Este 22 de diciembre se cumplen 14 años de la matanza de Acteal. Por la afrenta, una de las más nítidas en la memoria nacional, no hay un solo responsable. La herida hoy es doble. Decenas de inocentes pagaron con cárcel. Si a las familias de las víctimas mortales no se les ha resarcido el daño, a los indígenas presos tampoco. El juicio moral se desvanece. No hay a dónde dirigirlo. No obstante, este cuadro con zonas tan oscuras empieza a adquirir contornos definidos. En octubre pasado, la Fiscalía creada para el caso, dio a conocer un expediente en el que por primera vez responsabilizó a la administración de Ernesto Zedillo por el asesinato de 45 indígenas tzotziles
Como un cuadro pintado a pausas, sin que el tiempo impusiera su presión, la masacre de Acteal ha adquirido contornos cada vez más definidos. Aún conserva muchas zonas oscuras o vacías. Quizá jamás se iluminen las primeras y nunca se colmen las segundas.
Aquel 22 de diciembre de 1997, 45 indígenas tzotziles murieron asesinados en el poblado de Acteal, municipio de Chenalhó, Chiapas. Durante cuatro horas, los persiguió una ráfaga de bala. Y nueve hombres, 21 mujeres y 15 niños (uno no había cumplido el año) cayeron bañados en su propia sangre. Así, la memoria nacional adquirió una de sus grandes heridas. Que cauterice debe ser el pendiente de cualquier gobierno.
¿Quién y por qué se atrevió a desatar a la muerte en esas montañas de México? Han pasado 14 años y la respuesta, como al principio, se bifurca. Desde el primer día de la matanza, los observadores se enfrascaron en un dilema. Para unos, los asesinatos ocurrieron por una descontrolada estrategia paramilitar orquestada por la administración de Ernesto Zedillo y, para otros, fue un mero pleito entre comunidades rivales por la propiedad de territorios, como el banco de abejas de Majomut.
Algunos refieren que en 1997 todo Acteal era un campo de batalla: estaba presente el Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN), pero también rondaba otro fantasma: la intolerancia religiosa. Añejas diferencias entre católicos y evangélicos hacían la vida intranquila.
Esta es la historia de una herida duplicada. La de la masacre y la de la detención de inocentes. Por los hechos, 86 indígenas encontraron su destino en la cárcel. Cada uno representa una historia aparte. Porque cada uno se empeñó en demostrar inocencia. Como pudo. A veces sin abogado y otras, sólo con la fe de que el mundo lograría evaluar su desgracia y haría justicia. Algunos lograron salir dos o cinco años después. A otros les tomó una década.
En 2009, los casos de 20 llegaron a la Suprema Corte de Justicia de la Nación. En todos, la falta de pruebas desvaneció la acusación. Otra vez es 22 de diciembre y por Acteal, no hay un solo responsable.
Investigaciones fallidas
La hipótesis de un pleito acendrado y antiguo que dio lugar a una masacre, cada vez se diluye más. Un trazo crucial en este cuadro pintado a muchas manos, se agregó el pasado septiembre y permite ver –como muchos lo vieron desde el principio– al ex presidente Ernesto Zedillo, en el centro neurálgico de la tragedia.
También, como ladrones en la noche, se asoman las siluetas de Liébano Sáenz Ortiz, en ese entonces su secretario particular, y del entonces procurador general de la República, Jorge Madrazo Cuéllar.
En septiembre pasado, abogados de los familiares de 10 víctimas presentaron en la corte de distrito de Connecticut, Estados Unidos, una demanda cuya base fue un informe de la Fiscalía Especializada de Chiapas para la investigación de delitos en el caso Acteal.
Creado en 2006, este organismo responsabilizó este año –por primera vez– al ex presidente. En 126 páginas argumentó que tanto Zedillo como su entonces secretario particular, Liébano Sáenz Ortiz y el exprocurador Jorge Madrazo Cuéllar, son responsables de los homicidios. ¿Qué los señala? La omisión impropia conspirativa. Los tres tuvieron información para impedir la masacre un año antes y no hicieron nada.
Porque la masacre –se lee en el informe– fue resultado del Plan de Campaña Chiapas 94, aplicada por la Séptima Región Militar con sede en Tuxtla Gutiérrez, diseñada y puesta en marcha por el gobierno federal para encarar al EZLN.
“… Incurrieron en responsabilidades antes, durante y con posterioridad a los hechos: antes, puesto que previo al crimen actuaron de manera conspiratoria, ya que se coaligaron para ignorar y ocultar las múltiples advertencias y avisos que se les hicieron sobre la inminente matanza”, se lee en el reporte.
Zedillo, Sáenz y Madrazo no son los únicos protagonistas vivos de la tragedia. Pero son en quienes podría caer el mayor juicio moral, histórico y hasta penal. El informe arrojó el nombre de otro hombre, protagonista de la política nacional de aquella época: Julio César Ruiz Ferro, quien fuera gobernador de Chiapas. Él también conocía la situación desbordada en Acteal. Él tampoco hizo nada.
Con base en el dicho de Emilio Chuayffet Chemor, entonces secretario de Gobernación, el expediente documenta tres hechos que advirtieron de la masacre, tanto a la administración zedillista como al gobernador:
-El 30 de septiembre, habitantes de Chenalhó le entregaron una carta al primer mandatario y a Ruiz Ferro, en el que denunciaban agresiones en su contra.
-El 18 de octubre, el obispo Raúl Vera López, envió una carta a Zedillo, por conducto de Chuayffet Chemor. Vera advertía que un baño de sangre era inminente.
-El 21 de diciembre, un grupo de desplazados denunció ante legisladores que visitaban el poblado vecino de Polhó que miembros de su comunidad estaban secuestrados por pobladores contrarios al EZLN.
Las paradojas del procurador
A Jorge Madrazo Cuéllar lo persigue Acteal con todo lo que hasta ahora ha significado: las dudas, la falta de certezas, el derramamiento de sangre recordado una y otra vez. Es un juego de paradojas porque es un hombre que se preparó como defensor de los derechos humanos y durante su licenciatura en Derecho en la Universidad Nacional Autónoma de México, se concentró en el derecho indígena.
Fue director del Instituto de Investigaciones Jurídicas de esa casa de estudios y a partir de ese cargo, construyó su carrera en el ámbito de los derechos humanos. Se convirtió en primer visitador y segundo presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, así como el segundo comisionado para la paz en Chiapas de 1994 a 1995, en sustitución de Manuel Camacho Solís.
En diciembre de 1996, Zedillo lo nombró procurador general de la República. Sustituiría a Antonio Lozano Gracia después de que éste se involucrara en un laberinto sin salida: La Paca, la osamenta de El Encanto, Othón y el segundo tirador. Toda desmoronada recibió Madrazo a la institución de la que fue responsable hasta el último día del periodo zedillista.
El suceso de Acteal lo sorprendió en su escritorio. El Presidente lo llamó para que se encargara de la investigación. Madrazo nombró como fiscal a una de sus personas de confianza, Efrén González Pola. Al siguiente día de la masacre, empezó la cadena de acusaciones, consignaciones y sentencias.
Doce años después, el trabajo de investigación de la Procuraduría General de la República de Madrazo quedó desmoronado ante la opinión pública. La primera sala de la Suprema Corte amparó y ordenó la liberación inmediata de 20 de los indígenas que fueron culpados. Los ministros consideraron que las sentencias se basaron en pruebas obtenidas de manera ilegal y en testimonios fabricados por la PGR, la de Madrazo. Acteal era ese escenario donde se fabricaron pruebas, se inventaron los testimonios; donde se hizo declarar a indígenas que no sabían español sin traductor.
“Jamás instruí, orienté, admití a sabiendas, o toleré que se obtuvieran pruebas de manera ilícita, como se ha mencionado por los medios de comunicación a partir de lo que se dice expresaron cuatro ministros de la primera sala de la Corte”, expresó ese año en una entrevista en W Radio.
Una vez que concluyó el gobierno de Ernesto Zedillo, con 58 años de edad, Jorge Madrazo llegó a Seattle como cónsul de México. Seis años después asumió la vicepresidencia a cargo de las relaciones comunitarias de los Sea Mar Community Health Centers, un organismo de Seattle sin fines de lucro, que en agosto pasado adquirió la radio hispana de ese lugar.
A un reportero de un medio de esa ciudad estadounidense, le dijo sobre el fantasma de Acteal: “Es el precio que tenemos que pagar por servir a México. He pagado ese precio desde hace bastante tiempo’’.
El libro blanco
A los 100 días de la masacre, el deprimido territorio de Acteal era un campo militar. En promedio, hubo un operativo al día. El gobierno no cesaba de ofrecer las conclusiones de la Procuraduría General de la República.
Los resultados fueron recopilados en un libro blanco. Conflictos entre familias, ausencia de instituciones y la violenta disputa por el poder político y económico de la tierra fueron causas que se volvieron tópicas en ese documento. No hubo una sola referencia al gobierno. En cambio, de ese libro surgió un planteamiento que ahondó los agravios: “La idiosincrasia indígena presenta una actitud de intolerancia cuando se trata de resolver conflictos contra una minoría disidente y de respetar sus derechos humanos”.
El drama después de la tragedia
Pregunta ineludible para resolver el caso de Acteal: ¿Quién iba a pagar por tanta sangre derramada a plena luz del día? La imagen de la masacre en toda su magnitud le dio la vuelta al mundo en pocas horas. La cortina de silencio cayó sobre la tragedia, sobre los vivos y los muertos, como una unidad.
A cuatro días de la masacre, la PGR empezó una escalada de aprehensiones. Primero, detuvo a 16 indígenas de varias comunidades donde había grupos de apoyo al EZLN. Iban en una camioneta cuando frente a ellos pasó el cortejo fúnebre con los cadáveres de los 45 indígenas. Las crónicas en la hemeroteca coinciden en que la PGR argumentó que de no haberlos detenido, la gente los hubiera linchado. El hecho es que para los detenidos, el penal de Cerro Hueco fue el destino.
Otro grupo de 24 indígenas fue invitado por funcionarios del gobierno el 27 de diciembre a un diálogo en San Cristóbal de las Casas. Fueron llevados a los separos de la PGR y luego, remitidos al mismo penal donde se encontraban los otros 16.
El 4 de marzo, 35 personas más fueron convencidas de comparecer ante la PGR durante un periodo máximo de tres días. Les dijeron que fueran a demostrar su inocencia y así ayudarían a generar tranquilidad en su tierra. Llegaron por su propio pie a San Cristóbal de las Casas. Nadie hubiera creído que ese día los detendrían. Hasta les permitieron ir a comer al mercado. A su regreso, en un fuerte operativo de seguridad, los llevaron a Cerro Hueco.
En el total de detenidos se encontraban cinco personas confesas. A uno de ellos –Tomás Pérez Méndez– lo amenazaron. Le dijeron: “Te vamos a lanzar desde el helicóptero”. Lo hicieron firmar una declaración donde inculpaba a los demás.
De hecho, a todos los amenazaron. Cuando ampliaron su declaración, el total de detenidos por Acteal negó lo que al principio había aceptado. De nada valieron los desmentidos. Para 86 indígenas, la cárcel fue la parada durante muchos años. Hasta que el 5 de agosto de 2009, la Corte dictaminó que hubo manipulación del sistema de justicia a favor del Estado. Es decir, todos eran inocentes.
En este amanecer se cumplen 14 años de la matanza y nadie –con responsabilidad probada– ha pagado por ella.
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