Espían y recopilan información, señalan altos mandos de PGR, SSP y Gobernación
al menos80 ex funcionarios mexicanos
No se descarta que servidores públicos en activo también estén colaborando con DEA, ATF e ICE
Domingo 18 de diciembre de 2011, p. 10
Desde ex funcionarios de alto nivel hasta policías de a pie han sido cooptados por agencias estadunidenses, principalmente por la encargada del combate antidrogas (DEA, por sus siglas en inglés) y las representaciones de Alcohol, Tabaco y Armas de Fuego (ATF) y del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE).
Altos mandos de la Procuraduría General de la República (PGR) y de las secretarías de Seguridad Pública federal y Gobernación confirmaron a La Jornada que han detectado que al menos 80 ex servidores públicos de áreas sensibles de inteligencia, investigación y análisis del gobierno mexicano trabajan para las agencias estadunidenses, espiando, recopilando información y dando seguimiento a los temas y casos de su interés.
Las fuentes consultadas, las cuales solicitaron el anonimato, ya que han sido parte de los equipos que participaron en reuniones de representantes de México y Estados Unidos en negociaciones de acuerdos como la Iniciativa Mérida y la infiltración de agentes en organizaciones criminales, revelaron que no se ha descartado que funcionarios en activo también estén trabajando para los estadunidenses en combinación con sus ex compañeros, lo que ya está siendo investigado en la averiguación previa en la que se indaga si la DEA ha lavado dinero de grupos criminales mexicanos en territorio nacional sin conocimiento de las autoridades del país
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Los ex servidores públicos y ahora informantes estadunidenses actúan como si se tratara de funcionarios consulares, pues una de sus bases se localiza en la propia embajada estadunidense; otras oficinas están en Reforma 265, y la más importante abarca un piso completo de un hotel que se ubica en la glorieta del Ángel de la Independencia.
De acuerdo con la información obtenida, las agencias estadunidenses han ofrecido empleo
como informantes y a la vez como conseguidores
de información en áreas como la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada (Siedo), instancia de la PGR que tiene bajo su responsabilidad las investigaciones más sensibles en materia de crimen organizado; por ejemplo, el caso del empresario chino nacionalizado mexicano Zhenli Ye Gon, quien se encuentra sujeto a un proceso de extradición en Estados Unidos, o la integración de expedientes contra los hermanos Beltrán Leyva o la familia Zambada Niebla (hijos de Ismael El Mayo Zambada, uno de los líderes del cártel de Sinaloa).
Los entrevistados señalaron que los ahora servidores de DEA, ICE y ATF han sido detectados en instalaciones como el Centro de Mando de la Policía Federal o el Centro de Investigación y Seguridad Nacional, y luego dirigir sus pasos a la embajada estadunidense o a las instalaciones que tienen en Paseo de la Reforma 265, donde oficialmente se localiza la Oficina Bilateral de Seguimiento a la Iniciativa Mérida.
Las autoridades entrevistadas reiteraron lo que este diario publicó en agosto pasado: en realidad, es un centro donde se determinan operaciones importantes contra grupos del crimen organizado, más por iniciativa o investigación de los estadunidenses que por actuaciones mexicanas
, pero agregaron que, al igual que en las instalaciones del mencionado hotel, solamente se permite el acceso a los más selectos informantes o funcionarios.
En el caso de las instalaciones del hotel de la glorieta del Ángel de la Independencia, de los funcionarios entrevistados sólo algunos reconocieron haber ingresado al sitio: un piso completo que a simple vista parece una zona de suites, al cual solamente se accede con una llave por el elevador. Las fuentes detallaron que dentro de las instalaciones, las cuales son vigiladas por agentes estadunidenses, hay equipos de cómputo, vigilancia e intercepción telefónica, y en el lugar se reciben y envían de manera electrónica los cables sensibles de las operaciones en territorio mexicano.
La contratación
de agentes y funcionarios mexicanos no es una situación reciente, pero ahora es más visible porque en algunos casos se ostentan como colaboradores; inclusive llegan a presumir que ahora tienen horarios más cortos y se enfocan a casos concretos
, dijeron los entrevistados.
Asimismo, indicaron que en una reunión de alto nivel, funcionarios mexicanos reclamaron abiertamente a los representantes de agencias estadunidenses que en zonas como Baja California, Chihuahua y Tamaulipas, los agentes federales trabajaran para ellos y no cumplieran con sus responsabilidades, y se pidió que no los cooptaran, pero la situación ha continuado
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En ese contexto, aunque los agentes estadunidenses no suman más de 200 en todo el país, las autoridades mexicanas no conocen el número de informantes que han contratado, ya que inclusive se ha detectado que algunos que fueron detenidos como delincuentes colaboraban con alguna agencia, sobre todo en la frontera norte.
En agosto pasado, La Jornada informó que hay funcionarios locales que participan en las investigaciones y en el intercambio de información, además de que realizan labores de inteligencia, pero que son sometidos a exámenes de confianza por los estadunidenses, cuya evaluación incluye aplicaciones en el iris de los sustentantes, que se considera un sistema más barato, eficiente, confiable y rápido que el polígrafo tradicional.
Asimismo, que cuando las agencias estadunidenses quieren una captura o una incautación de alto impacto en México, las autoridades nacionales son informadas de los vínculos del presunto criminal, sus números telefónicos, los domicilios a que acude, como ocurrió en el caso de Arturo Beltrán Leyva, abatido por elementos de la Secretaría de Marina el 15 de diciembre de 2009
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Una muestra pública reciente de la operación de estas agencias en territorio nacional –indicaron los entrevistados– fue lo sucedido en San Luis Potosí en febrero de este año, cuando el agente Jaime Zapata, de ICE, fue asesinado por integrantes de Los Zetas, luego de sostener una reunión con uno de sus informantes.
Editorial La Jornada
no se ha descartado que funcionarios en activo también estén trabajando para los estadunidenses, en combinación con sus ex compañeros.
Ciertamente, no cabe llamarse a sorpresa por la creciente injerencia política, policial, militar y de inteligencia de Washington en nuestro país –y la aceptación de ella por el gobierno federal mexicano–, pues desde hace meses ha sido documentada de diversas formas: desde la operación en territorio nacional de aviones no tripulados del Pentágono, hasta la incursión reciente de militares estadunidenses en Matamoros –donde al parecer sostuvieron una reunión con mandos castrenses mexicanos–, pasando por la operación de agentes antinarcóticos en el país y las presiones ejercidas por legisladores estadunidenses para tratar el fenómeno del narcotráfico como una insurgencia terrorista
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Sin embargo, si algo se confirma a partir de la información referida es el enorme grado de vulnerabilidad en que se encuentra México frente al vecino del norte, habida cuenta de que las instituciones encargadas de salvaguardar la seguridad y soberanía nacionales están, según puede verse, infiltradas no sólo por las organizaciones delictivas, sino también, presumiblemente, por un gobierno extranjero.
Si la presencia de agentes foráneos en el país representa un grave riesgo para éste y su población –recuérdese, por ejemplo, la cadena de atropellos y humillaciones que derivó del asesinato, en México, del efectivo encubierto de la DEA Enrique Kiki Camarena, a mediados de los 80–, la contratación de funcionarios y ex funcionarios nacionales como informantes
de agencias estadunidenses no es menos peligrosa, pues refleja una virtual anulación del gobierno mexicano frente al de Washington.
Por añadidura, el hecho de que ese gobierno esté en posibilidad de acceder, vía sus subordinados mexicanos, a información y trato privilegiados en materia de seguridad nacional es doblemente preocupante: por un lado, porque a lo largo de la historia la principal amenaza a la seguridad y la soberanía nacionales ha provenido, precisamente, de Estados Unidos, y porque a últimas fechas ha quedado de manifiesto la doble moral de Washington al ofrecer, con una mano, su asistencia en el combate a las organizaciones delictivas, y al desempeñarse, con la otra, como cómplice de éstas, ya sea abasteciéndolas de armas o facilitando e incluso practicando el lavado masivo de dinero en entidades financieras.
Ante la información revelada en estas páginas, es menester que las autoridades mexicanas esclarezcan una situación que es a todas luces irregular y peligrosa, y hagan algo para evitar que funcionarios y ex funcionarios públicos sirvan a un régimen foráneo que, para colmo, se ha desempeñado como un aliado poco confiable y como un potenciador de la violencia que azota el país y del desmoronamiento de su paz pública.
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Legisladores citarán a Morales, García Luna y Poiré por funcionarios ligados a la DEA
La fracción del PRD en la Comisión Permanente alista un punto de acuerdo para llamar a comparecer a los titulares de la Segob, la PGR y la SSP federal para que expliquen la presunta colaboración de, al menos, 80 ex funcionarios mexicanos con la DEA y otras dependencias estadunidenses. El diputado perredista José Luis Jaime Correa consideró que dicha colaboración “vulnera la soberanía nacional”, por lo que Alejandro Poiré, Genaro García Luna y Maricela Morales deben explicar dichos señalamientos. Además, dijo, no se descarta que funcionarios en activo también estén trabajando para los estadounidenses en combinación con sus ex compañerosMéxico, 18 Dic. (Notimex y EFE).- La fracción del PRD en la Comisión Permanente alista un punto de acuerdo para llamar a comparecer a los titulares de la Segob, la PGR y la SSP federal para que expliquen la presunta colaboración de ex funcionarios mexicanos con la DEA y otras dependencias estadunidenses.
Este día, trascendió en medios de comunicación la presunta colaboración de “al menos 80 ex funcionarios” de las secretarías de Gobernación (Segob), Seguridad Pública (SSP) federal y de Procuraduría General de la República (PGR) con la Oficina contra las drogas de Estados Unidos (DEA) y otras dependencias.
En ese sentido, el diputado perredista José Luis Jaime Correa, consideró que dicha colaboración “vulnera la soberanía nacional” por lo que los titulares de la Segob, Alejandro Poiré, de la SSP federal, Genaro García Luna y la procuradora, Maricela Morales, deben explicar dichos señalamientos.
Por ello, adelantó que el próximo miércoles, en la primera sesión de la Comisión Permanente, el Partido de la Revolución Democrática (PRD) pedirá la comparecencia de los tres funcionarios ante la Segunda Comisión de la Permanente.
“Al menos 80 ex funcionarios mexicanos y probablemente algunos funcionarios activos, estén colaborando con la DEA, las agencias de Alcohol, Tabaco y Armas de Fuego (ATF) y del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) es una situación que pone en alta vulnerabilidad la soberanía de México”, estimó.
Los agentes espían, recopilan información y dan seguimiento a los temas y casos de su interés, informaron las fuentes anónimas.
Además, no se descarta que funcionarios en activo también estén trabajando para los estadounidenses en combinación con sus excompañeros.
Esto último está siendo investigado dentro de la averiguación previa en la que se indaga si la DEA ha lavado dinero de grupos criminales mexicanos en territorio nacional sin conocimiento de las autoridades del país.
Los exservidores públicos y ahora informantes estadounidenses actúan como si se tratara de funcionarios consulares, ya que una de sus bases está ubicada en la embajada estadounidense.
Las otras oficinas están en el paseo de la Reforma y otra en un piso de un hotel en la glorieta del Ángel de la Independencia.
Los entrevistados señalaron que los ahora servidores de DEA, ICE y ATF han sido detectados en instalaciones como el Centro de Mando de la Policía Federal o el Centro de Investigación y Seguridad Nacional.
De acuerdo con la información obtenida, las agencias han ofrecido empleo para informadores en áreas como la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada (Siedo), instancia de la PGR que tiene bajo su responsabilidad las investigaciones más sensibles en materia de crimen organizado.
Aunque los agentes estadounidenses no suman más de 200 en todo el país, las autoridades mexicanas no conocen el número de informantes que ha contratado su par de EE.UU., ya que inclusive se ha detectado que algunos que fueron detenidos como delincuentes colaboraban con alguna agencia, sobre todo en la frontera norte.
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