Axel Didriksson
MÉXICO,
D.F. (Proceso).- Para quienes viven de la educación, han de ser
bastante rentables las frecuentes evaluaciones que se hacen, dado que
producen, de manera copiosa y abundante, estudios, diagnósticos, censos
e instrumentos que nunca sirven para resolver la ignorancia en que se
encuentran millones de niños y jóvenes del país.
Van
décadas de evaluaciones, y ahora, en el año y medio del actual
gobierno, se ha puesto como el motivo central de la política educativa
evaluar todo el sistema. No han bastado la aplicación, año tras año, de
pruebas como EXCALE, ENLACE o PISA, ni los diagnósticos del INEE o del
reciente Censo Nacional Escolar, para que la SEP y el gobierno federal
atiendan las deplorables condiciones en las que se encuentra el sistema
educativo nacional.
En el primer Informe de la Junta de Gobierno
del “nuevo” INEE (29 de abril, 2014) vuelve a considerarse lo
deficiente de la acción de las políticas gubernamentales en el sector
y, de nueva cuenta, sus recomendaciones han sido recibidas (como las
preguntas de Alfonso Cuarón sobre la reforma energética) como ideas
inoportunas o insustanciales, cuando deberían ser asumidas de inmediato
como propias por los responsables directos de la gobernabilidad del
país para hacer algo al respecto.
Los datos que presenta el INEE
son contundentes: los avances habidos durante décadas son
verdaderamente modestos y soterrados, pero han reproducido un sistema
educativo desigual, inequitativo y excluyente. Esta condición
socialmente brutal se concentra, de acuerdo con las cifras
proporcionadas en dicho informe, en los niños de tres y cinco años y en
los jóvenes de 13 a 17, años, quienes enfrentan las inadecuaciones del
sistema para ampliar sus niveles de acceso, lograr permanecer en éste,
aprender los conocimientos básicos por cada nivel y lograr trayectorias
académicas medianamente regulares.
El incumplimiento del derecho
universal a recibir una educación buena para todos y de calidad,
debiera ser causal de obligaciones, y cuando esto no pueda asegurarse,
también tendría que derivar en sanciones legales severas. No obstante
que los funcionarios públicos no han podido garantizar este derecho,
ello no ha tenido ninguna consecuencia, como si no fuera grave,
gravísima su actuación irresponsable.
A los datos que proporciona
el INEE pueden agregarse los del informe elaborado por el Fondo de las
Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) y el Consejo Nacional de
Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval) de México,
sobre la pobreza de los niños y jóvenes. Otra evaluación más sin
sentido práctico, a pesar de ser verdaderamente estrujante: hay más
miseria, desarraigo, ignorancia y falta de educación entre niños y
jóvenes que en la población en su conjunto. Ellos son los que más la
padecen, cuando debieran ser los mejor atendidos y los más arropados y
queridos. Más de 21 millones de ellos se encuentran en situación de
pobreza, y cerca de 25% del total carece de posibilidades sociales y
educativas para salir adelante en su vida cotidiana. La mitad de todos
los menores de 17 años vive, en México, en una condición de pobreza.
Así
pues, estamos llenos de diagnósticos, cifras, evaluaciones, y se
conocen indicadores abundantes y terribles sobre las carencias de
millones de niños y jóvenes, y nada se hace. También estamos llenos de
leyes, normas y amenazas de sanciones por incumplimientos de la
Constitución, pero no por las faltas que cometen los funcionarios que
no hacen gran cosa para garantizar el fundamental derecho educativo.
Además,
llama poderosamente la atención que en el Primer Informe del INEE no
haya una sola mención sobre la situación del magisterio nacional, sus
condiciones de trabajo y desempeño, o respecto de la inequidad en el
sector. Tampoco nada sobre el sindicato magisterial oficial (el SNTE) y
su labor de zapa para que la falta de equidad educativa se haya
reproducido desde hace muchos años.
¿No es raro que, aun cuando
la SEP ha considerado (de manera equivocada) que la baja calidad del
sistema educativo está en el magisterio y que esto se resolverá con más
evaluaciones, el INEE no lo mencione como factor de incidencia ni
aparezca nunca en sus recomendaciones? ¿Para qué sirven tantas
evaluaciones que no se pronuncian sobre lo trascendental o se hacen de
la vista gorda respecto de los resultados que se obtienen, en el marco
de un tremendo conflicto nacional?
A ver quién responde sobre
este absurdo, que poco importaría si no fuera porque en medio de esa
enredadera están millones de ciudadanos que esperan acciones eficaces
desde esa realidad que viven de forma descarnada.
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