Miguel Carbonell
El desastre carcelario
Las malas noticias provenientes de nuestras cárceles y reclusorios siguen llegando sin tregua y son cada vez peores. En el penal de Gómez Palacio, Durango, algunos reos podían salir de noche para realizar ejecuciones, a veces masivas, y regresar como si no pasara nada con el permiso de la directora y de los custodios encargados de su vigilancia.
En el Distrito Federal —que tiene el peor sistema penitenciario de todo el país, según los datos del Diagnóstico Nacional Penitenciario 2009, elaborado por la CNDH— las cárceles sirven para formar bandas, ordenar secuestros, extorsionar telefónicamente, reclutar sicarios a las órdenes del crimen organizado o conformar redes de prostitución utilizando a algunas mujeres internas.
En Baja California Sur, Chiapas, Guerrero, Hidalgo, Morelos, Nayarit, Oaxaca, Quintana Roo, Sinaloa y Tabasco, las cárceles salen reprobadas en los puntos más básicos de seguridad y respeto a los derechos de los internos. El sistema carcelario nacional hace agua por todos lados y supone un foco rojo que debería alertar a las autoridades de todos los niveles de gobierno.
Con datos de junio de 2010, tenemos en nuestras más de 439 cárceles a nivel nacional, a 227,882 personas internas. De ellas, el 42% está en régimen de prisión preventiva, privadas de su libertad como una medida cautelar mientras dura su respectivo proceso penal, lo que equivale a decir que no han recibido una sentencia que establezca que son culpables de haber cometido un delito. Si cada una de esas personas internas tiene al menos cuatro familiares, tenemos como resultado que guardan relación directa o indirecta con el medio carcelario más de un millón de personas en nuestro país, o sea uno de cada cien mexicanos, aproximadamente. Por lo tanto, se puede afirmar que no es un tema de una minoría radical y subversiva, sino de un sector importante de la población, cuyos problemas e insuficiencias se proyectan ,además, sobre muchos otros mexicanos.
Hay 135 cárceles en México que albergan a mujeres, separadas de los internos varones, a veces, simplemente por una reja o por los pasos que separan a un dormitorio de otro; las leyes son claras al ordenar la separación total y tajante entre hombres y mujeres en cárceles.
Más de 150 establecimientos penitenciarios presentan sobrepoblación, la cual va desde el grado máximo de 230% de sobrepoblación que presenta la cárcel de Navolato o el 224% del Cereso de Chalco, hasta la cifra razonable de 1.14% del Cereso de Nogales I.
Ahora bien, casi uno de cada cuatro reos se concentra solamente en 6 centros penitenciarios: los reclusorios oriente, norte y sur del Distrito Federal (que suman, entre los tres, más de 32 mil internos), el Cereso de Tijuana, el Reclusorio de Guadalajara y el Cereso de Puente Grande, en Jalisco.
En las cárceles de 23 entidades federativas no se clasifica adecuadamente a los internos, lo que en la práctica supone que conviven en el mismo espacio homicidas con carteristas, violadores con personas sentenciadas por narcotráfico, estafadores con robacoches, y así por el estilo. Eso fomenta la violencia interna y es una atmósfera propicia para el reclutamiento de nuevos miembros de la delincuencia organizada.
En el 30% de nuestras cárceles se presentan fenómenos de autogobierno. Esto significa que son los propios internos (y no la autoridad) los que organizan las actividades; ejercen control o violencia sobre los demás; se encargan de las actividades laborales remuneradas; emplean a otros internos para su servicio personal o realizan actos de explotación sexual.
Esos son los datos y esos son algunos de los problemas. Las preguntas importantes son: ¿qué vamos a hacer para atender con prontitud y eficacia esa emergencia nacional que amenaza con estallarnos a todos en la cara? ¿qué les podemos y les debemos exigir a las autoridades responsables para que por fin se ponga orden en ese inframundo del que solamente nos llegan malas noticias y del que preferimos apartar cómodamente la mirada? Cuanto más tardemos en darnos cuenta del enorme peligro que se incuba en nuestras cárceles, más difícil será revertir su situación de absoluto y total deterioro.
En el Distrito Federal —que tiene el peor sistema penitenciario de todo el país, según los datos del Diagnóstico Nacional Penitenciario 2009, elaborado por la CNDH— las cárceles sirven para formar bandas, ordenar secuestros, extorsionar telefónicamente, reclutar sicarios a las órdenes del crimen organizado o conformar redes de prostitución utilizando a algunas mujeres internas.
En Baja California Sur, Chiapas, Guerrero, Hidalgo, Morelos, Nayarit, Oaxaca, Quintana Roo, Sinaloa y Tabasco, las cárceles salen reprobadas en los puntos más básicos de seguridad y respeto a los derechos de los internos. El sistema carcelario nacional hace agua por todos lados y supone un foco rojo que debería alertar a las autoridades de todos los niveles de gobierno.
Con datos de junio de 2010, tenemos en nuestras más de 439 cárceles a nivel nacional, a 227,882 personas internas. De ellas, el 42% está en régimen de prisión preventiva, privadas de su libertad como una medida cautelar mientras dura su respectivo proceso penal, lo que equivale a decir que no han recibido una sentencia que establezca que son culpables de haber cometido un delito. Si cada una de esas personas internas tiene al menos cuatro familiares, tenemos como resultado que guardan relación directa o indirecta con el medio carcelario más de un millón de personas en nuestro país, o sea uno de cada cien mexicanos, aproximadamente. Por lo tanto, se puede afirmar que no es un tema de una minoría radical y subversiva, sino de un sector importante de la población, cuyos problemas e insuficiencias se proyectan ,además, sobre muchos otros mexicanos.
Hay 135 cárceles en México que albergan a mujeres, separadas de los internos varones, a veces, simplemente por una reja o por los pasos que separan a un dormitorio de otro; las leyes son claras al ordenar la separación total y tajante entre hombres y mujeres en cárceles.
Más de 150 establecimientos penitenciarios presentan sobrepoblación, la cual va desde el grado máximo de 230% de sobrepoblación que presenta la cárcel de Navolato o el 224% del Cereso de Chalco, hasta la cifra razonable de 1.14% del Cereso de Nogales I.
Ahora bien, casi uno de cada cuatro reos se concentra solamente en 6 centros penitenciarios: los reclusorios oriente, norte y sur del Distrito Federal (que suman, entre los tres, más de 32 mil internos), el Cereso de Tijuana, el Reclusorio de Guadalajara y el Cereso de Puente Grande, en Jalisco.
En las cárceles de 23 entidades federativas no se clasifica adecuadamente a los internos, lo que en la práctica supone que conviven en el mismo espacio homicidas con carteristas, violadores con personas sentenciadas por narcotráfico, estafadores con robacoches, y así por el estilo. Eso fomenta la violencia interna y es una atmósfera propicia para el reclutamiento de nuevos miembros de la delincuencia organizada.
En el 30% de nuestras cárceles se presentan fenómenos de autogobierno. Esto significa que son los propios internos (y no la autoridad) los que organizan las actividades; ejercen control o violencia sobre los demás; se encargan de las actividades laborales remuneradas; emplean a otros internos para su servicio personal o realizan actos de explotación sexual.
Esos son los datos y esos son algunos de los problemas. Las preguntas importantes son: ¿qué vamos a hacer para atender con prontitud y eficacia esa emergencia nacional que amenaza con estallarnos a todos en la cara? ¿qué les podemos y les debemos exigir a las autoridades responsables para que por fin se ponga orden en ese inframundo del que solamente nos llegan malas noticias y del que preferimos apartar cómodamente la mirada? Cuanto más tardemos en darnos cuenta del enorme peligro que se incuba en nuestras cárceles, más difícil será revertir su situación de absoluto y total deterioro.
www.miguelcarbonell.com
twitter: @miguelcarbonell
Investigador del IIJ-UNAM
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Investigador del IIJ-UNAM
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