Utopía
Apertura de la Sedena
Eduardo Ibarra Aguirre
Seguramente por inocultable, la Secretaría de la Defensa Nacional reconfirma en su página electrónica, con dos links denominados derechos humanos, que bajo el actual gobierno recibieron el mayor número de quejas, denuncias y recomendaciones por violaciones a los derechos humanos cometidas por integrantes del Ejército.
Los contrastes son impresionantes y más aún leídos desde el site castrense. En tres lustros, de 1990 a 2005, la sociedad vestida de verde fue objeto de 3 mil 452 quejas. Y del 1 de diciembre de 2006 al 14 de julio de 2010, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos “recibió 4 mil 35 quejas por presuntas violaciones a derechos humanos, cometidas por personal militar, de las cuales 59 han derivado en recomendaciones, lo que equivale a 1.46 por ciento del total de quejas recibidas por el citado organismo autónomo en contra de esta secretaría”, sentencian los hombres del divisionario Guillermo Galván Galván con una a visión saturada de optimismo y como parte de un “recuento de lo que han hecho, pero no es una rendición de cuentas”, como apuntó el Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia.
Informe o recuento, producido o no bajo la presión del Senado de Estados Unidos –como subrayan Miguel Concha Malo y Edgar Cortez, este escribidor privilegia el reclamo ciudadano y la pérdida sostenida de apoyo social al Ejército--, es del dominio público el crecimiento exponencial de los atropellos a los derechos humanos por las fuerza armadas al ser sometidas por su comandante en jefe a tareas propias y exclusivas de los cuerpos policiacos, contraviniendo el espíritu y la letra de la ley de leyes.
De manera implícita, gradualmente la cúpula castrense asume las nuevas realidades, muy a su manera cerrada, vertical, pero regatea los alcances de la insostenible situación con el manejo de cifras y porcentajes que buscan disminuir la gravedad de la vapuleada democracia, el atropellado país y el futuro de los altos mandos a partir del 1 de diciembre de 2012.
Por ejemplo, la Sedena asegura que de las 4 mil 35 quejas que recibieron sólo 59 han derivado en recomendaciones, “lo que equivale a 1.46 por ciento del total de quejas recibidas”. De ellas, 36 casos se encuentran en integración de la averiguación previa, en siete se tienen causas penales y en otros siete recursos no se encontró responsabilidad alguna, en cuatro se inició un procedimiento administrativo, en cuatro más no se acreditó conducta ilícita y en otra no se inició indagatoria.
El triunfalismo porcentual que priva en las oficinas de Lomas de Sotelo también es festinado por Felipe González González, el hidrocálido que atribuyó a “los abogados de los delincuentes” la promoción de quejas contra el Ejército para “lograr la liberación de los detenidos”.
Ni la Sedena ni el senador que se esmera en ser su propagandista, registraron que la mayoría de los mexicanos no denuncian ante el Ministerio Público los ilícitos de que son víctimas, entre otras razones por la desconfianza que éste se ganó a pulso, la presunta connivencia con los delincuentes y la corrupción que distingue al ridículamente denominado abogado de la nación. De tal suerte que las denuncias son mínimas.
El reporte electrónico de la Defensa Nacional no hace mención alguna a la obligación que tiene el Estado mexicano de reformar el artículo 57 del Código de Justicia Militar para que las violaciones a las garantías individuales cometidas por efectivos militares sean investigadas por la justicia civil, como dictaminó la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el emblemático caso de Rosendo Radilla, víctima de la guerra sucia de los años 70 y principios de los 80, en la que el Ejército fue pieza clave y todavía ni rinde cuentas ni se hace justicia.
Acuse de recibo
Dice la lectora Carmen Lugo Hubp: “gracias por la Utopía (28-VII-10), por el rasguño, por el ingenio, por la información de primera que me ha hecho llegar”… En tanto que Jesús Verver y Vargas Macías pregunta: “¿Y cuales son esas comisiones que dejarán de cobrar las madres de la caridad bancaria? Se omitieron por falta de espacio y porque están en todos los diarios… Gloria Muñoz Ramírez escribe: “Víctor Herrera Govea tiene 21 años. Es estudiante de filosofía en la Universidad Nacional Autónoma de México, anarquista, miembro de La otra campaña y, desde hace casi 10 meses, preso político del Gobierno del Distrito Federal. Víctor no cometió mayor delito que ser joven, rebelde y libertario”… Organizaciones sociales denuncian “la grave situación que padecen los campesinos detenidos por el gobierno de Chiapas, el 4 de julio de 2010”, en el Crucero las Flores, a tres kilómetros de la comunidad Rómulo Calzada, del municipio de Tecpatan.… Aquí se registró la queja de vecinos de la colonia Nueva Santa María (Azcapotzalco, DF) por el desfile de patrullas a vuelta de rueda con sirenas y torretas encendidas, los últimos fines de semana. ¡Ahora son diarios! “¿Qué pretende el delegado Enrique Vargas Anaya”, preguntan los vecinos. Lo ignoro.
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