TIEMPO DE MUJERES

Columnas
Julio Hernández López: Astillero
Apenas estaba Eduar- do Medina Mora tratando de echarle la bolita a los medios informativos por la barbarie nacional, en cuanto la difunden, cuando el agente secreto de sueldo y prestaciones en vías de incremento tácticamente suspendido, pero no realmente desechado, L.V. Zurita, se apareció para anunciar con tarjetita blanca en lo alto que el futuro inmediato –los funcionarios de casilla, el gobierno de las urnas– será regido por las zetas.
Última letra en suerte, en el país de las impunidades que permiten que un personaje como Eddy MeMo, largamente involucrado en la fabricación de la catástrofe patria, critique a los medios por trivializar la violencia y por difundir hechos y mensajes que paralizan a la población y alientan el desánimo, deseoso ese procurador (que al negar propósitos censores los materializa) de que no se hable de lo malo ni se informe con puntualidad de lo que sucede, mientras en la radio se multiplican los mensajes gubernamentales que con voz cavernosa y tono de mala película de misterio anuncian éxitos, capturas, decomisos y golpes que en muchos casos son apenas inicios procesales que no constituyen verdad jurídica ni sentencia alguna, sino mero anhelo calderónico de aparentar que se va ganando una guerra que ha desangrado al país, consumido recursos públicos que deberían destinarse a otros rubros, y confirmado la condición fallida de eso que todavía se insiste en llamar Estado. Ironías de abecedario en elites de analfabetismo político mientras el ex presidente Felipe Calderón (fue presidente del comité nacional panista) continúa creando las condiciones ideales para que el desfondado imperio gringo se sienta obligado a meter orden en el traspatio hasta ahora olímpicamente desatendido, pero convertido ya en problema de seguridad nacional que podría requerir invasiones, tutelaje directo, intervención y control, pues.
Por ejemplo, David Rieff, analista político y escritor (e hijo de la novelista Susan Sontag), publicó a finales del mes pasado en The Guardian (y en otros diarios, entre ellos La Nación, de Costa Rica, de donde se toma la traducción usada aquí) un artículo que asegura que con todo lo urgentes que para Estados Unidos puedan ser los problemas de Oriente próximo, el sur de Asia y Rusia, así como Irán y Corea del Norte, otra crisis mucho más cercana a casa podría representar tantos peligros como un Irán nuclear, una Rusia con nuevos y agresivos bríos o incluso un Pakistán dominado por los islamistas. Esta crisis ocurre en México, que se encuentra en caída libre, con sus instituciones estatales amenazadas como no lo habían estado desde al menos la Guerra de los Cristeros y posiblemente desde la Revolución Mexicana de 1910.
Es la crónica de una intervención anunciada. El Estado fallido tiene un conductor designado que no sabe manejar (o al que le han instruido desde el principio para que se embarque en una guerra que le debilite aún más) y, por tanto, la arrogancia norteña se siente con pleno derecho a defender sus intereses mediante el uso de la fuerza, como en otros lugares y en otros momentos de la historia lo ha hecho. Por ello bien vale desde ahora asentar la consigna añeja: Yanquis, go home. Que no crean los principales consumidores del mercado de las drogas, y principales vendedores de las armas que se usan en México, que nuestro país es lote baldío, a pesar de los amplios e insistentes esfuerzos del calderonismo por mostrar a la nación dividida, confrontada, ensangrentada, sin gobierno y, eso desean, sin esperanza.
Astillas
La consejera local del IFE en Tabasco, Aída Elba Castillo Santiago, criticó el pasado 26, en una sesión oficial, la pretensión de los consejeros nacionales de aumentarse el salario, aunque finalmente éstos hubieran fre- nado su intención, pues haber tratado de pasar “de 173 mil pesos al mes a 330 mil pesos, en un contexto de crisis económica, donde a diario leemos que miles de personas se quedan sin empleo, es, por decir lo menos y con eufemismos, falta de sensibilidad social. Si de respeto constitucional se trata, la misma Constitución que invocan nuestros consejeros generales garantiza para todos los ciudadanos mexicanos la seguridad social, el empleo, el bienestar, la educación, seguridad de las personas y sus bienes, elecciones equitativas… Por las razones que ustedes gusten y manden, pero sobre todo por la realidad económica, política y social, esos mandatos constitucionales no se cumplen por el sólo hecho de estar en nuestra Carta Marga. ¿Están seguros nuestros consejeros generales del IFE que no es un asunto de ética?”... En la sección de comentarios a cada nota, artículo o columna que se ha incorporado al nuevo formato de Internet de La Jornada, se discutió ayer si lo que aquí se escribe forma parte de Los Testigos de Pejehová, o es una Atalaya Astillada o tiene independencia y equilibrio. De entre los comentarios, hubo uno, de Lisette, que bajo el título de ¿qué pasó mi Julio? pide que aquí se deje de defender a AMLO y se ejerza la crítica con lucidez: No existen héroes. Las personas son corruptibles, los pueblos organizados, no... Manlio Fabio Beltrones se podría considerar bien pagado, en una de sus muchas facturas pendientes con el calderonismo, con la candidatura panista de Sonora, que ganó en elección interna Guillermo Padrés en la primera zona de votaciones, en Hermosillo (lo que llevó a retirarse a Dolores del Río, la presunta candidata original de Los Pinos, y a Florencio, Chito, Díaz). De la mano del PAN, con una alternancia negociada, con un candidato blanquiazul que le es cercano, Beltrones podría ajustar también cuentas con su encarnizado enemigo, el actual gobernador priísta Bachoco Bours... Y, mientras el único chihuahuense a salvo, Francisco Barrio Terrazas, ve aparecerse por su paraíso diplomático canadiense el fantasma de su inacción y responsabilidad en las muertes de mujeres en Ciudad Juárez, asunto que algunos colectivos de allá pretenden recordarle en cuanto les sea posible, ¡hasta mañana, en esta columna que empieza con A!
Fax: 5605-2099 • juliohdz@jornada.com.mx

Miguel Ángel Rivera: Clase Política
En medios legislativos toma fuerza la versión de que el gobierno del presidente Felipe Calderón hizo tarde y mal su tarea al reglamentar las acciones contra los traficantes de personas.
Esto porque el reglamento a la Ley para Prevenir y Sancionar la Trata de Personas fue publicado más de un año después de ser aprobado en el Congreso y al parecer no concuerda con el propósito de sancionar a quienes se dedican a la trata de personas ni de proteger a las víctimas.
Uno de los legisladores que encabeza las protestas es el coordinador de la bancada del PRI y presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado, Manlio Fabio Beltrones, quien criticó por ejemplo la decisión del Ejecutivo Federal de designar a la Secretaría de Seguridad Pública como la encargada de atender a las víctimas, pues no se trata de delincuentes.
La cosecha
Cuando los diputados, locales y federales, o los senadores enfrentan problemas de conciencia, pero no desean ir contra la línea de su partido, tienen el recurso de abstenerse. Pero ahora algunos de sus colegas legisladores desean quitarles esa salida fácil y obligarlos a votar sí o no. Dos promotores de una iniciativa en ese sentido son los diputados del PRD Tomás Pliego Calvo, local, y el federal Armando Barreiro Pérez…
El secretario de Salud, José Ángel Córdova Villalobos, entregará hoy la Medalla al Mérito en Salud Pública a los diputados federal Éctor Jaime Ramírez Barba y del DF Xiuh Tenorio Antiga, por su impulso a las leyes de protección a los no fumadores…
Tabasco no cejará en su lucha para ser sede de la nueva refinería anunciada el 18 de marzo pasado por el presidente Felipe Calderón, aseguró el gobernador Andrés Granier Melo, al confirmar que el próximo 11 de marzo recibirá al director de Pemex, Jesús Reyes Heroles, quien viajará acompañado por un grupo de técnicos de la paraestatal con el propósito de intercambiar opiniones sobre el proyecto petroquímico. Granier recordó que las ventajas y potencialidades de Tabasco han sido avaladas técnicamente por un estudio realizado por el Instituto Mexicano de Ingenieros Químicos (IMIQ), el cual fue entregado a la secretaria de Energía, Georgina Kessel, y al presidente de la Cámara de Diputados, César Duarte, quien se pronunció en favor de Tabasco como sede del nuevo complejo…
La dirigencia del sindicato minero, encabezada por Napoleón Gómez Urrutia, reportó haber concluido otra exitosa negociación en su sección 273, con sede en Lázaro Cárdenas, Michoacán, con la empresa Control Industrial de Occidente, la cual concedió 9 por ciento de aumento directo al salario, más 4.7 por ciento en diversas prestaciones. Al mismo tiempo denunció que debido a las condiciones de inseguridad y falta de sistemas de protección e higiene industrial el pasado domingo se produjo un derrumbe en la mina de Sabinas, Zacatecas, del Grupo Peñoles, donde perdió la vida el minero Rogelio Carrillo Acuña, de 21 años de edad...
riverapaz@prodigy.net.mx

Enrique Galván Ochoa: Dinero
Está en marcha todo un plan para permitir que Banamex siga operando sin llevar a cabo cambio alguno, aun cuando, en opinión de algunos conocedores de temas jurídicos, quedó fuera del marco de la ley al asumir el gobierno de Estados Unidos 36% de las acciones comunes de Citigroup. En realidad, tanto en el Congreso como en las dependencias del Ejecutivo, casi todos están deseosos en hacerse de la vista gorda. No vayan a pensar mal, pero tal vez eso tiene que ver con el presupuesto para relaciones gubernamentales que maneja Roberto Hernández, con fondos proveídos por Citigroup. Según reciente reporte de la agencia de noticias Bloomberg, escrito por los periodistas Ian Katz y Bradley Keoun, recibió con ese fin 2.87 millones de dólares el año 2006; en 2005, 2.31 millones; 2004, 1.61; 2003, 1.59; 2002, 1.4, y en tres meses de 2001 fueron 33 mil 826 dólares. Total: casi 10 millones. Bloomberg no revela el dato de 2007 y 2008. ¿Qué político mexicano le haría un gesto feo a un banquero que maneja tamaño presupuesto para relaciones públicas? Lo que sería interesante es la opinión sobre este caso particular del presidente Obama, quien recientemente dispuso que se pusiera tope a los ingresos de los jefazos de los bancos rescatados. Y, por otro lado, saber si tales ingresos son debidamente declarados al fisco mexicano, o están exentos, como fue la venta de Banamex.
Barómetro de Empresas
Tuvo el efecto de un bombazo en los círculos gubernamentales y del sector privado el reporte del Barómetro de Empresas, encuesta de la firma consultora Deloitte, que esta sección dio a conocer ayer en exclusiva. Contradice los sondeos hechos por encargo que dan una calificación aprobatoria al desempeño del presidente Calderón. El Barómetro con crudeza sintetiza en dos palabras la opinión dominante entre los ejecutivos de más de 200 de las más importantes compañías del país: gobierno ineficaz. Ayer, los directivos del Consejo Coordinador Empresarial, con Armando Paredes a la cabeza, interesados apoyadores del calderonismo, convocaron a una reunión de prensa para hoy. Será interesante lo que digan.

Carlos Fernández-Vega: México SA
Tan sólida y creíble fue la declaración dominical del secretario de Hacienda, tanta certidumbre generó, que la moneda nacional reportó ayer un nuevo mínimo histórico: 15.62 pesos por dólar, con todo y subasta de billetes verdes por parte del Banco de México.
En su declaración del pasado domingo en Portugal, el doctor catarrito Agustín Carstens sostuvo que está (el peso) subvaluado, creo que ha sido una reacción excesiva del mercado; los fundamentales de la economía mexicana están sanos. Pues bien, parece ser que de nada sirve la susodicha salud (versión oficial), porque la depreciación de la moneda nacional ha sido en picada en unos cuantos meses: alrededor de 43 por ciento si se considera el inicio oficial de la crisis, el pasado 10 de octubre, o tirándole a 60 por ciento si se considera el tipo de cambio de agosto pasado, cuando se registró una cotización menor a 10 por uno.
El mayor problema, sin embargo, es que todo indica que el vapuleado tipo de cambio no tiene para cuándo estabilizarse, así medianamente. La versión oficial indica que a mayor inyección de reservas internacionales, más fácil alcanzar la estabilidad cambiaria. En los hechos ha sucedido lo contrario: se han destinado alrededor de 20 mil millones de dólares para ese propósito, y el tipo de cambio se sacude cada día más.
Ahora, de existir la reacción excesiva referida por el secretario de Hacienda, en el mejor de los casos debe matizarse, toda vez que una minúscula proporción de mexicanos tienen capacidad no sólo para comprar sino para acumular billetes verdes en proporciones tan altas que lleven a desestabilizar el mercado cambiario. El mercado, así, se reduciría a un grupúsculo de empresas y empresarios –con mucho colmillo en eso de aprovechar las devaluaciones– nacionales y extranjeros y a la rapaz banca que opera en el país.
La semana abrió con las optimistas declaraciones del doctor catarrito y, de inmediato, la consecuente respuesta pesimista de ese mercado: el dólar a 15.62 pesos, y en la tienda de enfrente un desplome de 4.63 por ciento en el principal indicador de la Bolsa Mexicana de Valores, que mucho debe extrañar a Fox, y a su secretario de Hacienda, Francisco Gil Díaz, con quien obtuvieron un incremento de 500 por ciento a lo largo de su sexenio.
El doctor Carstens debe aprovechar la oportunidad que brinda su propio análisis. El sabe perfectamente quiénes componen ese diminuto mercado en México, de a cómo ha sido la reacción excesiva de sus integrantes y a qué hora se le ha pasado la mano. Fácilmente, pues cuenta con la información a detalle, podría hacer públicos los nombres, con todo y apellido, de los que han atentado, atentan, en contra de la estabilidad cambiaria en el país.
Podría, pero al que está arriba de él no se le pega la gana. En octubre pasado el doctor catarrito se estaba animando a soltar los nombres de quienes sacudieron el tipo de cambio (sólo alcanzó a decir Comercial Mexicana), cuando desde Los Pinos le ordenaron respeto absoluto a la Omertá, por lo cual cedió la batuta al presidente de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, Guillermo Babatz, quien a su vez prometió una investigación a fondo para conocer los nombres y apellidos de los agresores del peso mexicano. Pues bien, han pasado cuatro meses desde aquel anuncio, a principios de octubre pasado; la moneda mexicana se mantiene en picada; se han sacrificado 20 mil millones de dólares en reservas internacionales, y la CNBV nada de nada. Dicho sea de paso, a esta ágil institución del gobierno federal se le ha acumulado la chamba: nada se sabe del desplumadero de inversionistas mexicanos en Stanford, de lo que se supone informaría, y nada se sabe del asunto Banamex (Obamamex), del que también informaría.
Coincidentemente, el director general de Petróleos Mexicanos anda por el estilo. El pasado 22 de enero anunció que en la segunda quincena de febrero daría a conocer la sede de la nueva refinería. Se acabó el segundo mes del año, y nada dijo de lo que anunció que diría.
Y la cereza para este inicio de semana financiera la puso el Banco de México, por medio de su encuesta sobre las expectativas de los especialistas en economía del sector privado, correspondiente a febrero de 2009, la cual se levanta entre 30 grupos de análisis y consultoría económica del sector privado nacional y extranjero. En este sentido, las previsiones no son nada halagüeñas, entre ellas una mayor caída de la economía, con el consecuente costo en empleos formales.
Los analistas estiman que en el primer trimestre de 2009 el PIB mexicano disminuya 2.43 por ciento a tasa anual; que en el segundo trimestre su descenso sea de 2.99 por ciento y que en todo el año decrezca en 1.92 por ciento. Tales previsiones implican que en el conjunto de la segunda mitad del año se moderaría la caída del PIB a 1.13 por ciento. Para 2010 se anticipa una reactivación económica y que el PIB crezca 2 por ciento. En cuanto a la actividad económica en Estados Unidos, proyectan que en 2009 el PIB mostrará una contracción de 2 por ciento, para luego registrar una ligera recuperación (1.6) en 2010.
Prevén que en 2009 el consumo privado y de la inversión de ese sector muestren disminuciones de 0.8 y 3.7 por ciento, mientras el indicador de empleo formal, medido por el número de trabajadores asegurados en el IMSS, se reduzca al cierre del año (de diciembre de 2008 a diciembre de 2009) en 325 mil personas (disminución de 201 mil en la encuesta previa). Además, que los salarios, en términos reales, no registrarán incrementos. Para 2010 la actividad económica presentaría una mejoría que irá acompañada de un incremento del referido número de trabajadores de 157 mil personas. El problema es cada mes que pasa empeoran dichas estimaciones.
Las rebanadas del pastel
El exitoso modelo económico mexicano arroja la escalofriante información que ayer hizo pública el subsecretario de Educación Superior, Rodolfo Tuirán: “el éxodo de talentos mexicanos al exterior –el cual asciende a 575 mil– ha costado al país más de 100 mil millones de pesos, que significan una cuarta parte del presupuesto que se destina a la SEP”. De ese total, 96.5 por ciento vive en Estados Unidos y el resto en países de la Unión Europea, detalló. No sólo representa una sangría de capital humano, sino de inversiones generadas para formar a esos estudiantes.
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Cristina Barros y Marco Buenrostro: Itacate

Opinión
Pedro Miguel: No pasa nada
Apesar de lo que pregonan los agoreros del desastre, en el país no pasa nada grave. El gobierno federal ha tomado las medidas pertinentes para evitar que la población se vea afectada por el desempleo, la carestía, la devaluación y los imprevistos financieros. De hecho, la devaluación es subvaluación, las pérdidas sufridas por las pensiones de los asalariados no son tales, sino minusvalías, la crisis no le ha pegado a la clase media y nadie va a quedarse sin trabajo y menos sin comida.
Lo que los pesimistas llaman catástrofe es, en realidad, un catarrito; más daño causa el pánico que los tremores de una turbulencia previsible y bajo control de las autoridades. Pónganse, señores funcionarios, en los zapatos de la gente, para que le tomen la medida al bienestar y a la satisfacción generalizada. Observen en ese espejo su propia eficiencia y desechen pesimismos y catastrofismos. Les digo que no está pasando nada.
El salario remunerador es un precepto constitucional plenamente vigente que goza de solidez y, sobre todo, de un amplio espectro: puede ir de los mil 500 a los 347 mil pesos mensuales, lo que demuestra el compromiso del país y del gobierno con la diversidad y el pluralismo económico y social; la inversión de recursos públicos en gasto corriente (mayoritariamente destinado a pagar sueldos de funcionarios y asesores) anda por los 700 mil millones de pesos; un blindaje formidable contra cualquier crisis para el sector más importante de la población: el que está dispuesto a ver el vaso medio lleno, el que ejerce un liderazgo positivo, el que aporta soluciones en lugar de quejarse por los problemas, el que no se rinde ante las adversidades, el que trabaja en función de objetivos y no se dedica a magnificar los fracasos. Ese conjunto de ciudadanos representa a México, y México es más grande que sus problemas.
La transparencia y la probidad son normas inalterables en la conducta de esta administración. El tráfico de influencias es sólo un recuerdo del pasado remoto. El desvío de fondos públicos se sanciona con severidad. Todos los funcionarios están sujetos a escrupulosa fiscalización. Sostener lo contrario sólo puede explicarse como un afán por socavar al Estado y sus instituciones.
El país está ganando la guerra contra la delincuencia. Prueba de ello es el envío reciente de miles de efectivos militares a las plazas del norte: mera operación para consolidar un control ya establecido y que, de hecho, nunca se perdió. O se perdió por unos breves momentos, por un pedacito de sexenio anterior, pero ya está todo resuelto o en vías de inminente resolución. Se requiere, eso sí, del concurso de todos para evitar que los criminales infiltren a las instituciones. Por eso el gobierno alienta la participación de la ciudadanía en el combate contra el crimen. No vaya a ser la de malas: imagínense lo que ocurriría si, por poner un ejemplo, el narco llegara a contratar a cuatro de cada 10 policías en activo o a coordinadores y directores de la procuraduría y de la Secretaría de Seguridad Pública. O, Dios no lo quiera, a alcaldes, subsecretarios, diputados, secretarios, senadores, gobernadores y presidentes y ex presidentes de la República.
La libertad de expresión está plenamente garantizada, pero esa libertad no debe confundirse con la crítica destructiva y de mala fe ni con los perversos empeños de la delincuencia por destruir a las instituciones. Bienvenida la crítica, siempre y cuando sea objetiva, cuando elogie y legitime, cuando reconozca la obra ingente de este gobierno en materia social, educativa, de salud, infraestructura, economía, seguridad y cultura.
Porque no pasa nada: el país avanza, va por buen camino y está conducido por una mano firme. Esa es la línea a seguir, esa es la determinación inquebrantable del gobierno y esa es la verdad.
Órale, pues.

José Blanco: I + D + I
Una nueva revolución científica y tecnológica viene. Parece difícil referirla como nueva en una era de permanentes innovaciones técnicas en todos los ámbitos de la vida social; pero lo es en el sentido de que en el contexto de un proceso continuo de innovación, Barack Obama dará un impulso al conocimiento, probablemente sin precedente.
I + D + I (investigación más desarrollo más innovación) serán como nunca la palanca del desarrollo humano.
Los estadunidenses se habían dormido en sus laureles y, pese al proceso apuntado, la productividad social no marchaba al ritmo del llamado del siglo XXI. Cayeron en las redes de la especulación improductiva, de los circos financieros para volverse millonarios de la noche a la mañana, especialmente grandes empresas.
Obama tiene en sus planes un salto cualitativo en el uso de la ciencia, la tecnología, la educación, para el corto y el largo plazos. El presidente piensa simultáneamente en la superación de la crisis, en el avance de la sociedad y en seguir sosteniendo la hegemonía mundial de su país, si es posible, por sécula secolórum. Está en la historia y en el ethos estadunidense la buena vida y la dominación internacional por el conocimiento y el liderazgo tecnológico.
Uno de los textos más importantes del siglo XX sobre política científica es Science: The Endless Frontier (Ciencia, la frontera sin fin), del ingeniero Vannevar Bush (hombre de ciencia también), que escribiera en 1945 a solicitud del presidente Truman; Bush abogaba por un financiamiento público de la ciencia y tecnología prácticamente sin restricciones, con la convicción profunda de que el progreso científico es el asunto clave en el beneficio de la seguridad de la nación, de mejor salud, más trabajo, mejor nivel de vida, así como del progreso cultural; aquel Bush no incluía la hegemonía internacional que desde entonces ejerció Estados Unidos plenamente, pero qué duda cabe que ha sido decisiva en la influencia o la dominación que ha ejercido sobre el resto del mundo.
La conciencia del papel del conocimiento lo adquirieron el gobierno y los científicos estadunidenses de la observación del impacto que tuvieron las grandes innovaciones técnicas desarrolladas por los científicos durante la Segunda Guerra Mundial. En el conocimiento estaba todo y éste no conoce fronteras.
Por supuesto, toda la educación tenía que ser organizada para sostener ese papel de la ciencia y la tecnología. El desarrollo educativo y la investigación cobraron un papel central y fueron la base de la creación y el desarrollo de la gran potencia.
Obama se propone escribir un segundo capítulo de ese alcance. Entre sus decisiones iniciales destaca la creación del Chief Technology Officer, como parte del gabinete presidencial.
Obama tiene casi 2 millones de amigos en Facebook, medio millón en Myspace, entre otras redes, y al momento de elegir a su vicepresidente envió más de 3 millones de mensajes de texto a sus seguidores para darles la primicia. Obama quedará en la historia como el primer mandatario tecky, dice la tecnóloga M. G. Ensinck. Se sabe: Clinton envió dos e-mails: uno de prueba y otro al transbordador espacial; Bush no envió ninguno.
Desde la contienda electoral, Obama demostró hacer un uso intensivo y exitoso de las nuevas tecnologías, no nada más para mandar mensajes y recaudar fondos, sino que se apropió de las redes sociales para hacer construcción colaborativa. El flamante presidente estadunidense encarna el modelo de comunicación propio de los jóvenes: una relación bidireccional, más abierta y colaborativa con la que logró comunicarse con los menores de 30 años, aquellos que no leen diarios impresos, no van a las marchas ni ven los noticieros. Cosa que era imposible para Hillary Clinton y John McCain, quienes son tecnológicamente outsiders.
No es extraño que su programa de gobierno: incluya 1) un impulso sin precedente a la educación, pues es uno de los puntos fuertes de su argumento tecnológico; 2) dotar de recursos para investigación y educación a colegios y universidades; 3) reclutar a un nuevo ejército de profesores y dotarlos de los recursos tecnológicos necesarios; 4) desarrollar la banda ancha en la Internet, con prioridad sobre las zonas rurales para evitar la brecha digital interna; en este punto es prioritaria la optimización del espectro de radiofrecuencia para sacar su máximo potencial en todo el país; 5) preparar a la nación para una era totalmente digital; Obama cree en una Internet abierta y libre, que garantice el libre intercambio de ideas, a la vez que proporcione garantías para la protección de los menores; 6) la gobernanza, según Obama, tendrá como prioridades la transparencia de la administración hacia los ciudadanos, que conozcan qué está ocurriendo y cómo se están haciendo las cosas, y promover la comunicación y el acceso de los ciudadanos de forma cómoda, directa y especialmente segura a los gobernantes; 7) mejorar la competitividad de las empresas; 8) renovar permanentemente el uso de fuentes alternas de energía; 9) duplicar la inversión en investigación en ciencias, en la universidad en particular; 10) hacer que el impuesto para el I+D sea permanente; 11) proteger la propiedad intelectual fuera y dentro de sus fronteras; 12) reformar el sistema de patente; y, 13) operar según el principio de que las decisiones del gobierno se basen en las mejores evidencias científicas.
Una síntesis: Obama prevé en sus presupuestos un aumento de 1.4 por ciento para defensa y uno de 12.8 para educación. Un reto para el gobierno de Obama que se vuelve, inmediatamente, un reto para todos los países desarrollados y emergentes.

Marco Rascón: Unificar, democratizar, solucionar

Luis Hernández Navarro: La crisis de la prensa escrita

Magdalena Gómez: La inaplazable justicia en Guerrero

Javier Flores: Educación para enfrentar la crisis

Teresa del Conde: María Ruido en el Carrillo Gil
Medina mora: la realidad y los medios
Ayer, al inaugurar el foro La responsabilidad de los medios de comunicación ante la lucha contra la delincuencia organizada, el titular de la Procuraduría General de la República (PGR), Eduardo Medina Mora, convocó a los medios informativos del país a no trivializar el combate a la criminalidad. Los exhortó, a renglón seguido, a equilibrar sus contenidos de forma tal que difundan también los aciertos y buenos resultados de la política de seguridad en curso, y advirtió que, si bien no es la intención del gobierno federal censurar a los medios de comunicación, éstos deben autorregularse para evitar que se genere desánimo o parálisis entre la población.
El funcionario repitió, de tal forma, los constantes llamados del Ejecutivo federal a suscribir el optimismo oficial en materia de combate a la delincuencia, al tiempo que manifestó, de nueva cuenta, las creencias equívocas de que los problemas se resuelven si se deja de mencionarlos, y de que las estrategias gubernamentales tendrán éxito en la medida en que los medios las celebren y eviten criticarlas.
Es cierto que, en el momento presente, hay en la población un sentir generalizado de zozobra, temor e incertidumbre ante la creciente ola de violencia que azota el país, y que ello ha derivado en un aumento de la percepción de que la llamada guerra contra el narcotráfico ha fracasado. Esto último, sin embargo, no es culpa de los medios de comunicación, sino consecuencia del mal manejo de la procuración de justicia y de la seguridad pública, así como de las debilidades con que el Ejecutivo federal emprendió su cruzada contra la criminalidad organizada: sin conocer ni comprender las dimensiones reales del problema, sin una política de combate efectivo a la corrupción que permitiera limpiar a fondo las corporaciones policiales, y sin atender las causas originarias –sociales, económicas e institucionales– de los fenómenos delictivos.
La verosimilitud de la campaña antinarco del calderonismo queda en entredicho ante el profundo descrédito en que se encuentra inmersa la propia PGR, dependencia que padece desde el sexenio pasado una sostenida erosión institucional, que se ha alejado de su compromiso formal de cumplir la ley y procurar justicia y que ha asumido, en cambio, el papel de fábrica de culpables y de gestora de venganzas políticas y personales. Por si fuera poco, en el marco de la actual estrategia de seguridad, la procuraduría ha incurrido en una serie de pifias e irregularidades que deterioran aún más su imagen, como con la detención y el arraigo de Laura Elena Zúñiga, presuntamente relacionada con miembros del cártel de Juárez y posteriormente liberada por falta de pruebas, episodio que constituyó un atropello inadmisible o bien una exasperante torpeza de la entidad que encabeza Medina Mora.
Lejos de corregir o de siquiera admitir las fallas mencionadas, el gobierno federal ha avanzado en la construcción de una suerte de realidad virtual, sustentada en la difusión de logros históricos en su lucha contra el narco. Ayer mismo, Medina Mora dijo que la presente administración ha golpeado con particular intensidad a todas y cada una de las organizaciones criminales sin excepción y que los resultados obtenidos en detenciones, en decomisos de droga, dinero y armas, así como en bajas causadas a los grupos criminales, no tienen resultado precedente, afirmaciones que no corresponden con el panorama cotidiano –en el que la violencia se reproduce con mayor intensidad y en el que el poder de los grupos delictivos no parece haber disminuido– y que, en cambio, generan la impresión de que el gobierno pretende engañar a la sociedad en su conjunto.
En suma, si algo resta credibilidad al combate del calderonismo a la delincuencia organizada ha sido, precisamente, la inoperancia con que se conducen las autoridades; los atropellos y las irregularidades en que incurre el sistema de procuración de justicia, la propensión gubernamental a culpar de esas fallas a otros –empezando por los medios de comunicación– y su empeño por ocultar a la población lo que resulta evidente: que en los pasados 27 meses, y después de miles de muertos, el poder de la delincuencia y el clima de inseguridad no disminuyen. Y no mejorarían las cosas si los medios se avinieran a ocultar la realidad, que es lo que parece ser la petición de Medina Mora.


Alberto Aziz Nassif

El abuso

La cifra es escandalosa y monumental. Con excepción de Alfredo Figueroa, que se opuso, los consejeros del IFE querían recibir 330 mil pesos de salario al mes. El aumento de 46% a un salario que ya era alto significa en buen español un agandalle, un acto ventajoso de alevosía y abuso. Fue tal la indignación pública, que los consejeros tuvieron que dar marcha atrás y ahora se quedaron sin el aumento y con la mala fama. La justificación del aumento fue para cumplir con el artículo 41 de la Constitución, en el que se dice que los consejeros ganarán igual que los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. ¿Qué legalidad puede consignar tal tipo de aberración? Sólo la misma que explica por qué los legisladores establecieron en la Constitución su financiamiento, otro abuso.
Pero no se trata sólo del IFE, sino del Poder Judicial, que poco a poco han construido un paraíso salarial: ministros que gana 347 mil pesos, consejeros de la Judicatura que se llevan 337 mil pesos, los magistrados del Tribunal Electoral reciben 343 mil pesos. No hay nada que justifique esos salarios. ¿Cuántos servidores públicos en el mundo ganan 4 millones de pesos al año (264 mil dólares)? Quizá ninguno, pero en México hay unos cuantos privilegiados que tienen estos niveles de salario. No se trata de derechos, sino de privilegios. El salario mínimo más alto del país es 200 veces menor al de un ministro o un magistrado. ¿Qué labor hacen para justificar esta desigualdad? La lógica salarial de estos sectores está equivocada: un salario alto no garantiza más autonomía ni una mejor impartición de justicia. Si el salario se calculara con base en eficacia, resultados, acceso del sistema de justicia a los más desprotegidos, quizá no se llegaría ni al salario mínimo.
La reforma electoral en 2007 dejó las cosas en los mismos términos para el IFE; sin embargo, en el proceso de la reforma hubo propuestas del Comité Conciudadano para que el salario de un consejero fuera similar al de un profesor universitario del más alto nivel, pero los legisladores ni siquiera se tomaron la molestia de revisar la norma.
Ahora llama la atención que algunos legisladores se hayan rasgado las vestiduras por el aumento en el IFE, cuando fueron ellos los que diseñaron la norma salarial en el artículo 41 de la Constitución y que en 2007 pudieron haber modificado. Cuando un país le puede pagar 330 mil pesos al mes al que organiza las elecciones, es decir, el doble del titular del Poder Ejecutivo, algo anda muy mal.
Los salarios en México dentro del sector público son la expresión de una desigualdad enorme, pero dentro del Poder Judicial se llevan la medalla de oro. La autonomía les ha servido no para tener salarios, sino privilegios, abusos. Sólo hay que asomarse a ver lo que ganan los maestros de primaria para ver la diferencia, los salarios de un médico en el Seguro Social o de una enfermera, al igual que un policía o un bombero; todo ellos rondan entre 4 mil y 8 mil pesos.
Pero no sólo la desigualdad es abismal, sino que el momento actual resulta por demás crítico. Se necesita mucho cinismo para aprobarse un aumento de 46% de los salarios, cuando la situación económica golpea con furia y todos los días hay no sólo malas noticias, sino pésimas: crece el desempleo por cientos de miles; la economía está en recesión y no se sabe con precisión cuánto va a caer el PIB este año. En las empresas se imponen programas de austeridad, incluso en diversos gobiernos se han adoptado medidas de reducción de presupuesto. Los consejeros del IFE que justificaron el aumento me recuerdan a los yuppies financieros de Wall Street que hace poco, mientras los bancos en Estados Unidos quebraban, ellos se otorgaban bonos millonarios.
La relación entre impartición de justicia y salarios es negativa. Recordemos algunas resoluciones de la Corte que pasarán a la historia como una vergüenza: los casos de Lydia Cacho y de Atenco, en los cuales se justificó la impunidad, recubierta de un sofisticado discurso jurídico. Pero también recordemos la decisión mayoritaria del Consejo General del IFE el pasado 13 de febrero, que fue un monumento a la ilegalidad.
Ahora se ha descubierto que los 125 alcaldes del estado de México abusan en sus percepciones y se niegan a revelar sus ingresos reales (EL UNIVERSAL, 2/III/09). Sin duda, urge una regulación salarial republicana que detenga el abuso.
Investigador del CIESAS

Jorge Buendía

Dinero público y rendición de cuentas

Si usted, amable lector, es alto funcionario en una empresa privada, seguramente tiene que alcanzar diversas metas financieras, en términos ya sea de ventas, rentabilidad o crecimiento. Su sueldo, además, tiene un componente variable (bonos) que está ligado a la consecución de estos objetivos. Si no alcanza las metas financieras, no recibe estos bonos y su empleo está en peligro.
En cambio, si usted es un alto funcionario público tiene garantizado sueldo y prestaciones independientemente de su desempeño. Su empleo, además, depende más de su lealtad política que de sus capacidades profesionales.
Esto tiene que cambiar. Es imperativo que empecemos a evaluar a los servidores públicos con criterios de eficiencia y productividad. Sin metas claras y transparentes, difícilmente habrá rendición de cuentas de la clase política y de la alta burocracia.
¿Por qué no vincular los sueldos de nuestros altos funcionarios con el crecimiento de la economía mexicana?
Los sueldos de nuestros funcionarios pueden tener un componente base mínimo y un componente variable (bonos). Los bonos se otorgarían si la economía mexicana prospera y se eliminarían en caso contrario.
De esta forma se ofrecen incentivos para que la alta burocracia coincida en un objetivo común: promover el crecimiento económico.
Para evitar los argumentos de que se responsabiliza a los funcionarios de eventos fuera de su control, se puede utilizar de referencia la evolución de la economía internacional: si México crece un punto por encima del crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB) mundial, la alta burocracia obtiene su bono.
La misma lógica se puede aplicar a los partidos políticos. Hoy el financiamiento público está ligado al tamaño del padrón electoral. El Instituto Federal Electoral (IFE) estima que para 2017 el padrón incluirá a 95 millones de personas, es decir, entre 2009 y 2017 el financiamiento público a los partidos aumentará 22% independientemente del estado de la economía. Aun si el país está en crisis, los partidos políticos tendrán más recursos. País pobre, partidos ricos.
Si vinculamos el financiamiento partidista al crecimiento de la economía mexicana, saldremos del círculo vicioso en el que nos encontramos: más recursos a los partidos aunque no estén cumpliendo con sus tareas.
Se puede ir todavía más lejos. El financiamiento a los partidos también puede ligarse a la participación electoral y no al tamaño del padrón. A mayor participación, mayores recursos a los partidos. A mayor abstencionismo, menos dinero.
Así, los partidos se verían obligados a mejorar su imagen y a involucrar a todos en el proceso electoral. Un esquema de este tipo daría incentivos a los partidos para acercarse a la ciudadanía ya que, de no hacerlo, ésta no acudirá a las urnas.
Hoy día, no hay costos para los partidos políticos (ni para el IFE) por la baja participación. El abstencionismo debe tener un costo económico para los partidos y autoridades que tienen la responsabilidad de promover la participación electoral.
jorge@buendiaylaredo.com
Analista político

Javier Corral Jurado

Plataforma panista

La plataforma que Acción Nacional registró en el IFE, como la propuesta básica de su acción en la nueva Cámara de Diputados, contiene definiciones relevantes que han escapado a los medios. El documento es fruto de la deliberación de los órganos directivos del PAN, fundamentalmente de su Consejo Nacional, que en noviembre hizo un balance franco de la situación política del país, y desde el cual partieron propuestas que se concretaron el pasado 14 de febrero en la plataforma 2009-2012.
La condición de AN como partido gobernante hace que su plataforma tenga una mayor significación, sobre todo a la mitad del sexenio de l presidente Felipe Calderón, pues se trata del programa que debe orientar la acción de sus futuros legisladores. En comparación con los documentos que registraron el PRI y el PRD, la del PAN se constituye en un listado puntual de propuestas de reformas en 109 apartados temáticos, sin vacilar en llamar a las cosas por su nombre. Está ahí una respuesta clara a exigencias sociales y a una inquietud de la militancia panista por consolidar el cambio democrático de las estructuras políticas y económicas de la República.
Las definiciones sobre las que por ahora me interesa llamar la atención son aquellas que se refieren y vinculan al combate de los monopolios, y a la democratización y una mayor competencia en las telecomunicaciones y la radiodifusión.
En el capítulo de economía quedó asentado: las prácticas monopólicas, la dominancia en servicios o zonas geográficas y, en general, los fenómenos de concentración ocasionan precios excesivos para consumidores y para empresas que dependen de sus insumos.
Por ello, las y los diputados de AN tomarán las medidas necesarias, como el fortalecimiento de la Cofeco y las reformas a la Ley Federal de Competencia Económica, para fortalecer la ejecución de una política antimonopólica decidida e inteligente que permita proteger al consumidor e incrementar la competitividad nacional, al bajar los precios de insumos básicos y facilitar así la creación de cadenas productivas, y en el caso de servicios concesionados por el Estado, una mayor presencia de nuevos operadores.
Este compromiso de AN deriva en abrir sectores donde la dominancia o los altos niveles de concentración de espectro imponen barreras infranqueables a la entrada de nuevos competidores. El desarrollo de las telecomunicaciones es uno de ellos, si queremos fomentar el crecimiento económico, la competitividad, la creación de empleos, la innovación tecnológica y el fortalecimiento de nuestra democracia.
La plataforma panista propone fortalecer a la Cofeco con modificaciones legales a la Ley Federal de Telecomunicaciones y a la Ley Federal de Radio y Televisión, que garanticen la vigencia de la rectoría del Estado sobre las telecomunicaciones y el espectro radioeléctrico, su función social, la libre concurrencia, la competencia efectiva, así como el fortalecimiento de la libertad de expresión y el derecho a la información.
Además, estas reformas deberán incluir los derechos de las audiencias y de los usuarios, el impulso a la interconexión con tarifas justas y competitivas, un marco eficiente para lograr la transición tecnológica, el reordenamiento de los medios públicos, las radios comunitarias e indígenas y el fortalecimiento de la autonomía, capacidades y funciones de la Cofetel. Adicionalmente, se promoverá el acceso a la sociedad de la información sobre un estado de derecho y garantizando el acceso en condiciones de igualdad.
En México no hay mecanismos legales que den seguimiento y obliguen a cumplir las ofertas de candidatos y partidos. La falta de esa vinculación hace que los ciudadanos se muestren escépticos, y que la oferta programática pase a un segundo plano en los medios. Sin embargo, las plataformas están ahí y deben ser examinadas, comparadas, como referentes de un compromiso ético que no pueden seguir posponiendo los partidos en su promesa con los electores.
La del PAN es una plataforma que atiende la realidad; lejos de la autocomplacencia, se compromete con acciones legislativas profundas y en varios asuntos, incluidos los de libertad de expresión, derecho a la información y la libertad de prensa; se coloca muy por encima de la propuesta de los dos principales partidos de oposición. Eso también hay que decirlo cuando objetivamente se estudian los tres documentos.
Profesor de la FCPyS de la UNAM

Ricardo Rocha

Detrás de la Noticia

“¡Pulpos chupeteadores…“

…explotadores, farsantes, gasnápiros y esdrújulos…”, diría el gran Jesús Martínez Palillo. El mismo discurso de hace 40 años y hoy todavía vigente. Y es que aquí los políticos buscan los cargos con un solo propósito: hacerse ricos en el menor tiempo posible. Punto.
Nada de buscar el bien común. Menos todavía aquello de procurar beneficios para las mayorías. Ni siquiera paliar algunos de los males que azotan a los más pobres. A quién le importa que el peso se haya devaluado 50% nada más de agosto a la fecha. Que en este año aumentemos de cuatro a seis millones de desempleados. Que el narco gane la guerra. Que se acabe de comprobar la tesis del Estado fallido. Que ya no haya nada que ofrecer a nuestros hijos. Que se nos cancele el futuro. Aquí de lo que se trata es de ganar dinero. Cuanto más, mejor.
Por eso sigue mañosamente congelada la ley de salarios máximos. Y continúan los abusos en los gastos desde el Presidente y su gabinete hasta los mandos medios. Igual con los priístas pero sobre todo con los panistas, que servidos con la cuchara grande han generado un gobierno glotónico y obeso mientras muchos se mueren de hambre. Ahí están también las dietas —pero de engorda— de diputados y senadores. Y qué decir de los ministros de la Corte que ganan más de 600 mil pesos mensuales, el triple de don Obama. Y de los desvergonzados consejeros del IFE que querían doblarse el sueldo de 170 mil a 325 mil pesos. O de los pulpejos alcaldes del estado de México que se pagan más que los de Nueva York o París.
Y en todos los casos agregue una caterva de lambiscones disfrazados de asesores, asistentes, choferes y guaruras pululando en torno a cada uno de estos mal llamados servidores públicos y representantes populares.
¿A quién sirven y a quién representan? A mí no me incluyan. A mí me avergüenzan. A mí me irritan. Y no lo digo yo solamente. Cada vez hay más miles y millones de mexicanos que, agobiados por la crisis, rebasan el límite del hartazgo y empiezan no sólo a impacientarse sino también a violentarse. Y ya hablan de protestar al estilo Saramago en la próxima elección de nuevos moluscos. Pero igualmente comienzan a asaltar trenes cargados de granos. O se exponen a morirse con medicinas chatarra según consigna apenas ayer EL UNIVERSAL.
Cuidado: ya están clarísimas señales y advertencias. Los poderosos no pueden seguir tan voraces y provocadoramente irresponsables: chupan fortunas mientras ofrecen empleos miserables de 2 mil pesos al mes. Ya no están despertando al México bronco. Están encabronando a todo México.

Ricardo Alemán

Itinerario Político

PAN y PRI: por el voto del miedo

Las elecciones de julio estarán marcadas por inseguridad y violencia
¿Por qué votaría por su diputado un elector de Juárez, Tijuana, Culiacán...?
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No es novedad que las elecciones de julio próximo —que renovarán 500 diputados y seis gobiernos estatales— estarán marcadas por la inseguridad, la violencia y la ingobernabilidad.
Lo nuevo de ese proceso electoral, en todo caso, sería que el llamado “voto del miedo” determine el resultado. En ese caso tampoco estaríamos ante algo inédito —ya que el voto útil es una estrategia de viejo cuño—, si acaso que por primera vez sería estrategia de un gobierno de derecha.
Todos conocen los sondeos de especialistas sobre las preferencias electorales rumbo a julio próximo —con el PRI a la cabeza, seguido del PAN y con un lejano tercer lugar para el PRD—, pero resulta notorio que ninguna de esas empresas se haya ocupado de medir el impacto de la inseguridad en el ánimo de los electores; si la emergencia estimulará el abstencionismo o detonará una concurrida asistencia a las urnas.
¿Por qué acudiría a votar por su diputado federal —en julio próximo—, un elector de Ciudad Juárez, Culiacán, Tijuana...?
¿Cuál sería el motor para expresarse en las urnas, ante los elevados niveles de inseguridad, narcotráfico, criminalidad y la poca eficacia de los tres órdenes de gobierno y los tres Poderes de la Unión?
¿Por qué y por quién votar, si a la hora buena, legisladores federales al Congreso colocan los intereses partidistas, personales y electorales por encima de prioridades sociales como aprobar las reformas para contener la inseguridad?
El voto del miedo, dicen conocedores del tema, es una poderosa y peligrosa arma politico-electoral. ¿Por qué? Por su doble filo. Y es que por un lado puede servir para estimular el voto en favor de un gobierno o una estrategia ya conocida. Es decir —según el refranero popular—, asistimos al claro y clásico “más vale malo por conocido que bueno por conocer”.
Por otro lado, el voto del miedo se puede convertir en poderoso antídoto contra el ejercicio libre y razonado del voto. O si se quiere, que si el miedo a la violencia, inseguridad, impunidad, se puede traducir en copiosa votación, también es cierto que puede ser el mejor estímulo al abstencionismo. Y frente a la situación que se vive —de fuerte presencia violenta de los cárteles—, es muy probable que prevalezca lo segundo. ¿Por qué? Porque son evidentes miedo y desánimo entre potenciales electores.
Como todos recuerdan, el caso más reciente de la utilización politico-electoral del voto del miedo estuvo a cargo del equipo de campaña y del propio candidato presidencial del PRI, Ernesto Zedillo, quien alcanzó una votación histórica en 1994 —de más de 14 millones de votos—, luego de estimular el temor a dos inéditos en la vida política nacional: el alzamiento del EZLN en Chiapas y el crimen de Luis Donaldo Colosio.
¿A quién conviene, en la elección intermedia de 2009, estimular el voto o la abstención electoral del miedo? Precisamente aquí aparece el hilo fino de la disputa politico-electoral desatada entre el gobierno de Calderón, el PAN y el PRI.
Es público que a su llegada a Los Pinos Felipe Calderón convirtió en prioridad de su gobierno la lucha contra el crimen organizado y el narcotráfico. Al tiempo recibió informes sobre niveles e implicados en la narcopolítica. Al concluir el segundo año de su gestión el presidente deslizó la especie de que el PRI lo había dejado solo y que junto con gobernadores y alcaldes de todos los partidos, los tricolores no asumían su responsabilidad en la lucha contra el narcotráfico.
Suficiente para que el PRI se dijera difamado y perseguido. Por eso apeló a la desmemoria, acusó al PAN y al gobierno de Calderón de decir “estupideces” y de politizar la inseguridad, y llegó al extremo de negar la historia. ¿A quién se le ocurre pensar que el PRI tiene responsabilidad en el florecimiento del crimen, la violencia y la impunidad? Al final, el PRI cerró toda posibilidad de aprobar en el Congreso las reformas propuestas por el Presidente, precisamente en materia criminal.
Suficiente para que el PAN y el gobierno de Calderón llamaran irresponsable, chantajista y amnésico al PRI frente al narcotráfico y el crimen organizado. En el extremo, los azules retaron al PRI a demostrar su compromiso en la lucha contra el narco, con la aprobación de las reformas propuestas por Calderón.
En resumen, parece que el PAN le apuesta al voto del miedo para ausentar electores de las urnas y bajar los potenciales votos del PRI, en tanto que el PRI parece apostarle a no entregar al PAN y al gobierno no un triunfo, sino un avance en la lucha contra el crimen organizado. Disputa que sólo pondera los beneficios electorales, mientras los muertos se apilan por miles. ¿De qué lado está la irresponsabilidad? Al tiempo.

Alberto Aguilar

Nombres, nombres y... nombres

Esta semana o la que sigue decidirá gobierno lo de Banamex, Citi entorno incierto y latente compra por mexicanos
En industria, turismo y centros comerciales mayoría de proyectos parados: encuesta de ADI; Comerci en 3 semanas borrador de reestructura; Stanford 2 mil aquí y algunos nombres; asumen McCarthy y Vázquez en Bancomext
NO DESCARTE QUE sea esta semana o a más tardar la próxima cuando las autoridades financieras decidan el estatus de Banamex, tras la compra del 36 por ciento de Citigroup por el gobierno de EU.
En la decisión participarán SHCP de Agustín Carstens, Banxico de Guillermo Ortiz, CNBV de Guillermo Babatz y el área jurídica de Presidencia.
No va a ser fácil y lo legal se deberá cuidar con excesivo esmero, máxime la polémica que ya inició entre las fuerzas políticas en año electoral. Una bomba de tiempo.
Por un lado está el artículo 13 de la Ley de Instituciones de Crédito que no deja duda: “no podrá participar de forma alguna en el capital de las instituciones de banca múltiple personas morales extranjeras que ejerzan funciones de autoridad”.
Del otro o relativo a algunas salvaguardas que se abren en el TLCAN para que un país pueda intervenir temporalmente en su sistema financiero, asunto de interpretación.
Hay quien considera que la decisión del gobierno de Felipe Calderón incluso podría afectar más adelante la reputación del país y el flujo de la IED.
No hay que perder de vista tampoco que el tema Citi aún es resbaladizo. Con voto, el gobierno tendrá mayor incidencia en la toma de decisiones. El mismo Vikram Pandit, que recién vino, no tiene su puesto asegurado.
Hace unas semanas, luego de que Citi reiteró que no se desprendería de Salomón Smith Barney al final tuvo que ceder su control.
En EU hay la consigna en el sector financiero de concentrarse en lo interno. Firmas como Bank of America han comenzado a privilegiar la contratación de estadounidenses, antes de gestionar el aval de visas de extranjeros.
No está descartado que el gobierno de Obama decida vender Banamex, entre otros activos, para capitalizar al otrora banco más influyente de EU.
Aquí voceros de Banamex que dirige Enrique Zorrilla han mencionado la posibilidad de crear un fideicomiso con el 36 por ciento del gobierno de EU.
El tema más allá de aparecer como un ardid para darle la vuelta a la ley, impediría a Citi consolidar los resultados de Banamex en su balance.
Tampoco eliminaría el hecho de que el gobierno estadounidense pueda determinar políticas en una institución que es una cuarta parte del sistema bancario mexicano.
Hay que recordar que la llegada de Citi a Banamex se dio en el contexto de la problemática que vivía la banca después de la crisis de 1995.
Ahora se pueden ponderar ventajas y desventajas de atraer capital a los bancos más grandes. Por ejemplo las instituciones presentan un rostro financiero mejor al de otros países, pero la toma de decisiones en costos y crédito no se establece aquí.
Para los mismos bancos extranjeros con una alta concentración del sistema en el país, el que Citi vendiera a mexicanos, resultaría un alivio al despresurizar un asunto polémico.
Las autoridades, como le adelanté, llevan semanas empujando la formación de algún grupo dispuesto a recuperar Banamex.
Por supuesto Citi vendería al mejor postor y habrá que superar a otros como Itaú, el brasileño que encabeza Pedro Moreira y que a estas alturas oficializó su interés.
Roberto Hernández, se sabe, ha hecho gestiones para conformar un grupo, incluso aliado a Itaú con quien lleva excelente relación. Ahí se han mencionado a Alfredo Harp, María Asunción Aramburuzabala, Valentín Diez Morodo, Agustín Franco, Antonio Cosío, Eduardo Tricio, Juan Beckman, Marcelo Canales Clariond, etc.
No es una apuesta fácil puesto que sería una transacción por 9 mil millones de dólares en el contexto de las limitaciones crediticias que vive el planeta.
El peor escenario es que el gobierno de Obama obligue a Citi a vender Banamex y que los mexicanos decidan no participar.
Como quiera la historia está por verse.
LE PLATICABA LA semana pasada de la mini encuesta que realizó la Asociación de Desarrolladores Inmobiliarios (ADI) que preside Abraham Metta Cohen entre sus 50 miembros. Es interesante porque 47 por ciento en promedio de las obras que estaban en camino en distintos rubros se han detenido, lo que revela la situación que se vive en la construcción con la crisis. La encuesta fue contestada por 60 por ciento de los miembros. Cada miembro de ADI está en 11.5 proyectos, lo que implicaría unos 500. El cien por ciento de los proyectos en parques industriales se han detenido, 85 por ciento en desarrollos turísticos hoteleros, 53 por ciento en centros comerciales, 38.7 vivienda media y residencial, 28 por ciento usos múltiples, 22 por ciento corporativos y 10 por ciento en interés social. Las razones primordiales que se mencionan son 66 por ciento cautela, 44.5 por ciento falta de crédito, 38 por ciento baja de mercado y 5.5 por ciento falta de capital. La mitad ha tenido que despedir personal y 15 por ciento piensa aún en mayores recortes.
COMO ERA DE esperarse ayer los acreedores de Comercial Mexicana que lleva Carlos González Zabalegui ampliaron el plazo para su stand still. Sorprende que sólo fue hasta el 23 de marzo, aunque se entiende pues la intención es tener para entonces un primer borrador para una reestructura de los pasivos. Hay avances consistentes, aunque en el ínter, como le platiqué, no se descartan acciones legales de los tenedores de bonos que se colocaron en el país. Está al frente el litigante Carlos Dávalos.
Y EN LO que hace al escándalo de Stanford que encabezaba aquí David Nanes, ayer el síndico Janvey Ralph declaró que sólo se van a poder recuperar cientos de millones de dólares y no miles de millones implicados en el fraude de Allen Stanford. Aquí este asunto pegó fuerte, especialmente en la comunidad judía. Se habla de unos 2 mil millones de dólares y unos 2 mil afectados de todos los tamaños. Desde 100 mil hasta 10 millones de dólares. Ya muchos iniciaron acciones legales. Algunos de los golpeados son Abudie Attie, Moisés Elman y Salvador Cassab del negocio de bienes raíces, así como Sion Neiman ligado al ámbito de vinos y licores.
EL QUE TOMÓ ayer posesión como nuevo director general adjunto de banca de empresas de Bancomext fue el ex del HSBC, Anthony McCarthy. La ceremonia la encabezó Héctor Rangel Domene. También asumió como director general adjunto de fomento Rolando Vázquez en relevo de Luz Estela Lozano, que regresó a Nafin. Queda claro que Bancomext va por sus fueros como entidad independiente de Nafin y en el contexto de esta recesión que revalora el papel de la banca de fomento.

Salvador García Soto

Serpientes y Escaleras

El presidente del narco

Detrás de la afirmación sostenida por el gobierno calderonista —lo mismo por el Presidente en privado que públicamente por su secretario de Economía— hay no sólo un diagnóstico crudo de los niveles de penetración del narcotráfico en México; también hay mensajes cifrados que, al tiempo que abordan la dimensión real de la narcopolítica, buscan sembrar suspicacias sobre quienes pueden arrebatarle al PAN el poder en 2012.
Porque antes que el presidente Calderón se los dijera a gobernadores y dirigentes del PRI en Los Pinos el 17 de febrero, y luego el secretario de Economía, Gerardo Ruiz Mateos lo reprodujera en París, el tema de una narcopresidencia no había sido argumento discursivo del gobierno en su guerra contra el narco.
Es más, en la política mexicana era casi impensable, tabú de alguna forma, hablar de que el narco pudiera llevar a un hombre suyo a Los Pinos. Sabíamos sí de candidatos a alcaldes, a los congresos y hasta de narcogobernadores, como en su momento Mario Villanueva. Pero pensar en un hombre del narco en Los Pinos era tan improbable como incorrecto políticamente.
No parece casual que el tema lo sacara el gobierno justo en la víspera de las campañas por las parlamentarias de este año en las que, las encuestas indican, su partido y su administración podrían recibir un duro revés en las urnas.
Las mismas encuestas dicen que hay un puntero indiscutible, tanto para las votaciones parlamentarias de julio como para la sucesión presidencial de 2012. Y ese puntero es el PRI. ¿Llevaba entonces dedicatoria la idea del narcopresidente?
Por lo demás, en la casa presidencial tienen datos de que en la pasada elección por la Presidencia, la de 2006, “hubo un candidato que recibió al menos una vez financiamiento del narco”. Tal afirmación se le oyó al propio presidente Calderón hace unos meses. “¿Cuál candidato?”, preguntaron inquietos periodistas que lo escuchaban. “Mejor hablemos de otra cosa, pero ya hubo dinero del narco en las campañas presidenciales”. ¿Tendrán documentado el caso de ese candidato presidencial? ¿Vendrá también de ahí la idea del “presidente del narco”?