Según la recomendación 16/2015, la titular de la CDHDF determinó que las autoridades capitalinas no participaron en los abusos cometidos contra ciudadanos durante el desalojo violento del Zócalo el 20 de noviembre de 2014, ya que, según la versión de la ombudsman local, en tales hechos sólo participaron "policías federales".
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El pasado 17 de diciembre de 2015, la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF) no sólo avaló que agentes encubiertos del gobierno se infiltren manifestaciones ciudadanas (a través de su recomendación 17/2015). Ese día, además, la ombudsman local emitió una segunda recomendación, en la que exime al Gobierno de la Ciudad de México de toda responsabilidad sobre el operativo policiaco del 20 de noviembre del 2014, con el que miles de manifestantes pacíficos fueron desalojados, por la fuerza, del Zócalo capitalino.
Según esta segunda recomendación (la 16/2015), la titular de la CDHDF, Perla Gómez, determinó que las autoridades capitalinas no participaron en los abusos
cometidos contra ciudadanos indefensos, durante el desalojo violento
del Zócalo, ya que, según la versión de la ombudsman local, en tales
hechos sólo participaron “policías federales”.
Tal
afirmación, sin embargo, es desmentida por los videos y fotografías
tomados por periodistas, manifestantes y ciudadanos no vinculados con la
protesta, en los cuales puede verse a elementos del Cuerpo de
Granaderos del DF, así como a elementos de la Policía Auxiliar
capitalina, ambos agrupamientos de la Secretaría de Seguridad Pública
del DF, perpetrando distintas agresiones contra ciudadanos indefensos.
Estas
imágenes, además, prueban que la participación del Gobierno del DF en
el operativo de desalojo no sólo consistió en aportar policías para la
acción, sino que también hubo coordinación con la Secretaría de Obras
del DF, cuyo personal apagó las luces de la plaza y de las calles
aledañas.
Esta
imagen, tomada el 20 de noviembre de 2014, durante el desalojo del
Zócalo, muestra que la Policía Auxiliar del DF se coordinó con la
Policía Federal para expulsar a manifestantes de la plaza. Foto:
Especial
Ataque contra familias
El 20 de noviembre de 2014, la Ciudad de México fue el epicentro de la Cuarta Jornada de Acción Global por Ayotzinapa:
una serie de manifestaciones multitudinarias realizadas tanto en México
como en el extranjero, para exigir la presentación con vida de los 43
normalistas raptados y desaparecidos por fuerzas de seguridad pública en
Iguala, Guerrero, meses antes.
Marchaban
ese día miles de estudiantes universitarios, preparatorianos, obreros,
oficinistas, colectivos civiles, campesinos, indígenas y familias
enteras, que culminaron la manifestación con un mitin pacífico sobre la
plancha del Zócalo.
De forma
paralela, un grupo minoritario de manifestantes se plantó ante Palacio
Nacional y comenzó una reyerta con custodios del inmueble, lo que detonó
un gran operativo policial, que en cuestión de minutos desalojó de la
plaza no sólo al reducido grupo beligerante, sino también a las miles de
personas que pacíficamente aguardaban dentro del Zócalo.
Una
de las imágenes más difundidas de la represión policial emprendida esa
noche muestra al defensor de derechos de la niñez Juan Martín Pérez
–integrante de la Red por los Derechos de la Infancia– y a su familia,
cuando eran agredidos por policías federales y capitalinos en la esquina del Zócalo con 5 de Mayo.
Esta
imagen muestra en primer plano a Juan Martín Pérez, con su hijo en
brazos, mientras intenta levantar a su madre, quien acababa de ser
derribada por un policía, y en segundo plano, la imagen exhibe a tres
policías federales (con casco negro) y a dos elementos de la Policía
Auxiliar del DF (con casco azul claro, el de la derecha, y con escudo
con la leyenda “Policía Auxiliar” el de la izquierda), mientras en grupo golpean con toletes y trozos de madera a un joven, que yace en el suelo, intentando cubrirse la cabeza.
El
punto donde fue tomada la fotografía, cabe destacar, se encuentra en el
extremo opuesto del Palacio Nacional –donde se había dado la reyerta
con vigilantes–.
Según el testimonio
de Juan Martín Perez, recabado días después de la agresión policiaca,
muchas familias como la suya habían fijado la esquina de 5 de Mayo como
punto de reunión, por esa razón, en el lugar había gente de todas las edades,
en actitud completamente pacífica, a pesar de lo cual, fueron
acorralados y golpeados ahí por policías, tanto federales como del DF.
A
pesar de esta evidencia de agresiones de la policía local contra
ciudadanos pacíficos, ubicados en puntos de la plaza alejados de la zona
de disturbios, la CDHDF concluyó en su recomendación 16/2015 que los
“enfrentamientos” en el Zócalo fueron protagonizados sólo por “personas e integrantes de agrupaciones sociales” y por “policías federales que resguardaban el Palacio Nacional”.
Ataque policiaco a restaurantes
Las
agresiones cometidas por policías capitalinos durante el operativo del
20 de noviembre de 2014 no se enfocaron exclusivamente en manifestantes,
sino que también atacaron a clientes y empleados de restaurantes del
Centro Histórico, que no tenían ninguna vinculación con la protesta.
Lo anterior fue denunciado por un grupo de 15 clientes de los restaurantes Salón Corona y lonchería Marrakesh,
quienes dirigieron una carta a la ombudsman Perla Gómez, explicando que
granaderos tomaron sillas del mismo restaurante para golpearlos, y
luego invadieron el local, arremetiendo contra comensales y meseros.
Como
prueba, acompañaron su carta por un video que exhibe a elementos de la
Policía Auxiliar (con casco azul cielo) y a integrantes del Cuerpo de
Granaderos del DF (con casco azul oscuro y escudo plástico con la
leyenda “Policía” sobre una franja amarilla), en el momento en que
emprenden el ataque contra clientes de la lonchería Marrakesh.
La
participación de elementos de la Policía Auxiliar capitalina (casco
azul cielo) en el operativo de desalojo del Zócalo y la posterior
persecución de manifestantes en las calles aledañas, además, fue captada
por clientes del restaurante Salón Corona, en la calle de Gante.
Policías
Auxiliares del DF, durante el operativo de desalojo del Zócalo y calles
aledañas, el 20 de noviembre de 2014. Foto: Iván Islas
La
denuncia de estos abusos fue luego ratificada por las víctimas, quienes
se presentaron el 27 de noviembre de 2014 ante la Comisión de Derechos
Humanos del DF para formalizar su queja, lo cual quedó inscrito en un
“acta circunstanciada” firmada por la “María Antonieta Escárcega
Morales”, “visitadora” adscrita a la Primera Visitaduría del organismo.
Pero luego fue ignorada por la CDHDF, a grado tal que la carta firmada por 15 comensales agredidos y las pruebas aportadas no se incluyeron en el anexo de “evidencias” que oficialmente recabó el organismo, en torno a los hechos del 20 de noviembre.
Acta
circunstanciada de la denuncia presentada ante CDHDF por de la policía
local contra clientes de restaurantes, el 20 de noviembre de 2014.
Oscuridad intencional
Una
de las características principales del operativo conjunto de
autoridades federales y capitalinas para desalojar el Zócalo, fue que
las luminarias públicas tanto de la plaza como de las calles aledañas del Centro Histórico fueron apagadas,
lo que dejó la zona en relativa oscuridad, dificultando así que se
documentara el barrido de los manifestantes, y alimentando el miedo
entre las personas expulsadas de la zona.
Estas
luminarias, cabe destacar, son controladas por la Dirección General de
Servicios Urbanos, Secretaría de Obras del Gobierno del Distrito
Federal.
Cuando inició el desalojo,
alrededor de las 21:40 horas, el comunicador Jesús González Alcántara se
encontraba en la desembocadura de Madero, a un costado de la plaza, y
éste fue su testimonio, recabado la misma semana de los hechos: “Yo y mi
familia quisimos desplazarnos por la calle de Madero, pero nos dimos
cuenta que la calle estaba totalmente oscura. Las autoridades apagaron
las luces de ese andador durante el operativo, y eso es algo que nunca
habíamos visto que ocurriera. Eso nos provocó miedo, así que decidimos
dar media vuelta y buscar salir de la plaza por 5 de Mayo, pero la
policía nos impidió el paso y, en un instante, un grupo de granaderos se
desprendió del contingente que nos bloqueaba el paso y si mediar
palabra nos empezaron a golpear, a mi familia y al resto de la gente que
quedamos atrapados”.
Esta
interrupción en el servicio de iluminación pública como parte del
operativo policiaco, de hecho, dio pie a que la misma CDHDF exigiera al
gobierno capitalino –el 30 de noviembre de 2014– “respetar los derechos
de movilidad, de libertad, seguridad e integridad personales de los
asistentes a las movilizaciones (…) Específicamente: todo el
alumbrado público de las calles, edificios públicos, parques y plazas
donde haya manifestantes deberá encontrarse funcionando correctamente; y
habilitar rutas de salida que garanticen la integridad de las personas
en caso de contingencia o eventualidad, evitando cualquier medida o
acción policial que genere espacios confinados”.
Sin
embargo, la preocupación de la CDHDF por la suspensión de servicios
públicos –orientada a entorpecer manifestaciones– se agotó antes de que
elaborara la recomendación 16/2015, ya que ésta pasa por alto estas
acciones irregulares del gobierno capitalino.
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