Han pasado más de 500 días desde el asesinato del joven en Iguala
Hoy suman poco más de 500 días desde la desaparición forzada y la
agresión contra estudiantes de la Normal Rural de Ayotzinapa, en
Guerrero. Se dice en días y no en meses, porque las madres de los
normalistas así cuentan el tiempo que pasan sin recuperar la vida que
tenían antes del 26 y 27 de septiembre de 2014.
En una tarde como hoy, Inés Gallardo Martínez, madre de Daniel Solís
Gallardo, esperaría a su hijo, el mayor, para platicar con él después de
un día de trabajo pesado. Ella dedicada al trabajo del hogar o como
empleada en una paletería, su esposo como limpiador de albercas, y su
hijo como mesero o ayudante de albañil en la zona turística de
Zihuatanejo.
Esto hubiera sido si la madrugada del 26 y 27 de septiembre de 2014
Daniel no hubiera sido asesinado por un grupo de encapuchados que
disparó contra él y sus compañeros mientras pedía ayuda para los
normalistas, que horas antes habían sido atacados por uniformados.
De acuerdo con el segundo informe del Grupo Interdisciplinario de
Expertas y Expertos Independientes (GIEI), su asesinato pudo haberse
evitado si los policías ministeriales que estuvieron poco antes
presentes en la zona hubieran pedido medidas de seguridad por los
ataques que habían estado ocurriendo.
Inés, de 37 años de edad, cuenta su historia con el ceño fruncido y la
mano bien aferrada a la lona blanca que extiende cada vez que reclama
justicia para su hijo de piel morena y ojos jóvenes, como los otros.
Daniel, de 18 años, buscó ser el ejemplo de su hermano de 15 y su hermana de ocho, a quien enseñó a leer y cuidó. Su sueño, como el de los otros normalistas, era ser maestro. Nació con vocación de servir al pueblo, dice su madre.
Pero también tenía entre sus metas ayudar a sus padres. “Su otro sueño era ayudarnos a construir la casa en la que vivimos porque es de madera, y (Daniel) quería verla mejor. Alcanzamos a hacer dos paredes nada más porque nos truncaron el sueño y nos quedamos sin ilusiones”, lamenta Inés.
La madre de Daniel ya no está triste –asegura–, sino que está enojada. Al principio estaba muy deprimida; reponerse le ha costado mucho esfuerzo. Y tardó 19 meses para tomar por primera vez un micrófono frente a decenas de medios de comunicación, pero ayer, cuando las familias se pronunciaron por las conclusiones del GIEI, habló fuerte, de pie y sin pausas.
“A un año siete meses seguimos pidiendo justicia. ¿Quién dio la orden y por qué?”, expresó la mujer, quien afirma que en todo este tiempo “el ánimo es otro: seguir luchando por la verdad y la justicia, que todos los culpables caigan y que sean encarcelados, que esto no siga, que no sigan más estudiantes secuestrados y asesinados, y que al contrario se les apoye para que sigan adelante”.
CIMACFoto: César Martínez López
Por: Angélica Jocelyn Soto Espinosa
Cimacnoticias | Ciudad de México.-
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