Impunidad y falta de investigación
Por Sandra Torres Pastrana
México DF, 4 marzo 09 (CIMAC).- El Estado mexicano será juzgado ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CoIDH) el próximo mes, por el caso de Campo Algodonero, zona situada en Ciudad Juárez, Chihuahua, “por la impunidad, la falta de investigación, el feminicidio y la violencia de género”.
El juicio tendrá lugar en Santiago de Chile entre el 27 y 30 de abril. Emilio Ginés, asesor de los abogados que llevan el caso y miembro del Comité Europeo para la Prevención de la Tortura (CPT), explicó que se solicitará a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CoIDH) declare la “responsabilidad internacional” del Estado mexicano, informó Europa Press.
En una audiencia a puerta cerrada, la CIDH resolvió solo considerar como presuntas víctimas a tres mujeres: Esmeralda Herrera Monreal, Claudia Ivette González y Laura Berenice Ramos Monnárrez y sus familiares, esto es, no ampliará el número de víctimas, una petición que habían planteado los representantes del caso de Campo Algodonero.
Como informó Cimacnoticias en su momento, el 21 de diciembre pasado la Corte notificó a los abogados Karla Michel Salas Rodríguez y David Peña, de la Asociación Nacional de Abogados Democráticos (Anad), peticionarios del caso de Claudia Ivette González, Esmeralda Herrera Monreal y Laura Berenice Ramos Monárrez, la admisión de tres de los ocho casos.
Los peticionarios esperaban que la CoIDH respondiera a su petición de audiencia, donde se solicitó atraer los ocho casos y no solamente los tres pues, como ha sostenido la abogada Salas Rodríguez, no son hechos aislados sino la suma de violaciones a los derechos humanos de las mujeres.
En el documento que entregó el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (Cejil) en diciembre, no solo pedía que se atrajeran más casos, sino que también expresaba su preocupación porque desde 1993 a 2005 los asesinatos de mujeres “se han disparado” en esta entidad fronteriza con Estados Unidos.
Cejil también señalaba en ese momento, que el Estado mexicano no tomó las medidas necesarias para erradicar los estereotipos de género que dominan y persisten en Chihuahua y que han propiciado la impunidad.
Con este Amicus curiae, Cejil lo que pretendió es darle a la CoIDH elementos suficientes que permitan que su decisión considere aspectos que son la causa y raíz de la violencia contra las mujeres. Entre éstos, destacan “la estereotipación de género fundamentada en conceptos de inferioridad y subordinación de las mujeres jóvenes, pobres y principalmente migrantes frente a los hombres”.
En la audiencia del 19 de enero, la CoIDH resolvió no ampliar el número de víctimas, además declaró que por el momento no es necesario que el Estado remita los documentos relativos a los procesos.
Aclaró la Corte que la negativa del Estado de remitir ciertos documentos (solicitados por ella) no puede redundar en daño a las víctimas, sino sólo en su propio perjuicio.
Por ello, la Corte puede tener por establecidos los hechos que sean demostrables únicamente a través de prueba que el Estado se niegue a remitir, además de que las partes debieron mandar a más tardar el pasado 16 de febrero la lista definitiva de testigos y peritos.
Para Cejil, como declaró en su momento a esta agencia, la sentencia de la Corte tendrá importantes repercusiones para los derechos humanos de las mujeres en términos de igualdad y no discriminación y el derecho a vivir libres de violencia, no sólo en la Corte Interamericana, sino a nivel universal y en países donde la estereotipación y la violencia son persistentes y dominantes.
09/STP/LAG/GG
Por Sandra Torres Pastrana
México DF, 4 marzo 09 (CIMAC).- El Estado mexicano será juzgado ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CoIDH) el próximo mes, por el caso de Campo Algodonero, zona situada en Ciudad Juárez, Chihuahua, “por la impunidad, la falta de investigación, el feminicidio y la violencia de género”.
El juicio tendrá lugar en Santiago de Chile entre el 27 y 30 de abril. Emilio Ginés, asesor de los abogados que llevan el caso y miembro del Comité Europeo para la Prevención de la Tortura (CPT), explicó que se solicitará a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CoIDH) declare la “responsabilidad internacional” del Estado mexicano, informó Europa Press.
En una audiencia a puerta cerrada, la CIDH resolvió solo considerar como presuntas víctimas a tres mujeres: Esmeralda Herrera Monreal, Claudia Ivette González y Laura Berenice Ramos Monnárrez y sus familiares, esto es, no ampliará el número de víctimas, una petición que habían planteado los representantes del caso de Campo Algodonero.
Como informó Cimacnoticias en su momento, el 21 de diciembre pasado la Corte notificó a los abogados Karla Michel Salas Rodríguez y David Peña, de la Asociación Nacional de Abogados Democráticos (Anad), peticionarios del caso de Claudia Ivette González, Esmeralda Herrera Monreal y Laura Berenice Ramos Monárrez, la admisión de tres de los ocho casos.
Los peticionarios esperaban que la CoIDH respondiera a su petición de audiencia, donde se solicitó atraer los ocho casos y no solamente los tres pues, como ha sostenido la abogada Salas Rodríguez, no son hechos aislados sino la suma de violaciones a los derechos humanos de las mujeres.
En el documento que entregó el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (Cejil) en diciembre, no solo pedía que se atrajeran más casos, sino que también expresaba su preocupación porque desde 1993 a 2005 los asesinatos de mujeres “se han disparado” en esta entidad fronteriza con Estados Unidos.
Cejil también señalaba en ese momento, que el Estado mexicano no tomó las medidas necesarias para erradicar los estereotipos de género que dominan y persisten en Chihuahua y que han propiciado la impunidad.
Con este Amicus curiae, Cejil lo que pretendió es darle a la CoIDH elementos suficientes que permitan que su decisión considere aspectos que son la causa y raíz de la violencia contra las mujeres. Entre éstos, destacan “la estereotipación de género fundamentada en conceptos de inferioridad y subordinación de las mujeres jóvenes, pobres y principalmente migrantes frente a los hombres”.
En la audiencia del 19 de enero, la CoIDH resolvió no ampliar el número de víctimas, además declaró que por el momento no es necesario que el Estado remita los documentos relativos a los procesos.
Aclaró la Corte que la negativa del Estado de remitir ciertos documentos (solicitados por ella) no puede redundar en daño a las víctimas, sino sólo en su propio perjuicio.
Por ello, la Corte puede tener por establecidos los hechos que sean demostrables únicamente a través de prueba que el Estado se niegue a remitir, además de que las partes debieron mandar a más tardar el pasado 16 de febrero la lista definitiva de testigos y peritos.
Para Cejil, como declaró en su momento a esta agencia, la sentencia de la Corte tendrá importantes repercusiones para los derechos humanos de las mujeres en términos de igualdad y no discriminación y el derecho a vivir libres de violencia, no sólo en la Corte Interamericana, sino a nivel universal y en países donde la estereotipación y la violencia son persistentes y dominantes.
09/STP/LAG/GG
No hay comentarios.:
Publicar un comentario