12/19/2011

Estado e Iglesia:¿quién da más?


El intento del PRD y PT por detener la reforma. Foto: Eduardo Miranda
El intento del PRD y PT por detener la reforma.
Foto: Eduardo Miranda

MÉXICO, D.F. (Proceso).- La manera abrupta y contradictoria con la que actuó para reformar el artículo 24 de la Constitución, exhibe una vez más los afanes de la clase política por congraciarse con la jerarquía católica. Con madruguetes y artificios legislativos, tal como ocurrió con las reformas en las 19 entidades en las que se repenalizó el aborto en 2009, se evita el debate y se impone el albazo.

El PAN y el PRI hicieron mancuerna de nuevo para avalar una vieja pretensión de la Iglesia católica: elevar a rango constitucional la libertad religiosa.

Ante la próxima visita de Benedicto XVI a México, ambos partidos registran y aun admiten el creciente peso político del clero que incide ya en el ánimo electoral; ceden también ante él, por conveniencia, temor o chantaje. ¿Por qué la libertad religiosa? Porque la agenda moral que ostenta la Iglesia (aborto, familia patriarcal y sexualidad) requiere una mayor facilidad de acción de sus representantes y de espacios de actuación institucional.

Esto es ir más allá de la libertad individual de creer o no. La libertad religiosa incluye la capacidad de maniobra societal y de acción política de la propia Iglesia. En una reveladora entrevista concedida a este semanario en 2006, Carlos Aguiar Retes, presidente de la Conferencia del Episcopado Mexicano, destapó la intención de la Iglesia para reformar el artículo 24 y reconoció que enfocaría su presión sobre el Poder Legislativo, fundamentalmente con los líderes de las bancadas.

“Hay que entrar en relación personal con ellos, porque muchos políticos piensan que, en materia de relaciones Iglesia-Estado, ya no hay nada qué hacer”, dijo en esa ocasión (Proceso 1574).

El pragmatismo de la clase política mexicana es un factor de riesgo real, no sólo para la consolidación de la laicidad del Estado, sino para el desarrollo de la propia democracia en el país. Bajo la consigna del “realismo político” subyace el imperio del resultado electoral cortoplacista que ha venido liquidando las identidades y tradiciones políticas. La búsqueda del todo para la siguiente elección se impone, así como la lógica de la codicia de los grupos por el poder, dispuestos a sacrificar raíces políticas y trayectorias ideológicas.

En ese rango nadie se salva. El mismo Emilio Chuayffet, quien se presume liberal, declaró a finales de noviembre pasado que quería lejos a los católicos: “No queremos que intervengan en la vida política porque sabemos cuán lejos pueden llegar”. Semanas después se convirtió en el principal artífice de la reforma.

Ese gesto no pasó inadvertido para el diputado Porfirio Muñoz Ledo: “¿De cuando acá Chuayffet es tan católico?”, declaró. Lo mismo puede decirse de otros actores, como Beatriz Paredes, sacudida por las feministas que le reprochan su complacencia por las reformas de 2009 que ahora tienen a muchas mujeres en la prisión.

También del perredista Pablo Gómez, magnánimo con las libertades de la Iglesia católica, quien apeló a una consigna de un grupo de la vieja izquierda; o de Emilio González Márquez, el góber piadoso, conocido por sus donativos a la Iglesia cristera de Jalisco a costa del erario estatal; o el propio Felipe de Jesús Calderón Hinojosa, quien con frecuencia se reafirma católico y guadalupano, e incluso ha mantenido relaciones políticas poco católicas desde su campaña política de 2006 con grupos neocarismáticos encabezados por la secta cristiana Casa Sobre la Roca. Hay muchos otros casos que tienen el mismo talante: el cálculo de la rentabilidad política a costa de la congruencia.

A Enrique Peña Nieto se le señala como uno de los promotores de la concesión legislativa al clero católico. Él ha venido cultivado la imagen del político priista moderado con posturas religiosas conservadoras acorde con la atmósfera actual. Su look e impostura religiosa se asemejan más a las características distintivas de un personaje panista: joven, metrosexual, conservador, eficiente, dinámico, católico, patriota, defensor de la familia, apasionado, apuesto y poco leído.

Es el embozo para satisfacer los altos niveles de audiencia, posicionándolo a tal grado que asegure el inevitable retorno del PRI a Los Pinos. Como candidato a la Presidencia de la República parece desempolvar las viejas tesis salinistas sobre el papel político de la Iglesia y asignarle un destacado rol de aliada estratégica.

Durante su mandato como gobernador desarrolló una política de cercanía y arropó a los 14 obispos mexiquenses que de buena gana se dejaron consentir y con sumo agrado le acompañaron a Roma en diciembre de 2009 a visitar al Papa Benedicto XVI para anunciar su enlace matrimonial con la actriz Angélica Rivera. Así tendríamos que leer la postura de Víctor René Rodríguez, obispo auxiliar de Texcoco y secretario general de la CEM, quien calificó como “exitosa” la gestión del mexiquense.

Peña Nieto se ha convertido en los últimos años en un invitado permanente a las asambleas generales de los obispos. Tras un análisis comparativo, el autor puede afirmar que más de 30% de los obispos ubicados principalmente en el centro y norte del país miran con simpatía a Peña Nieto; puede decirse que, más que priistas, los obispos se comportan como peñistas.

Por el lado del PAN, sobre todo del presidente Felipe Calderón, la relación con los obispos ha sido sinuosa. Pese a que el presidente proviene de “cuna azul”, los sectores duros del CEM miran con recelo y desconfianza el pragmatismo político del presidente y en especial sus alianzas con grupos neopentecostales ultraconservadores encabezados por Rosi y Alejandro Orozco.

El presidente se ha empeñado en demostrar su catolicidad y es un hecho su intervención en la polémica reforma al 24 constitucional. Josefina Vázquez Mota, a su vez, es la precandidata panista con la agenda clerical más abierta hacia los obispos mexicanos. En su equipo de campaña destacan católicos conservadores afines al Yunque; también entra a la competencia por la generosidad y la benevolencia, obsequiando a cada obispo, en enero de 2011, un iPad, cuyo costo unitario es de 12 mil pesos.

La disputa por granjearse la benevolencia religiosa se incrementará hacia 2012. Y el juego sucio está contemplado. Además, la Iglesia católica posee por naturaleza, una sólida complexión política propia; su alto clero tiene experiencia probada. La jerarquía sabe, sobre todo en las coyunturas electorales, insertar con firmeza su agenda e intereses propios.

Así lo hizo en las reformas al artículo 130 constitucional hace 20 años. Un proceso electoral implica el reacomodo de actores, de proyectos y de grupos. Es la oportunidad porque es el momento de mayor debilidad del sistema político, y los prelados aprendieron, siguiendo la escuela de Girolamo Prigione, a presionar y a sacar el máximo provecho. La pregunta es si la Iglesia realmente tiene mayor poder o es la clase política la que se alejado de la sociedad

Estudios sobre el comportamiento de la jerarquía católica indican que los obispos con mayor arraigo en la permanencia al frente de sus diócesis tienen mayor peso social y político. El proceso de descentralización y la aparición de gobernadores virreyes favorecen también la gravitación política de los prelados. De un universo de 110 obispos en activo, 56% tienen un arraigo entre cuatro y 10 años; 22% de los prelados tienen más de 11 años de residencia.

En esta franja algunos se convierten en actores fácticos del poder. Por ejemplo, el jalisciense Juan Sandoval Íñiguez, quien adquirió un desmedido peso político; el arzobispo Emilio Berlié, quien ha actuado en política en Yucatán y es uno de los factores de ascenso del PRI en la entidad, antaño bastión panista; o el “daltónico” Onésimo Cepeda, capellán de la élites políticas del PRI.

Hay una paradoja, que poco importa a la clase política: mientras más peso y poder político tiene la estructura eclesiástica católica, menos influencia espiritual y pastoral posee entre la población. Así lo indican los datos duros de los últimos censos: en 1970, 96.2% de la población se declaró católica; en 2010 el índice bajó a 83%. Y aun cuando la clase política habla de la trascendencia de la laicidad del Estado en la democracia y en la convivencia social, en la práctica esta es transgredida.

Señores: ¿quién da más?

* Especialista en el estudio de las religiones.

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