Análisis de 2015
Sin Embargo
Alguna vez Nelson
Mandela dijo: “negar a la gente sus derechos humanos es desafiar su
propia humanidad”, una frase que los gobiernos de todo el mundo deberían
adoptar como propia para que prevalezca la justicia y la paz entre sus
gobernados. En el año que está por concluir, el Gobierno mexicano fue
señalado por diversas organizaciones nacionales y extranjeras por negar
estos derechos y hacer oídos sordos a los reclamos de miles de mexicanos
indignados por la impunidad que se vive en todo el territorio nacional.
Esta crisis de derechos humanos no sólo se concentró en
desapariciones forzadas y ejecuciones extrajudiciales, también incluyó
la represión, las detenciones arbitrarias, el quebranto a los derechos
de comunidades indígenas y de los activistas. Este 2015 no fue un
año bueno para México en materia de derechos humanos, y, como sucede en
la mayoría de las veces, los niños, mujeres e indígenas fueron la
población más lacerada ante la indiferencia del Estado mexicano para
hacer frente a esta “grave crisis”, como lo calificó la CIDH.
Un
país donde existen desapariciones forzadas, ejecuciones extrajudiciales,
represión, censura, detenciones arbitrarias, migrantes maltratados, un
sistema de salud obsoleto, una educación precaria, presos políticos,
presos por hambre… El quebranto de los derechos humanos en todo su
esplendor, así es como diversas organizaciones nacionales e
internacionales calificaron a México este 2015.
Un año antes, a
raíz de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa en Guerrero,
México atrajo la atención internacional porque durante las
investigaciones salieron a la luz ligas de autoridades con el crimen
organizado y violaciones a la integridad de los estudiantes por parte de
éstas.
Antes de Ayotzinapa, también Tlatlaya, en el Estado de
México, levantó la indignación. En ese municipio, más de una decena de
personas fueron ejecutadas por elementos del Ejército mexicano, y la
manera en que el Gobierno del Estado de México, la Secretaría de la
Defensa Nacional (Sedena) y la Procuraduría General de la República
(PGR) trataron de sepultar el caso también mostró la falta de voluntad
política del Estado mexicano para atajar y combatir este problema.
Estos
hechos no escaparon de los organismos internacionales encargados de
defender los derechos humanos y se pronunciaron al respecto con
informes, recomendaciones y documentos que demuestran con cifras y
testimonios que México se ha convertido en un país peligroso para
quienes alzan la voz y divergen de las acciones del gobierno.
Pero
este 2015 la crisis de los derechos humanos estalló, las protestas que
surgieron en todo el territorio nacional se extendieron fuera del país,
no sólo se escuchó el eco de los miles de mexicanos reclamando justicia y
cese a la impunidad en las calles, ahora se escuchó la voz, una voz que
llegó a oídos de organismos internacionales ante el silencio del Estado
mexicano.
Diversos organismos como la Comisión Nacional de los
Derechos Humanos (CNDH), la Organización de la Naciones Unidas (ONU), la
Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), Amnistía
Internacional (AI) y el Programa México y Derechos Migrantes de la
Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA, por sus
siglas en inglés), han expuesto la grave crisis de derechos humanos que
vive el país y han llamado al Estado mexicano a reconocer el problema y
establecer medidas que protejan la dignidad de las personas.
La
crisis de derechos humanos no sólo se concentra en desapariciones
forzadas y ejecuciones extrajudiciales, también incluye la represión,
las detenciones arbitrarias, el quebranto a los derechos de comunidades
indígenas y de los activistas en diversas partes del país.
Además,
los crecientes ataques a la libertad de expresión, reflejados en
asesinatos y secuestros de periodistas, y atentados contra medios de
comunicación, han situado a México como uno de los países más peligrosos
para ejercer el periodismo.
De 2006 hasta el pasado 9 de octubre,
el Gobierno de México sumó 548 recomendaciones por parte de organismos
nacionales e internacionales en materia de violaciones graves a los
derechos humanos, de acuerdo con un recuente hecho por el Centro de
Investigación para el Desarrollo (CIDAC) llamado “Derechos Humanos: el
riesgo de normalizar la excepción”.
De acuerdo con el recuento,
la CNDH es el organismo que ha hecho el mayor número de recomendaciones
al Gobierno de México con 335, seguida por la CIDH con 142, la mayoría
se refieren a casos de tortura, desaparición forzada y “tratos crueles”.
El
pasado 15 de septiembre, el Grupo de Trabajo sobre desapariciones
forzadas de la ONU lamentó observar pocos avances en la implementación
de las recomendaciones que realizó al gobierno de México tras su visita
efectuada en 2011 y se dijo especialmente preocupado por el deterioro
que prevalece en el país desde que presentó su informe.
La
Comisión Interamericana de Derechos Humanos también se pronunció. El
pasado 28 de septiembre cuestionó a diversos funcionarios del Gobierno
federal sobre los crímenes contra periodistas y ataques a migrantes,
durante el inicio de su visita de una semana a México.
El Relator
Especial para la Libertad de Expresión, Edison Lanza, reclamó a México
la falta de atención a periodistas. Dijo a los funcionarios federales
que en México “hay una brecha entre medidas de protección, y violencia y
asesinatos contra periodistas”.
Por otra parte, el Comisionado
Felipe González sostuvo que en materia de migración, se ha visto en
México “un grave incremento en la violación de los derechos humanos”.
El
Comisionado James Cavallaro sostuvo que la CIDH estaba “preocupada por
la desaparición forzada y las ejecuciones extrajudiciales” en el país,
entre ellas citó la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa,
las ejecuciones extrajudiciales de Tlatlaya, en el Estado de México, a
manos de militares y el presunto uso excesivo de la fuerza por parte de
policías federales en Tanhuato, Michoacán.
Este último caso
ocurrió este año, el 22 de mayo pasado, en el Rancho El Sol, situado en
Tanhuato, Michoacán, y en un área limítrofe con Jalisco, donde un
enfrentamiento entre federales y un supuesto “grupo armado”, como
plantearon las autoridades federales, dejó un saldo de 42 hombres
muertos, tres más detenidos y un policía federal caído.
De
acuerdo con las autoridades, el tiroteo se dio en el marco de la llamada
“Operación Jalisco” y luego de que los propios pobladores de la zona
denunciaron extorsiones, invasiones de predios, secuestros y asesinatos
presuntamente realizados por miembros del Cártel Jalisco Nueva
Generación (CJNG).
Otra organización que realizó recomendaciones
al Estado fue Amnistía Internacional. El pasado 7 de octubre expuso que
México debe cambiar la cultura prevaleciente de abusos de derechos
humanos e impunidad, demostrar que está preparado para hacer de ésta una
verdadera prioridad política y dar pasos firmes para pasar del discurso
al desarrollo de planes integrales y medidas concretas para resolver
los problemas estructurales en materia de derechos humanos.
En materia de violaciones a los derechos humanos a los presos, el gobierno mexicano también recibió regaños.
El
15 de octubre la CIDH advirtió que en los reclusorios federales y
estatales de México se presentan patrones comunes y estructurales, tales
como hacinamiento, corrupción, indebida atención médica, falta de
privacidad, ausencia de oportunidades reales para la reinserción social,
maltrato por parte del personal penitenciario a cargo de la custodia de
las personas privadas de libertad, e imposibilidad de éstas para
presentar quejas ante un órgano independiente.
Por su parte, la
CNDH denunció en un documento que existe un problema de sobrepoblación
en los penales en el país, lo cual afecta no sólo la rehabilitación y
reinserción de internos, sino que además les mina la posibilidad de una
vida digna y no permite generar buenas prácticas en el sistema
penitenciario.
Si se considera que no todos los presos son
culpables, la cifra de violaciones a los derechos humanos y las
recomendaciones se duplicarían para el Estado.
De acuerdo con
cifras de la Comisión Especial de Reclusorios de la Asamblea Legislativa
del Distrito Federal (ALDF), en México hay aproximadamente 7 mil
personas que están recluidas en las cárceles y purgan una condena de
hasta 10 años por robar una charola de carne, una mantequilla, unas
alitas de pollo, un yogurt, leche o pan, porque no tenían dinero y
necesitaban comer.
Este tipo de delito se le conoce como Robo
Famélico y por lo general lo cometen las personas de escasos recursos
quienes no tienen para satisfacer sus necesidades básicas de
subsistencia y que en México, de acuerdo con las últimas cifras del
Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social
(Coneval), suman 55.3 millones, un aumento de casi 2 millones de
personas respecto al 2012.
El grupo más vulnerable que el Estado
ha descuidado y donde se han cometido severas violaciones a los derechos
humanos es la niñez.
En octubre pasado, la Red por los Derechos
de la Infancia en México (REDIM) alertó que en la grave crisis de
derechos humanos que vive México, los infantes y los adolescentes son
los que tienen más probabilidades de padecer y perecer.
Juan
Martín Pérez García, director REDIM señaló que en el ámbito de
desapariciones, en los registros disponibles por parte del Estado
mexicano hay 23 mil casos registrados de desaparición de los cuales 6
mil 700 son de personas menores de 18 años. En el segmento de 15 a 17
años, siete de cada 10 son mujeres adolescentes. Los estados donde hay
un número importante de desapariciones son el Estado de México,
Tamaulipas, Distrito Federal y Guerrero.
NO OIGO, NO OIGO…
A
pesar del amplio consenso internacional sobre la gravedad de la crisis
de derechos que existe en el país, las autoridades mexicanas han
reaccionado con intolerancia ante la crítica pública y ante informes de
diversas instancias internacionales.
“Esta intolerancia ante la
crítica pública también se ha manifestado en acciones sobre otros
informes presentados recientemente (…) En lugar de matar al mensajero,
enfoquémonos en el mensaje”, señaló el pasado 7 de octubre el Alto
Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Reid Ra’ad Al
Hussein.
Entre las propuestas que hizo el funcionario del
organismo internacional para superar la crisis de derechos humanos en
México fue el adoptar las recomendaciones del GIEI de la CIDH,
fortalecer las procuraduría estatales y la capacidad de la policía para
llevar a cabo sus funciones de seguridad pública, en un marco de respeto
de los derechos humanos y sobre el uso de la fuerza, y adoptar un
programa de medidas para desmilitarizar las tareas de seguridad pública
del país.
La grave crisis de derechos humanos por los que
atraviesa México y que las autoridades no reconocen, o al menos no
públicamente, ya le pegó a México en lo económico.
El pasado 18
de octubre, el Departamento de Estado de los Estados Unidos anunció que
recortará a México parte de los recursos que cada año le otorga a través
de la Iniciativa Mérida para combatir el problema de las drogas, debido
a “las presuntas violaciones de derechos humanos cometidos por fuerzas
de seguridad mexicanas”.
Como era de esperarse, el Gobierno
federal trató de minimizar el recorte de la Iniciativa Mérida, y en voz
de la entonces Secretaría de Relaciones Exteriores, Claudia Ruiz
Massieu, lo calificó como “insignificante”, además de señalar que no
impactará en las acciones de seguridad ni en la relación con ese país.
Para
analistas y organizaciones, el Gobierno de los Estados Unidos mandó un
mensaje contundente a México: que en el país no hay avances en materia
de derechos humanos.
Ese mismo mes, Perseo Quiroz, Director
Ejecutivo de Amnistía Internacional México, dijo que para que las
recomendaciones emitidas por organismos internacionales tengan un
impacto real en los derechos humanos, es necesario que el Gobierno
mexicano reconozca la magnitud de las violaciones a los mismos.
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