cuando sólo son burbujas en una corriente firme de espíritu de empresa; pero la situación es seria cuando la empresa se convierte en burbuja dentro de una vorágine de especulación” (Teoría general de la ocupación, el interés y el dinero, Fondo de Cultura Económica, 4ª edición, 2003, p. 167).
FyM relatan que el crédito de haber redescubierto y desarrollado estas agudas percepciones de Keynes corresponde a Hyman Minsky, quien postuló la hipótesis de la inestabilidad financiera. Para Minsky, dicen FyM:
“El talón de Aquiles de un sistema financiero desarrollado es su dependencia de un flujo constante de ingreso en efectivo, en particular ganancias, para apoyar y validar la continua expansión. La inestabilidad del sistema financiero aumenta en el tiempo al apilarse deuda sobre deuda en una burbuja que estallará en cuanto se vuelva más lento el flujo de efectivo. La economía moderna, por lo tanto, se vuelve crónicamente dependiente de la función de prestamista de última instancia de los bancos centrales y de las tesorerías gubernamentales…”. (p. 17)2
Además, Sweezy y Harry Magdoff insistieron durante 30 años a través de las páginas de Monthly Review, dicen FyM, en las relaciones entre el estancamiento y lo que luego habría de llamarse financiarización (el remplazo, como centro de gravedad de la economía, de la producción por las finanzas). El argumento de Sweezy y Magdoff, continúan FyM, es que la tendencia al estancamiento crea las condiciones para un viraje mayor en el papel de las finanzas en el capitalismo estadunidense: de ayudante modesto a fuerza impulsora. La especulación financiera se convirtió en una segunda locomotora del crecimiento, dada la debilidad de la primera locomotora, la inversión productiva. Se aceleró el proceso de endeudamiento creciente que se convirtió en rasgo institucionalizado de la economía, presente todo el tiempo y no sólo durante las orgías especulativas que ocurrían históricamente en las cimas del ciclo económico (véase gráfica). El funcionamiento del sistema se volvió más y más dependiente de una serie de burbujas financieras cada una más grande que la anterior.
Para Harry Magdoff y Sweezy, la esencia del dilema del capitalismo en su etapa monopolista se captura en el abrazo simbiótico entre el estancamiento y la financiarización. La economía no puede vivir sin la financiarización (y otros propulsores como el gasto militar), pero al final de cuentas no puede vivir con ella, dicen FyM. Añaden que el argumento central de su libro es que una evaluación realista de la historia económica reciente requiere centrarse en la interrelación entre la tendencia al estancamiento del capital monopolista y las fuerzas contrarrestantes, la más importante de las cuales es la financiarización, al grado que podemos hablar hoy del capital monopolista financiero. Por si hiciera falta FyM aclaran cuál es el problema de fondo y cuál el síntoma:
“La explosión financiera en EU y otras economías capitalistas avanzadas desde los años sesentas es sintomática de la tendencia subyacente al estancamiento cuyas raíces se encuentran en el patrón de acumulación del capital monopolista financiero. Es este patrón y no la financiarización (o la crisis actual de la financiarización) la que constituye el verdadero problema. Marx explicó que las crisis resultan de la sobreproducción de capital. En efecto, Marx escribió que ‘la barrera real de la producción capitalista es el capital mismo’. El sistema se confronta ahora duramente contra esta barrera de múltiples maneras. No hay posibilidad que el sistema en esta etapa de su historia y con la estructura existente de desigualdad, pueda absorber vía la inversión productiva, el enorme excedente que ha alimentado la explosión financiera. Al mismo tiempo, el proceso de financiarización mismo está en crisis. El prospecto más probable, por tanto, es un estancamiento profundo y prolongado” (pp. 20-21).
Las importantísimas conclusiones de este párrafo parecen irrefutables y sus consecuencias son gravísimas. Podemos entender la financiarización como un keynesianismo privado espontáneo que ha sido, aún más que el gasto militar y el publicitario, lo que ha mantenido a flote el capitalismo aunque sin superar la tendencia al estancamiento. Si la financiarización está en crisis, ¿cuál será la salida a ese enorme excedente que el sistema genera? ¿Podrá el presupuesto enviado por Obama remplazar, aunque sea parcialmente, esta función de la financiarización? El estancamiento profundo y prolongado del capitalismo, recordemos la historia de la primera mitad del siglo XX, puede llevar a fortalecer el fascismo y corrientes similares de ultraderecha en el mundo.
1 FyM se apoyan no sólo en la Teoría general sino también en los Essays in Persuassion (Ensayos de persuasión), de Keynes, publicados en 1932.
2 FyM citan un artículo autobiográfico de Minsky, escrito en 1992, e incluido en P. Arestis y M. Sawyer, A Biographical Dictionary of Dissenting Economists, (Edgard Elgar, 2000), así como el libro de Minsky: Stabilizing an unstable Economy (estabilizando una economía inestable), Yale University Press, 1986.
jbolt@colmex.mx
Más soldados, más impuestos, menos controles constitucionales, nulas acciones sobre los factores sociales de riesgo. Esta fórmula premaquiavélica es la que ha elegido el gobierno de Calderón para que el Estado no falle también en Ciudad Juárez: el Estado de la edad de hierro.
La quincena que vivimos el peligro. Martes 10 de febrero: 14 sicarios; seis secuestrados –¿por quién?– muertos por el ejército en un enfrentamiento de un solo lado. Viernes 20: renuncia el secretario de Seguridad Pública del municipio de Juárez para evitar que los sicarios sigan cumpliendo su amenaza de ejecutar a uno de sus policías cada 48 horas si no dimite. Domingo 22: el jefe de escoltas del gobernador del estado es asesinado en un ataque al convoy en el que viaja Reyes Baeza. Remate: 20 muertos en el Cereso estatal el miércoles 4 de marzo.
Con tan tremendo fardo el gabinete de seguridad pública no tiene más que celebrar reunión extraordinaria el miércoles 25 en la sufrida Juárez. Se podría llamar la reunión del ahora sí. Si antes no hubo en verdad un operativo conjunto Chihuahua, ahora sí lo habrá. Si no mandó la Procuraduría General de la República suficientes elementos y agentes del Ministerio Público, ahora sí los enviará. Si faltó labor de inteligencia, ahora sí la habrá. Si no hubo suficientes soldados en las calles, ahora sí habrá miles de ellos.
Y, sin más, se decide hipermilitarizar Chihuahua. En lo cuantitativo, pues se envían 5 mil 332 soldados adicionales a los 2 mil 26 que ya se habían destacado, ahora equipados con varias aeronaves y sofisticados equipos. En lo cualitativo, pues ahora el Ejército tendrá bajo su mando a la Policía Municipal de Ciudad Juárez y pondrá y controlará a quien dirija el Centro de Readaptación Social de esta frontera.
Tan asustados se ven los sicarios con el anuncio, que no transcurren 24 horas del mismo cuando secuestran en Juárez a la magistrada del Supremo Tribunal de Justicia: Mireya Aguilar Casas. Tres días después termina febrero con la cuota de ejecuciones más alta de la historia reciente en esa frontera: 230, para un total de 384 en todo el estado: más muertos que en todo el año de 2005. Según la Secretaría de la Defensa Nacional, en los últimos 14 meses la cifra de asesinatos en Chihuahua se eleva a 2 mil 750.
La apuesta por escalar la militarización en Juárez sólo tiene una agarradera: reducir la percepción de inseguridad de una ciudadanía aterrada, con una presencia avasalladora en las calles, así no disminuyan las acciones de exterminio de o entre sicarios. Sólo eso. Porque los fundamentos constitucionales para mantener a la tropa posesionada de las ciudades por un tiempo indefinido y sin exponer con transparencia los procesos que se emprenderán para que pueda volver a los cuarteles son muy endebles.
Porque no se establecen ningunos controles para impedir que los militares sigan violando los derechos humanos, como ha ocurrido cientos de veces desde hace casi un año. Porque ni siquiera se atienen al marco de las recientemente aprobadas leyes federal y estatal del sistema de seguridad pública. Pero además de coja en lo jurídico, la presencia militar resulta aislada de una estrategia más integral.
Se actúa como si el Estado sólo se hiciera presente con la fuerza de las armas. No hay ningún plan del gobierno federal para emprender acciones e invertir recursos en atacar los factores sociales que disparan la inseguridad: no hay un proyecto para brindar educación media y media superior a casi la mitad de los jóvenes juarenses entre 12 y 18 años, que ni estudian ni trabajan. Ni para brindarles espacios de cultura y deporte. Tampoco un proyecto sólido para atender y prevenir adicciones.
Mucho menos se piensa o se invierte en acciones que detengan el grave deterioro urbano de viejas y nuevas unidades habitacionales donde se prohíjan el desorden social y la delincuencia.
Peor aún: el propio gobierno federal, en su afán recaudatorio, conspira contra la seguridad que dice impulsar: eleva entre 200 y 3 mil por ciento los costos de la nacionalización de vehículos, favoreciendo que proliferen los automóviles sin ninguna identificación. Y carga sobre las espaldas de los contribuyentes juarenses los costos de la alimentación y el hospedaje de los elementos federales que van a tratar de suplir lo que el Estado, que recoge de Juárez una de las mayores cargas impositivas de la República, no ha podido ofrecer. A Juárez se le sangra en todos los aspectos.
Sólo militares y policías, más soldados, más armas, con mayor control sobre los civiles… Esto nos recuerda aquella terrible decisión de Lyndon B. Johnson: aumentar el número de efectivos estadunidenses en Vietnam e involucrarlos ya no sólo como consejeros militares, sino como combatientes directos. La que pensaba sería la solución se convirtió en la intensificación de la masacre y el principio de la derrota.
Luis Javier Garrido: El enjuague
La quincena que vivimos el peligro. Martes 10 de febrero: 14 sicarios; seis secuestrados –¿por quién?– muertos por el ejército en un enfrentamiento de un solo lado. Viernes 20: renuncia el secretario de Seguridad Pública del municipio de Juárez para evitar que los sicarios sigan cumpliendo su amenaza de ejecutar a uno de sus policías cada 48 horas si no dimite. Domingo 22: el jefe de escoltas del gobernador del estado es asesinado en un ataque al convoy en el que viaja Reyes Baeza. Remate: 20 muertos en el Cereso estatal el miércoles 4 de marzo.
Con tan tremendo fardo el gabinete de seguridad pública no tiene más que celebrar reunión extraordinaria el miércoles 25 en la sufrida Juárez. Se podría llamar la reunión del ahora sí. Si antes no hubo en verdad un operativo conjunto Chihuahua, ahora sí lo habrá. Si no mandó la Procuraduría General de la República suficientes elementos y agentes del Ministerio Público, ahora sí los enviará. Si faltó labor de inteligencia, ahora sí la habrá. Si no hubo suficientes soldados en las calles, ahora sí habrá miles de ellos.
Y, sin más, se decide hipermilitarizar Chihuahua. En lo cuantitativo, pues se envían 5 mil 332 soldados adicionales a los 2 mil 26 que ya se habían destacado, ahora equipados con varias aeronaves y sofisticados equipos. En lo cualitativo, pues ahora el Ejército tendrá bajo su mando a la Policía Municipal de Ciudad Juárez y pondrá y controlará a quien dirija el Centro de Readaptación Social de esta frontera.
Tan asustados se ven los sicarios con el anuncio, que no transcurren 24 horas del mismo cuando secuestran en Juárez a la magistrada del Supremo Tribunal de Justicia: Mireya Aguilar Casas. Tres días después termina febrero con la cuota de ejecuciones más alta de la historia reciente en esa frontera: 230, para un total de 384 en todo el estado: más muertos que en todo el año de 2005. Según la Secretaría de la Defensa Nacional, en los últimos 14 meses la cifra de asesinatos en Chihuahua se eleva a 2 mil 750.
La apuesta por escalar la militarización en Juárez sólo tiene una agarradera: reducir la percepción de inseguridad de una ciudadanía aterrada, con una presencia avasalladora en las calles, así no disminuyan las acciones de exterminio de o entre sicarios. Sólo eso. Porque los fundamentos constitucionales para mantener a la tropa posesionada de las ciudades por un tiempo indefinido y sin exponer con transparencia los procesos que se emprenderán para que pueda volver a los cuarteles son muy endebles.
Porque no se establecen ningunos controles para impedir que los militares sigan violando los derechos humanos, como ha ocurrido cientos de veces desde hace casi un año. Porque ni siquiera se atienen al marco de las recientemente aprobadas leyes federal y estatal del sistema de seguridad pública. Pero además de coja en lo jurídico, la presencia militar resulta aislada de una estrategia más integral.
Se actúa como si el Estado sólo se hiciera presente con la fuerza de las armas. No hay ningún plan del gobierno federal para emprender acciones e invertir recursos en atacar los factores sociales que disparan la inseguridad: no hay un proyecto para brindar educación media y media superior a casi la mitad de los jóvenes juarenses entre 12 y 18 años, que ni estudian ni trabajan. Ni para brindarles espacios de cultura y deporte. Tampoco un proyecto sólido para atender y prevenir adicciones.
Mucho menos se piensa o se invierte en acciones que detengan el grave deterioro urbano de viejas y nuevas unidades habitacionales donde se prohíjan el desorden social y la delincuencia.
Peor aún: el propio gobierno federal, en su afán recaudatorio, conspira contra la seguridad que dice impulsar: eleva entre 200 y 3 mil por ciento los costos de la nacionalización de vehículos, favoreciendo que proliferen los automóviles sin ninguna identificación. Y carga sobre las espaldas de los contribuyentes juarenses los costos de la alimentación y el hospedaje de los elementos federales que van a tratar de suplir lo que el Estado, que recoge de Juárez una de las mayores cargas impositivas de la República, no ha podido ofrecer. A Juárez se le sangra en todos los aspectos.
Sólo militares y policías, más soldados, más armas, con mayor control sobre los civiles… Esto nos recuerda aquella terrible decisión de Lyndon B. Johnson: aumentar el número de efectivos estadunidenses en Vietnam e involucrarlos ya no sólo como consejeros militares, sino como combatientes directos. La que pensaba sería la solución se convirtió en la intensificación de la masacre y el principio de la derrota.
Luis Javier Garrido: El enjuague
El desastre cada vez mayor al que lleva al país el gobierno panista de facto de Felipe Calderón, empeñado en actuar por encima de la Constitución y en sumisión a poderes extranacionales, no va a ser detenido por la vía institucional, pues éste tiene asegurada la complicidad absoluta del PRI
1. El equilibrio de poderes no existe en México y la dramática situación que vive el país se debe a ello en buena medida, como advierten ya algunas voces ante el desastre finaciero y económico. La devaluación del peso frente al dólar prosigue de manera acelerada y el desempleo crece, pero el gobierno de facto no tiene más respuesta ante una crisis que tiene un origen interno que empeñarse en subastar dólares de la reserva federal para salvar a los empresarios especuladores que lo apoyan, y en seguir multiplicando las acciones de las fuerzas armadas con propósitos ahora electorales.
2. Esta inexistencia de controles sobre el gobierno se ha discutido también ante los cambios efectuados el 3 de marzo por Calderón en su gabinete espurio, tanto en el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), como en la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) y el Consejo Nacional para la Cultura y las Artes (CNCA), que han sido descalificados por los analistas de todos los horizontes políticos porque no sólo evidencian la soledad del grupo que está hundiendo a México, sino que representan la entrega de espacios fundamentales de decisión en un momento crítico, no a mexicanos entre los más preparados y capaces, sino a cuates de Calderón con el argumento de que él necesita no lealtad, sino incondicionalidad y servilismo, como sostienen todos los gobiernos al borde del derrumbe total.
3. La complicidad del PRI con Calderón en este escenario resalta, por lo mismo, como un factor significativo. Uno de los priístas más significativos (Luis Téllez) es removido del gabinete y se promueve a un panista que se prepara para 2012 (Jerónimo Gutiérrez), anunciándole al PRI que ni sueñe, que no va a regresar a Los Pinos, y los priístas no hacen otra cosa que doblar la cerviz de manera ignominiosa.
4. Ese hecho fundamental se olvidó, sin embargo, en la desangelada ceremonia del 80 aniversario de la fundación del Partido Revolucionario Institucional efectuada en el Teatro de la República de Querétaro el 4 de marzo, sobre todo porque el ciclo de gobiernos panistas instaurados en México desde 2000 no fue consecuencia de una decisión soberana de los mexicanos, sino de un acuerdo exigido por poderes trasnacionales y que los tecnócratas del PRI asumieron con la cúpula del PAN en los años 90, así como el compromiso de sostener sus gobiernos.
5. El aparato electoral del PRI colaboró abiertamente además al fraude electoral de 2006 para imponer de manera ilegal a Calderón en la silla presidencial impidiendo que Andrés Manuel López Obrador asumiera el cargo para el que había sido legítimamente electo, y desde entonces la cúpula priísta ha sido cómplice de todas las políticas entreguistas y autoritarias del inepto y corrupto gobierno de facto de Felipe Calderón: no ha actuado como un freno y un contrapeso ante las violaciones continuas al marco constitucional de la camarilla calderonista y de las mafias a las que sirve, sino como un cómplice agazapado.
6. El PRI ha sido desde su fundación la expresión de una coalición de intereses privados y públicos que fue prevaleciendo de manera ilegítima en el poder al satisfacer de manera marginal algunas demandas sociales, y tras la componenda de la alternancia neoliberal de 1997-2000, como parte del arreglo histórico, sus dirigentes locales no han sido otra cosa que empresarios con licencia para seguir enriqueciéndose desde los puestos públicos, al igual que lo hacen los panistas a nivel federal.
7. La sumisión de los priístas al gobierno de facto del PAN ha sido prácticamente absoluta, salvo casos particulares, y ha supuesto no sólo traicionar a los mexicanos sino violar la Constitución General de la República. Manlio Fabio Beltrones (líder de la bancada del PRI en el Senado) lo decía de manera abierta y no por ello desprovista de cinismo en la víspera del 60 aniversario, intentando responder a las continuas acusaciones de los panistas de que el PRI no respalda su supuesta lucha contra el narco, exigiéndoles tener memoria: les hemos aprobado, dijo, hasta leyes de excepción, que giran en contra de las garantías individuales de los mexicanos (La Jornada, 4/03/09).
8. El PRI y el PAN se relacionan cada vez más como dos bandas mafiosas que reclaman sus territorios de impunidad, sin que les importe el destino de los mexicanos, y no parece existir en el interior de esos dos partidos una fuerza institucional capaz de poner un alto al gobierno espurio. Mientras el país se hunde, el diálogo entre priístas y panistas no dista mucho del que tenían Frank Nitty y Bugs Moran en el Chicago de los años 30, como se corrobora todos los días al escuchar a Fernando Gómez Mont (titular de Bucareli) o al presidente panista Germán Martínez. La explicación más insulsa la dio el gobernador veracruzano Fidel Herrera al dejar el festejo del 80 aniversario que más parecía, según los periodistas, un velorio: El PRI, dijo, no ha sabido ser oposición, de la misma manera que el PAN no ha sabido ser gobierno.
9. La destitución de Calderón no sería por necesidad, como muchos pretenden, un acto golpista, sino, por el contrario, un acto profundamente republicano, enmarcado en el más profundo respeto a la Constitución. La cuestión que explica la negativa de las mafias panista y priísta para actuar es otra: aunque todos reconocen que el cogobierno corrupto que han instaurado tiene al país hundido en una gravísima crisis y saben que existen vías institucionales para ponerle un alto al desastre, siguen sosteniéndolo con pinzas porque se necesitan mutuamente para proseguir haciendo todo género de negocios a costas de la nación.
10. En el México de la alternancia neoliberal no existe un equilibrio de poderes, con un Legislativo independiente, ni tampoco una Suprema Corte de Justicia de la Nación que funja como un órgano de control de la constitucionalidad de los actos de la administración, y es el pueblo el que tiene la responsabilidad del país y necesita radicalizar sus acciones para poner fin al desastre.
Gobierno de los ricos
De acuerdo con información divulgada por la Comisión del Mercado de Valores de Estados Unidos (SEC, por sus siglas en inglés), el ex propietario y actual presidente de Banamex, Roberto Hernández, adquirió a principios de esta semana seis millones de acciones de Citigroup, dueño, por hoy, de la institución financiera que opera en México. El movimiento refuerza las versiones, difundidas hace dos semanas por el rotativo estadunidense The Wall Street Journal, de que Hernández, acompañado de otros inversionistas, planea readquirir Banamex, en un momento en que las acciones de Citigroup se ubican a un nivel ínfimo: ayer llegaron a menos de un dólar, cuando a principios de año costaban 7.08 dólares.
Por su parte, senadores de los partidos Revolucionario Institucional (PRI) y de la Revolución Democrática (PRD) reiteraron ayer su disposición a imponer límites a las tasas de interés y comisiones que los bancos en el país cobran a los usuarios de los servicios financieros. El presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado, Manlio Fabio Beltrones, subrayó la necesidad de que realmente existan tasas de interés acordes al mercado mundial y que se evite el saqueo del que están siendo objeto muchos quienes utilizan, sobre todo, el crédito al consumo. La declaración tiene lugar un día después de que, en un foro realizado en el Senado de la República, autoridades de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) y de la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Servicios Financieros (Condusef) expresaron su rechazo a fijar topes a los costos de los servicios bancarios, por considerar que tal medida podría inhibir el crédito y perjudicar sobre todo a los más pobres.
Los hechos que se comentan dan cuenta, desde distintas perspectivas, del carácter antipopular y pro empresarial del grupo que ostenta el poder público, su favoritismo hacia los ricos y su exasperante tolerancia a prácticas bancarias que merecen calificarse de agio y usura. Por un lado, el intento de recompra de Banamex por Roberto Hernández hace obligado recordar los términos en que se dio la venta de ese banco a Citigroup en 2001: mediante una operación bursátil, avalada por el entonces titular de la SHCP, Francisco Gil Díaz –quien había sido director de Avantel, propiedad de Roberto Hernández–, que significó que tres mil 500 millones de dólares no ingresaran, en calidad de impuestos, al erario. El episodio es botón de muestra de una política fiscal profundamente inmoral e inequitativa que se ensaña con los pequeños contribuyentes y los sectores productivos y es, en cambio, condescendiente y obsequiosa con los altos potentados, quienes tendrían la obligación de pagar mayores impuestos. Tales directrices constituyen, en el momento presente, un factor de descontento social por cuanto castigan a los sectores más afectados por la crisis económica y profundizan las enormes desigualdades sociales que recorren el país.
Por lo demás, es evidente que las instancias burocráticas supuestamente encargadas de regular a la banca se han erigido, desde hace tiempo, en defensoras de facto de los banqueros, no de los usuarios, pues de otra forma no se puede explicar que toleren los exorbitantes cobros que se realizan en el país por concepto de servicios financieros: según datos de la propia Condusef, el costo anual de una tarjeta de crédito de Banamex-Citigroup es ocho veces superior en México que en Estados Unidos; Scotiabank cobra a los tarjetahabientes un interés de 60 por ciento anual en México, cuando ese costo no rebasa 16 por ciento en Canadá, y mientras los usuarios de plásticos de HSBC en Inglaterra pagan alrededor de 18 por ciento de interés anual, el costo para los clientes en México es de 71 por ciento.
La actual crisis económica ha puesto de relieve la necesidad de reactivar los motores de la economía y expandir el mercado interno, pero eso difícilmente se podrá lograr cuando la gente tiene que destinar altas cantidades de sus recursos a saldar deudas impagables y cuando el Estado no puede obtener recursos de donde los obtienen la mayoría de los países modernos: del cobro de impuestos a las grandes empresas, a los propietarios de las grandes fortunas y a los grandes capitales. Ante la falta de voluntad política y el cariz oligárquico del gobierno federal, es necesario que compromisos como el expresado ayer por los senadores de la República se traduzcan en acciones, y que no se queden en el ámbito declarativo, como ha ocurrido en ocasiones anteriores, pues ello contribuiría a que crezca la frustración de la población hacia el conjunto de la clase política. Hechos, no palabras, es lo que se requiere en el crítico momento actual.
1. El equilibrio de poderes no existe en México y la dramática situación que vive el país se debe a ello en buena medida, como advierten ya algunas voces ante el desastre finaciero y económico. La devaluación del peso frente al dólar prosigue de manera acelerada y el desempleo crece, pero el gobierno de facto no tiene más respuesta ante una crisis que tiene un origen interno que empeñarse en subastar dólares de la reserva federal para salvar a los empresarios especuladores que lo apoyan, y en seguir multiplicando las acciones de las fuerzas armadas con propósitos ahora electorales.
2. Esta inexistencia de controles sobre el gobierno se ha discutido también ante los cambios efectuados el 3 de marzo por Calderón en su gabinete espurio, tanto en el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), como en la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) y el Consejo Nacional para la Cultura y las Artes (CNCA), que han sido descalificados por los analistas de todos los horizontes políticos porque no sólo evidencian la soledad del grupo que está hundiendo a México, sino que representan la entrega de espacios fundamentales de decisión en un momento crítico, no a mexicanos entre los más preparados y capaces, sino a cuates de Calderón con el argumento de que él necesita no lealtad, sino incondicionalidad y servilismo, como sostienen todos los gobiernos al borde del derrumbe total.
3. La complicidad del PRI con Calderón en este escenario resalta, por lo mismo, como un factor significativo. Uno de los priístas más significativos (Luis Téllez) es removido del gabinete y se promueve a un panista que se prepara para 2012 (Jerónimo Gutiérrez), anunciándole al PRI que ni sueñe, que no va a regresar a Los Pinos, y los priístas no hacen otra cosa que doblar la cerviz de manera ignominiosa.
4. Ese hecho fundamental se olvidó, sin embargo, en la desangelada ceremonia del 80 aniversario de la fundación del Partido Revolucionario Institucional efectuada en el Teatro de la República de Querétaro el 4 de marzo, sobre todo porque el ciclo de gobiernos panistas instaurados en México desde 2000 no fue consecuencia de una decisión soberana de los mexicanos, sino de un acuerdo exigido por poderes trasnacionales y que los tecnócratas del PRI asumieron con la cúpula del PAN en los años 90, así como el compromiso de sostener sus gobiernos.
5. El aparato electoral del PRI colaboró abiertamente además al fraude electoral de 2006 para imponer de manera ilegal a Calderón en la silla presidencial impidiendo que Andrés Manuel López Obrador asumiera el cargo para el que había sido legítimamente electo, y desde entonces la cúpula priísta ha sido cómplice de todas las políticas entreguistas y autoritarias del inepto y corrupto gobierno de facto de Felipe Calderón: no ha actuado como un freno y un contrapeso ante las violaciones continuas al marco constitucional de la camarilla calderonista y de las mafias a las que sirve, sino como un cómplice agazapado.
6. El PRI ha sido desde su fundación la expresión de una coalición de intereses privados y públicos que fue prevaleciendo de manera ilegítima en el poder al satisfacer de manera marginal algunas demandas sociales, y tras la componenda de la alternancia neoliberal de 1997-2000, como parte del arreglo histórico, sus dirigentes locales no han sido otra cosa que empresarios con licencia para seguir enriqueciéndose desde los puestos públicos, al igual que lo hacen los panistas a nivel federal.
7. La sumisión de los priístas al gobierno de facto del PAN ha sido prácticamente absoluta, salvo casos particulares, y ha supuesto no sólo traicionar a los mexicanos sino violar la Constitución General de la República. Manlio Fabio Beltrones (líder de la bancada del PRI en el Senado) lo decía de manera abierta y no por ello desprovista de cinismo en la víspera del 60 aniversario, intentando responder a las continuas acusaciones de los panistas de que el PRI no respalda su supuesta lucha contra el narco, exigiéndoles tener memoria: les hemos aprobado, dijo, hasta leyes de excepción, que giran en contra de las garantías individuales de los mexicanos (La Jornada, 4/03/09).
8. El PRI y el PAN se relacionan cada vez más como dos bandas mafiosas que reclaman sus territorios de impunidad, sin que les importe el destino de los mexicanos, y no parece existir en el interior de esos dos partidos una fuerza institucional capaz de poner un alto al gobierno espurio. Mientras el país se hunde, el diálogo entre priístas y panistas no dista mucho del que tenían Frank Nitty y Bugs Moran en el Chicago de los años 30, como se corrobora todos los días al escuchar a Fernando Gómez Mont (titular de Bucareli) o al presidente panista Germán Martínez. La explicación más insulsa la dio el gobernador veracruzano Fidel Herrera al dejar el festejo del 80 aniversario que más parecía, según los periodistas, un velorio: El PRI, dijo, no ha sabido ser oposición, de la misma manera que el PAN no ha sabido ser gobierno.
9. La destitución de Calderón no sería por necesidad, como muchos pretenden, un acto golpista, sino, por el contrario, un acto profundamente republicano, enmarcado en el más profundo respeto a la Constitución. La cuestión que explica la negativa de las mafias panista y priísta para actuar es otra: aunque todos reconocen que el cogobierno corrupto que han instaurado tiene al país hundido en una gravísima crisis y saben que existen vías institucionales para ponerle un alto al desastre, siguen sosteniéndolo con pinzas porque se necesitan mutuamente para proseguir haciendo todo género de negocios a costas de la nación.
10. En el México de la alternancia neoliberal no existe un equilibrio de poderes, con un Legislativo independiente, ni tampoco una Suprema Corte de Justicia de la Nación que funja como un órgano de control de la constitucionalidad de los actos de la administración, y es el pueblo el que tiene la responsabilidad del país y necesita radicalizar sus acciones para poner fin al desastre.
Gobierno de los ricos
De acuerdo con información divulgada por la Comisión del Mercado de Valores de Estados Unidos (SEC, por sus siglas en inglés), el ex propietario y actual presidente de Banamex, Roberto Hernández, adquirió a principios de esta semana seis millones de acciones de Citigroup, dueño, por hoy, de la institución financiera que opera en México. El movimiento refuerza las versiones, difundidas hace dos semanas por el rotativo estadunidense The Wall Street Journal, de que Hernández, acompañado de otros inversionistas, planea readquirir Banamex, en un momento en que las acciones de Citigroup se ubican a un nivel ínfimo: ayer llegaron a menos de un dólar, cuando a principios de año costaban 7.08 dólares.
Por su parte, senadores de los partidos Revolucionario Institucional (PRI) y de la Revolución Democrática (PRD) reiteraron ayer su disposición a imponer límites a las tasas de interés y comisiones que los bancos en el país cobran a los usuarios de los servicios financieros. El presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado, Manlio Fabio Beltrones, subrayó la necesidad de que realmente existan tasas de interés acordes al mercado mundial y que se evite el saqueo del que están siendo objeto muchos quienes utilizan, sobre todo, el crédito al consumo. La declaración tiene lugar un día después de que, en un foro realizado en el Senado de la República, autoridades de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) y de la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Servicios Financieros (Condusef) expresaron su rechazo a fijar topes a los costos de los servicios bancarios, por considerar que tal medida podría inhibir el crédito y perjudicar sobre todo a los más pobres.
Los hechos que se comentan dan cuenta, desde distintas perspectivas, del carácter antipopular y pro empresarial del grupo que ostenta el poder público, su favoritismo hacia los ricos y su exasperante tolerancia a prácticas bancarias que merecen calificarse de agio y usura. Por un lado, el intento de recompra de Banamex por Roberto Hernández hace obligado recordar los términos en que se dio la venta de ese banco a Citigroup en 2001: mediante una operación bursátil, avalada por el entonces titular de la SHCP, Francisco Gil Díaz –quien había sido director de Avantel, propiedad de Roberto Hernández–, que significó que tres mil 500 millones de dólares no ingresaran, en calidad de impuestos, al erario. El episodio es botón de muestra de una política fiscal profundamente inmoral e inequitativa que se ensaña con los pequeños contribuyentes y los sectores productivos y es, en cambio, condescendiente y obsequiosa con los altos potentados, quienes tendrían la obligación de pagar mayores impuestos. Tales directrices constituyen, en el momento presente, un factor de descontento social por cuanto castigan a los sectores más afectados por la crisis económica y profundizan las enormes desigualdades sociales que recorren el país.
Por lo demás, es evidente que las instancias burocráticas supuestamente encargadas de regular a la banca se han erigido, desde hace tiempo, en defensoras de facto de los banqueros, no de los usuarios, pues de otra forma no se puede explicar que toleren los exorbitantes cobros que se realizan en el país por concepto de servicios financieros: según datos de la propia Condusef, el costo anual de una tarjeta de crédito de Banamex-Citigroup es ocho veces superior en México que en Estados Unidos; Scotiabank cobra a los tarjetahabientes un interés de 60 por ciento anual en México, cuando ese costo no rebasa 16 por ciento en Canadá, y mientras los usuarios de plásticos de HSBC en Inglaterra pagan alrededor de 18 por ciento de interés anual, el costo para los clientes en México es de 71 por ciento.
La actual crisis económica ha puesto de relieve la necesidad de reactivar los motores de la economía y expandir el mercado interno, pero eso difícilmente se podrá lograr cuando la gente tiene que destinar altas cantidades de sus recursos a saldar deudas impagables y cuando el Estado no puede obtener recursos de donde los obtienen la mayoría de los países modernos: del cobro de impuestos a las grandes empresas, a los propietarios de las grandes fortunas y a los grandes capitales. Ante la falta de voluntad política y el cariz oligárquico del gobierno federal, es necesario que compromisos como el expresado ayer por los senadores de la República se traduzcan en acciones, y que no se queden en el ámbito declarativo, como ha ocurrido en ocasiones anteriores, pues ello contribuiría a que crezca la frustración de la población hacia el conjunto de la clase política. Hechos, no palabras, es lo que se requiere en el crítico momento actual.
Porfirio Muñoz Ledo
La megachafez
El desmesurado salario que se asignaron los consejeros del IFE ha desatado indignación generalizada e implacables descalificaciones. Destaca la desproporción entre la magnitud de las remuneraciones y la pequeñez de los beneficiarios, así como la desfachatez de los titulares de los órganos encargados de salvaguardar el orden democrático.
Las cifras agreden la sensibilidad de un país hambriento. Acusan el abismo entre un pueblo angustiado y un estamento tecnocrático, improvisado y voraz. Ofende más el desprecio que el dinero. Los “megasalarios” son expresión de una megachafez. Un acto “de mala estofa” que exhibe la “baja calidad” y la “burda naturaleza” de quienes lo perpetraron.
Autor central del engendro, Leonardo Valdés defiende la “legalidad” de la decisión, pero además su valor “moral”. Esto es —en su primera acepción—, que “no pertenece al orden físico o jurídico”, sino a la “apreciación de la conciencia”. Ésta es tan discutible que mejor valdría aplicar la segunda: “árbol que da moras”, siendo éstas “fruto de pulpa jugosa”.
La acumulación de agravios apenas deja espacio a la reflexión. Dos vertientes se imponen. La primera alude a una causa fundamental de la desigualdad: la diferencia astral entre los salarios, estimada por los neoliberales como un mecanismo del mercado, en olvido de que éstos derivan de políticas públicas deliberadas.
Según estadísticas continuas de la OIT, el país “con mayores diferencias salariales por región, rama de industria y unidad de empresa” es México. Estamos frente a una política de Estado, avalada por los congresos y expresada en los presupuestos. Por decreto, los de arriba deben ganar todo lo que sea posible y los de abajo sólo lo necesario.
La distancia salarial en el sector privado es ilimitada en ausencia de gravámenes proporcionales a los altos ingresos de las personas. En las dependencias federales, nominalmente es de 46 a uno; pero aunadas prestaciones puede llegar ser superior a 100 veces (más de 300 mil el secretario contra 3 mil el modesto empleado). La reconstrucción del régimen de castas por la ventanilla de pago.
Los organismos internacionales tienen como norma que esa diferencia no sea mayor de cuatro veces. El concepto de República exige que el funcionariato sea un cuerpo igualitario, regido por la ética del servicio. La “digna medianía” juarista, al margen de la codicia y de la puja mercantilista en que incuba la corrupción.
Se ha recordado que, al constituirse el IFE como órgano constitucional, los consejeros decidieron fijarse un salario inferior al que la ley permitía. Ello no menguó en nada su independencia, sino antes bien incrementó su autoridad. Al contrario de quienes se otorgan un ascenso descomunal, que exhibe doblemente su subordinación a los poderes reales.
Sugiere Navalón que los susodichos no son “jacarandas indias”; traducido al mexicano diría que no tiene la culpa el consejero sino el que lo hizo compadre. Lo que está en duda es su procedimiento de selección, los intereses a los que sirve y el perfil decreciente de los nombrados.
El acuerdo original de 1994 —refrendado en 1996— era que el Consejo se integraría por el consenso de las fuerzas políticas. Ello se tradujo en memorables designaciones que luego se degradaron en la rebatinga parlamentaria. Se impuso la práctica del veto, que a fuerza de descarte se convierte en un sistema de cuotas.
Veto es “el derecho a impedir una cosa” en tanto que consenso es un “asentimiento colectivo de acuerdo a objetivos compartidos”. Éstos eran asegurar “la máxima imparcialidad del órgano y la calidad de sus decisiones”. Ahora es una tajada en el botín patrimonial de los partidos.
El único avance cierto de la transición, la democracia electoral, está en entredicho. La sumisión de los órganos responsables a los poderes locales y nacionales es manifiesta. La corruptela mediática y la compra de votos se han enseñoreado nuevamente. Es preciso atajar la decadencia para salvar la paz.
La intervención de los partidos en la conformación de las instituciones electorales es propia de los periodos de cambio entre la hegemonía y la pluralidad política. Casi ninguna Constitución la consagra en las democracias maduras. La designación corresponde a consejos de Estado, a propuesta de entidades académicas y civiles.
Debiéramos volver al punto de partida. Reconstruir desde su segmento electoral el andamiaje de las instituciones. La sociedad enfrentaba antes un solo adversario político, ahora cuenta con tres. Habrá que derrotarlos.
Las cifras agreden la sensibilidad de un país hambriento. Acusan el abismo entre un pueblo angustiado y un estamento tecnocrático, improvisado y voraz. Ofende más el desprecio que el dinero. Los “megasalarios” son expresión de una megachafez. Un acto “de mala estofa” que exhibe la “baja calidad” y la “burda naturaleza” de quienes lo perpetraron.
Autor central del engendro, Leonardo Valdés defiende la “legalidad” de la decisión, pero además su valor “moral”. Esto es —en su primera acepción—, que “no pertenece al orden físico o jurídico”, sino a la “apreciación de la conciencia”. Ésta es tan discutible que mejor valdría aplicar la segunda: “árbol que da moras”, siendo éstas “fruto de pulpa jugosa”.
La acumulación de agravios apenas deja espacio a la reflexión. Dos vertientes se imponen. La primera alude a una causa fundamental de la desigualdad: la diferencia astral entre los salarios, estimada por los neoliberales como un mecanismo del mercado, en olvido de que éstos derivan de políticas públicas deliberadas.
Según estadísticas continuas de la OIT, el país “con mayores diferencias salariales por región, rama de industria y unidad de empresa” es México. Estamos frente a una política de Estado, avalada por los congresos y expresada en los presupuestos. Por decreto, los de arriba deben ganar todo lo que sea posible y los de abajo sólo lo necesario.
La distancia salarial en el sector privado es ilimitada en ausencia de gravámenes proporcionales a los altos ingresos de las personas. En las dependencias federales, nominalmente es de 46 a uno; pero aunadas prestaciones puede llegar ser superior a 100 veces (más de 300 mil el secretario contra 3 mil el modesto empleado). La reconstrucción del régimen de castas por la ventanilla de pago.
Los organismos internacionales tienen como norma que esa diferencia no sea mayor de cuatro veces. El concepto de República exige que el funcionariato sea un cuerpo igualitario, regido por la ética del servicio. La “digna medianía” juarista, al margen de la codicia y de la puja mercantilista en que incuba la corrupción.
Se ha recordado que, al constituirse el IFE como órgano constitucional, los consejeros decidieron fijarse un salario inferior al que la ley permitía. Ello no menguó en nada su independencia, sino antes bien incrementó su autoridad. Al contrario de quienes se otorgan un ascenso descomunal, que exhibe doblemente su subordinación a los poderes reales.
Sugiere Navalón que los susodichos no son “jacarandas indias”; traducido al mexicano diría que no tiene la culpa el consejero sino el que lo hizo compadre. Lo que está en duda es su procedimiento de selección, los intereses a los que sirve y el perfil decreciente de los nombrados.
El acuerdo original de 1994 —refrendado en 1996— era que el Consejo se integraría por el consenso de las fuerzas políticas. Ello se tradujo en memorables designaciones que luego se degradaron en la rebatinga parlamentaria. Se impuso la práctica del veto, que a fuerza de descarte se convierte en un sistema de cuotas.
Veto es “el derecho a impedir una cosa” en tanto que consenso es un “asentimiento colectivo de acuerdo a objetivos compartidos”. Éstos eran asegurar “la máxima imparcialidad del órgano y la calidad de sus decisiones”. Ahora es una tajada en el botín patrimonial de los partidos.
El único avance cierto de la transición, la democracia electoral, está en entredicho. La sumisión de los órganos responsables a los poderes locales y nacionales es manifiesta. La corruptela mediática y la compra de votos se han enseñoreado nuevamente. Es preciso atajar la decadencia para salvar la paz.
La intervención de los partidos en la conformación de las instituciones electorales es propia de los periodos de cambio entre la hegemonía y la pluralidad política. Casi ninguna Constitución la consagra en las democracias maduras. La designación corresponde a consejos de Estado, a propuesta de entidades académicas y civiles.
Debiéramos volver al punto de partida. Reconstruir desde su segmento electoral el andamiaje de las instituciones. La sociedad enfrentaba antes un solo adversario político, ahora cuenta con tres. Habrá que derrotarlos.
Salvador García Soto
Serpientes y Escaleras
El pacto de Los Pinos
El acuerdo de “no agresión” se selló: los priístas no cuestionarían la capacidad del gobierno para enfrentar la violencia y el Presidente no interferiría en las elecciones
Entre el presidente Calderón y el PRI sí está operando el “pacto de no agresión” que ambos acordaron verbalmente el pasado 17 de febrero en aquella ríspida reunión en la casa presidencial. Tras el encontronazo que se produjo en ese encuentro entre el jefe del Ejecutivo y los miembros de la cúpula priísta por el tema de la guerra contra el narco, al final, cuando los ánimos se serenaron, Calderón y los dirigentes y gobernadores del viejo partido pactaron un “trato civilizado” en las próximas campañas.
Gobernadores presentes en aquel encuentro confirman que tras las diferencias que surgieron en la plática convocada por el Presidente, y que desataron por momentos la ira presidencial, hubo al final un espacio de calma para concretar el objetivo para el que se reunieron aquel día: un acuerdo para que la guerra electoral que ya inició no rompiera los entendimientos políticos entre el priísmo y la administración calderonista.
En ese entendido salieron las dos partes aquella tarde en la que después de la tempestada llegó la calma. El acuerdo de “no agresión” se selló en términos de que los priístas no cuestionarían la capacidad del gobierno para enfrentar el desafío de la violencia del narcotráfico, y el Presidente, a su vez, se comprometía a no interferir en las elecciones y a ordenar a todos sus secretarios y dependencias que no se metieran al proceso electoral.
Los gobernadores y la dirigencia del PRI comenzaron a hacer su parte cuando, por aquellos días, hubo varias declaraciones de apoyo de mandatarios priístas a la “valiente lucha que libra el presidente Calderón contra la delincuencia y que nosotros apoyamos”, así se escuchó a expresarse al gobernador de Tamaulipas, Eugenio Hernández; al de Veracruz, Fidel Herrera; y apenas el miércoles pasado, a la dirigente nacional Beatriz Paredes, en el evento del festejo del 80 aniversario del priísmo.
Pero mientras Calderón y los priístas cumplían el pacto, desde el CEN del PAN Germán Martínez enfocaba sus baterías contra los priístas y sorprendía a los del tricolor, que comenzaban a preguntarse ¿qué pasó con el pacto? En Los Pinos, la reacción ante el dicho de Germán no fue tan sorpresiva. De alguna manera, el Presidente y Germán habían hablado de “separar” la estrategia del gobierno y del partido en estos comicios, y fue en esa lógica que Martínez se lanzó por la libre a pegarle al PRI, que es claramente el “enemigo a vencer”.
El problema fue que la escaramuza lanzada por el líder nacional panista en un primer momento sí metió ruido al PRI. Varios gobernadores priístas llamaron a Beatriz Paredes para preguntarle qué pasaba y si el presidente Calderón no los había engañado y estaba rompiendo el “pacto de no agresión”. Esos mismos mandatarios le exigían a la lideresa nacional que respondiera a los ataques de Germán, y por esa presión salió aquella declaración de Jesús Murillo en la que tachó de “estúpidas” las declaraciones del líder panista.
En Los Pinos operaron de inmediato para deslindarse de la estrategia de Germán. “El Presidente mantiene su pacto y no comparte la estrategia de golpeteo del partido”, respondieron a los priístas en la casa presidencial. La molestia al interior de la cúpula tricolor hizo que algunos sugirieran que había un “doble juego” y un “doble lenguaje” del Presidente, que mientras él los convocaba a pactar, mandaba a Martínez Cázares a golpearlos.
La tensión se aligeró ante la operación de Los Pinos y de la dirigencia priísta. El pacto de no agresión se reafirmó, pero se aclaró que eso no incluía al CEN del PAN, que seguiría moviéndose en la lógica electoral y buscando confrontar a quienes aparecen como punteros en las encuestas rumbo a la elección intermedia de julio.
Así llegaron los priístas a sus festejos de aniversario el miércoles en Querétaro. Ahí, los gobernadores, Paredes, Manlio Fabio Beltrones y Emilio Gamboa establecieron como estrategia no responder más a los ataques de Germán Martínez. “No vamos a caer en su juego, porque lo que busca es subirnos al ring y con el debate detener la caída estrepitosa del PAN en las encuestas”, dijo a esta columna uno de los que participaron en el cónclave priísta que definió no entrar a la pugna directa con el panismo.
El problema para los priístas es que a Germán Martínez no le queda otra vía para frenar el ascenso del PRI. Golpear al viejo partido y a sus principales figuras es la única vía que tendrá el PAN para intentar impedir que se concrete la posibilidad real de una mayoría absoluta del viejo partido en San Lázaro. Por eso el dirigente panista afirma que él no cesará en esa estrategia “por más pactos que hagan en Los Pinos”. Para Martínez, “el Presidente gobierna el país y yo cuido al partido”, por lo que su guerra contra los priístas continuará.
Será cuestión de ver las armas que trae el joven dirigente panista y si la indiferencia y el “hielo” que le decretaron los del PRI resiste los varios disparos más que tienen planeados desde el CEN blanquiazul.
NOTAS INDISCRETAS... La guerra sucia desatada en Colima y el enfrentamiento de dos bloques que se disputan la nominación han empantanado la designación del candidato del PRI a la gubernatura y amenaza con fracturar al sólido priísmo colimense. De un lado está el gobernador Silverio Cavazos con su cuestionado candidato Mario Anguiano, a quien Proceso señala por presuntos vínculos con el narcotráfico, y del otro están Beatriz Paredes y Fernando Moreno Peña, que impulsan desde el CEN la postulación de Arnoldo Ochoa. La designación lleva tres semanas de retraso y ha desatado ya una fuerte lucha interna en el priísmo estatal que está tomando niveles de ruptura. Tanto que, después de las denuncias contra su “delfín” Anguiano, el gobernador Cavazos perdió los estribos y se le lanzó a la yugular al senador colimense Jesús Dueñas Llerenas, a quien Silverio señaló como “operador financiero de un narcotraficante de apodo El Paletero”, a quien el propio mandatario ligó con el presunto narco Germán Torres Anguiano, quien murió ejecutado en Guadalajara. Y si el gobernador sabía eso antes, ¿por qué no lo denunció? Por lo pronto, uno de los pocos estados donde el PRI mantenía intacto su cacicazgo empieza a crujir entre escándalos de narcopolítica y una feroz disputa de poder entre los priístas… Los dados agradecen todas las muestras de afecto y las buenas vibras por las cumplidas cuatro décadas de quien escribe. Nos regalaron una escalera doble.
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