TIEMPO DE MUJERES

preparan ONG acciones para vigilar su cumplimiento

No quedará en el “escritorio” sentencia de CoIDH por Inés y Valentina

Por Anayeli García Martínez, enviada

Tlapa, Guerrero, 27 jul 10 (CIMAC).- Las organizaciones de la sociedad civil deben fortalecerse y prepararse para observar el cumplimiento de las próximas sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CoIDH) y evitar que éstas queden en el “escritorio” como sucede con las resoluciones de Campo Algodonero y Rosendo Radilla Pacheco.

Esa fue la conclusión de un grupo de defensoras y defensores de Derechos Humanos (DH), que el pasado sábado analizaron los mecanismos para la implementación de las sentencias internacionales, como parte de las mesas de trabajo por el 16 aniversario del Centro de Derechos Humanos de la Montaña “Tlachinollan”.

Las y los participantes coincidieron en que los casos de Inés Fernández Ortega y Valentina Rosendo Cantú, indígenas tlapanecas que en 2002 fueron violadas sexualmente por militares, son emblemáticos en México, y merecen especial atención porque se trata de dos víctimas vivas que podrán obtener una reparación del daño.

Para ello, se debe hacer un seguimiento de las sentencias que el Estado mexicano recibió en 2009, la primera en diciembre, por el feminicidio de tres de ocho mujeres encontradas sin vida y con rasgos de tortura sexual en noviembre de 2001, en el predio conocido como Campo Algodonero, ubicado en Ciudad Juárez, Chihuahua; y la otra en el mismo mes, por la desaparición forzada de Rosendo Radilla Pacheco, destacaron.

Señalaron que las organizaciones con trabajo en DH deben buscar la vinculación de los casos de Inés y Valentina con otros de tortura sexual. Así recordaron que el 4 de junio de 1994, Ana, Beatriz y Celia González Pérez, indígenas tzeltales de Santa Rosita Sibaquil, municipio de Altamirano, Chiapas, también fueron víctimas de violación sexual por parte de elementos del ejército.

Cabe recordar que este caso fue llevado por el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (Cejil), a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en 1996. En noviembre de 1999, esta instancia internacional lo admitió y en abril de 2001 emitió su recomendación al Estado mexicano donde le pide investigar completa, imparcial y efectivamente en la jurisdicción penal ordinaria mexicana los hechos para determinar la responsabilidad de los militares y la reparación del daño, así como que el caso fuera turnado al fuero civil.

No obstante, a nueve años de esta recomendación, el Estado mexicano ha sido omiso y ni ha reparado el daño a las hermanas, como tampoco ha pasado el caso a la jurisdicción civil.

¿CÓMO CUMPLIR UNA SENTENCIA?

Una de las principales preocupaciones de las y los defensores, es que las autoridades federales y estatales no saben como cumplir una sentencia de la CoIDH, y es que estas condenas son las primeras desde 1998, cuando México reconoció la competencia de este tribunal internacional.

Consideraron que, debe existir una presión social para buscar que el gobierno federal haga compromisos reales y cumpla con el sistema interamericano, porque seguramente estos no serán los últimos casos que lleguen a estas instancias.

Otros impedimentos son las reformas legislativas, mismas que van en un sentido opuesto. En específico las organizaciones consideran que Ley de Seguridad Nacional lejos de reivindicar los DH, da más facultades a las fuerzas armadas para que actúen con impunidad.

Por otra parte, y aunque es una obligación del Estado reformar el Código de Justicia Militar, no lo ha hecho, afirmaron.

Mientras llegan las sentencias, que se espera sea en noviembre próximo, Guerrero estará preparándose para el siguiente año electoral, por lo cual, la sociedad civil debe aprovechar ese periodo para forzar a los partidos y a sus candidatos, a manifestarse sobre el tema de las sentencias y los DH, ya que los casos de Inés y Valentina son competencia de la entidad.

Finalmente mencionaron que los casos de Inés y Valentina tienen que sentar un precedente en Guerrero, pues ellas han pedido garantías de que hechos como los que vivieron, no se repitan en sus comunidades.