El
próximo 10 de mayo –fecha que ciertos heraldos del gobierno fijaron
para el desarme de los grupos de autodefensa– se decreta el fin de un
ciclo de las guardias michoacanas. Y se estrena una segunda etapa que
amenaza con inaugurar un conflicto sin fin. Este escenario corresponde
mas o menos con la predicción que se hiciera hace unos meses: a saber,
la fractura de las autodefensas y la conformación de dos grandes
bloques, que aunque heterogéneos, compartirán internamente un
posicionamiento relativamente común. Por un lado, concurrirán los que
comulguen con la iniciativa gubernamental, y por otro, los que
promuevan una desvinculación con cualquier tentativa de cooptación
estatal.
Esta bifurcación no es accidental, e incluso estuvo
prevista con anticipación. La ambivalencia corre en el ADN de estas
organizaciones. En un artículo escrito a principios de 2013, Rafael de
la Garza oportunamente explicó la singularidad de los grupos civiles
armados, y ofreció ciertas pistas para distinguir entre policías
comunitarias, autodefensas y paramilitares. La actual coyuntura invita
a recordar:
“Las policías comunitarias obedecen a las
autoridades de los pueblos y comunidades, que mantienen operando sus
propios sistemas normativos, llamados por algunos usos y costumbres. En
este sentido no son un fenómeno reciente, ya que en el sistema de
cargos de las comunidades indígenas existe la figura del guardián del
orden, quien puede detener al supuesto delincuente pero está obligado a
remitirlo a las autoridades locales, quienes a su vez los ponen a
disposición del ministerio público. No reciben un salario por sus
actividades –la comunidad les proporciona alimentos y refugio– y las
armas que utilizan normalmente son de su propiedad y no son de uso
exclusivo del ejército.
“Los grupos de autodefensa, por su
parte obtienen su legitimidad de un grupo de la comunidad y por lo
tanto no tienen la obligación a rendirle cuentas de sus acciones a los
consejos o asambleas. Al identificar una amenaza, miembros de la
comunidad deciden armarse para enfrentarla y hacer justicia según les
parezca, aunque siempre en nombre de los habitantes de su región o
localidad. El armamento utilizado puede incluir armas de alto calibre
y, en teoría no reciben un pago por su trabajo. Empero y debido a las
características mencionadas pueden ser cooptadas por los poderes
fácticos de la región donde operan, convirtiéndose así en grupos
paramilitares. Su legitimidad proviene de sí mismos y de su posición
frente a la amenaza identificada.
“Los paramilitares son lo
que comúnmente se conocen como guardias blancas –grupos de individuos
armados por los grupos de poder en la región: terratenientes,
comerciantes, autoridades y delincuencia organizada. Su legitimidad es
nula pues responde a los intereses de sus mecenas y por lo tanto sólo
les rinden cuentas a ellos. Si bien pueden estar integradas por
miembros de las comunidades de la región no titubean para atacarlas y
saquearlas si esas son las órdenes del jefe. Se les llama paramilitares
pues actúan de manera paralela a las fuerzas armadas, recibiendo de
éstas apoyo logístico, entrenamiento y armas. Su jerarquía está
claramente inspirada en el orden militar y utilizan armamento
sofisticado.
“Como se ve, las policías comunitarias son las
que están más cerca de la población, de las comunidades y pueblos, como
fuente de legitimidad. Por su parte, los paramilitares se encuentran en
el punto opuesto: su razón de ser es precisamente agredir los intereses
comunes y defender los particulares. Sólo obedecen al dinero, que es a
final de cuentas lo que los motiva a actuar. En medio se quedan las
autodefensas, quienes fácilmente pueden desplazarse a cualquiera de los
extremos en función de la coyuntura que se presente” (http://lavoznet.blogspot.mx/2013/03/policias-comunitarias-autodefensas-y.html)
Con base en este antecedente, y en respuesta a la univocidad de las
opiniones que circulaban con más entusiasmo, en enero del presente año
se publicó un artículo que llevaba por título: “Michoacán: el preámbulo
de una revolución” (http://lavoznet.blogspot.mx/2014/01/michoacan-preambulo-de-una-revolucion.html).
En cierto sentido se trató de una provocación. Pero en realidad se
buscaba rescatar otra lectura no tan categórica, que atendiera a
ciertos aspecto teóricos que menudo se omiten en la turbulencia de la
ocasión. Por ejemplo, como advierte de la Garza, que las autodefensas
“fácilmente pueden desplazarse a cualquiera de los extremos en función
de la coyuntura que se presente”.
En esa oportunidad se
sostuvo, no sin alarma: “Pocos espacios informativos aciertan a la hora
de elaborar diagnósticos, o bien por compromisos institucionales, o
bien por las agravantes limitaciones analíticas que imponen las
estériles ideologías dominantes. Ni siquiera la llamada prensa ‘progresista’ arriesga una lectura diferente”.
Decía un filósofo alemán que allí donde se repiten ciertos procesos
históricos, la primera vez suelen reportar un cariz trágico; y la
segunda, un viso inequívoco de farsa. Si bien la conversión de guardias
civiles en paramilitares funcionó exitosamente en Colombia, es
altamente improbable que ese primer éxito coseche frutos en la secuela
mexicana, aún con la incursión del colombianísimo general Oscar Naranjo
en las operaciones de contrainteligencia domesticas. Es por eso que se
antojan desmedidas e irresponsables las primeras apreciaciones
relativas a las autodefensas michoacanas, especialmente las que
denunciaban, casi al unísono, la unilateralidad reaccionaria de las
guardias.
Cito textualmente algunas de las posiciones que se manifestaron con más fuerza, sin referir a las fuentes:
“¿Debemos aceptar que los terratenientes y agroindustriales organicen
grupos civiles armados? ¿Se les olvida que el interlocutor de las
autodefensas fue siempre el gobierno federal y no la sociedad? Yo se
que es muy complicado ver el país degradándose de este modo, pero si lo
que quieren es revolución no la van a encontrar de la mano del discurso
de Mireles y los suyos”.
“Es una situación deliberada y provocada por el Estado para desestabilizar la zona y generar terror”.
“Los grupos de autodefensa en Michoacán son financiados por grupos
criminales y por empresarios que persiguen intereses particulares y no
los de los ciudadanos”.
Nótese que ningún diagnóstico
considera siquiera marginalmente la ambivalencia de estos grupos. Por
eso se convino voltear hacia el otro horizonte de probabilidad: el de
un avance embrionario en dirección a un levantamiento social. En
consonancia con esta lectura, se arguyó: “Es francamente débil la
hipótesis que sitúa el origen del estallido en Michoacán (o bien el
nacimiento de las autodefensas) en una moción exclusivamente
gubernamental” (http://lavoznet.blogspot.mx/2014/01/michoacan-una-ventana-de-oportunidad.html).
En cierto sentido, esas opiniones unívocas revelan una cierta evocación
inconsciente de un pasado marcado por la preeminencia irrestricta del
Estado. Denise Maerker, que no pocas veces yerra en sus juicios, esta
vez tuvo un extraño acierto: “Hay cierta dosis de nostalgia en quienes
imaginan que el Estado fue capaz de idear, operar y controlar en la
práctica un levantamiento popular de la magnitud de las autodefensas de
Tierra Caliente. Si el Estado mexicano actual tuviera esa capacidad, la
presencia, las redes y los liderazgos locales que se necesitan para
llevar a cabo una empresa de esa envergadura, el levantamiento no
hubiera ocurrido sencillamente porque el orden habría estado
garantizado por esa misma estructura” (Nexos IV-2014).
Una vez descartada la omnipotencia del Estado en los destinos de las
autodefensas, cabe ahora consignar el antagonismo que se avecina. En
Michoacán lo tienen claro: el movimiento esta internamente dividido.
Por un lado, está en curso el plan de acción del gobierno federal: la
conversión de las autodefensas en paramilitares. José Manuel Mireles
advierte: “Ya está ocurriendo una colombianización [paramilitarización]
porque desde que se mete el gobierno federal dizque a ayudar empiezan
los problemas, empiezan por prohibir el avance, eso no es ayudar.
Nosotros ya teníamos un avance lento pero seguro y sin mucho
derramamiento de sangre, para nosotros estaba funcionando al 100%”. Y
por otro lado, se asoma la tentativa de ciertas fracciones por encauzar
el movimiento hacia la conformación de policías comunitarias. “Después
del 10 de mayo vamos a seguir combatiendo el crimen organizado, pero
nuestras camisas van a decir ‘defensa rural de Michoacán’, vamos a
cambiar la camiseta pero la lucha es la misma” (Proceso 8-V-2014).
Por el momento, cabe hacer notar que existe más de una célula
“desobediente”. Por ejemplo, en Aguililla, Jorge Vázquez, el dirigente
de esa autodefensa (en la clandestinidad), da a conocer una disposición
que apunta en la dirección de una moción antigubernamental: “Es preciso
sacarle más provecho al levantamiento, y que no quede sólo en un plan
preconcebido del gobierno… En Aguililla hemos creado un Consejo
Ciudadano, con base en la ley orgánica municipal; queremos que sea este
consejo el que rija a la autodefensa, y que los comunitarios respondan
al pueblo, no a los líderes” (Nexos IV-2014).
El
10 de mayo se definirá con más claridad la discordancia e
incompatibilidad de estos bandos. El desarme de las autodefensas,
acordado para esa fecha, es tan sólo la antesala de un conflicto de
larga duración.
Rebelión ha publicado este artículo con el permiso del autor mediante una licencia de Creative Commons, respetando su libertad para publicarlo en otras fuentes.
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