Editorial La Jornada
Diputados
de los partidos de la Revolución Democrática, del Trabajo y Movimiento
Ciudadano, así como el panista Javier Corral Jurado, informaron ayer
que en la víspera en el Senado, y como parte de la reforma política
recién aprobada en lo general, el Revolucionario Institucional y Acción
Nacional introdujeron una modificación subrepticia a la ley orgánica
del Poder Judicial de la Federación a fin de permitir que éste otorgue
pensiones vitalicias a los magistrados del Tribunal Electoral. Corral
señaló como operador específico de la trampa al consejero jurídico de
la Presidencia de la República, Humberto Castillejos.
Esta maniobra constituye una inmoralidad mayúscula, tanto en forma
como en fondo. De inicio, el grupo gobernante traicionó los acuerdos a
los que habían llegado las distintas bancadas en torno a la minuta de
la reforma político-electoral y aprovechó la urgencia de los grupos
políticos para disponer de una legislación secundaria que dé sustento a
los comicios legislativos previstos para el año entrante a fin de
colocar a la oposición ante un hecho consumado: por razones de
calendario legislativo, el rechazo de la minuta en la Cámara de
Diputados habría obligado a devolverla al Senado y se habría postergado
la discusión hasta un nuevo periodo de sesiones. De esta manera, el
sistema político consiguió la aprobación mayoritaria, en lo general, de
la minuta. Está por verse si en la discusión de las reservas los
opositores logran echar abajo el cambio, que afecta al artículo 209 de
la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación.
Las implicaciones de fondo son mucho más graves. Las elevadas
pensiones vitalicias para altos funcionarios –ex presidentes de la
República, ex ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación,
ex directores de entidades financieras del Estado, entre otros–
constituyen un agravio y una obscenidad en un entorno nacional en el
que más de 50 por ciento de la población se encuentra en situación de
pobreza y cuando millones de mexicanos se ven obligados a subsistir con
uno o dos salarios mínimos. La ofensa se ahonda si se considera que
tales pensiones premian una conducción deficiente de las instituciones
que han puesto a México en una situación de generalizado declive en lo
económico, lo social y lo político. En tales circunstancias, la
pretensión de ampliar ese beneficio abusivo y desmesurado a los
directivos de otro organismo del Estado –el Tribunal Electoral del
Poder Judicial de la Federación– ratifica la insensibilidad, la falta
de escrúpulos y la carencia de sentido republicano que caracteriza a la
alta burocracia de los tres poderes.
Por
otra parte, debe tenerse en cuenta que en el momento presente el
Tribunal Electoral aún tiene pendientes resoluciones sobre el caso
Monex, por presuntas operaciones con recursos de procedencia ilícita y
sobre las denuncias por rebase de campaña, ambos casos referidos al
entonces candidato presidencial priísta, Enrique Peña Nieto. En
palabras de los legisladores opositores, el facultar al Poder Judicial
para que sume a las altísimas prebendas de los magistrados electorales
–de por sí ganan más de cuatro millones de pesos al año– jubilaciones
millonarias no puede dejar de verse como un soborno: jugosas pensiones
vitalicias a cambio de fallos exculpatorios.
Si no es por decoro y por decencia, los integrantes de la Cámara de
Diputados, incluidos los del PRI, deberían, por mera sensatez política,
eliminar de la minuta de reforma político-electoral ese nuevo agravio
al país y pugnar por una eliminación de los privilegios injustificados,
onerosos e inmorales que gozan decenas de ex funcionarios a expensas
del dinero de todos.
No hay comentarios.:
Publicar un comentario