Jenaro Villamil
MÉXICO,
D.F. (apro).- Cuatro temas quedaron como “insalvables” o encorchetados
en las negociaciones entre el PRI, PAN y PRD sobre la reforma
político-electoral realizadas durante estos dos meses: El modelo de
comunicación política, el financiamiento privado, las candidaturas
comunes y los alcances de las funciones del Instituto Nacional
Electoral en relación con los institutos estatales.
Bastante se
avanzó en las negociaciones. Iniciaron con cerca de 30 temas de
desencuentro, luego llegaron a 16 muy álgidos. El asunto del prorrateo
de los gastos de campaña, una de las diferencias más importantes, se
resolvió entre la madrugada del domingo 11 y el lunes 12 de mayo.
Este
martes 13 las comisiones unidas decidieron aprobar, en lo general, el
dictamen acordado por los negociadores y que el pleno del Senado
resolviera las diferencias. Además, la Comisión Permanente convocó a un
periodo extraordinario para este miércoles 14 y se espera que, a más
tardar, el 16 de mayo deben ser discutidas y votadas en la Cámara de
Diputados y el Senado las cuatro leyes secundarias.
Los
“corchetes” no son asuntos menores. Están en la esencia de la
imposibilidad de tener una reforma político-electoral definitiva que
deje de pensar sólo en los términos de la partidocracia y decida pensar
en los ciudadanos.
También definirá los alcances de un modelo
centralizado de organización electoral que provocó la desaparición del
IFE para dar paso a un órgano híbrido que es el INE.
Y, en tercer
lugar, el PAN insistió en incrementar el financiamiento privado para
que rebasara el tope de gastos que representaba el 10% y llegara al
25%. Este tema aún falta analizarlo en todas sus consecuencias para un
país donde las donaciones de personas físicas se pueden convertir en
una fórmula de chantaje y de opacidad enorme.
Modelo de Comunicación Política
El
senador Javier Corral es uno de los legisladores que más ha insistido
en este punto. El panista fue el único que se abstuvo en la votación de
la Comisión Permanente y argumentó que aún existen serias deficiencias
en los artículos del 159 al 186 dentro de la Ley General de Procesos
Electorales.
Lo que se apruebe en este punto definirá las
relaciones entre cuatro partes importantes de la ecuación: Los medios
de comunicación y la información que manejan en el proceso electoral,
los partidos políticos y sus candidatos, los ciudadanos que son las
audiencias receptoras de esos mensajes y las autoridades
gubernamentales.
En el proyecto de dictamen se vuelve a caer en
un vicio que tanta animadversión le ha creado a los partidos políticos:
La excesiva partidocracia que ignora o limita a los candidatos independientes, figura que ya ha sido aceptada en la reforma constitucional.
a)
Se debe establecer que los candidatos independientes tendrán derecho de
“acceso a las prerrogativas para las campañas”, incluyendo el acceso a
los medios de comunicación electrónica, sin necesidad de comprar ni
adquirir estos espacios.
b) En el proyecto de dictamen también es
indispensable “prohibir la transmisión de publicidad o propaganda
presentada como información periodística o noticiosa”. Pero también es
necesario prohibir la transmisión de la misma publicidad o propaganda
en los programas de entretenimiento.
c) Hemos visto, desde el
ascenso de Enrique Peña Nieto al poder, que el uso y abuso de los
infomerciales o de la inserción de menciones pagadas en programas de
variedades y de espectáculos se convirtió en un modelo de despilfarro
de recursos públicos y una sospechosa fórmula para mantener una doble
contabilidad, sin que los organismos electorales puedan ejercer una
fiscalización puntual y precisa.
El modelo Peña Nieto –impune
hasta ahora porque nunca fue sancionado ni él ni el PRI- ha sido
replicado y repetido por todos aquellos gobernadores, alcaldes y hasta
delegados capitalinos que pretenden promoverse como candidatos o
precandidatos. En este caso, se trata de respetar y admitir uno de los
derechos de audiencia más importantes: Diferenciar entre información,
entretenimiento y publicidad política.
d) También es necesario
subrayar la necesidad de que el INE ordene la suspensión de la difusión
de propaganda gubernamental durante las campañas en las estaciones de
radio y televisión que se vean o escuchen en el ámbito geográfico de la
elección que se celebre, incluyendo también los canales de televisión
restringida.
e) El otro punto delicado del modelo de comunicación
política es la posibilidad –siempre presente– de inducir y alentar la
guerra sucia en los mensajes de campaña, ya no sólo a través de medios
electrónicos (radio y televisión) sino de estas nuevas y dinámicas
formas de comunicación que son las redes sociales.
¿Son válidos los blog centers,
la contratación de cuentas falsas y la promoción de un lenguaje de odio
contra adversarios, comunicadores y periodistas? ¿Cómo se hará la
vigilancia y el monitoreo en estos medios? ¿De qué manera la vigilancia
respetará el derecho a la información y a la libertad de expresión de
manera irrestricta?
Éstas y otras dudas aún no están resueltas. Y
es el debate que vendrá, con toda su fuerza, en los comicios del 2015,
tanto federales como estatales.
Twitter: @JenaroVillamil
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