El secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong.
Foto: Benjamin Flores
Jesús Cantú
MÉXICO,
DF (Proceso).- El secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong,
reconoció en una entrevista radiofónica el lunes 21 que la desaparición
de los 43 normalistas de Ayotzinapa, junto con la fuga de Joaquín El
Chapo Guzmán, han sido las peores crisis del sexenio de Enrique Peña
Nieto. Sin embargo, también se empeñó –como hizo desde el inicio el
gobierno federal– en atribuir toda la responsabilidad al “gobierno
municipal, policías municipales” y aunque no lo hizo explícito, mantuvo
el discurso de que el caso es un “hecho aislado”.
Pretenden
olvidar que apenas el 25 de noviembre la Comisión Nacional de los
Derechos Humanos (CNDH) emitió su recomendación en relación con los
hechos ocurridos en Apatzingán, Michoacán, el pasado 6 de enero (donde
murieron 10 personas, 21 resultaron lesionadas y se realizaron 30
detenciones arbitrarias), señalando a policías federales como
responsables de violaciones graves a los derechos humanos y de al menos
una ejecución extrajudicial.
Tampoco recuerdan el caso Tlatlaya,
ocurrido el 30 de junio de 2014, donde la misma CNDH acreditó la
ejecución extrajudicial de al menos 15 de los 22 abatidos; ni el
asesinato de siete jornaleros en la comunidad de Calera, Zacatecas
–cuatro de ellos con el tiro de gracia– el 7 de julio de este año, ambos
por parte de militares.
Y omiten señalar que todavía está
pendiente de conocerse el resultado de las investigaciones que realiza
la CNDH respecto de las 42 personas fallecidas el 22 de mayo pasado en
Ecuandureo, Michoacán, en un presunto enfrentamiento entre policías
federales y presuntos miembros del Cártel Jalisco Nueva Generación.
Este breve y somero recuento de hechos perpetrados a lo largo de los
últimos dos años evidencia que lo sucedido en Iguala, donde
desaparecieron los 43 normalistas, no es algo aislado y exclusivo de
Guerrero, sino un fenómeno extendido a otras entidades del país, entre
las que se encuentran Zacatecas, Michoacán y el Estado de México.
Tampoco se puede obviar que este año visitaron el país Juan Méndez,
relator especial sobre la Tortura, y Zeid Ra’ad Al Hussein, Alto
Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, así como
el pleno de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y los
tres emitieron informes que dejan al descubierto la grave crisis de
derechos humanos en México.
Los hechos y las cifras que revelan
en sus documentos son contundentes. Al Hussein destaca entre los datos
el asesinato de 151 mil 233 personas entre diciembre de 2006 y agosto de
2015 y la desaparición de al menos 26 mil más, “muchas posiblemente
como resultado de desapariciones forzadas”, es decir perpetrados por
agentes al servicio del Estado en cualquiera de sus tres instancias
(federal, estatal o municipal).
El informe de la CIDH reveló que
de acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, una tasa igual o
superior a 10 homicidios por cada 100 mil habitantes corresponde a
niveles epidémicos de violencia.
En México, según cifras del
Instituto Nacional de Estadística y Geografía, en 2013 fueron 19.43 y en
2014, 16.43, con estados como Guerrero con una tasa de 42.68; Sinaloa,
de 33.33 y Chihuahua, de 29.36. De acuerdo con una publicación del
periódico Reforma del martes 22, el número de homicidios dolosos
registrado en el Sistema Nacional de Seguridad Pública, de enero a
noviembre de este año, es 8% mayor al del mismo periodo de 2014.
Para dar una idea de la gravedad del abuso de la fuerza por parte del
Ejército Mexicano, el mismo informe hace referencia a un “índice de
letalidad, que es el número de civiles muertos por cada civil herido en
situaciones calificadas por las autoridades como ‘enfrentamientos’”,
desarrollado por especialistas del Centro de Investigación y Docencia
Económicas y el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM.
En éste indican: “Cualquier cociente superior a 1 estará apuntando a un
abuso de la fuerza y a la existencia de ejecuciones sumarias”. En
México dicho índice fue de 7.7 civiles muertos por cada civil herido en
2013 y de 11.6, en el primer trimestre de 2014; después de esa fecha la
Secretaría de la Defensa Nacional ya no reveló su estadística.
Estos datos deben vincularse con el informe elaborado y presentado, en
julio de este año, por el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro
Juárez, donde revela que el 11 de junio de 2014, 19 días antes de la
ejecución extrajudicial de Tlatlaya, la base de operaciones San Antonio
del Rosario –a la cual se encontraban adscritos los militares implicados
en los hechos– recibieron la Orden de Relevo, la cual señala
explícitamente: “Las tropas deberán operar en la noche en forma masiva y
en el día reducir la actividad a fin de abatir delincuentes en horas de
oscuridad, ya que el mayor número de delitos se comete en ese horario”.
Como manifiesta el mismo documento: “El uso de este lenguaje resulta
sumamente grave pues al instruir ‘abatir delincuentes’ se incita a
privar arbitrariamente de la vida a civiles en el momento en que éstos
se consideran delincuentes, sin presunción de inocencia ni juicio
previo”.
El informe de la CIDH también hace referencia al grave
problema de los desplazados de su lugar de residencia por la crítica
situación de inseguridad; al denunciar la ausencia de cifras oficiales,
señala: “El Internal Displacement Monitoring Center ha estimado que a
finales de 2014 había por lo menos 281 mil 400 desplazados internos en
México. Organizaciones de la sociedad civil indicaron que esta cifra
podría ser mucho mayor”.
Respecto a la tortura, el documento
destaca que en 15 entidades federativas, la misma no está tipificada
como delito en los códigos penales y hace referencia a la afirmación de
Juan Méndez, relator especial sobre la tortura, quien señaló que “con
frecuencia”, las personas son halladas culpables “solamente o
predominantemente con base en confesiones obtenidas con tortura o malos
tratos, lo que alienta su uso por parte de las autoridades”.
Ciertamente la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa detonó
una de las peores crisis del gobierno de Peña Nieto, tal como señala
Osorio Chong, pero no porque sea un hecho aislado o un evento exclusivo
de una entidad con características particulares, sino porque evidenció
la existencia de una grave situación de derechos humanos como “resultado
de una situación estructural que padece desde hace décadas”, como
señaló Rose-Marie Belle Antoine, encargada de presentar el informe de la
CIDH
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