Sobrevivientes de Acteal temen por sus vidas

Se cumplen 14 años de matanza y crimen sigue impune

Por Patricia Chandomí, corresponsal

Tuxtla Gutiérrez, 22 dic 11 (CIMAC).- A 14 años de la masacre de 45 personas –33 de ellas mujeres– en Acteal, Chiapas, sobrevivientes de la matanza temen por sus vidas ante las amenazas por parte de paramilitares que salieron de prisión, luego de haber sido condenados por su participación en los hechos, y quienes ahora aguardan venganza.

“Nos mandan mensajes con sus familiares, que nos cuidemos que va a haber venganza, que ellos van a regresar; porque al final de cuentas ellos nunca entregaron las armas. Ya no caminamos en paz, desde que supimos que están libres, nuestra vida ha cambiado”, explica Antonia, una de las sobrevivientes.

Y es que el temor entre las personas de la comunidad que salvaron su vida el 22 de diciembre de 1997, se acrecentó luego de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ordenó la liberación el 12 de agosto de 2009 de 20 indígenas identificados como autores materiales de la masacre, por supuestas irregularidades en los procesos judiciales.

Posteriormente la SCJN ordenó la liberación de otros 15 indígenas, de un total de 70 presos sentenciados por los hechos sangrientos en Acteal.

Además de la indignación por la falta de justicia, las y los sobrevivientes ahora denuncian que esos indígenas liberados se acercan a los alrededores de Acteal, y preguntan por habitantes de la comunidad.

Ante la inacción del Estado mexicano para castigar ese crimen, mujeres y hombres de Acteal mantienen como única esperanza un eventual fallo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), luego de que en 2010 el mecanismo de la Organización de Estados Americanos (OEA) admitió el caso para su análisis.

RECUERDO DEL TERROR

Las 33 mujeres asesinadas en la comunidad perteneciente al municipio de Chenalhó, en Chiapas, eran de avanzada edad, otras estaban embarazadas, la mayoría eran madres que cargaban a sus hijos e hijas, y también había niñas.

Todas corrieron a esconderse a una zanja, y a tan sólo dos metros de distancia un grupo de paramilitares identificados como militantes del PRI les empezó a disparar.

“Cuando murieron las mujeres, un hombre les quitó su nagua, su ropa y lo echaron palo (sic) en su nalga a las mujeres (…). Había una mujer embarazada, María Gómez Ruiz, de Quextic, y ya muerta lo cortó su estómago, tenía un cuchillo, le abrió la panza y murió el niño ahí dentro de la panza de la mujer”, relata Alberto Ruiz Pérez, otro sobreviviente de la masacre.

“La violencia con que los autores materiales cometieron la masacre, particularmente en contra de las mujeres, se hace evidente en las necropsias realizadas a los 45 cadáveres, reseña un detallado informe del Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas (Frayba).

“De estos 45 cuerpos, 20 presentaron lesiones producidas por armas blancas corto contundentes, punzo cortantes, contuso cortantes, cortantes y contusas; 15 de los 20 correspondían al sexo femenino y cinco al masculino (…), y uno de los cuatro cadáveres de las mujeres embarazadas presentaba como causa de muerte la exposición de víscera abdominal”, se abunda en el reporte.

Para el Frayba este asesinato múltiple es producto de una política deliberada de Estado, que sólo se puede entender en el contexto más amplio del conflicto armado entre el gobierno federal y el Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN).

Los agresores fueron identificados por las y los sobrevivientes como integrantes de grupos paramilitares y militantes del PRI.

“Casi todos vestían de negro o de azul, a la usanza de la entonces llamada policía de Seguridad Pública, los cuales llevaban paliacates rojos puestos en la cabeza. Esto también fue denunciado ante las autoridades”, sostuvo en su comparecencia ante el MP federal el sobreviviente Victorio Gómez Pérez, el 7 de enero de 1998.

El reporte del Frayba rememora que mientras se establecían las bases para la negociación entre el EZLN y el gobierno federal con la Ley para el Diálogo, la Conciliación y la Paz Digna en Chiapas, el Ejército iniciaba una ofensiva contrainsurgente avalada por el entonces presidente Ernesto Zedillo.

“Esta estrategia consistía en socavar el apoyo de la población civil a la guerrilla con el fin de debilitarla para finalmente capturar a la comandancia del EZLN.

“Dicha estrategia contaba con dos componentes: ocupar militarmente la zona de conflicto, rompiendo la zona gris que había sido establecida con el arbitrio de la Cruz Roja Internacional en las Cañadas de Ocosingo, y atacar a la población civil proclive al zapatismo con acciones policiacas y paramilitares bajo el mando del Ejército mexicano y la Fuerza de Tarea Arcoiris, comandada por el general Mario Renán Castillo”, se advierte en el informe.