Desafíos para la igualdad
Por Carmen
R. Ponce Meléndez*
México, DF 27 jul 10 (CIMAC).- La situación de desventaja y desigualdad en que se encuentran las mujeres se puede visualizar en tres ámbitos básicos: en la toma de decisiones que conlleva a la ciudadanía y su ejercicio; el control de su cuerpo en la salud y la sexualidad, y por supuesto también en el ámbito laboral.
El progreso que se logre en estos tres aspectos permite una igualdad de género y se traducen en autonomía física, política y económica, entendida esta última como la posibilidad de acceder a la toma de decisiones y contar con un trabajo digno que rebase la visión de la división sexual del trabajo. A su vez, la dimensión de estas desigualdades permite conocer los efectos que ha tenido la crisis económica internacional en este segmento de la población mexicana.
En este balance se tienen que agregar los efectos que han generado las políticas de libre mercado y reducción del papel Estado en la esfera económico-social y que solamente han agudizado las desigualdades sociales y muy concretamente las de género.
De acuerdo con la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal), en 2007 el porcentaje de mujeres sin ingresos propios en América Latina fluctuaba entre 33 y 43 por ciento, por tanto su incidencia en la desigualdad es alta y las vuelve más vulnerables a los efectos de una recesión económica. Para el caso de México, si bien es cierto que la economía muestra signos de recuperación ésta no puede ser confiable. Dado su dependencia respecto a Estados Unidos, es conveniente considerar que la Reserva Federal (FED por sus siglas en inglés), equivalente al Banco de México, estima que los niveles de actividad económica que se tenían en ese país antes de la crisis se recuperarán dentro de cinco o seis años.
Frente a esta expectativa la pregunta obligada sería si aquí, el país y las mujeres, están en condiciones de esperar otros seis años de continuidad, para ver si acaso se genera un desarrollo económico-social que permita cerrar las brechas que hoy les impiden un desarrollo pleno. No cabe duda de que los cambios hay que provocarlos, no son de generación espontánea, requieren de la participación activa y conciente de la sociedad organizada y la mujer tiene ahí una gran responsabilidad como fuerza motora de esta transición.
¿QUÉ IMPLICA ESTA CONTINUIDAD?
En lo que hace a los derechos sexuales y reproductivos que le permiten conocer, decidir sobre sus cuerpos y contar con servicios de salud (autonomía física), el balance es francamente negativo. Hoy, en 19 estados de la República se ha penalizado el aborto; su acceso a los servicios de salud es muy limitado en cantidad y calidad, incluso estando en el mercado de trabajo y a pesar de que su participación como fuerza laboral se ha incrementando sustancialmente en los últimos 30 años. Su carga de trabajo doméstico y de cuidadora ha crecido y sigue descansando en las espaldas de las mujeres, con una concepción atrasada que concibe el ámbito de lo familiar divorciado de lo social y del Estado, como si fuera una necesidad individual de ellas y no familiar y social, que se resolvería hipotéticamente mediante una flexibilización laboral como la que plantea esta reforma laboral que propuso el partido en el gobierno.
Aparentemente se confunde causa con efecto. La abrumadora presencia femenina en las jornadas de trabajo menores a las 15 horas es parte de esta problemática; repercute en el nivel de ingresos y en la seguridad laboral, ampliando las brechas de desigualdad. Para 2009 más de la mitad (61.0 por ciento) de la población ocupada (PO) en este renglón eran mujeres y su participación creció 0.7 puntos en el primer trimestre de este año. Además, la tasa de participación femenina alcanzó 11.58 por ciento, superando a las masculinas y nacional (último trimestre de 2009), datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).
En sentido estricto, esta población bien podría considerarse como desempleada o en el mejor de los casos subempleada, está seriamente lesionada su autonomía económica, especialmente si se toma en cuenta en nivel tan bajo que tienen los salarios en todo el país, aunado a la brecha salarial. A todas estas consideraciones habría que sumar el hecho de que el salario mínimo de México es de los más bajos de toda Latinoamérica. El complemento de esta grave situación es la disminución de la PO en las jornadas de trabajo que van de 35 a 48 horas durante 2009 y en el primer trimestre de 2010, éstas son del orden de 1.3 a nivel nacional, 1.7 en los hombres y 0.1 por ciento para las mujeres (Inegi).
Con el supuesto de que en estas jornadas completas es mejor el nivel de ingresos y hay más posibilidades de una seguridad laboral y social. Dentro del ámbito político lo que está sucediendo es que las mujeres al no ser sujetas de derechos por sí mismas se convierten en el puente entre el Estado, la familia y la comunidad para la recepción de servicios sociales, lo que explica en parte su amplia presencia en el movimiento urbano-popular. Otro factor que influye considerablemente en la discriminación y desigualdad de las mujeres es su participación en los activos de la sociedad como son: tierra, vivienda, ingresos y agua; la atención de este renglón mediante políticas públicas es indispensable.
LAS NUEVAS PROPUESTAS
Se tiene que responsabilizar al Estado de la igualdad de oportunidades y de los procesos de democratización de la sociedad, con pleno respeto a los derechos de las mujeres. Lo que la Cepal llama “habilitar a las mujeres en el ejercicio de la igualdad” (junio 2010). Significa que la voz pública de las mujeres se escuche en el mercado y que las mujeres estén representadas en todos los espacios de la toma de decisiones, incluidos el poder legislativo, el poder judicial, las empresas, los sindicatos y los poderes locales.
Con este espíritu, es necesario generar verdaderas políticas laborales y de protección social, donde los recursos del Gasto Público que se destinan a la igualdad y equidad de género -que reflejan las políticas públicas implementadas para estos efectos- respondan auténticamente a las necesidades de género, con una perspectiva de largo plazo. De esta forma la transversalización de las políticas de igualdad será producto de políticas públicas de largo plazo y se podrá contar con presupuesto, capacidad técnica y poder político. En síntesis, es indispensable propiciar cambios, con una perspectiva que haga visible a las mujeres, que les dé voz y una autonomía económica. POSDATA La Suprema Corte de Justicia de un plumazo decidió reducir en un 66.6 por ciento las pensiones de los trabajadores y trabajadoras del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS); por consiguiente también reducir los ingresos de esta Institución, ya de suyo bastante vulnerada.
Sus efectos son: extender la pobreza, reducir las expectativas de jubilación de la población trabajadora, disminuir las ofertas de empleo que tanto se requieren, lo que no aparece por ningún lado es el supuesto “ahorro” que implica esta absurda decisión, ya que por otra parte las cuotas obrero-patronales no se han incrementado en muchos años; con frecuencia los empleadores registran a las trabajadoras en el Seguro con un salario menor para no pagar cuotas; se siguen bursatilizando los recursos del IMSS y los servicios de salud que otorga son críticos.
Mientras tanto el próximo jueves 29 en el estado fronterizo de Arizona probablemente entrará en vigor una ley xenofóbica y discriminatoria, dedicada a los migrantes mexicanos, pero extensiva para todos los que los que no tengan un fenotipo anglosajón. Sería prudente que el gobierno de México se prepare para recibir con alternativas a las inmigrantes mexicanas que sean expulsadas, provenientes de ese estado y posiblemente de muchos otros de la Unión Americana.
R. Ponce Meléndez*México, DF 27 jul 10 (CIMAC).- La situación de desventaja y desigualdad en que se encuentran las mujeres se puede visualizar en tres ámbitos básicos: en la toma de decisiones que conlleva a la ciudadanía y su ejercicio; el control de su cuerpo en la salud y la sexualidad, y por supuesto también en el ámbito laboral.
El progreso que se logre en estos tres aspectos permite una igualdad de género y se traducen en autonomía física, política y económica, entendida esta última como la posibilidad de acceder a la toma de decisiones y contar con un trabajo digno que rebase la visión de la división sexual del trabajo. A su vez, la dimensión de estas desigualdades permite conocer los efectos que ha tenido la crisis económica internacional en este segmento de la población mexicana.
En este balance se tienen que agregar los efectos que han generado las políticas de libre mercado y reducción del papel Estado en la esfera económico-social y que solamente han agudizado las desigualdades sociales y muy concretamente las de género.
De acuerdo con la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal), en 2007 el porcentaje de mujeres sin ingresos propios en América Latina fluctuaba entre 33 y 43 por ciento, por tanto su incidencia en la desigualdad es alta y las vuelve más vulnerables a los efectos de una recesión económica. Para el caso de México, si bien es cierto que la economía muestra signos de recuperación ésta no puede ser confiable. Dado su dependencia respecto a Estados Unidos, es conveniente considerar que la Reserva Federal (FED por sus siglas en inglés), equivalente al Banco de México, estima que los niveles de actividad económica que se tenían en ese país antes de la crisis se recuperarán dentro de cinco o seis años.
Frente a esta expectativa la pregunta obligada sería si aquí, el país y las mujeres, están en condiciones de esperar otros seis años de continuidad, para ver si acaso se genera un desarrollo económico-social que permita cerrar las brechas que hoy les impiden un desarrollo pleno. No cabe duda de que los cambios hay que provocarlos, no son de generación espontánea, requieren de la participación activa y conciente de la sociedad organizada y la mujer tiene ahí una gran responsabilidad como fuerza motora de esta transición.
¿QUÉ IMPLICA ESTA CONTINUIDAD?
En lo que hace a los derechos sexuales y reproductivos que le permiten conocer, decidir sobre sus cuerpos y contar con servicios de salud (autonomía física), el balance es francamente negativo. Hoy, en 19 estados de la República se ha penalizado el aborto; su acceso a los servicios de salud es muy limitado en cantidad y calidad, incluso estando en el mercado de trabajo y a pesar de que su participación como fuerza laboral se ha incrementando sustancialmente en los últimos 30 años. Su carga de trabajo doméstico y de cuidadora ha crecido y sigue descansando en las espaldas de las mujeres, con una concepción atrasada que concibe el ámbito de lo familiar divorciado de lo social y del Estado, como si fuera una necesidad individual de ellas y no familiar y social, que se resolvería hipotéticamente mediante una flexibilización laboral como la que plantea esta reforma laboral que propuso el partido en el gobierno.
Aparentemente se confunde causa con efecto. La abrumadora presencia femenina en las jornadas de trabajo menores a las 15 horas es parte de esta problemática; repercute en el nivel de ingresos y en la seguridad laboral, ampliando las brechas de desigualdad. Para 2009 más de la mitad (61.0 por ciento) de la población ocupada (PO) en este renglón eran mujeres y su participación creció 0.7 puntos en el primer trimestre de este año. Además, la tasa de participación femenina alcanzó 11.58 por ciento, superando a las masculinas y nacional (último trimestre de 2009), datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).
En sentido estricto, esta población bien podría considerarse como desempleada o en el mejor de los casos subempleada, está seriamente lesionada su autonomía económica, especialmente si se toma en cuenta en nivel tan bajo que tienen los salarios en todo el país, aunado a la brecha salarial. A todas estas consideraciones habría que sumar el hecho de que el salario mínimo de México es de los más bajos de toda Latinoamérica. El complemento de esta grave situación es la disminución de la PO en las jornadas de trabajo que van de 35 a 48 horas durante 2009 y en el primer trimestre de 2010, éstas son del orden de 1.3 a nivel nacional, 1.7 en los hombres y 0.1 por ciento para las mujeres (Inegi).
Con el supuesto de que en estas jornadas completas es mejor el nivel de ingresos y hay más posibilidades de una seguridad laboral y social. Dentro del ámbito político lo que está sucediendo es que las mujeres al no ser sujetas de derechos por sí mismas se convierten en el puente entre el Estado, la familia y la comunidad para la recepción de servicios sociales, lo que explica en parte su amplia presencia en el movimiento urbano-popular. Otro factor que influye considerablemente en la discriminación y desigualdad de las mujeres es su participación en los activos de la sociedad como son: tierra, vivienda, ingresos y agua; la atención de este renglón mediante políticas públicas es indispensable.
LAS NUEVAS PROPUESTAS
Se tiene que responsabilizar al Estado de la igualdad de oportunidades y de los procesos de democratización de la sociedad, con pleno respeto a los derechos de las mujeres. Lo que la Cepal llama “habilitar a las mujeres en el ejercicio de la igualdad” (junio 2010). Significa que la voz pública de las mujeres se escuche en el mercado y que las mujeres estén representadas en todos los espacios de la toma de decisiones, incluidos el poder legislativo, el poder judicial, las empresas, los sindicatos y los poderes locales.
Con este espíritu, es necesario generar verdaderas políticas laborales y de protección social, donde los recursos del Gasto Público que se destinan a la igualdad y equidad de género -que reflejan las políticas públicas implementadas para estos efectos- respondan auténticamente a las necesidades de género, con una perspectiva de largo plazo. De esta forma la transversalización de las políticas de igualdad será producto de políticas públicas de largo plazo y se podrá contar con presupuesto, capacidad técnica y poder político. En síntesis, es indispensable propiciar cambios, con una perspectiva que haga visible a las mujeres, que les dé voz y una autonomía económica. POSDATA La Suprema Corte de Justicia de un plumazo decidió reducir en un 66.6 por ciento las pensiones de los trabajadores y trabajadoras del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS); por consiguiente también reducir los ingresos de esta Institución, ya de suyo bastante vulnerada.
Sus efectos son: extender la pobreza, reducir las expectativas de jubilación de la población trabajadora, disminuir las ofertas de empleo que tanto se requieren, lo que no aparece por ningún lado es el supuesto “ahorro” que implica esta absurda decisión, ya que por otra parte las cuotas obrero-patronales no se han incrementado en muchos años; con frecuencia los empleadores registran a las trabajadoras en el Seguro con un salario menor para no pagar cuotas; se siguen bursatilizando los recursos del IMSS y los servicios de salud que otorga son críticos.
Mientras tanto el próximo jueves 29 en el estado fronterizo de Arizona probablemente entrará en vigor una ley xenofóbica y discriminatoria, dedicada a los migrantes mexicanos, pero extensiva para todos los que los que no tengan un fenotipo anglosajón. Sería prudente que el gobierno de México se prepare para recibir con alternativas a las inmigrantes mexicanas que sean expulsadas, provenientes de ese estado y posiblemente de muchos otros de la Unión Americana.
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