El
enésimo retraso en la transición de la televisión analógica a la
digital, en la cual el gobierno federal ha invertido una cantidad aún
por especificar, afectará el procedimiento y los planes de inversión de
los postores e incluso implica sospechas de índole electoral, por el
reparto de televisores de alta definición en 2015, año de elecciones
federales. No obstante, quién lo dijera, el ineficiente “apagón” puede
beneficiar al gobierno priista y a empresarios vinculados con éste y
con el actual duopolio televisivo.
MÉXICO, D.F. (Proceso).-
El pasado 29 de abril, por quinta vez en menos de dos años, el
Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) decidió posponer otros
seis meses –del 29 de mayo al 26 de noviembre de 2014– la fecha límite
para el llamado “apagón analógico” en cinco ciudades del norte:
Monterrey, Ciudad Juárez, Reynosa, Matamoros y Nuevo Laredo.
Esta
decisión afectará la viabilidad de la licitación de las dos nuevas
cadenas de televisión abierta digital y retrasará el programa de
Televisión Digital Terrestre (TDT) que incluye la devolución de los
“canales espejo”, los cuales el Estado le entregó a Televisa y TV
Azteca desde 2004.
Por lo tanto, la medida beneficia a estas dos
empresas, que tienen un “alto nivel de concentración”. Según el propio
IFT, el duopolio posee 95% de las concesiones, 96% de las audiencias y
99% de los ingresos por publicidad.
En su comunicado el IFT
argumentó que la nueva prórroga se debe a que la penetración de la TDT
en estas plazas es menor a 90%. Pero el informe que sustentó la
decisión indica algo peor: en cuatro de esas ciudades la cobertura
digital es menor a 30%, sólo en Ciudad Juárez llega a 43%.
De
acuerdo con la Unidad de Sistemas de Radio y Televisión del IFT, en
Monterrey sólo 30% de los telehogares tiene acceso a la señal digital,
en Nuevo Laredo, 22%; en Reynosa, 27% y en Matamoros, 23%.
“De
acuerdo con lo previsto, si un mes antes del apagón analógico en una
localidad no se ha alcanzado un nivel de penetración de 90% de la TDT,
se deberá ajustar la fecha para realizar la terminación de
transmisiones analógicas en esa ciudad”, argumentó el IFT.
Esta
baja penetración se considera un error grave en el diseño y ejercicio
de la política de TDT, producto de la decisión de sustituir el programa
de trabajo de la extinta Comisión Federal de Telecomunicaciones
(Cofetel), de abandonar el reparto de decodificadores para otorgar
televisores digitales de alta definición y dejarle esta responsabilidad
a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) en lugar de al
IFT (Proceso 1947).
Mony de Swaan, expresidente de la Cofetel y
quien se opuso a sustituir el trabajo diseñado en este órgano
regulador, critica que en ocho meses bajo el nuevo esquema de trabajo y
con el “modelo SCT”, no se ha operado el “apagón analógico” en ninguna
ciudad: “Ahora tienen más recursos, decidieron repartir televisores en
lugar de decodificadores, hicieron a un lado la experiencia previa en
Tijuana y aún no han cumplido con ninguna de las cinco ciudades
restantes”.
Consultado por Proceso, De Swaan considera que el
retraso afectará todo el proyecto de licitación de las dos nuevas
cadenas de televisión digital terrestre, el reparto de televisiones
licitado por la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, y en la
liberación de la banda 700 Mhz.
“Aplazar TDT genera incertidumbre
en la licitación de las dos nuevas cadenas, pone en riesgo el modelo de
negocio en la red abierta de 700 Mhz que debe liberarse con la
devolución de los canales espejo que les fueron otorgados a Televisa y
TV Azteca, y limita la pluralidad en los contenidos televisivos”,
argumenta De Swaan.
“De haberse quedado la política de TDT en el
IFT –abunda–, en mayo se encenderían digitalmente cinco ciudades. Ahora
el plazo se prolonga hasta noviembre y en 2015 la Secretaría de
Desarrollo Social y la SCT estarán repartiendo televisores en año de
elecciones federales.”
El excomisionado recuerda que en 2011,
cuando la Cofetel quiso impulsar el apagón analógico en el Estado de
México, el PRI se opuso argumentando que era una “estrategia
electorera” del gobierno panista de Felipe Calderón en plena campaña.
Ahora “resulta que ellos (los priistas) repartirán televisores”,
comenta.
El mismo día que IFT decidió posponer el “apagón”, la
SCT reiteró en otro comunicado que este mes “iniciará la prueba piloto
de entrega de televisores digitales a la población beneficiaria en los
siguientes municipios: Nuevo Laredo, Reynosa, Matamoros, Valle Hermoso,
Río Bravo, Gustavo Díaz Ordaz, Miguel Alemán, Camargo, Méndez, Nueva
Ciudad Guerrero, Ciudad Mier y San Fernando (Tamaulipas), así como en
Anáhuac, Doctor Coss, China y General Bravo (Nuevo León) y en Hidalgo
(Coahuila).
La dependencia no aclaró qué pasará en Ciudad Juárez
y Monterrey, pero reiteró que este año adquirió 120 mil televisores
digitales para entregarlos “en las siguientes etapas del programa”.
El
costo de adquirir y repartir televisores digitales en lugar de
decodificadores aún no está claro. La SCT primero informó que serían 19
mil millones de pesos, pero el subsecretario Ignacio Peralta calculó
el 28 de febrero que el monto sería de 26 mil millones de pesos; sin
embargo aún no se informa cuánto costarán las antenas exteriores, las
visitas domiciliarias y la instalación.
Según la SCT, el padrón
de beneficiados de la Sedesol en las comunidades de Tamaulipas, Nuevo
León y Coahuila, donde se repartirán televisores en mayo, es de 107 mil
personas. Pero nadie ha aclarado cómo se garantizará que no se
entreguen miles de televisores con criterios electorales, dada la
coincidencia de la distribución de aparatos con los comicios federales
de 2015.
Impacto por el retraso
Desde que dio a
conocer el Programa de Licitación y Adjudicación de los 246 canales de
televisión abierta digital que configurarían dos cadenas de 123
frecuencias cada una, el IFT advirtió la importancia de la política de
TDT para el avance de la futura competencia.
“Resulta conveniente
señalar que nuestro país se encuentra en proceso de transición a la
televisión digital terrestre desde el 2004, con el objeto de que la
población cuente con los beneficios de esta tecnología, así como una
mayor calidad de las señales transmitidas. Este esfuerzo de transición
tecnológica concluirá el 31 de diciembre de 2015, en términos de lo
dispuesto por el artículo quinto transitorio del Decreto de Reforma
Constitucional”, asentó el instituto en su acuerdo del 17 de diciembre
de 2013.
“Una vez que se ejecute la transición a la televisión
digital terrestre, se generarán oportunidades para replanificar
progresivamente el espectro radioeléctrico, a efecto de comprimirlo
hacia las bandas bajas de UHF por debajo del canal 37, por lo que la
política de TDT establece que los canales deberán asignarse,
preferentemente, entre el 7 y el 36”, agregó el IFT.
La
viabilidad de los dos nuevos competidores del duopolio depende de que
se cumplan los plazos del apagón analógico. El pasado 16 de abril, al
dar a conocer el valor mínimo de referencia para los interesados en
participar en la licitación de las dos cadenas, el IFT también
pronosticó que cada uno de ellos hasta el quinto año tendría 8.5% del
mercado de la televisión abierta.
El IFT afirmó que el operador o
los concesionarios entrantes realizarían 50% de sus inversiones el
primer año, 70% en el segundo, 90% en el tercero, 95% en el cuarto y la
culminarían en el quinto año (es decir 2020, ya que el fallo se
conocerá en marzo de 2015).
A cambio de ello, en el primer año
tendrían 0% de participación del mercado, 4.25% en el segundo, 7.23% en
el tercero, 8.08% en el cuarto y 8.5% a partir del cuarto año y hasta
el término de la vigencia de cada concesión, que es de 20 años.
La
especialista Irene Levy considera que el monto fijado por el IFT para
cubrir el valor mínimo de referencia, de 830 millones de pesos por cada
cadena, es apenas una parte de lo que invertirán, ya que el costo mayor
lo exigirá el despliegue de infraestructura, así como la producción y
compra de contenidos.
“¿Cuáles serán los números si el apagón se
retrasa a 2017, como pretende la iniciativa de ley secundaria que hoy
se discute en el Senado?”, preguntó Levy, presidenta de Observatel, en
su columna del 21 de abril en el diario El Universal, en referencia a
un polémico artículo transitorio de la iniciativa del Ejecutivo federal
que todavía está atorada en el Senado.
Especialistas consultados
por Proceso señalan que dicho costo podría elevarse entre 350 y 400
millones de dólares a fin de tener la infraestructura necesaria para
operar una cadena de televisión, a lo cual se deben sumar entre 10 y 15
millones por la producción de contenidos.
En 1993, en la última
licitación de las frecuencias que conformaban las cadenas del Canal 7 y
el Canal 13, TV Azteca de Ricardo Salinas Pliego pagó 464 millones de
dólares y le costó más de 10 años tener un porcentaje similar del
mercado hasta alcanzar el 30% actual.
En 2006 el empresario
Olegario Vázquez Raña adquirió el Canal 28, que detentaba sin explotar
el empresario bajacaliforniano Raúl Aréchiga, de Aerocalifornia. Pagó
alrededor de 126 millones de dólares por la concesión y el canal tiene
un impacto mínimo en el Valle de México.
Los grupos de interés
Desde
que la Cofetel dio a conocer el proyecto de licitación de dos nuevas
cadenas de televisión abierta, en enero de 2011 (Proceso 1784), se ha
mencionado un mínimo de cinco y un máximo de 10 posibles postores.
Entre
los más mencionados figuran Carlos Slim y América Móvil (que no podrá
participar hasta que se cumpla un mínimo de dos años sin tener acceso a
servicios de audio y televisión); Joaquín Vargas, de MVS, que ha
declinado participar en este proceso; Alejandro Burillo, exejecutivo de
Televisa y dueño del Grupo Pegaso; a la familia Saba, que en 2006 buscó
asociarse con Telemundo para licitar una tercera cadena, entonces
frustrada.
De igual forma, se ha nombrado como posible
participante al Grupo Fórmula, de Rogerio Azcárraga, decano en la
radiodifusión; al Grupo Radio Centro, de Francisco Aguirre, el único
que públicamente ha mostrado su interés en las dos nuevas cadenas; al
Grupo Imagen Multimedia, de Olegario Vázquez Raña; al Grupo
Multimedios, del regiomontano Francisco González; a El Universal, de
Juan Francisco Ealy Ortiz, que ha buscado asociaciones desde 2006; y a
Megacable, del cablero Enrique Yamuni.
El más firme postor de ese
grupo es Olegario Vázquez Raña, propietario de la cadena radiofónica
Grupo Imagen desde 2003 y dueño de Excélsior y de Canal 28 desde 2006,
último año de gobierno de Vicente Fox, con quien mantuvo una clara
cercanía, También es accionista del grupo financiero Multiva, y su
fortuna incluye una cadena de hospitales privados y la hotelera Camino
Real.
Vázquez Raña ha sostenido una relación cordial con Televisa
y TV Azteca, ya que depende de ambas para que sus contenidos se
retransmitan en las señales de televisión restringida que domina el
consorcio de Azcárraga Jean (Cablevisión, Cablemás, TVI y Sky) y tiene
negocios con Salinas Pliego. Este año iniciaron las transmisiones de
Excélsior TV, canal restringido que imita el modelo de información
durante 24 horas como el de Milenio TV y Telefórmula.
Sin
embargo, para distintos especialistas consultados, los más probables
postores son dos empresarios jóvenes, vinculados con alguna de las dos
grandes empresas televisivas (Televisa y TV Azteca) y cercanos al
círculo de poder de Los Pinos: Luis Ernesto Maccise Uribe y Manuel
Arroyo.
El mexiquense Maccise Uribe es socio fundador de
Telecapital, director ejecutivo de Grupo Mac Multimedia y socio del
Grupo Televisa en Genoma Lab, el emporio farmacéutico de “productos
milagro” y suplementos alimenticios, en cuyo consejo de administración
participa como miembro independiente desde 2012.
La cercanía de
la familia Maccise con los grupos de poder político del Estado de
México se remonta a los tiempos del patriarca de la familia, Anuar
Maccise Dib, quien fundó el periódico Estadio en 1976 y se convirtió en
un poderoso contratista del gobierno mexiquense.
Maccise Uribe
fue compañero de aventuras y de escuela de Luis Enrique Miranda Nava,
actual subsecretario de Gobernación y uno de los hombres más cercanos a
Enrique Peña Nieto. Ambos formaron parte del núcleo conocido como los
Golden Boys en el gabinete estatal de Arturo Montiel.
El gran
salto empresarial de Grupo Mac Multimedia coincidió con el sexenio de
Montiel. En esa época la familia Maccise adquirió decenas de estaciones
de radio que formaron parte de Grupo Radio Capital; compraron la
revista Cambio, fundaron el periódico Rumbo de México y El Diario de
Toluca, de su propiedad, fue uno de los más beneficiados por la
publicidad gubernamental.
Durante el gobierno de Peña Nieto,
Maccise Uribe fue delegado de la Cruz Roja en el Estado de México. Y la
administración de Eruviel Ávila lo nombró presidente de la Junta de
Asistencia Privada de la entidad.
En el sexenio peñista, Maccise
comenzó a mover sus piezas para convertirse en postor de la tercera o
de la cuarta cadena de televisión. En agosto de 2013 anunció una
sociedad para “intercambio de contenidos” con el Grupo Prisa, editor de
El País y propietario de una serie de canales de televisión en España.
A
esta alianza se sumó el periódico Reporte Índigo, dirigido por Ramón
Alberto Garza, exdirector de Reforma y de El Universal. Hasta hace unos
años Garza mantuvo una sociedad con el empresario regiomontano Alfonso
Romo.
La red de relaciones e intereses de Maccise Uribe es muy
amplia; incluye a Homero Cárdenas, operador político cercano a Emilio
Gamboa Patrón, actual líder de la bancada del PRI en el Senado. Su
empresa Media Sales forma parte de Corporación Editorial Mac, editora
de Rumbo de México, Cambio y de Radio Capital.
En marzo pasado, la columna Se dice que…, del periódico mexiquense Alfa Diario, informó:
“Los
empresarios Luis y Anuar Maccise Uribe, propietarios entre otros muchos
negocios de Grupo Mac, que edita un sinfín de periódicos y revistas, de
Radio Capital con más de 20 estaciones distribuidas por todo el país, y
socios accionistas de Genoma Lab, ambos muy cercanos a los afectos del
presidente Peña y con nexos directos con Televisa y el clan Salinas,
han concluido la integración de un grupo de interés que pujará para
hacerse de una de las dos concesiones para televisión abierta que se
licitarán próximamente. Dinero tienen el suficiente, también relaciones
políticas, y el apoyo tecnológico les será aportado por gente de
Televisa y Azteca, con quienes se han reunido en infinidad de
ocasiones.”
Menos conocido que los Maccise o Vázquez Raña, el
joven empresario Manuel Arroyo –que adquirió el periódico El Financiero
y anunció un espectacular lanzamiento de su sociedad con la agencia
especializada de noticias financieras Bloomberg–, se perfila como otro
de los postores de alguna de las dos cadenas.
La cercanía de
Arroyo con el empresario Ricardo Salinas Pliego es clara. En las
páginas de El Financiero escribe el propietario de TV Azteca. A finales
de 1993, Salinas Pliego contrató los servicios de la recién creada
empresa Comtelsat, propiedad de Arroyo, para montar una antena y
transmitir un partido de basquetbol. “Ese momento fue clave para
empezar a proveer de insumos a ésta y otras televisoras, que
necesitaban equipo y refacciones que sólo se podían conseguir en Europa
y Estados Unidos”, según el testimonio de Arroyo publicado en la
revista Poder, en febrero pasado.
La noche del 25 del mismo mes,
Arroyo convocó a más de 700 personas, incluyendo al presidente Enrique
Peña Nieto, para el espectacular relanzamiento de El Financiero y su
alianza con Andrew Lack, presidente de Bloomberg Media Group, en el
museo Cárcamo de Dolores, en el Bosque de Chapultepec.
Varios
asistentes al acto relatan a Proceso que el más alegre de los
funcionarios era el secretario de Hacienda, Luis Videgaray. El
Financiero ha publicado varias exclusivas y documentos, provenientes de
la Secretaría de Hacienda y se ha convertido en uno de los medios
impresos más insistentes en el tema de la reforma de telecomunicaciones
y la licitación de las dos nuevas cadenas.
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