Sigue haciendo agua por donde era obvio que sucedería. La reforma educativa no está resistiendo la presión política de los intereses locales. Durante el último semestre fueron entregadas por los gobiernos estatales más de 34 mil plazas de maestro sin que para ello mediara mérito o concurso, como lo mandata la Constitución.
Las autoridades de Oaxaca, Puebla, Distrito Federal, Veracruz y ocho estados más, cedieron ante la presión política de los líderes seccionales del SNTE. A cambio de este regalo la nueva cúpula magisterial aseguró lealtades y probablemente también consolida capacidad de movilización electoral.
Simulación que desespera. La primera de las reformas, defendida con tanta energía por el presidente Enrique Peña Nieto, naufraga sin remedio. Y es que sus arquitectos traicionaron la promesa del Ejecutivo cuando —en la legislación secundaria— permitieron que cada entidad diseñara su propio sistema de profesionalización docente.
Desde la SEP se ha escuchado un discurso bien argumentado que sin embargo no ha sido capaz de conmover a la realidad. Contra lo que se dijo cuando lo nombraron, el orador de la Plaza de Santo Domingo no tiene buenas dotes de operador. Es responsable, en parte, por un pésimo diseño de la ley del servicio profesional docente; también lo es por desatender el tránsito de un sistema patrimonialista y nepótico de las plazas, hacia otro de corte meritocrático y profesionalizante.
De todos los reclamos, el más fuerte es por haber perdido el liderazgo en el aterrizaje de la reforma. Sucedió cuando sus operadores no supieron prever un mejor diseño institucional, cuando no quisieron limitar la acción política de la dirigencia del magisterio, ahora encabezada por Juan Díaz, y cuando no lograron, desde la SEP, conducir con buen rumbo los procedimientos del nuevo servicio profesional.
Un elemento más se suma al fracaso: el divorcio entre dos colaboradores clave del gobierno. No han ocultado su esterilidad los pleitos entre Aurelio Nuño —jefe de la oficina del presidente y artífice principal de la redacción constitucional de esta reforma— y Emilio Chuayffet, secretario de Educación y autor de la legislación secundaria.
Hace tiempo que Peña Nieto debió haber metido orden dentro de su gabinete y sin embargo cuestiones de personalidad, mezquindades políticas y, sobre todo, incompatibilidad de visiones, han lastimado la viabilidad de esta reforma crucial.
No sobra aclarar que detrás de esta fractura hay otra aun más delicada. La distancia entre Emilio Chuayffet y Luis Videgaray, que viene de muy atrás. Pleito de palacio que comenzó en Toluca y ha tenido más de un episodio. Por ejemplo, la absurda discusión sobre la compra de laptops o tabletas para los educandos, (en un país donde entre el 60% y el 80% de las escuelas no tienen acceso a internet), pasando por la aportación de 5 mil millones de pesos para que los maestros endeudados paguen créditos atrasados o la confección de la nómina nacional única de docentes que va a entregar mucho poder a SHCP y no a la SEP.
En más de un sentido, la reforma educativa es ejemplo del estilo de gobierno de Enrique Peña Nieto. Se trató de una idea muy buena que logró plasmarse en la Constitución. Luego vendría una ley del servicio profesional hecha con prisa y desaseo. Proyecto fallido porque sus redactores —dentro del Poder Ejecutivo— no lograron ponerse de acuerdo. En un tercer momento fracasó la operación política que se necesitaba para que el texto constitucional aterrizara con todo su imperio en los estados. Basta con revisar las reformas educativas locales para constatarlo.
Y finalmente el golpe de timón que los líderes magisteriales y las autoridades locales han dado en contra del servicio profesional, sin que nadie sea capaz de contenerlos.
Si esta reforma, la educativa, se convierte en profecía de lo que sucederá con el resto de los temas impulsados dentro del Pacto por México, más vale prepararse para lo peor.
Cabe preguntarle a Enrique Peña Nieto: ¿de qué sirven los buenos oradores cuando no son buenos operadores? Tema para responder este próximo día del maestro.
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