Vitral | Javier Solórzano
¿Qué más tiene que pasar?
Todos sabemos que la situación del país va al extremo. No hemos encontrado salidas porque se parte del supuesto que para sobrevivir hay que deshacerse de los otros. No se vale, por lo que se ve día con día, ni la convivencia, ni la negociación profunda de largo alcance que haga a un lado resentimientos y diferencias. Negociar es ceder y nadie quiere ceder. Incluso aquellos que a lo largo de sus muchos años en la política han sido un factor clave para salir de las trampas y para deshacer los complejos nudos en los que el país se ha metido. Nadie quiere imaginar el futuro porque se vive bajo la ambición de apoderarse del presente, como si al hacer esto entráramos en una especie de paso en automático a un futuro seguro y propio. No hay futuro sin reconciliación. No hay futuro sin negociación. No hay futuro si no ceden unos y otros.
No hay manera de ver más allá de elecciones o de momentos coyunturales. Pensar en el desarrollo del país significa, bajo esta premisa, hacer a un lado consignas, procesos y enconos, sin duda en muchos casos justificados. El bien mayor empieza y termina en la defensa de intereses particulares o en un protagonismo enfermizo. El país está cerca del límite. No lo va a salvar la mirada carente de rigor y complaciente del gobierno. Un día nos dicen que la economía anda en recuperación, otro en desaceleración y al siguiente que anda en recesión.
Mientras no haya una voluntad manifiesta, el futuro seguirá siendo este brutal presente. Nadie va a resolver los problemas sólo con llegar a Los Pinos. Si no tiene la voluntad de integrar al país, lo que hoy vivimos va a ser un juego de niños. Vamos a terminar más divididos, a lo que hay que sumar el gran problema que cruza el país de lado a lado y que hoy ya agobia, abruma y somete: el narcotráfico.
Nadie pareciera tener capacidad de convocatoria. La razón está en que se vive bajo la búsqueda del aniquilamiento del otro. En las elecciones PRD y PAN quieren exterminar al PRI. El PRI quiere carro completo. Calderón habla sólo con él mismo, ni en su gabinete existe el mínimo de comunicación. La gran cuestión es qué más tendría que pasar, además de lo que pasa, para que nos demos cuenta en lo que estamos metidos. El narcotráfico nos ha empezado a rodear y ya no está lejos de nadie. La política no ofrece salidas y es sinónimo de desconfianza y distancia.
La importancia de pensar en la búsqueda de darle vuelta a la página es imprescindible. Se trata de construir y para ello se requiere de un gran esfuerzo que nos lleve más que a la competencia obsesiva a la cooperación sistemática. No le estamos jugando al “todos seamos amigos”. Hay que crear las bases de un cambio porque en el fondo hacerlo no es sólo una necesidad, es un tema de sobrevivencia. Divididos ya estamos, la clave ahora es saber hasta dónde le vamos a seguir en la confrontación como forma de vida. Vivimos, además, en medio de la rentabilidad del escándalo. Va de nuevo: ¿qué más tiene que pasar?
¡OUUUCHCHCHCH!
Aseguran que se bajó de la camioneta, se identificó y en ese momento aparecieron entre los árboles como 30 pistoleros. Le dispararon, lo remataron, le cortaron la mano y la aventaron a un lado de su cuerpo.
No hay manera de ver más allá de elecciones o de momentos coyunturales. Pensar en el desarrollo del país significa, bajo esta premisa, hacer a un lado consignas, procesos y enconos, sin duda en muchos casos justificados. El bien mayor empieza y termina en la defensa de intereses particulares o en un protagonismo enfermizo. El país está cerca del límite. No lo va a salvar la mirada carente de rigor y complaciente del gobierno. Un día nos dicen que la economía anda en recuperación, otro en desaceleración y al siguiente que anda en recesión.
Mientras no haya una voluntad manifiesta, el futuro seguirá siendo este brutal presente. Nadie va a resolver los problemas sólo con llegar a Los Pinos. Si no tiene la voluntad de integrar al país, lo que hoy vivimos va a ser un juego de niños. Vamos a terminar más divididos, a lo que hay que sumar el gran problema que cruza el país de lado a lado y que hoy ya agobia, abruma y somete: el narcotráfico.
Nadie pareciera tener capacidad de convocatoria. La razón está en que se vive bajo la búsqueda del aniquilamiento del otro. En las elecciones PRD y PAN quieren exterminar al PRI. El PRI quiere carro completo. Calderón habla sólo con él mismo, ni en su gabinete existe el mínimo de comunicación. La gran cuestión es qué más tendría que pasar, además de lo que pasa, para que nos demos cuenta en lo que estamos metidos. El narcotráfico nos ha empezado a rodear y ya no está lejos de nadie. La política no ofrece salidas y es sinónimo de desconfianza y distancia.
La importancia de pensar en la búsqueda de darle vuelta a la página es imprescindible. Se trata de construir y para ello se requiere de un gran esfuerzo que nos lleve más que a la competencia obsesiva a la cooperación sistemática. No le estamos jugando al “todos seamos amigos”. Hay que crear las bases de un cambio porque en el fondo hacerlo no es sólo una necesidad, es un tema de sobrevivencia. Divididos ya estamos, la clave ahora es saber hasta dónde le vamos a seguir en la confrontación como forma de vida. Vivimos, además, en medio de la rentabilidad del escándalo. Va de nuevo: ¿qué más tiene que pasar?
¡OUUUCHCHCHCH!
Aseguran que se bajó de la camioneta, se identificó y en ese momento aparecieron entre los árboles como 30 pistoleros. Le dispararon, lo remataron, le cortaron la mano y la aventaron a un lado de su cuerpo.
Campañas anticipadas
José Antonio Crespo
Para mí, en la más reciente reforma electoral hubo innovaciones positivas, aunque no sencillas de cumplir a cabalidad
La última reforma electoral ha sido muy controvertida: muchos de sus puntos han sido calificados de ineficientes, inaplicables o atentatorios de la libertad de expresión. Para mí, hubo innovaciones positivas, aunque no sencillas de cumplir a cabalidad. Está principalmente la limitación de publicidad política a los tiempos del Estado, modelo que no inventamos aquí, sino que es aplicado en varios países con bastante éxito (de Europa y América Latina, esencialmente). La idea era buscar equidad, para que aquellos candidatos y partidos con acceso a grandes empresarios no tuvieran una ventaja decisiva, sino que todos dispusieran de tiempo en los espacios mediáticos a partir, en todo caso, de su respectiva fuerza electoral. No me parece que haya en este caso un atentado a la libertad de expresión, como muchos acusan, sino a la libertad de comercio, que no es un derecho fundamental. Por eso, a este modelo no se le ve como contrario a la democracia en los países donde se aplica. Pero cuando no hay la menor voluntad de los actores (empezando por los políticos) de acatar un acuerdo, no hay ley que valga.
Por otro lado está la prohibición radical de que se usen recursos públicos para la promoción personal de funcionarios públicos con aspiraciones electorales, lo que también provoca inequidad (pues quienes no disponen de tales recursos, están en desventaja). Eso está prescrito en el artículo 134 de la Constitución que, sin embargo, no se ha reglamentado, por lo que su aplicación es prácticamente imposible. Ahí también, quienes han incurrido en recursos públicos para comprar "gacetillas electrónicas", por ejemplo, violentan la Constitución (presuntamente Enrique Peña Nieto y, en menor medida, Marcelo Ebrard). Que no se haya regulado hasta ahora sugiere que los propios partidos políticos no estaban tan interesados en poner ese límite, y de ahí que lo hayan dejado en el limbo legal.
Por otro lado, se ha dicho que la prohibición a las campañas negativas representa también un atentado a la libertad de expresión, generando además una gran cantidad de demandas y contrademandas que sofocan a las autoridades electorales, que tratan de poner límites, inevitablemente borrosos, entre lo que se puede decir y lo que no. Me parece que, en efecto, tales disposiciones son absurdas y atentatorias a la libertad de expresión. Las campañas tienen un aspecto informativo, cuando los rivales se sacan trapos al sol que quizás el electorado desconozca o no recuerde, y ayudan a orientar el sufragio. Si se incurre en calumnia, que se vaya por las leyes civiles. Mejor que los ciudadanos decidan ante lo que oyen, que los infamados se defiendan con argumentos y hechos, y que los partidos cosechen en las urnas los saldos positivos o negativos de sus campañas negras.
Viene finalmente la prohibición de actos anticipados de campaña, de lo cual se acusa ahora a Andrés Manuel López Obrador, a raíz de su acto en el Zócalo donde reitera su pretensión de participar en 2012. El Cofipe en su artículo 228 define como acto de campaña "las reuniones públicas, asambleas, marchas y en general aquellos (actos) en que los candidatos o voceros de los partidos políticos se dirigen al electorado para promover sus candidaturas". El acto obradorista en el Zócalo cae en esa definición, sin duda. ¿Está prohibido hacerlo ahora? Dice el artículo 211-3, de la ley electoral: "Los precandidatos a candidaturas a cargos de elección popular que participen en los procesos de selección interna, convocados por cada partido, no podrán realizar actividades de proselitismo o difusión de propaganda, por ningún medio, antes de la fecha de inicio de las precampañas". Aplica. La sanción correspondiente es severísima: "La negativa de registro como precandidato". El IFE ha dicho que actos de campaña anticipada son considerados como tales si son sistemáticos, y no aislados. Depende, como siempre, de cómo se interprete la ley. Aunque tales preceptos estén pensados en términos de equidad, me parece excesivo que nadie pueda ventilar, en el momento que considere adecuado, que aspira a un cargo de elección, sea en entrevista, en un artículo o frente a sus simpatizantes. La ley electoral hace agua por varios lados: tenemos a un presunto infractor, como López Obrador, pero por otro lado a Enrique Peña Nieto, haciendo en los medios una promoción -esa sí sistemática- pero disfrazada de notas informativas. Basta con que él no diga literalmente (ni hace falta) que aspira a la Presidencia en 2012 para librarse de las sanciones. Es absurdo.
Para mí, en la más reciente reforma electoral hubo innovaciones positivas, aunque no sencillas de cumplir a cabalidad
La última reforma electoral ha sido muy controvertida: muchos de sus puntos han sido calificados de ineficientes, inaplicables o atentatorios de la libertad de expresión. Para mí, hubo innovaciones positivas, aunque no sencillas de cumplir a cabalidad. Está principalmente la limitación de publicidad política a los tiempos del Estado, modelo que no inventamos aquí, sino que es aplicado en varios países con bastante éxito (de Europa y América Latina, esencialmente). La idea era buscar equidad, para que aquellos candidatos y partidos con acceso a grandes empresarios no tuvieran una ventaja decisiva, sino que todos dispusieran de tiempo en los espacios mediáticos a partir, en todo caso, de su respectiva fuerza electoral. No me parece que haya en este caso un atentado a la libertad de expresión, como muchos acusan, sino a la libertad de comercio, que no es un derecho fundamental. Por eso, a este modelo no se le ve como contrario a la democracia en los países donde se aplica. Pero cuando no hay la menor voluntad de los actores (empezando por los políticos) de acatar un acuerdo, no hay ley que valga.
Por otro lado está la prohibición radical de que se usen recursos públicos para la promoción personal de funcionarios públicos con aspiraciones electorales, lo que también provoca inequidad (pues quienes no disponen de tales recursos, están en desventaja). Eso está prescrito en el artículo 134 de la Constitución que, sin embargo, no se ha reglamentado, por lo que su aplicación es prácticamente imposible. Ahí también, quienes han incurrido en recursos públicos para comprar "gacetillas electrónicas", por ejemplo, violentan la Constitución (presuntamente Enrique Peña Nieto y, en menor medida, Marcelo Ebrard). Que no se haya regulado hasta ahora sugiere que los propios partidos políticos no estaban tan interesados en poner ese límite, y de ahí que lo hayan dejado en el limbo legal.
Por otro lado, se ha dicho que la prohibición a las campañas negativas representa también un atentado a la libertad de expresión, generando además una gran cantidad de demandas y contrademandas que sofocan a las autoridades electorales, que tratan de poner límites, inevitablemente borrosos, entre lo que se puede decir y lo que no. Me parece que, en efecto, tales disposiciones son absurdas y atentatorias a la libertad de expresión. Las campañas tienen un aspecto informativo, cuando los rivales se sacan trapos al sol que quizás el electorado desconozca o no recuerde, y ayudan a orientar el sufragio. Si se incurre en calumnia, que se vaya por las leyes civiles. Mejor que los ciudadanos decidan ante lo que oyen, que los infamados se defiendan con argumentos y hechos, y que los partidos cosechen en las urnas los saldos positivos o negativos de sus campañas negras.
Viene finalmente la prohibición de actos anticipados de campaña, de lo cual se acusa ahora a Andrés Manuel López Obrador, a raíz de su acto en el Zócalo donde reitera su pretensión de participar en 2012. El Cofipe en su artículo 228 define como acto de campaña "las reuniones públicas, asambleas, marchas y en general aquellos (actos) en que los candidatos o voceros de los partidos políticos se dirigen al electorado para promover sus candidaturas". El acto obradorista en el Zócalo cae en esa definición, sin duda. ¿Está prohibido hacerlo ahora? Dice el artículo 211-3, de la ley electoral: "Los precandidatos a candidaturas a cargos de elección popular que participen en los procesos de selección interna, convocados por cada partido, no podrán realizar actividades de proselitismo o difusión de propaganda, por ningún medio, antes de la fecha de inicio de las precampañas". Aplica. La sanción correspondiente es severísima: "La negativa de registro como precandidato". El IFE ha dicho que actos de campaña anticipada son considerados como tales si son sistemáticos, y no aislados. Depende, como siempre, de cómo se interprete la ley. Aunque tales preceptos estén pensados en términos de equidad, me parece excesivo que nadie pueda ventilar, en el momento que considere adecuado, que aspira a un cargo de elección, sea en entrevista, en un artículo o frente a sus simpatizantes. La ley electoral hace agua por varios lados: tenemos a un presunto infractor, como López Obrador, pero por otro lado a Enrique Peña Nieto, haciendo en los medios una promoción -esa sí sistemática- pero disfrazada de notas informativas. Basta con que él no diga literalmente (ni hace falta) que aspira a la Presidencia en 2012 para librarse de las sanciones. Es absurdo.
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