Conscientes de que la justicia y la reparación no vendrán del Estado, las denunciantes del operativo de 2006 decidieron auxiliar a otras sobrevivientes de esta práctica.
Carolina Bedoya Monsalve
Ciudad de México.
La tortura sexual contra las mujeres se convirtió en una eficaz arma
para amedrentar a la sociedad, afirma la activista Norma Jiménez. Por
ello, el grupo de mujeres sobrevivientes de las agresiones policiacas
en San Salvador Atenco en el año 2006 lanzó la campaña “Rompiendo el
silencio, todas juntas contra la tortura sexual”, con el objetivo de
“juntarnos y demostrar que no estamos solas, que no nos rompieron, que
podemos construir desde abajo; que nadie nos va a reparar, ni el Estado
nos dará justicia”, declara Italia Méndez.
Para las siete mujeres que denunciaron
la tortura sexual cometida en el 2006 por los policías, su camino es
ahora acompañar a más mujeres que vivieron lo mismo, que se encuentran
en camino de reconocer al Estado como victimario y que no admiten una
solución amistosa, como les sucedió a ellas mismas en el años 2013
-cuando en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en
Washington, el gobierno de Enrique Peña Nieto les ofreció una disculpa
pública como reparación.
“Nosotras seguimos en pie en búsqueda
de la justicia, la memoria y la reparación, y no nos conformamos con
una salida amistosa”, señala Méndez. Explican que la sentencia de la
Corte las hizo sentir que no estaban solas, y que tenían que buscar una
manera de devolver la solidaridad que recibieron. “Nuestro caso
condensa la solidaridad de miles de personas, y devolverla por medio de
la denuncia de otros casos es muy importante”, reafirma Italia Méndez.
“Sufrimos en carne propia la
criminalización y la estigmatización; otras dejamos de tener nombre por
años”, recuerda Méndez. Edith Rosales agrega que está campaña significa
un acompañamiento entre mujeres para seguir con las denuncias: “Sabemos
que con leyes o una política del Estado esto no va a cambiar, por eso
es importante para nosotras visibilizarlo”.
Inés Fernández Ortega, Valentina
Rosendo Cantú, Miriam López, Verónica Razo y Claudia Medina,
sobrevivientes de tortura sexual cometida por miembros de la fuerza
pública, se suman a esta campaña. “Juntas podemos compartir los
aprendizajes en este largo caminar”, considera Mariana Selvas; para
Norma Jiménez, se convirtió en una necesidad el regresar un poco de lo
aprendido.
La tortura sexual como arma del Estado
El grupo de sobrevivientes señala que
para muchas mujeres, es vergonzoso denunciar la tortura sexual, por lo
que practicarla es aún más efectivo para el Estado, sobre todo en un
contexto como el mexicano, donde la misoginia se encuentra a todos los
niveles.
“En un imaginario social rompes lo más
débil. En Atenco, nuestros compañeros fueron testigos mudos porque
todos estuvimos en la indefensión. Fuimos torturadas sexualmente encima
de ellos, y el quebrantamiento que esto trae es muy fuerte
anímicamente”, expone Méndez. “Nosotras fuimos el castigo ejemplar
porque dejaron que ellos miraran, usaron toda la violencia y lo
mostraron en la televisión para que se evidenciara así”.
Edith Rosales agrega que la tortura
sexual es una política contrainsurgente para acabar con las
resistencias sociales: “Nosotras somos una advertencia -al pueblo de
Atenco y al país- de que eso le puede pasar a cualquiera que se quiera
manifestar”.
Norma Jiménez agrega que esta
manifestación de tortura es un vehículo para transmitir miedo a las
mujeres por señalar que su cuerpo es un territorio donde pueden librar
una batalla. “En todo este andar nos dimos cuenta de que hay mucha
culpa, miedo y estigma; al final, es tu cara la que sale en los medios,
con encabezados como ‘Las violadas de Atenco’”, describe Jiménez, y
agrega que los protocolos de investigación son muy dolorosos, pues
tienen que demostrar lo que les sucedió para encontrar a un culpable.
El entramado institucional y la justicia desde abajo
El proceso de denuncia para el caso de
Atenco fue muy doloroso y desgastante, y es difícil denunciar desde
instancias estatales, recuerda Italia Méndez: “Someterme al protocolo
de Estambul es uno de los retos más fuertes por los que he pasado; es
revictimizarnos, pasar por lo mismo, recibir de vuelta las burlas. En
la oficina de la fiscal nos dijeron que fumáramos ahí porque no iba a
haber justicia, y que nos conformáramos con fumar en esa oficina. Era
como saber al final que teníamos que comernos toda la porquería que nos
ofrecían las instituciones”.
Norma Jiménez valora que la denuncia es
también una herramienta para que la gente sepa que este tipo de
prácticas las cometen los que gobiernan. “La gente pregunta sobre la
reparación y nosotras les decimos que no esperamos que nos reparen
nada, que buscamos nuestros propios medios y que eso empieza cuando
decidimos que no somos instrumentos de nadie. Nuestro cuerpo no le
pertenece a nadie y tampoco es castigo para nadie. Nos reapropiamos de
nuestra vida y de nuestro cuerpo porque nosotras marcamos para dónde
queremos ir”, abunda.
El colectivo de mujeres precisa que su
lucha no está encaminada a conseguir justicia de las instituciones. “La
justicia en México sigue siendo muy machista, por eso creo que no va la
habrá por parte de ellos”, refiere Yolanda Muñoz.
Patricia Torres define que la justicia es el proceso que cada una construyó.
Ocho años después de los actos de
tortura cometidos en Atenco, la impunidad prevalece y jamás
desaparecerá, valora Italia Méndez. “Nos ha hecho creer que todo se
resuelve a través del Estado, pero la justicia no es una cosa, ni viene
de ningún lado. Se construye, y sólo organizándonos vamos a
conseguirla”, finaliza Jiménez.
11 de mayo 2014
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