INTERNACIONAL
Organismos humanitarios envían carta al ministro de Justicia
Por: la Redacción
Cimacnoticias/AmecoPress | Madrid.- El anteproyecto legal, que recibió el apoyo del gobierno en diciembre de 2013, llegaría al Congreso español durante este verano para comenzar su análisis parlamentario.
En la misiva enviada el pasado viernes 9 de mayo, Alianza por la Solidaridad; el Centro de Derechos Reproductivos; European NGOs for Sexual and Reproductive Health and Rights, Population and Development (EuroNGOs); la Federación de Planificación Familiar Estatal; Human Rights Watch, y Rights International Spain, calificaron el proyecto legislativo como una “grave amenaza para la salud y los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres”.
De aprobarse los cambios propuestos en la legislación sobre aborto vigente en España, el país se apartaría de la tendencia seguida por la gran mayoría de los miembros de la Unión Europea y se expondría al rechazo de organismos de Derechos Humanos (DH) internacionales y europeos, dijeron las organizaciones firmantes.
Las normas internacionales reconocen que el acceso a abortos legales y seguros es fundamental para el disfrute y el ejercicio efectivos de los DH por parte de mujeres y jóvenes, incluido el derecho a la vida, a no ser discriminadas y a la igualdad, a la salud, a la privacidad, a decidir sobre el número de hijas e hijos y el intervalo entre los nacimientos, y a no ser objeto de trato cruel, inhumano o degradante.
Diversos órganos internacionales especializados, como la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Contra la Mujer (CEDAW, por sus siglas en inglés), y el relator especial de la ONU sobre el Derecho a la Salud, han expresado preocupación con respecto a la relación entre las leyes restrictivas en materia de aborto, los abortos inseguros y los riesgos para la vida, la salud y el bienestar de mujeres y jóvenes.
El Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha determinado que las leyes restrictivas sobre aborto pueden constituir un trato inhumano y degradante. El Tribunal ha resuelto que, en países donde el aborto es lícito, las mujeres deben tener un acceso real y efectivo a este tipo de servicios.
La legislación actualmente vigente en España, que es similar a la de la mayoría de los países europeos, establece que las mujeres y las jóvenes tienen derecho a interrumpir un embarazo hasta la semana 14 de gestación.
El anteproyecto sólo permitiría practicar abortos cuando exista un riesgo para la salud física o mental de la mujer (hasta las 22 semanas) y en casos en que el embarazo sea el resultado de un acto de violencia sexual (hasta las 12 semanas).
Esto supone la creación de serios obstáculos para acceder al aborto incluso en esas circunstancias limitadas, al exigir que dos médicos declaren que existe un riesgo para la salud física o mental de la mujer, y al obligarla a que solicite un aborto luego de un acto de violencia sexual y previa denuncia policial.
Además, quienes soliciten la interrupción voluntaria del embarazo, sea cual sea el motivo, deberán recibir asesoramiento asistencial y esperar obligatoriamente un periodo de días estipulado.
Asimismo, el anteproyecto permitiría al personal médico negarse a brindar servicios de aborto invocando la objeción de conciencia, sin que exista una adecuada reglamentación ni supervisión de estos casos para asegurar que las mujeres accedan a atención médica vital.
El gobierno español debería adoptar todas las medidas necesarias para asegurar que las mujeres y las jóvenes en España dispongan de toda la información necesaria y tengan acceso, sin obstáculos, a servicios de aborto legales y seguros en el ejercicio de sus derechos sexuales y reproductivos y otros DH, expresaron las organizaciones.
La carta en español se puede consultar en http://www.alianzaporlasolidaridad.org/wp-content/uploads/Letter-Gallardon_May-2014_ESP-final.pdf.
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