Ayotzinapa es una herida abierta para México, como lo son las denuncias de 26 mil desapariciones forzadas a lo largo y ancho del país.
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"No nos dejen solos", fue el grito con llanto de los familiares y
los padres de los 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa
desaparecidos a los integrantes del Grupo Interdisciplinario de Expertos
Independientes (GIEI) de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos
(CIDH).
La súplica estremeció a los asistentes al último informe del GIEI
este pasado domingo 24 de abril, no sólo por el dolor que representa
para los padres la desaparición forzada de sus hijos, sino porque en el
fondo lo que refleja es un sentimiento de desamparo, de orfandad de
justicia y seguridad, que lastima la dignidad humana.
El informe es demoledor al señalar no solamente las múltiples
falencias de la investigación, como la utilización de la tortura como
medio para obtener confesiones en lugar de investigaciones basadas en
pruebas periciales; su ocultamiento y dilación en el acceso a
información por parte de las mismas autoridades que fragmentaron las
averiguaciones; y omitieron varias líneas de investigación que debieron
ser seguidas para dar con los responsables, no sólo materiales sino
también intelectuales, porque además acusa el funcionamiento del sistema
de justicia en México.
Las revelaciones del informe dan cuenta de la participación de más
autoridades de estado que cercaron a los estudiantes durante horas, que
supieron lo que estaba sucediendo y les negaron cualquier apoyo
dejándolos a merced de sus victimarios.
El descubrimiento de un video tomado por periodistas locales donde se
muestra al Director de la Agencia de Investigación de la PGR, Tomás
Cerón, el 28 de octubre casi un mes después de los hechos, en el río de
San Juan, en una diligencia que no consta en el expediente de
investigación, donde se ven bolsas con restos humanos muy similares a
los que después encontraron los buzos pero el 29 de octubre, hace
sospechar la siembra de evidencias.
Estos hechos plasmados en el informe nos señalan un encubrimiento de
las autoridades federales porque el ejército y la policía federal sabían
que estaba sucediendo esa noche en Iguala pero no hicieron nada. Las
policías locales de Iguala y al parecer de Huitzuco participaron de la
persecución a los jóvenes y los detuvieron para supuestamente
entregarlos al crimen organizado lo que señala la posible colusión con
el crimen organizado.
El gobierno de Enrique Peña Nieto decidió no renovar el Acuerdo de
Asistencia Técnica con la CIDH, que él mismo solicitó a ese organismo
protector de los derechos humanos para la búsqueda de los 43 estudiantes
desaparecidos, negando con ello el acompañamiento internacional para
apoyar a nuestro incapaz sistema de justicia que mantiene el 98 por
ciento de casos de impunidad de acuerdo al índice global de impunidad
2016 en México[1].
Aunque el coro de periodistas y “defensores de derechos humanos”
afines al oficialismo descalifiquen lo que fue el último informe del
GIEI, lo cierto es que ese grupo de expertos aportaron mucho al caso
porque encontraron nuevas líneas de investigación que plantean como
posibilidad de que el objetivo de la agresión fuera no permitir la
salida de los camiones, debido a que pudieran ser utilizados para
tráfico de heroína a Estados Unidos; nuevos posibles niveles de
responsabilidad estatal e involucramiento de autoridades; develar que la
“verdad histórica” del gobierno federal se basa en pruebas de dudoso
origen científico; la importancia de escuchar a las familias y los
testimonios de los normalistas sobrevivientes y a personas que viven en
Guerrero y que hablan del miedo y de la colusión crimen
organizado-autoridades.
El gobierno prefirió la confrontación con la CIDH, en lugar de
reconocer sus responsabilidades en los hechos como Estado, la presencia
del GIEI le incomodó hasta tal punto que ninguna autoridad asistió al
informe. El GIEI y el Presidente de la CIDH, James Cavallaro no tuvieron
a quien entregarle el informe que muestra de cuerpo entero graves
violaciones a los derechos humanos. Es un mensaje aciago por parte del
gobierno federal, no sólo a ese organismo internacional, sino también a
las víctimas y a quienes les acompañan que reclaman desde hace un año y
siete meses, verdad y justicia.
Ayotzinapa es una herida abierta para México, como lo son las
denuncias de 26 mil desapariciones forzadas a lo largo y ancho del país,
en las que en muchas de ellas hay participación directa de agentes
estatales.
"Esperamos que la sociedad civil acompañe a las familias. Nos vamos
preocupados por ellos", dijo en su último mensaje el GIEI, nosotros nos
quedamos preocupados porque el gobierno al sacarlos del país, también
confina el escrutinio internacional para la seguridad de las familias y
su acceso a la justicia.
También confina ese escrutinio para que la sociedad mexicana conozca
la verdad. En el contexto de violaciones graves de los derechos humanos,
existe una obligación particular que exige que los estados informen
acerca de lo ocurrido no sólo a las víctimas y sus familias, sino
también al conjunto de la sociedad a fin de restablecer la confianza en
las instituciones estatales y evitar la repetición de esos actos.
Gracias al GIEI y solidaridad con las familias. Existe exigencia al
gobierno federal para esclarecer los hechos y su dudosa actuación por
decir lo menos.
En otros temas
Se prevé que esta semana la Suprema Corte de Justicia de la Nación
resuelva el amparo de la organización R3D que encabezan Luis Fernando
García y Carlos Brito, en contra de los artículos 189 y 190 de la Ley
Federal de Telecomunicaciones que permite la geolocalización en tiempo
real y la intervención de las telecomunicaciones sin orden judicial u
otra salvaguarda para proteger a los ciudadanos de su uso indebido por
parte de las autoridades involucradas en temas de seguridad. Insisto, no
es incorrecto la utilización de herramientas de monitoreo para combatir
la delincuencia, lo incorrecto es la ausencia de disposiciones para que
no se haga mal uso de ellas.
Un ejemplo de ese uso indebido lo muestra el último informe del GIEI,
en el sentido de que los jóvenes habrían sido monitoreados por las
autoridades que pudieron haber estado involucradas en el ataque y su
posterior desaparición.
El proyecto de sentencia a cargo del ministro Alberto Pérez Dayán
propone negar el amparo interpuesto, lo cual sería una condición más
para que autoridades corruptas puedan utilizar estas herramientas para
violar derechos humanos, es indispensable que el resto de los ministros
impidan este retroceso para nuestros derechos.
[1] http://www.udlap.mx/igimex/assets/files/IGI-MEX_CESIJ_2016.pdf
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