José Antonio Crespo
Coincido esencialmente con quienes celebran que finalmente hayan sido nombrados los tres consejeros del IFE que faltaban para completar al Consejo General del instituto, algo que no hubiera ocurrido de no haberlo ordenado el Tribunal Electoral federal y que obligó al PRI a abandonar su pretensión de nombrar a dos de los tres consejeros (causa del largo retraso).
Con todo, hay ciertas reservas y consideraciones sobre este proceso:
A) El tiempo límite para nombrar los consejeros faltantes era el 30 de enero, pero los diputados decidieron, ahora sí, apresurarse, por lo cual no les preocupó demasiado saltarse la Constitución, en cuyo artículo 41 estipula que la designación debe hacerse tras una “amplia consulta a la sociedad”, cosa que no ocurrió (es lo malo de poner detalles en la Constitución). No deja de ser irónico que para cumplir un ordenamiento del Tribunal por haberse violado la Carta Magna, ésta se ignore nuevamente. Justo por eso el diputado Jaime Cárdenas, quien solicitó la intervención del Trife, decidió abstenerse. Violación constitucional en el retraso y violación constitucional en la premura.
En todo caso, la ley electoral está ya hecha jirones, pues todos la incumplen impunemente. ¿Qué más da una vez más?
B) Y es que la reforma de 2007 había establecido un nuevo formato para elegir consejeros, convocando públicamente a quienes cumplieran con los requisitos de ley para supuestamente evitar las cuotas de partido y las decisiones cupulares a puerta cerrada. Desde luego que era pura simulación, y por ello ese procedimiento se agotó ya, empantanándose la negociación por más de un año.
C) El actual proceso, de donde surgen personajes de gran prestigio y autonomía probada, se da en un contexto de crisis, parecido al de 1994, de lo cual se infiere que en plena crisis de credibilidad se eleva la probabilidad de elegir consejeros prestigiados y autónomos, pero cuando las cosas se normalizan vienen las cuotas de partido de bajo perfil.
D) En esta ocasión, sin embargo, hubo un elemento novedoso: los diputados pidieron a la UNAM que le propusiera nombres de posibles consejeros, con el compromiso de elegirlos dentro de esa lista. Una comisión formada por el rector José Narro, Jorge Carpizo, Cuauhtémoc Cárdenas y Francisco José Paoli hizo una lista de siete prospectos. Eso representa una aproximación a un formato sugerido aquí desde hace años, consistente en que una comisión ad hoc formada por diversas universidades realicen el proceso de selección de consejeros a partir de una convocatoria pública (lo que no hubo en esta ocasión), y de ahí presentar una lista de prospectos a la Cámara baja para su nombramiento formal como consejeros. He sostenido que bajo ese formato (o uno parecido) se elevaría significativamente la probabilidad de elegir gente autónoma, de buena trayectoria profesional y prestigio público. Eso lo sugiere el hecho de haber sido nombrados en esta ocasión Lorenzo Córdova y María Marván, cuyos nombres fueron desechados bajo la lógica de cuotas partidistas vigente en 2008 (con gran agresividad y majadería en el caso de Marván, a manos de legisladores de la izquierda obradorista). Convendría, pues, formalizar en la ley el formato que ahora se ensayó de manera precipitada aunque exitosa, si bien haciendo una convocatoria pública y consulta amplia según lo estipula la Constitución. Podría ser la vía para despartidizar al IFE definitivamente y devolverle la credibilidad perdida. De lo contrario, cuando la situación se normalice, podríamos caer nuevamente en las cuotas de partido de bajo perfil.
E) Sobre la autonomía y esperada imparcialidad de los nuevos consejeros tengo un reserva en el caso de Sergio García Ramírez, pues ha hecho el grueso de su carrera profesional dentro de un partido, el PRI, ocupando cargos de gran relieve —como la Secretaría General de su partido— e incluso fue precandidato formal a la Presidencia, en 1987. Es cierto que su nombramiento no viola estrictamente la ley, pues ésta sólo exige no haber ocupado cargos directivos o de elección popular en los últimos cuatro años, pero no impide ser militante de un partido. Algo que habría que modificar, pues la Constitución exige imparcialidad en los consejeros y, por definición, ser miembro de un partido lo convierte a uno en parcial (etimológicamente la imparcialidad significa “sin partido”). ¿Se puede ser imparcial con una amplia carrera y larga militancia dentro de un mismo partido? García Ramírez así lo promete (no podía ser de otra forma). Habrá que verlo en los hechos.
cres5501@hotmail.com
Coincido esencialmente con quienes celebran que finalmente hayan sido nombrados los tres consejeros del IFE que faltaban para completar al Consejo General del instituto, algo que no hubiera ocurrido de no haberlo ordenado el Tribunal Electoral federal y que obligó al PRI a abandonar su pretensión de nombrar a dos de los tres consejeros (causa del largo retraso).
Con todo, hay ciertas reservas y consideraciones sobre este proceso:
A) El tiempo límite para nombrar los consejeros faltantes era el 30 de enero, pero los diputados decidieron, ahora sí, apresurarse, por lo cual no les preocupó demasiado saltarse la Constitución, en cuyo artículo 41 estipula que la designación debe hacerse tras una “amplia consulta a la sociedad”, cosa que no ocurrió (es lo malo de poner detalles en la Constitución). No deja de ser irónico que para cumplir un ordenamiento del Tribunal por haberse violado la Carta Magna, ésta se ignore nuevamente. Justo por eso el diputado Jaime Cárdenas, quien solicitó la intervención del Trife, decidió abstenerse. Violación constitucional en el retraso y violación constitucional en la premura.
En todo caso, la ley electoral está ya hecha jirones, pues todos la incumplen impunemente. ¿Qué más da una vez más?
B) Y es que la reforma de 2007 había establecido un nuevo formato para elegir consejeros, convocando públicamente a quienes cumplieran con los requisitos de ley para supuestamente evitar las cuotas de partido y las decisiones cupulares a puerta cerrada. Desde luego que era pura simulación, y por ello ese procedimiento se agotó ya, empantanándose la negociación por más de un año.
C) El actual proceso, de donde surgen personajes de gran prestigio y autonomía probada, se da en un contexto de crisis, parecido al de 1994, de lo cual se infiere que en plena crisis de credibilidad se eleva la probabilidad de elegir consejeros prestigiados y autónomos, pero cuando las cosas se normalizan vienen las cuotas de partido de bajo perfil.
D) En esta ocasión, sin embargo, hubo un elemento novedoso: los diputados pidieron a la UNAM que le propusiera nombres de posibles consejeros, con el compromiso de elegirlos dentro de esa lista. Una comisión formada por el rector José Narro, Jorge Carpizo, Cuauhtémoc Cárdenas y Francisco José Paoli hizo una lista de siete prospectos. Eso representa una aproximación a un formato sugerido aquí desde hace años, consistente en que una comisión ad hoc formada por diversas universidades realicen el proceso de selección de consejeros a partir de una convocatoria pública (lo que no hubo en esta ocasión), y de ahí presentar una lista de prospectos a la Cámara baja para su nombramiento formal como consejeros. He sostenido que bajo ese formato (o uno parecido) se elevaría significativamente la probabilidad de elegir gente autónoma, de buena trayectoria profesional y prestigio público. Eso lo sugiere el hecho de haber sido nombrados en esta ocasión Lorenzo Córdova y María Marván, cuyos nombres fueron desechados bajo la lógica de cuotas partidistas vigente en 2008 (con gran agresividad y majadería en el caso de Marván, a manos de legisladores de la izquierda obradorista). Convendría, pues, formalizar en la ley el formato que ahora se ensayó de manera precipitada aunque exitosa, si bien haciendo una convocatoria pública y consulta amplia según lo estipula la Constitución. Podría ser la vía para despartidizar al IFE definitivamente y devolverle la credibilidad perdida. De lo contrario, cuando la situación se normalice, podríamos caer nuevamente en las cuotas de partido de bajo perfil.
E) Sobre la autonomía y esperada imparcialidad de los nuevos consejeros tengo un reserva en el caso de Sergio García Ramírez, pues ha hecho el grueso de su carrera profesional dentro de un partido, el PRI, ocupando cargos de gran relieve —como la Secretaría General de su partido— e incluso fue precandidato formal a la Presidencia, en 1987. Es cierto que su nombramiento no viola estrictamente la ley, pues ésta sólo exige no haber ocupado cargos directivos o de elección popular en los últimos cuatro años, pero no impide ser militante de un partido. Algo que habría que modificar, pues la Constitución exige imparcialidad en los consejeros y, por definición, ser miembro de un partido lo convierte a uno en parcial (etimológicamente la imparcialidad significa “sin partido”). ¿Se puede ser imparcial con una amplia carrera y larga militancia dentro de un mismo partido? García Ramírez así lo promete (no podía ser de otra forma). Habrá que verlo en los hechos.
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Facebook: José Antonio Crespo Mendoza
Investigador del CIDE
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