TIEMPO DE MUJERES

Sedena: recuento acotado

Editorial La Jornada.

La Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) hizo público ayer un recuento de las quejas que han sido planteadas ante la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) por presuntas violaciones a las garantías individuales por parte de efectivos militares. La dependencia castrense subrayó que, durante 2009, de las mil 644 denuncias recabadas por el ombudsman nacional, sólo 30 dieron lugar a recomendaciones formales, y que en lo que va del año en curso, apenas ocho de las 864 inconformidades presentadas han dado lugar a recomendaciones de la CNDH: 1.82 por ciento del total, el año pasado, y 0.93 por ciento, en 2010. Adicionalmente, informó la Sedena en su sitio web, la instancia encargada de defender los derechos humanos resolvió mil 805 quejas por la vía jurídica, otras 814 fueron concluidas por falta de materia, 171 concluyeron por desistimiento de los quejosos, 116 fueron resueltas mediante mecanismos de conciliación y otras 79 fueron desechadas por diversos motivos.

Cifras iguales son susceptibles de describir realidades distintas y hasta opuestas de acuerdo con la forma en que se les organiza y presenta. En este caso, la exposición de la institución castrense ofrece un panorama muy diferente al que reportan amplios sectores de la población en las zonas en las que el gobierno federal ha ordenado el despliegue del Ejército para combatir la delincuencia organizada, como ocurre en Ciudad Juárez.

Por otra parte, las 38 recomendaciones de la CNDH a la Sedena dan un promedio de más de dos por mes, y ese ritmo es indicativo de un patrón de violaciones a los derechos humanos, las cuales resultan injustificables incluso en el contexto de la desmedida movilización militar ordenada por el gobierno calderonista como estrategia contra el crimen organizado.

Ahora bien: una sola violación al marco legal cometida por una autoridad puede desvirtuar y torpedear el empeño de hacer valer la ley. Así ha ocurrido en la guerra contra la delincuencia impuesta desde hace tres años y medio, al calor de la cual han ocurrido numerosas infracciones a las garantías individuales por parte de las corporaciones militares y policiales en general; no sólo la Sedena ha debido enfrentar tales señalamientos, sino también la Secretaría de Marina, la Policía Federal, así como formaciones de seguridad pública estatales y municipales. El hecho es que los miles de casos de abusos y atropellos graves a civiles por parte de efectivos de las instituciones de seguridad pública en su conjunto –castrenses y policiales– han multiplicado la zozobra de la población, de por sí indefensa frente a los maleantes y, en el caso de los militares, ha empezado a trocar el respeto y la confianza en temor y repudio.

Tal fenómeno tendría que ser tomado en cuenta por las autoridades civiles que se han empeñado en convertir al Ejército y la Armada en lo que no son: corporaciones de policía. Desde hace muchos años diversos sectores políticos, académicos y sociales han señalado que uno de los principales riesgos de distorsionar la misión constitucional de las fuerzas armadas es, precisamente, un incremento en las violaciones a los derechos humanos: si los cuerpos policiales tienen como propósito inherente prevenir el delito, investigarlo, e identificar, localizar y detener al presunto responsable para presentarlo ante un tribunal, la tarea intrínseca de las instituciones castrenses consiste, en cambio, en velar por la seguridad nacional y la soberanía territorial y, llegado el caso, enfrentar al enemigo.

Finalmente, resulta en extremo preocupante lo dicho por la Sedena en el sentido de que la delincuencia organizada presenta quejas ante la CNDH para desprestigiar a este instituto armado y, de esta forma, limitar sus operaciones. El aserto pasa por alto que los derechos humanos son irrenunciables, independientemente del estatuto policial o penal de las personas, y que los delincuentes también los poseen. Afirmar lo contrario equivale a ignorar los fundamentos mismos del derecho contemporáneo y a poner en perspectiva la suspensión o cancelación de las garantías individuales, un horizonte a todas luces inaceptable.