Entre 2009 y 2012 fueron halladas sin vida nueve mujeres en el Complejo penitenciario IV, antes Unidad 3, de la ciudad de Ezeiza. No hubo funcionarias/os que dieran cuenta ni se responsabilizaran por esas muertes. Esta semana, sin embargo, ante la fuga de 13 presos varones de la misma institución de encierro, renunció el jefe del Servicio Penitenciario. ¿Están presas de la visibilidad las mujeres encarceladas?
COMUNICAR IGUALDAD- Puesta a analizar desde un enfoque
de género la coyuntura surgida de la renuncia del director del Servicio
Penitenciario Federal, Víctor Hortel, en medio de la mediatización de
la fuga de trece presos varones del Complejo de Máxima Seguridad I de
Ezeiza y de la reasignación de Alejandro Marambio -criticado por
organismos de derechos humanos por su desempeño al frente de la
institución entre 2007 y 2011-, el resultado es que las instituciones
de encierro necesitan una urgente democratización.
La violencia es simbólicamente mayor cuando es ejercida por las
instituciones. ¿Por qué no pensar entonces que la invisibilización
hacia las mujeres es muchísimo más potente cuando hablamos de aquellas
que se encuentran privadas de su libertad? El enfoque de género
aplicado al sistema carcelario podría ser una herramienta eficaz que
amplíe y diversifique la concepción vigente de derechos humanos y
proponga un ámbito no tan recorrido por donde transitar hacia un estado
cada vez más democrático.
Entre 2009 y 2012 fueron
halladas sin vida nueve mujeres en el Complejo penitenciario IV, antes
Unidad 3, de la ciudad de Ezeiza. Seis de ellas fueron “colgadas”, dos
asfixiadas y de una no se conocen detalles de su muerte. Porque de
ellas poco se sabe y por ellas pocos/as reclaman. A veces son una
nómina; con suerte y en el mejor de los casos, son historias y
subjetividades para quienes buscamos verdadera justicia.
El 23 de diciembre de 2012, fue Florencia Cuellar quien apareció colgada en el baño del Pabellón 21. El 28 de agosto del mismo año, fueron asesinadas María Laura Acosta y Cecilia Hidalgo,
apuñalada, ahorcada y degollada la primera y asfixiada en su cama la
segunda. María Laura esperaba para salir en libertad y era madre de un
hijo a quién sostenía económicamente. Cecilia por su parte ayudaba a la
manutención de sus sobrinos.
El 3 de febrero también de 2012, Yanina Hernández Painnenfil apareció “suicidada” según los informes oficiales, al igual que Ema Alé, de quien poco se sabe acerca de la fecha y las circunstancias de su muerte.
En 2011, el 1 de julio, Vanesa García Ordoñez de 23 años apareció también colgada dejando solos a 3 hijos, mientras que ocho meses antes, el 8 de noviembre de 2010, Noelia Randone, participante del Taller de Periodismo y Expresión que se daba en esa cárcel también aparece sin vida.
El 27 de noviembre de 2009, Romina Leota fue
encontrada en su celda luego de que las agentes penitenciarias le
negaran el acceso al pabellón donde sus compañeras estaban tomando mate
y el 21 de febrero, Silvia Nicodemo
de solo 21 años fue encontrada por sus compañeras de pabellón colgando
del techo de su celda luego de pasar más de veinte días en ‘los tubos’
o celdas de castigo.
En una semana en la que mujeres víctimas del terrorismo de estado
comenzaron a declarar en el mega juicio por crímenes de lesa humanidad
testificando sobre los delitos sexuales cometidos en los centros
clandestinos de detención; en una semana en la que el secretario de
Derechos Humanos de la Nación , Martín Fresneda, presentó ante la Corte provincial cordobesa un amicus curiae
para resolver el traslado de una persona detenida transexual que estaba
en un pabellón de varones; en una semana en la que agrupaciones
sociales y políticas acompañan el juicio por la detención arbitraria de
la activista Yhajaira Falcón y en la que se denuncian las torturas y
discriminaciones a la comunidad lgtbi en las unidades penitenciarias, la muerte de estas nueve (y otras tantas) mujeres sigue siendo un silencio que aturde. ¿Por ellas nadie reclama?
El enfoque de género en el sistema carcelario permite visibilizar
las opresiones, discriminaciones y situaciones de vulnerabilidad de las
mujeres privadas de su libertad, lo que conlleva reconocer formas y
modalidades de violencias especificas; trabajar en políticas públicas
integrales para la erradicación de la violencia que se ejerce desde las
instituciones; prevenir la “suma de los abusos”, situaciones en la que
las mujeres llegan al encierro siendo víctimas de reiteradas formas de
violencias, exclusión y pobreza; avanzar en la democratización de la
justicia garantizando los accesos a las mujeres pobres a adecuados
patrocinios jurídicos gratuitos y en la desmilitarización de la
institución penitenciaria; y finalmente, poner en discusión el “mito de
la resocialización”, ya que, si las cárceles constituyen espacios de
hacinamiento y tortura psicológica y física sistemática en un estado
democrático, lejos de ”resocializar” se perpetuán las arbitrariedades
del “afuera” muros adentro, situaciones que constituyen violaciones a
los derechos humanos.
Sin dudas, el debate deber ser serio porque son vidas de mujeres,
niñas, niños y familias todas las que se truncan. Se debe avanzar en
las investigaciones para el esclarecimiento de estos (y tantos otros)
crímenes y no deberíamos permitir como sociedad que un alto mando
renuncie sin aportar datos a las causas abiertas por las muertes
dudosas en la cárcel de Ezeiza. ¿Por qué una fuga se lleva el puesto
del director de la institución y nueve probables asesinatos de mujeres
no?
Versiones del patriarcado organizado, del Estado que invisibiliza y de la sociedad que naturaliza. ¿Por ellas nadie reclama? Quizá llegó la hora de hacerlo…
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