DERECHOS HUMANOS
Es zona de riesgo ante militarización e impunidad delictiva
Por: la Redacción
Cimacnoticias | México, DF.- Organizaciones del estado de Chihuahua pertenecientes a la Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos “Todos los Derechos para Todas y Todos” (Red TDTT), exigieron reconocimiento y protección para las y los defensores de Derechos Humanos (DH) en esa entidad, ante los riesgos que afrontan al realizar su labor.
Las organizaciones Chihuahua Bowerasa “Haciendo Camino”, el Centro de Derechos Humanos de las Mujeres (Cedehm), el Centro de Derechos Humanos Paso del Norte, y la Comisión de Solidaridad y Defensa de los Derechos Humanos (Cosyddhac), presentaron en Ciudad Juárez la campaña “Defendamos la esperanza”.
Las agrupaciones refirieron que el contexto en el que realizan su trabajo está caracterizado por altos índices de violencia e inseguridad, militarización de la seguridad pública, casos de feminicidio, detenciones arbitrarias, tortura, desapariciones, e impunidad en las investigaciones.
En el evento “La defensa de los Derechos Humanos en Chihuahua”, activistas dieron a conocer el acompañamiento a las víctimas de violaciones a los DH, así como casos que actualmente promueven.
Luz Estela Castro, directora del Cedehm, denunció la impunidad en el caso de desaparición forzada de la familia Alvarado que presuntamente, por testimonio de José Ángel Alvarado, a su hijo José Ángel Alvarado Herrera y a su sobrina Nitzia Paola Alvarado Espinoza se los llevaron los militares luego de golpearlos el 29 de diciembre de 2009, en el ejido Benito Juárez en Chihuahua.
Asimismo, Diana Morales detalló la labor que el Centro de Derechos Humanos Paso del Norte realiza en la defensa y acompañamiento de víctimas de tortura y detención arbitraria, como el caso de Rafael Amaya, torturado e inculpado por delitos que no cometió.
La Red TDTT refirió que en lo que va del año hay 15 casos de agresiones contra personas defensoras de los DH, entre ellos tres asesinatos. Señaló como mayores zonas de riesgo para esta labor a los estados de Oaxaca, Guerrero, Chiapas y Chihuahua.
Ante este panorama, las y los activistas urgieron a las autoridades a tomar acciones para frenar la difamación y descalificación hacia su trabajo.
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