México: Gobierno faccioso

Gerardo Fernández Casanova
 (especial para ARGENPRESS.info)

Confieso que los primeros actos de gobierno de Peña Nieto me hicieron suponer que podría ser exitoso; se notaba oficio político y capacidad administrativa; el propio Pacto por México apuntaba a un esquema de negociación susceptible de ser ampliado y eficaz; el procesamiento a la Gordillo también ofrecía una expectativa de depuración; el discurso contra los poderes fácticos me interesó y hasta lo creí; por mi parte le otorgué el beneficio de la duda. Demasiado rápido se fue desdibujando la imagen inaugural para el mayor infortunio del país. La terca realidad volvió por sus fueros caracterizando al régimen como inepto, represor, entreguista, mentiroso y extremadamente tramposo.

La condición de inepto queda de manifiesto, entre otras cosas, por la debacle en que ha caído la economía, mucho más allá de lo que pudiera atribuirse a la desaceleración mundial, cuando en respuesta a esta última lo procedente es disparar los motores internos, el gobierno dispone la restricción del gasto público con lo que paraliza la actividad productiva. En su ineptitud argumenta un ajuste de los programas de inversión propio del inicio de la administración, lo que confirma ineptitud. A menos que, como sospechan algunos estudiosos, más que ineptitud se trate de perversidad provocando la recesión para obligar la aceptación de sus nefastas reformas estructurales.

La condición represora, que forma parte del ADN priísta, se advirtió desde el 1 de diciembre en la toma de posesión, empleando grupos de choque infiltrados para provocar y justificar el uso de los toletes contra manifestantes pacíficos; lanzando a la jauría de opinadores a sueldo para desprestigiar las protestas y hacer que la opinión pública demande la mano dura, y aplicando el “estado de derecho” a su conveniencia. El régimen maniobra para forzar a que sea el Gobierno del DF quien aplique la represión para provocar su desprestigio, sea porque reprime o porque deja de hacerlo. Para el régimen la represión es ingrediente indispensable en su estrategia política, sabedor del rechazo social a sus proyectos de entrega de la economía a los extranjeros.

El carácter entreguista ha quedado patente en todo su planteamiento político y económico, comenzando por la reforma en materia de telecomunicaciones que abre el sector a empresas de capital 100% foráneo, dizque que para que haya competencia. La perla se la lleva la iniciativa de reforma en materia energética, en la que lo que se propone es abrir el conjunto de la actividad productiva, actualmente en manos exclusivas del estado, a la inversión de particulares que necesariamente serán extranjeros. No se diga de la sumisa actitud de la diplomacia mexicana ante los atropellos de la potencia vecina, incapaz de exigir el debido respeto a la dignidad nacional.

El gobierno de Peña Nieto es mentiroso y tramposo. ¡Qué grave! Despliega una nefasta y onerosa campaña de propaganda para tratar de convencer al público de la bondad de sus puñaladas, sea en materia de educación como, especialmente, en lo que se refiere a su proyecto energético, a base de mentiras como aquella de que bajarán los precios de la gasolina y de la electricidad, o de que se generarán millones de empleos. Es tramposo desde el origen que se hizo de la presidencia a base de comprar los votos, pero se regodeó en la trampa tendida a los maestros disidentes, a quienes mantuvo con la zanahoria de la realización de foros de análisis y propuesta, con la falsa promesa de que sus recomendaciones serían atendidas en la elaboración de las leyes secundarias y que, en el colmo, convocó a reunión negociadora al mismo tiempo que, sorpresivamente, se aprobaban las leyes en la Cámara de Diputados. Fue un escupitajo en la cara de los docentes; una verdadera puñalada por la espalda.

Un triunfo en lo inmediato con tremendo costo para el país: la absoluta pérdida de la capacidad de interlocución del gobierno y la instauración obligada de la ley de la selva. La vigencia del estado descansa sobre la base de un mínimo de confianza entre las partes para procesar los conflictos y las diferencias; rota ésta, el estado pierde la razón de ser y el derecho su valor de respeto, al igual que las instituciones democráticas. La toma de las calles, la autodefensa y la resistencia civil toman obligadamente carta de naturalidad. Sólo el pueblo podrá salvar al pueblo y a la Nación.