Violencia, síntesis del matrimonio infantil forzado

   QUINTO PODER
Por: Argentina Casanova*

En las discusiones sobre el matrimonio infantil, donde puede haber coincidencias y desacuerdos, es necesario plantear un hecho grave: que estas uniones forzadas son una realidad “normalizada” en nuestro país, tanto que en muchas partes del país, cuando una niña cumple 12 años, se dice que “ya es una mujer”, lo que “justifica” que pueda ser entregada “en matrimonio”,  para disminuir la carga económica de una familia en miseria económica. 

México no destina recursos específicos para eliminar esta problemática de las niñas entregadas en matrimonio y detrás de ella están las deficiencias del Estado mexicano para garantizar, proteger y defender la vida de las niñas.

La edad temprana de los matrimonios en México debe ser tema de revisión. En Campeche, por ejemplo, el dato de un colega periodista señala que existe alta incidencia de divorcios entre jóvenes de entre 20 y 25 años de edad, lo que hace presumir que se casaron a una edad temprana, como para que concluyan en divorcio siendo aún tan jóvenes.

Peor aún es el caso, de extrema gravedad, de las niñas cuyas familias las entregan en matrimonio, alegando la pobreza, su incapacidad para sostenerlas. Se trata de una entrega que más bien tiene visos de “venta” y anula los derechos de la niña y las somete a una vida de violencia. 

Algunos hombres mayores, incluso, en un ejercicio extremo de poder, entregan regalos a la niña para lograr que se vaya con él, muchas veces bajo la aceptación o la resignación de la familia, que lo ve incluso como una suerte para lograr salir de la miseria, como en la historia de violencia que narra Inés Arredondo, “Sombra entre sombras”:

“Ermilo Paredes tenía cuarenta y siete años cuando yo cumplí los quince. Entonces comenzó a cortejarme,  pero, como era natural, a quien cortejó fue a mi madre.

A base de halagos, días de campo de una esplendidez regia, de regalos de granos, frutas, carnes, embutidos y hasta una alhaja valiosa por el día de su cumpleaños, fue minando la resistencia de mi madre para que me casara con él. Tenía fama de sátiro y depravado”

Las mujeres que trabajan en áreas de protección a la infancia tienen argumentos sólidos y no han dejado de hacer  llamados a las autoridades para lograr la eliminación del matrimonio infantil. El tema es claro:  necesitamos que las autoridades ejidales, comisarios, presidentes municipales y gobernadores se involucren, lo asuman como una responsabilidad añadida, aunque no explícita,  en la Ley de Acceso a una Vida Libre de Violencia.

El camino no es fácil, porque incluso cuando las titulares de los sistemas DIF municipales se toman en serio su trabajo y acuden a denunciar los hechos ante los ministerios públicos, éstos resuelven de forma misógina y patriarcal y son ellos –educados en ese sistema y producto de él- quienes deciden si hay o no delito qué perseguir.

En entidades donde aún existe la figura legal del estupro  --que no es sino la validación de la violencia sexual contra las niñas por el Estado—existe una resistencia arraigada a impedir matrimonios infantiles,  bajo argumentos absurdos como el “gusto de las niñas”,  “sabían lo que hacían” o “ya están en edad”.

Lo que sigue a estas falsas justificaciones está una realidad  cruel para las niñas: hospitales que se niegan a la interrupción del embarazo, servicios médicos que se niegan o piden el permiso al “marido” para la salpingoclasia (método de anticoncepción quirúrgico), ministerios públicos que le dan una segunda y tercera oportunidad a hombres acusados por estupro con distintas niñas, en menos de un año, con un claro perfil de agresor, escuelas que expulsan a las niñas si presentan embarazos y negativa al acceso a los métodos anticonceptivos y a la educación sexual.

En suma, una vida de violencia que concluye con mujeres, aún jóvenes, enfermas, cansadas, desgastadas física y emocionalmente, condenadas a una vida de humillaciones, maltrato y abandono. Eso y mucho más hay detrás del matrimonio infantil.

* Integrante de la Red Nacional de Periodistas y del Observatorio de Feminicidio en Campeche.

CIMACFoto: César Martínez López

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