La mexicana Miriam Mendiola Martínez demandó al alguacil de Maricopa, Arizona, Joe Arpaio, y a varios de sus policías por indiferencia a las necesidades médicas de una mujer en prisión y la violación de sus derechos constitucionales al tenerla esposada antes y después de un parto por cesárea, en 2009.
La demanda federal presentada por Mendiola se da días después de que el Departamento de Justicia de Estados Unidos acusó al alcalde Arpaio de racista por la política de discriminación que mantiene contra los latinos.
De acuerdo con la demanda, Mendiola tenía seis meses de embarazo cuando el 23 de octubre de 2009 fue detenida e internada en la cárcel Estrella, de Maricopa, por el delito de robo de identidad.
La policía afirma que usó el nombre de otra mujer y su número de seguridad social para obtener trabajo.
El 10 de diciembre de 2009, Mendiola se declaró culpable de cometer la falsificación, conforme a un acuerdo al que se llegó con el juez. El 24 de diciembre se le iba a dictar su sentencia.
El 20 de diciembre Mendiola comenzó a tener contracciones. Fue llevada al Centro Médico de Maricopa esposada. En el hospital el personal médico determinó que no estaba en trabajo de parto y fue regresada a prisión.
Horas después el dolor aumentó. “Habían abandonado a la Sra. Mendiola en el cuarto de visitas de la cárcel, con dolor extremo”, dice la demanda.
Las guardias hicieron caso omiso a sus llamados de auxilio, pues los hacía en español. Hasta que una persona tradujo sus peticiones fue devuelta al hospital, donde dio a luz a su hijo por medio de cesárea. Estuvo esposada antes y después de la cirugía, apunta la queja.
Cuestionado sobre el particular, el teniente Brian Lee, de la oficina del sheriff del condado de Maricopa, dijo que a Mendiola no le fueron puestos grilletes o esposas, “sólo una restricción suave en una pierna para prevenir la fuga.”
Lee dijo que fue tratada igual que cualquier otro presidiario cuando está “en una instalación no segura”. La queja apunta que no se permitió a Mendiola que cuidara o cargara a su hijo después de la cirugía.
El 23 de diciembre fue dada de alta, pero no se le proporcionó una silla de ruedas para marcharse. “Llevando puesto sólo la bata del hospital, Mendiola fue obligada a caminar con sus manos y pies atados”, dice la demanda.
Una enfermera regañó al oficial de la correccional por llevarse a Mendiola tan rápido que no pudo recoger su medicamento ni su alta del hospital.
(Con información de La Razón, México)
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