Madres de los 43 exigen renuncia de Peña Nieto

“No somos revoltosas, buscamos a nuestros hijos”

  A 2 años de la desaparición de los 43 estudiantes de la Escuela Rural Isidro Burgos, ubicada en Ayotzinapa Guerrero, las madres expresan su dolor, pero también el amor por sus hijos, esa fuerza que las mueve para continuar en la búsqueda, en la exigencia de “justicia y verdad”.

“Es muy duro no poder platicar con él, no poder darle un abrazo, donde quiera que esté mi hijo, que sepa que lo amo y porque lo amo, siempre lo buscaré” dijo Nicanora García a Cimacnoticias, madre de Saúl Bruno, uno de los 43 normalistas desaparecidos en Ayotzinapa, Guerrero.

Nicanora García y su hijo Saúl Bruno son originarios de Tecuanapa Guerrero, ese poblado está a cinco horas de Ayotzinapa, el lugar donde se ubica la Escuela Rural en la que estudiaba su hijo.

Desde que Saúl Bruno desapareció el 26 de septiembre del 2014, al tratar de trasladarse a la ciudad de Iguala, la vida de Nicanora García cambió porque al ver que su hijo desapareció junto con otros 42 estudiantes, las acciones de búsqueda de “justicia y verdad” se han convertido en su rutina diaria.

La mamá de Saúl Bruno, hace servilletas para venderlas en los lugares a los que asiste para hacer activismo y dar seguimiento al caso Iguala-Ayotzinapa.

“Para una madre es muy duro no saber de su hijo, si come o no come, o qué estará pasando y este gobierno que no quiere entregarnos a nuestros hijos. Él es el tesoro más grande que he tenido en mi vida y no me voy a ir sin que me lo entreguen”, dijo Nicanora.

LA MARCHA

El pasado 26 de septiembre las madres de los 43 estudiantes iniciaron la segunda marcha masiva desde el monumento del Ángel de la Independencia, acompañadas de un gran contingente conformado por estudiantes de la Universidad Nacional Autónoma de México, el Instituto Politécnico, normalistas, sindicatos de telefonistas y de los sectores de salud y educativo, así como de organizaciones civiles.

Realizaron una pausa a la marcha para detenerse en el  anti monumento de “no olvido” de los 43, en donde realizaron el conteo de los estudiantes desaparecidos.

Después continuaron hasta llegar al Zócalo capitalino en donde el gobierno de la Ciudad de México, instaló unas carpas para un evento, lo que no impidió que los contingentes se organizaran para tomar el espacio y escuchar a las madres y padres de los 43 estudiantes.

En una de las vallas frente al edificio del gobierno de la Ciudad de México, colocaron una manta que decía: “Basta de impunidad gobierno traidor”. A un lado instalaron el templete en donde tres madres hablaron para pedir respeto a los Derechos Humanos, cumplimiento cabal de las recomendaciones del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) y la renuncia de Enrique Peña Nieto.

También pidieron cárcel para los implicados en el secuestro de los estudiantes, en específico para el entonces gobernador de Guerrero, Ángel Heladio Aguirre Rivero, y para  Tomás Zerón de Lucio, quien estuvo a cargo de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) y de manera reciente fue turnado como secretario técnico del Consejo de Seguridad Nacional, por decisión de Enrique Peña Nieto.

La primera mamá que habló fue Joaquina Palotzin, madre de Julio César. Ella agradeció el apoyo de las organizaciones civiles y de la ciudadanía y pidió que no las vean como personas “revoltosas”, porque son madres que buscan ver con vida a sus hijos y no descansarán hasta saber la “verdad”.

Hizo alusión al basurero de Cocula, el lugar que la Procuraduría General de la República (PGR) señaló como prueba de investigación, que ahí se quemaron los cuerpos de los 43 estudiantes, cuando el GIEI refutó con pruebas meteorológicas que ahí no se había registrado ningún incendio.

“Queremos que sigan con las investigaciones, saber dónde están nuestros hijos porque cada día que pasa es un sentimiento de sufrimiento. Ya no queremos sentir. Este dolor que sentimos no queremos que lo sufra otra madre” dijo Joaquina en el Zócalo capitalino.

Después tomó la palabra Hilda Legideño, madre de Jorge Antonio, quien denunció que el gobierno les ha ofrecido dinero, pero indicó que los 43 estudiantes no son “objetos” y por este motivo ellas continuarán en la exigencia de justicia.

Cerró Carmen de la Cruz, madre de Jorge Aníbal, quien pidió la presentación con vida de los 43 estudiantes y la renuncia de Enrique Peña Nieto.

“No quisiera estar aquí, pero en este lugar nos puso este maldito gobierno. Ellos se llevaron a nuestros hijos” dijo Carmen de la Cruz y narró que el 26 de septiembre del 2014, a las 3 de la tarde habló con su hijo Jorge Aníbal y le dijo que lo quería mucho.

“Mamá yo siempre te voy a querer, tu eres mi todo, me dijo ese día” dijo Carmen de la Cruz. Después hizo un exhorto a la ciudadanía para que no olviden el caso de los 43 estudiantes e informó que las agresiones a los estudiantes continúan.

Ese mismo día las madres y padres de otros estudiantes acudieron a los estados de Quintana Roo, Jalisco y Michoacán para estar presentes en las marchas simultáneas que se realizaron en esas entidades.

CIMACFoto: César Martínez López

Por: Gema Villela Valenzuela

Cimacnoticias | Ciudad de México.-

Madres de Iguala regresan a Guerrero con cúmulo de promesas

   Logran reuniones con funcionarias, pero sin soluciones concretas

Familias de los estudiantes desaparecidos forzadamente en Iguala, Guerrero, se movilizaron durante seis días en esta capital en demanda de que la Procuraduría General de la República (PGR) cese al titular de la Agencia de Investigación Criminal, Tomás Zerón, y la cancillería admita el mecanismo de seguimiento especial de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

 

Desde el pasado domingo hasta la tarde de este viernes, las mamás de los estudiantes desaparecidos de la Normal Rural “Raúl Isidro Burgos” en Ayotzinapa emprendieron una jornada de reclamos y presión, para que las autoridades federales las escuchen, pero también para acompañar las demandas de otros grupos ciudadanos.

 

Además de participar en foros en universidades y sindicatos, marchar con el movimiento magisterial y con los estudiantes del Instituto Politécnico Nacional, y visitar los plantones que hay en diferentes puntos de la ciudad en apoyo a los 43 normalistas, las familias entregaron un pliego petitorio muy puntual a PGR y la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), informó en entrevista María Elena Guerrero, madre de uno de los jóvenes.

 

Este martes 17 de mayo, las familias fueron recibidas por Arely Gómez González, titular de la PGR, a quien le exigieron la renuncia de Tomas Zerón de Lucio en un plazo máximo de 15 días, al considerar que su presencia pone en riesgo la veracidad de las investigaciones futuras sobre el paradero de los estudiantes, dijo Guerrero.

 

Las madres demandaron respuestas sobre la continuidad de la búsqueda de los estudiantes, principalmente en el municipio guerrerense de Huitzuco, y solicitaron que en adelante cada indagatoria física que haga la PGR considere la participación de al menos dos padres o madres de los normalistas.

 

Las familias de Ayotzinapa salieron de la sede de la Procuraduría, en Paseo de la Reforma, con el compromiso de que Zerón (aún en funciones) “está siendo investigado” y que las búsquedas de los normalistas no han terminado.

 

Ayer, las familias se reunieron con la canciller Claudia Ruiz Massieu para exigir que se integre cuanto antes el mecanismo de seguimiento especial con el que la CIDH continuará su participación en las investigaciones del caso Iguala, luego de que el Estado mexicano se negara a que el Grupo Interdisciplinario de Expertas y Expertos Independientes (GIEI) continuara su labor en nuestro país.

 

En su primera reunión con Ruiz Massieu, tras 19 meses de la desaparición de los normalistas, las familias le reclamaron que haya propuesto a la CIDH la creación de un mecanismo ordinario que no incluía visitas y monitoreo directo a la investigación, sino sólo informes periódicos por escrito sobre los avances de la pesquisa.

 

En su lugar, las familias exigieron un mecanismo de seguimiento especial coordinado por James Calvaro, presidente de la CIDH y relator para México. Además de que participen dos integrantes del GIEI, que puedan realizar visitas periódicas a México, accedan al expediente, revisen el cumplimiento de las recomendaciones del grupo, y cuenten con recursos y condiciones necesarias para realizar su trabajo.

 

Madres y padres consiguieron que la canciller se comprometiera a tomar en cuenta su propuesta.

 

En estos días, las familias realizaron “cacerolazos” ante la PGR y hoy, antes de acudir a un foro de Derechos Humanos y regresar a Guerrero, bloquearon la circulación en Paseo de la Reforma, frente a la dependencia, para insistir de nuevo en la destitución de Tomás Zerón.

 

CIMACFoto: César Martínez López

Por: Angélica Jocelyn Soto Espinosa

Cimacnoticias | Ciudad de México.- 

A la madre de Daniel se le agotó la tristeza; ahora está enojada

   Han pasado más de 500 días desde el asesinato del joven en Iguala

 Hoy suman poco más de 500 días desde la desaparición forzada y la agresión contra estudiantes de la Normal Rural de Ayotzinapa, en Guerrero. Se dice en días y no en meses, porque las madres de los normalistas así cuentan el tiempo que pasan sin recuperar la vida que tenían antes del 26 y 27 de septiembre de 2014.

 

En una tarde como hoy, Inés Gallardo Martínez, madre de Daniel Solís Gallardo, esperaría a su hijo, el mayor, para platicar con él después de un día de trabajo pesado. Ella dedicada al trabajo del hogar o como empleada en una paletería, su esposo como limpiador de albercas, y su hijo como mesero o ayudante de albañil en la zona turística de Zihuatanejo.

 

Esto hubiera sido si la madrugada del 26 y 27 de septiembre de 2014 Daniel no hubiera sido asesinado por un grupo de encapuchados que disparó contra él y sus compañeros mientras pedía ayuda para los normalistas, que horas antes habían sido atacados por uniformados.

 

De acuerdo con el segundo informe del Grupo Interdisciplinario de Expertas y Expertos Independientes (GIEI), su asesinato pudo haberse evitado si los policías ministeriales que estuvieron poco antes presentes en la zona hubieran pedido medidas de seguridad por los ataques que habían estado ocurriendo.

 

Inés, de 37 años de edad, cuenta su historia con el ceño fruncido y la mano bien aferrada a la lona blanca que extiende cada vez que reclama justicia para su hijo de piel morena y ojos jóvenes, como los otros.

 

Daniel, de 18 años, buscó ser el ejemplo de su hermano de 15 y su hermana de ocho, a quien enseñó a leer y cuidó. Su sueño, como el de los otros normalistas, era ser maestro. Nació con vocación de servir al pueblo, dice su madre.

 

Pero también tenía entre sus metas ayudar a sus padres. “Su otro sueño era ayudarnos a construir la casa en la que vivimos porque es de madera, y (Daniel) quería verla mejor. Alcanzamos a hacer dos paredes nada más porque nos truncaron el sueño y nos quedamos sin ilusiones”, lamenta Inés.

 

La madre de Daniel ya no está triste –asegura–, sino que está enojada. Al principio estaba muy deprimida; reponerse le ha costado mucho esfuerzo. Y tardó 19 meses para tomar por primera vez un micrófono frente a decenas de medios de comunicación, pero ayer, cuando las familias se pronunciaron por las conclusiones del GIEI, habló fuerte, de pie y sin pausas. 

 

“A un año siete meses seguimos pidiendo justicia. ¿Quién dio la orden y por qué?”, expresó la mujer, quien afirma que en todo este tiempo “el ánimo es otro: seguir luchando por la verdad y la justicia, que todos los culpables caigan y que sean encarcelados, que esto no siga, que no sigan más estudiantes secuestrados y asesinados, y que al contrario se les apoye para que sigan adelante”.

 

  CIMACFoto: César Martínez López

Por: Angélica Jocelyn Soto Espinosa

Cimacnoticias | Ciudad de México.-

Peña Nieto debe responder directamente a observaciones de GIEI

Madres exigen renuncia del jefe de Agencia de Investigación

Tras la develación ayer de que autoridades de diferente nivel habrían participado en obstrucción de la justicia, tortura y omisión de diligencias periciales en el caso Ayotzinapa, las madres y padres de los normalistas desaparecidos forzadamente exigieron que se cumplan las recomendaciones que hizo el Grupo Interdisciplinario de Expertas y Expertos Independientes (GIEI) en su informe final.

 

Las familias se pronunciaron hoy en el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, en esta ciudad, respecto a las conclusiones del segundo informe que presentó ayer el GIEI, y exigieron que el director en jefe de la Agencia de Investigación Criminal de la Procuraduría General de la República (PGR), Tomás Zerón de Lucio, sea separado del cargo e investigado por haber llevado a cabo diligencias periciales que no incluyó en las averiguaciones previas del caso, según se constató en un video mostrado por las y los expertos.

 

También pidieron que sea Enrique Peña Nieto y no la PGR ni la subsecretaría de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación (Segob), quien responda a las recomendaciones y lo contenido en el informe del GIEI.

 

Las mamás y los papás de los estudiantes demandaron que en adelante se sigan las líneas de investigación que propuso el GIEI –diferentes a la de la incineración en el basurero de Cocula, Guerrero–; que prevalezca la búsqueda de los estudiantes, y que se permita la creación de un mecanismo de seguimiento de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), encabezado por el comisionado James L. Cavallaro e integrado por un especialista del GIEI.   

 

“TEMOR DEL ESTADO”  

Activistas en la Presentación del II Informe del GIEI | Foto: Angélica Jocelyn Soto Espinosa

Carmen Mendoza, madre del desaparecido Jorge Aníbal Cruz Mendoza, aseguró que están agradecidas con el GIEI porque descubrieron información de relevancia para ellas, pero el gobierno mexicano –cuyos representantes no acudieron a recibir el segundo informe– “tenía prisa de que se fueran, porque tiene miedo de que le descubra más basura que tiene adentro”.

 

Y es que por decisión del Estado mexicano, ayer concluyó la asistencia técnica que prestó la CIDH a México a través del GIEI para el esclarecimiento de la desaparición forzada de los 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural “Raúl Isidro Burgos”.

 

El GIEI –integrado por personas con amplias trayectorias en Derechos Humanos (DH)– no logró concluir sus indagatorias para determinar el paradero de los jóvenes desaparecidos desde el 26 y 27 de septiembre de 2014, lo cual constituía uno de los objetivos de la asistencia técnica acordada entre el Estado y las familias.

 

No obstante, el trabajo de las y los expertos independientes permitió conocer desde el primer informe presentado el 6 de septiembre de 2015, que la investigación de la PGR está plagada de irregularidades e inconsistencias.

 

Entre las más notables está que las pruebas periciales de la PGR en las que basa que los estudiantes habrían sido quemados en el basurero de Cocula –la llamada “verdad histórica” presentada por el entonces procurador, Jesús Murillo Karam–, no están sustentadas en argumentos científicos, y que incluso los resultados del peritaje más reciente consta de tan sólo tres hojas que “no alcanza los estándares mínimos”.

 

HUBO TORTURA   En este segundo informe se evidenció que las 17 personas que dieron los testimonios en los que se basa la “verdad histórica” fueron torturados; y Zerón de Lucio y su equipo habían estado presentes en el río San Juan un día antes de que supuestamente se encontrara la bolsa que contenía los restos de Alexander Mora Venancio, único normalista identificado plenamente hasta ahora.   Se suma la lentitud en las respuestas a las solicitudes del GIEI, la demora en la práctica de pruebas y las respuestas formales que no resultaron sustanciales. Incluso, una gran parte de las diligencias que solicitó el Grupo casi desde su llegada a México se respondieron una semana antes de que se presentara el segundo informe.   El GIEI, al igual que las familias, no sólo denunció sin resultados la obstrucción de información por la que atravesaba, sino que desde enero pasado aseguró que la lentitud y los obstáculos gubernamentales crecieron.

 

Por todo esto, el GIEI hizo 22 recomendaciones. Entre ellas, disminuir la formalidad y burocracia; limitar la preponderancia de las pruebas testimoniales y confesiones; mejorar la calidad y el método de toma de declaraciones; aumentar el valor de la prueba pericial y objetiva; y hacer un rediseño institucional para que los servicios periciales sean independientes de la PGR.

 

También planteó potenciar la capacidad analítica de las pruebas; realizar análisis de contexto que permitan investigar patrones y responsabilidades; incorporar en la investigación todos los delitos y violaciones a DH, y evitar que éstas se juzguen bajo el rubro de delincuencia organizada

 

Además, valorar la calidad de la investigación sobre el número de inculpados; integrar las averiguaciones; promover un sistema de información periódica para las víctimas; evitar filtración de las investigaciones por parte de la PGR; y garantizar el acceso a todas las fuentes de información, y potenciar las líneas de investigación.

 

Así como investigar eventuales responsabilidades superiores y no sólo de autores materiales; usar medios tecnológicos en la búsqueda de los desaparecidos, exhumación, inhumación y conservación y entrega de restos óseos; dar atención adecuada a las víctimas; evitar la revictimización y criminalización; y garantizar una actitud cooperativa frente a la asistencia internacional.

 

Las madres de los estudiantes hicieron un llamado para que este martes, que se cumple un año y siete meses desde la desaparición de los normalistas, la sociedad marche junto a ellas del Ángel de la Independencia al Hemiciclo a Juárez, en la Ciudad de México.

 

CIMACFoto: Angélica Jocelyn Soto Espinosa

Por: Angélica Jocelyn Soto Espinosa

Cimacnoticias | Ciudad de México.-

Castigo a Murillo Karam, piden madres de normalistas de Ayotzinapa

   No más mentiras: Cristina Bautista

Las madres de los 43 estudiantes desaparecidos forzadamente hace más de un año en Iguala, Guerrero, exigen que se castigue e investigue a Jesús Murillo Karam, ex procurador General de la República, y a todos los políticos que participaron en la presunta “verdad histórica”.

Este sábado 26 de diciembre, madres y familiares de los normalistas  protestaron nuevamente en la Ciudad de México en una marcha que fue del Zócalo capitalino a la Basílica de Guadalupe.

Y es que a más de un año de los hechos criminales ocurridos en Iguala, no parece haber ninguna información certera sobre el paradero de los estudiantes, señaló Cristina Bautista Salvador, madre del desaparecido Benjamín Ascencio Bautista, en entrevista con esta agencia de noticias.

La ahora activista –quien todo el año participó en decenas de protestas en México y otros países- precisó que tras las reuniones que las familias han tenido durante los días recientes con el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, se dijo que presuntamente en enero próximo se reactivará la búsqueda de los normalistas.

DEUDAS EN EL CASO AYOTZINAPA

Bautista Salvador informó que si bien la principal exigencia de todos  los meses sigue siendo que el gobierno federal regrese a los estudiantes con vida, este diciembre se suma el reclamo de que se castigue e investigue a diversos funcionarios, principalmente a Jesús Murillo Karam por presuntamente haber mentido a las familias sobre el destino final de sus hijos.

¿Cómo es posible que fuera a decir que nuestros hijos fueron calcinados en ese basurero de Cocula cuando no tenía pruebas científicas (…), que nos haya mentido así?, cuestionó Bautista refiriéndose a la conferencia de prensa que dio en enero pasado Murillo Karam, entonces procurador General de la República, para asegurar que las investigaciones del caso Ayotzinapa habían derivado en la “verdad histórica” de que los normalistas fueron ejecutados e incinerados en un basurero, y cuyos restos fueron arrojados al Río San Juan.

“Que se investiguen a todos los políticos que nos han dicho mentiras, Murillo Karam y Peña Nieto, que se han burlado de nosotros (…) No queremos más mentiras”, aseveró la mujer, quien aprendió a hablar español en el trajín de sus reclamos.

RECOMENDACIÓN SIN ECO

El mismo llamado que hace Bautista Salvador, a nombre de las otras madres de Ayotzinapa (campesinas, algunas indígenas o madres solteras), forma parte de la lista de recomendaciones que hizo el Grupo Interdisciplinario de Expertas y Expertos (GIEI) de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en septiembre pasado, tras presentar su informe final del caso y concluir que no existían pruebas científicas que respaldaran la versión oficial, y que, por el contrario, se encontraron anomalías y graves omisiones del Estado en las investigaciones.

Si bien Murillo Karam ya había sido sustituido por Arely Gómez González como procurador cuando el GIEI presentó su informe, el funcionario encabezaba entonces la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, y meses después salió del gabinete del Ejecutivo federal sin ser investigado ni juzgado.

Tras el informe del GIEI, las autoridades mexicanas insistieron en realizar nuevos peritajes en el basurero de Cocula, e incluso volvieron a asegurar–sin contar con suficientes bases científicas- que habían encontrado los restos de un segundo normalista.

Al conmemorar un año de la desaparición forzada de los jóvenes estudiantes, las madres y padres iniciaron un ayuno en plena plancha del Zócalo y luego se reunieron –por segunda vez desde que sucedieron los hechos criminales- con Enrique Peña Nieto.

AVANCES TARDÍOS

El 19 de octubre de este 2015, el GIEI presentó sus recomendaciones ante la CIDH, donde los representantes del Estado mexicano, entre ellos Roberto Campa Cifrían, subsecretario de Derechos Humanos de la Segob,  firmaron 10 acuerdos concretos para supuestamente avanzar en el caso.

No obstante, fue hasta finales de noviembre –y tras un plantón de cuatro días de las familias de Ayotzinapa en las cercanías de la residencia oficial de Los Pinos- cuando el gobierno mexicano decidió que el caso sería trasladó de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (Seido) a una Unidad de investigación especializada, y prometió iniciar nuevas pesquisas.

A dos días de concluir el año, las autoridades siguen negándose a que el GIEI entreviste directamente a los integrantes del 27 Batallón de Infantería –que presuntamente presenciaron los hechos- y no ha emitido ninguna declaración sobre si habrá responsables por haber presentado una investigación que ha sido en más de una oportunidad refutada.
 

CIMACFoto: César Martínez López

Por: Angélica Jocelyn Soto Espinosa

Cimacnoticias | México, DF.- 

Nos vamos, pero no confiamos en el gobierno: madres de los 43

   Insisten en que vigilarán accionar de Unidad de Investigación

Tras un plantón de cinco días y en medio de un reclamo por ser “insensible” y no informar, la Procuraduría General de la República (PGR) dijo a las familias de los 43 estudiantes desaparecidos en Iguala, Guerrero, los nombres de quienes integran la nueva Unidad de Investigación Especializada, que estará asesorada por el Grupo Interdisciplinario de Expertas y Expertos Independientes (GIEI), de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

Luego de mantener su protesta las últimas cuatro noches de noviembre sobre Paseo de la Reforma, en las cercanías de la residencia oficial de Los Pinos, las familias de Ayotzinapa fueron recibidas ayer por la procuradora general de la República, Arely Gómez González, quien desde su llegada a la PGR (en marzo pasado) sólo se ha reunido tres veces con ellas.

Vidulfo Rosales, abogado del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, dijo en entrevista que durante la reunión se dijo que la Unidad de Investigación Especializada para el caso Ayotzinapa estará integrada por un equipo multidisciplinario (entre abogados, médicos, psicólogos y policías), y será asesorada por el GIEI que investiga la desaparición de los normalistas desde noviembre de 2014.

El litigante observó que la creación de esta Unidad –comprometida por el gobierno federal desde el pasado 20 de octubre ante la CIDH– es el comienzo de una nueva etapa en las pesquisas, pero enfatizó que aún “hay que generar los cimientos para crear un marco de confianza con las autoridades, porque ésta todavía no existe”.

Rosales además aseguró que el movimiento de madres y padres de los 43 no se va a detener, pues aún no hay información sobre el paradero de sus hijos.

El también activista declaró que la creación de la Unidad significa un viraje en la postura que hasta ahora había mantenido el gobierno federal, que insistía en hacer peritajes en el basurero de Cocula, Guerrero, y mantenía resistencias para crear un nuevo equipo de trabajo.

No obstante, para consolidar realmente la nueva postura –acotó el abogado de las familias– se deberán retomar líneas “mucho más interesantes”, que están contenidas en el informe que presentó el GIEI el 6 de septiembre pasado, y con el que se echó abajo la presunta “verdad histórica” del anterior procurador, Jesús Murillo Karam.

Vidulfo Rosales reveló que durante el encuentro las familias hicieron un reclamo a la titular de la PGR por no haber informado anteriormente los avances de las investigaciones, y por “no ser sensible a su dolor”.

María de Jesús Tlatempa Bello, madre del desaparecido José Eduardo Bartolo Tlatempa, declaró en entrevista que las familias expresaron que necesitan con urgencia que se reactive la búsqueda de sus hijos.

Declaró que el hecho de levantar el plantón la mañana de hoy no quiere decir que ellas ya van a confiar en las autoridades federales, que –criticó– “han mentido anteriormente”.

“Nosotras queremos hechos, queremos saber dónde van a buscar, cuándo (…); a los que sí les tenemos confianza es a los expertos (del GIEI), pero al gobierno no; en verdad se lo tienen que ganar para que les tengamos confianza”, expresó María de Jesús Tlatempa.

Durante la reunión, la PGR también informó que la Unidad –en compañía del GIEI– ya está haciendo nuevas entrevistas al Ejército del 27 Batallón de Infantería en Iguala, ante su posible implicación en la desaparición de los estudiantes.

A más de un año de los hechos criminales en Iguala, la nueva Unidad estará encargada de diseñar las líneas de investigación y de búsqueda de los normalistas, y estará dirigida por José Aarón Pérez Carro, que antes de asumir esta misión era secretario técnico de la Subprocuraduría de Derechos Humanos de la PGR.

A fin de monitorear los resultados de la nueva Unidad, las familias se reunirán cada 15 días con sus integrantes y al menos una vez al mes con la PGR.

CIMACFoto: César Martínez López

Por: Angélica Jocelyn Soto Espinosa

Cimacnoticias | México, DF.- 

  

Madres resistirán al frío y mantendrán plantón por los 43

   No se irán de cercanías de Los Pinos hasta que inicie búsqueda

En el mes 14 de la desaparición forzada de 43 estudiantes en Iguala, Guerrero, sus madres y familiares marcharon en esta ciudad e instalaron un plantón indefinido en las cercanías de la residencia oficial de Los Pinos, para exigir que se conforme ya el nuevo grupo técnico que estará a cargo de la búsqueda de los normalistas.

                                                                                      
A las 4 de la tarde de ayer en la glorieta del Ángel de la Independencia, sobre Paseo de la Reforma, las madres de los 43 caminaron en sentido contrario a como siempre lo han hecho, pues en esta ocasión, en lugar de ir al Zócalo, marcharon directamente hacia Los Pinos.

Las madres iban determinadas a iniciar un plantón por los días que fueran necesarios afuera de la casa de Enrique Peña Nieto, quien no ha cumplido ninguno de los 20 compromisos que firmó en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) hace más de un mes, recordó Hilda Leguireño Vargas, madre del desaparecido Jorge Antonio Atizapa.

La mujer, cuya voz estaba afectada por una fuerte infección en la garganta, expresó que entre los compromisos incumplidos, los más urgentes son que la investigación del caso, que llevaba la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO), pase a manos de la Subsecretaría de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación.

También –insistió la mujer– que se reactive cuanto antes la búsqueda de sus hijos desaparecidos porque –consideró– el gobierno federal está retrasando el cumplimiento de cada punto a fin de agotar el tiempo del Grupo Interdisciplinario de Expertas y Expertos Independientes de la CIDH, que estará en México hasta abril de 2016.

Por varios minutos durante la marcha, el micrófono lo llevó María de Jesús Tlatempa Bello, madre del desaparecido Eduardo Bartolo Tlatempa, que alzó la voz por todas las mujeres presentes y narró a gritos las infamias del gobierno en contra de los estudiantes.

También hablaron dos jóvenes mujeres, ambas estudiantes de una Normal del estado de Morelos, que pidieron el cese de la represión contra sus compañeros normalistas de Ayotzinapa.

Las madres, con su acostumbrado paso seguro y la mirada al cielo, caminaron hasta donde la horda de granaderos que las esperaban en las inmediaciones de Los Pinos les permitió el paso.

La policía se impuso con su clásica muralla de fierro, mientras las madres y familiares se instalaron de frente. En un mitin a la mitad de la calle expresaron al micrófono sus exigencias: que se nombre un nuevo fiscal para la investigación, que se conforme el grupo técnico que estará cargo, y se informen sobre las nuevas líneas de investigación y de búsqueda.

Si a las madres se les demuestra que cada uno de esos acuerdos ya está en marcha, entonces levantarán el plantón, aclaró Vidulfo Rosales, abogado de las familias, y añadió que luego de la audiencia en la CIDH el pasado 20 de octubre “las investigaciones se empantanaron. El avance para llegar al conocimiento de la verdad se encuentra estancado a pesar de que el gobierno mexicano se comprometió que a la semana siguiente se cumpliría la mayoría de los acuerdos”.

Durante el mitin –en el que se informó que cuatro policías comunitarios de Guerrero acababan de ser abatidos por agentes del Estado–, Cristina Bautista Salvador, madre del desaparecido Benjamín Bautista, exigió que Miguel Ángel Osorio Chong, secretario de Gobernación, y Arely Gomez, procuradora general de la República, “den la cara”.

La mujer también llamó a las mamás de familiares desaparecidos que se sumen al plantón, donde estarán acompañadas de otras organizaciones civiles.

Mientras Cristina hablaba, un grupo de jóvenes acomodaba a sus pies una hilera de figuras de cartón con la cara de algunos normalistas y la forma de una tortuga. Las madres, formadas en media luna, rodearon en silencio la artesanía.

Al mismo tiempo, y mientras el cielo oscurecía, otros jóvenes con la cara cubierta y vestidos de negro se pasaron al frente del mitin e increparon a los granaderos.

Sin embargo, los jóvenes fueron llamados desde el micrófono para que contuvieran las agresiones, ya que si bien ellas no se asumen como pacifistas, “la lucha aún es larga”, les dijo Vidulfo Rosales. Fue así como la confrontación que se veía inminente derivó en un acuerdo entre las y los manifestantes.

Al final del mitin, las madres caminaron nuevamente en sentido contrario. Paseo de la Reforma –rodeado de policías de tránsito y granaderos– colapsó por algunos minutos, mientras que con una manta negra con letras de tela que decían “Ayotzinapa”, algunos jóvenes pedían tregua al tráfico vehicular.

A las 7 de la noche con 49 minutos, Rosales declaró iniciado el plantón. Frente a los ojos de transeúntes y medios de comunicación, las y los activistas se organizaron para instalar las carpas donde se instalarían las familias.

Las madres quedaron apenas cubiertas entre lonas blancas donde resistirán en la calle por tiempo indefinido las últimas noches de este noviembre que es cada vez más frío.
 

CIMACFoto: César Martínez López

Por: Angélica Jocelyn Soto Espinosa

Cimacnoticias | México, DF.- 

Repudian madres agresión a normalistas por parte de policías

   Se busca infundir temor para impedir movilizaciones, advierten

Madres de los normalistas desaparecidos forzadamente hace más de un año en Iguala, Guerrero, reprobaron la agresión ayer por parte de policías estatales y federales contra estudiantes de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa, y aseguraron que esta violencia busca infundir temor a las familias para frenar su lucha.

La víspera, jóvenes de segundo y tercer grado de la Normal “Raúl Isidro Burgos” fueron atacados por la Policía Federal (PF) y estatal sobre el libramiento de la carretera Chilpancingo-Tixtla, en Guerrero. Tras el altercado, se registraron 13 detenidos, más de 10 heridos y, por varias horas, algunos desaparecidos. 

La agresión policial derivó luego de que algunos jóvenes aparentemente intentaron extraer combustible de algunos camiones que circulaban por esa vialidad. Los estudiantes –quienes viajaban en autobuses– fueron perseguidos y atacados con gas lacrimógeno y armas de fuego.

Apenas supieron la noticia, madres, padres y familias de los 43 normalistas desaparecidos el 26 y 27 de septiembre de 2014 se organizaron en brigadas para buscar a los estudiantes en las diferentes sedes policiales de Chilpancingo, capital del estado, informó a Cimacnoticias María Inés Abraham Gaspar, tía del normalista desaparecido Adán Abraham de la Cruz.

La mujer aseguró que ella misma, en compañía de Delfina de la Cruz y Bernabé Abraham Gaspar (madre y padre de Adán), emprendió la búsqueda en la Fiscalía General del Estado de Guerrero y en la Procuraduría General de Justicia de la entidad, donde quien los recibió les negó repetidamente que allí tuvieran a los estudiantes detenidos.

En paralelo, otras brigadas de familiares, estudiantes y policías comunitarios se desplegaron en los cerros que rodean el libramiento para buscar a los normalistas que tras la agresión habían huido por diferentes caminos.

Algunos padres –dijo María Inés– siguieron durante la tarde a algunas camionetas de la PF y estatal que merodeaban los caminos, para ver si obtenían pistas sobre el paradero de las personas detenidas.

La brigada terminó su búsqueda cerca de las 12 de la noche, cuando los abogados del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan informaron vía telefónica a las familias que alumnos detenidos fueron entregados a la Comisión Estatal de Defensa de los Derechos Humanos (Coddehum), en Chilpancingo.

Ya en la Normal, las familias acogieron la llegada de los estudiantes lesionados –entre los de gravedad están dos con fractura, uno con lesiones en la cara, y otro más con traumatismo craneoencefálico en grado uno–, para brindarles algunos auxilios.

Los estudiantes más heridos fueron trasladados al Hospital de Tixtla y al nosocomio “Raymundo Abarca Alarcón”, en el paraje Tierras Prietas, donde por la noche, según algunas versiones que escuchó María Inés, se vieron en los alrededores algunos vehículos de agentes ministeriales, “como si los quisieran sacar de ahí”.

Por su parte, María Elena Guerrero, madre del desaparecido Giovanni Galindes, confirmó que así sucedieron los hechos y adelantó que hoy alrededor de la 1 de la tarde las familias darían una conferencia de prensa en Chilpancingo para repudiar los hechos violentos.

A decir de María Elena, esta agresión por parte de los uniformados no hace más que confirmar que la fuerza policiaca está involucrada en la desaparición de su hijo y del resto de los 43 estudiantes.

Además –aseguró la madre– “están haciendo esto (los agentes policiales) para que nos desarticulemos, nos regresemos a nuestros hogares, para meternos miedo, pero nosotros hemos dicho que aunque nos mate ahí (el gobierno) le exigimos que nos entregue a nuestros hijos, nos los tiene que entregar”.

María Elena dijo que las familias de los 43 estudiantes respaldan a los alumnos que ayer fueron agredidos por la policía, ya que sus actos se suman al movimiento de resistencia en el que permanecerá el movimiento –aseguró– hasta que les entreguen a sus hijos.
 

CIMACFoto: César Martínez López

Por: Angélica Jocelyn Soto Espinosa

Cimacnoticias | México, DF.- 

“¿A qué teme el gobierno mexicano?”, increpan madres de los 43

   Ejército debe permitir búsqueda de normalistas en los cuarteles

Tras los 10 compromisos que el gobierno mexicano aceptó en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) por el caso Ayotzinapa, las madres de los 43 estudiantes desaparecidos forzadamente en Iguala, Guerrero, aseguraron que no estarán satisfechas hasta que se permita que el Grupo Interdisciplinario de Expertas y Expertos Independientes (GIEI) entreviste a los militares del Batallón 27 de Infantería.

Ayer se cumplieron 13 meses desde que estudiantes normalistas de Guerrero fueron agredidos y desaparecidos forzadamente durante un operativo policial el 26 y 27 de septiembre de 2014, en el que estuvieron implicados diversos agentes del Estado y presuntos grupos criminales.

Como cada mes, las madres de los normalistas marcharon en esta capital desde el Ángel de la Independencia hasta el Hemiciclo a Juárez –bajo un cielo plagado de grises–, para protestar porque aún no hay indicios sobre el paradero de sus hijos, pero también porque gracias a la intervención del GIEI –como ellas afirman– se está comprobando que el gobierno mexicano fabricó “mentiras” sobre el caso.

María Elena Guerrero, madre del desaparecido Giovanni Galindes Guerrero, criticó que durante la audiencia el pasado 20 de octubre del Estado mexicano ante la CIDH (como parte del 156 periodo de sesiones que se celebró en Washington) las y los representantes del gobierno –entre ellos el subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, Roberto Campa Cifrián– evadieron algunas preguntas vinculadas con los resultados que el GIEI presentó como parte de la investigación que realiza en México por estas desapariciones forzadas.

Durante la audiencia, el gobierno mexicano se comprometió a cumplir 10 acuerdos básicos que exigió el GIEI, entre ellos el de expulsar de la investigación a la Subprocuraduría Especializada en Investigación en Delincuencia Organizada (SEIDO); que el tercer peritaje en el basurero de Cocula se realice conjuntamente con las y los expertos; se planifique una nueva investigación, y se establezca una nueva estrategia de búsqueda de los normalistas.

Al respecto, María Elena Guerrero observó: “Eso de que no dejan entrevistar a los militares… ¿a qué le temen? Si se supone que ya fueron 50 a declarar en la PGR, por qué no declarar con la CIDH. ¿A qué le tiene miedo el gobierno mexicano?”, expresó.

La mujer celebró la disposición del investigador peruano José Torero –que contribuyó en las investigaciones del GIEI para corroborar la “verdad histórica” de la Procuraduría General de la República–, para venir a México a participar en la realización de un tercer peritaje en Cocula.

La mujer insistió en que el Ejército sea investigado por el GIEI y que la búsqueda en vida de los normalistas apunte hacia los militares, toda vez que –recalcó– “sabemos que el narcotráfico opera en fosas, pero nosotros sabemos que participaron los cuatro niveles de gobierno; y si hubo presencia de militares, sabemos que hay cárceles clandestinas. ¿El Ejército a qué le tiene miedo? Que se deje investigar”, detalló.

Hilda Legideño Vargas, madre del desaparecido José Antonio Tizapa, expresó que confía plenamente en el GIEI y respalda sus acciones, pero principalmente se alegró de que se destacara en los compromisos el de buscar a los estudiantes con tecnología de punta.

“Es lo que más me importa, que los busquen vivos (…); la delincuencia organizada no se tienta el corazón, ellos cuando quieren matar en ese momento matan y ahí lo dejan, pero aquí hubo participación del Ejército; nosotros continuamos con la fe y con la esperanza de encontrar a nuestros hijos vivos”, sostuvo.

Y criticó que ya son seis peticiones que le hace el GIEI al gobierno mexicano para que le permita interrogar al 27 Batallón de Infantería sin lograr resultados.

“¿Qué esconde el Ejército? ¿Por qué no quieren que los interroguen o que revisen los cuarteles? No sabemos lo que quieren esconder”, increpó.

Hilda Legideño repudió que el gobierno les haya “cerrado sus puertas” al no informarles antes que a los medios de comunicación sobre algún posible hallazgo, pero se dijo satisfecha de que si hay un motivo por el cual quieran tener una reunión con el Ejecutivo federal se la van a exigir como un derecho, ya que eso fue otro de los compromisos que aceptó el Estado mexicano.

Por su parte, Blanca Luz Nava Vélez, madre del desaparecido Jorge Álvarez Nava, dijo que “ojalá el acuerdo que hicieron los expertos con el gobierno que se cumpla, es lo que queremos como madres, que cumplan lo que dice (el gobierno mexicano)”.

Blanca criticó que en una entrevista que dio a Televisa, el titular de la Secretaría de la Defensa Nacional, Salvador Cienfuegos Zepeda, se haya negado a que entrevisten a quien llamó “sus soldados”, ya que Enrique Peña Nieto –observó– tiene la facultad de pedir que se entreviste a los militares.

Natalia de la Cruz, madre del desaparecido Emiliano Alen de la Cruz, coincidió con las otras madres en que seguirán exigiendo que se entreviste a los soldados del 27 Batallón de Infantería, a fin de contar con más información para dar con el paradero de los estudiantes.

Precisó la necesidad de que se busque a los normalistas con vida en los cuarteles militares, y no en las fosas, como se hizo al principio.

CIMACFoto: César Martínez López

Por: Angélica Jocelyn Soto Espinosa

Cimacnoticias | México, DF.- 

“Si el gobierno nos quiere ayudar, que devuelva a nuestros hijos”

   Madres de Ayotzinapa llevan clamor de justicia hasta Sonora

Joaquina García Velázquez tuvo ocho hijos: cinco mujeres y tres hombres. Algunas de las hijas quisieron estudiar para ser maestras. Tres de ellas fueron a la Escuela Normal en Chilpancingo, Guerrero. Otra se hizo contadora.


Los hijos varones estudiaron Contabilidad en el Tecnológico de Chilpancingo. Pero a uno de ellos, el menor, no le gustó la carrera y se salió de la escuela. Duró un año sin estudiar. Pero eso a doña Joaquina no le parecía, pues ella es pobre, pero siempre quiso que todos sus hijos tuvieran escuela.

El joven se llama Martín Getsemany Sánchez García y está desaparecido. Es uno de los 43 normalistas de Ayotzinapa que desde el 26 de septiembre de 2014 salieron a buscar unos autobuses para ir a la marcha conmemorativa del 2 de octubre en la Ciudad de México, partiendo desde Iguala, Guerrero. Ya no regresaron.

Para el gobierno fueron emboscados por la delincuencia organizada, asesinados, quemados en un basurero y sus restos distribuidos en bolsas de plástico, arrojados todavía humeantes a un río.

Para madres y padres sus hijos están vivos, retenidos por el Ejército. Lo dicen claramente cuando explican que los normalistas estuvieron monitoreados por el C-4, instancia que concentra la información de todas las actividades de las policías, así como cuerpos castrenses.

“Quedan registrados todos los movimientos de la policía municipal, estatal, Federal, Marina y Ejército”, asegura con firmeza doña Joaquina.

Alza la voz para lanzar la pregunta al aire: “A ver, ¿por qué no quieren investigar en el cuartel? ¿Por qué (Enrique) Peña Nieto no quiere hacer nada? ¿Qué esconde? ¿Qué fue lo que vieron nuestros hijos que se los llevaron?”. Y las respuestas también quedan en el aire.

Martín Getsemany quiso estudiar para maestro rural después de un año de haber abandonado el Tecnológico de Chilpancingo, donde se instruía en la carrera de Contabilidad. Pero al joven le gustaba la idea de ser maestro, más que contador. Así que se salió para ingresar a la Normal Rural “Raúl Isidro Burgos”, de Ayotzinapa.

A pesar del dolor, de tantas noches sin dormir, de las lágrimas vertidas por más de un año, de los ojos de Joaquina brota serenidad. “Aunque tengo ocho hijos… ¡Viera cuánto lo extraño!”.

El 27 de septiembre de 2014 se enteró por la televisión que algo había pasado con algunos normalistas que fueron agredidos por las policías dentro de un autobús.

Por la noche no había extrañado a su hijo, pues la Normal Rural es también internado, así que el joven dormía en la escuela. Esa mañana fue el inicio del martirio que ahora la tiene recorriendo el país, igual que otras madres y padres.

Joaquina trabaja como intendente en una escuela de Guerrero. Desde hace casi 14 meses no labora, pero alguien la suple para que no pierda el empleo.

“Yo soy pobre, pero quiero que todos mis hijos estudien, por eso les he dado carrera”, afirma con una sonrisa, al recordarlos. Su esposo es campesino y su ingreso, como el de toda la gente del campo en Guerrero, es insuficiente para mantener una familia. Por eso Joaquina es un soporte importante de ese grupo familiar de 10 personas.

Joaquina García es parte de una de las comisiones de madres y padres de los normalistas de Ayotzinapa desaparecidos y de los que fueron asesinados, que viajan hacia diversos estados del país para difundir su lucha y contrarrestar las versiones oficiales que han tomado diversas caras, incluso de producción cinematográfica, al referirse a la recién estrenada película “La noche de Iguala”.

En Hermosillo llamaron a no apoyar el filme y a no asistir a las funciones, pues su objetivo sólo es convencer a la sociedad de la versión de la Procuraduría General de la República (PGR), y cerrar el caso intentando diluir el apoyo.

BERTHA

A Bertha le mataron a su hijo. Julio César Ramírez Nava es uno de los tres caídos en la masacre de Iguala, que duró la noche del 26 y parte del 27 de septiembre de 2014. Ella no lo espera cada día porque sabe que lo asesinaron a quemarropa. Fue uno de los muertos esa noche trágica en la que desaparecieron 43, tres quedaron gravemente lesionados y tres murieron.

A Bertha la mueve el coraje de la pérdida impune. Igual que las madres y padres de los desaparecidos, ella está convencida de que a su hijo lo asesinó el Estado. Camina codo a codo con quienes ahora viven con la incertidumbre metida en su sangre por no saber el paradero de sus hijos.

La madre de Julio César ha hecho suya la demanda de aparición con vida de los 43 compañeros de su hijo, normalistas de primer grado.

Su gesto es duro, triste a veces, pero de reclamo siempre. ¿Por qué? Es la pregunta que grita para todas las autoridades, para todos los funcionarios involucrados por acción u omisión. Ella sabe en dónde está su hijo, pero se solidariza con las madres de los otros, aquellos que no llegaron ni vivos ni muertos. Se pone en su lugar y exige justicia para todos.

Bertha vino a Hermosillo en una comitiva integrada por madres, padres, normalistas y maestros de Ayotzinapa. Pasan hambre, sueño, cansancio. Más de 2 mil 500 kilómetros de venida y otros tantos de regreso no importan si con ello lograrán mantener el apoyo y el interés por el caso de sus hijos. Que no quede impune es el objetivo y para ello necesitan a los demás.

Una y otra vez, Bertha repite que si en ello se le va la vida, no se cansará para entregarla luchando por justicia para su hijo asesinado y por la aparición con vida de los demás normalistas.

“Al igual que nosotros que andamos aquí en Sonora, otros están en Colombia, en Estados Unidos, y en otros estados de la República haciendo lo mismo: hablando con la verdad, de lo que pasó con nuestros hijos ese 26 de septiembre de 2014”, informan mientras agradecen la solidaridad.

MARGARITA
A Margarita Zacarías no le responden bien sus pies. Su andar balanceado de un lado a otro se debe a que tiene dificultad para caminar. “Es que tengo problemas en mis pies, por eso no camino bien”, se justifica mientras conversamos marchando como parte de la manifestación por los desaparecidos de Ayotzinapa, a lo largo de las calles de Hermosillo.

Ella confía en que su hijo va a regresar. Sin dudarlo reclama al gobierno por su desaparición: “Estoy segura de que el gobierno me lo arrebató y me lo tiene que devolver”, demanda.

A Miguel Ángel Mendoza Zacarías, estudiante de la Normal de Ayotzinapa, lo describe como un hijo alegre, responsable y con muchos sueños. El hijo se fue con la ilusión de prepararse para ayudar a su madre y padre, así lo recuerda.

A diferencia de otras madres de Guerrero, Margarita procreó sólo tres hijos. Miguel Ángel, el mayor de todos, es el único soltero. “Nada más tuve tres, y los otros dos muchachos no quisieron estudiar”.

Pero no sólo era alumno de la Normal “Raúl Isidro Burgos”, pues tiene el oficio de peluquero y con los ingresos de su trabajo aportaba al gasto familiar y de sus estudios.

Residentes de Apango, municipio de Mártir de Cuilapa, Guerrero,  Margarita y su familia tienen la vida trastocada. Al igual que otras madres y padres caminan sin cesar por el país llevando la información, pidiendo la solidaridad de la sociedad, tratando de evitar que su caso se olvide, así como ellas no olvidarán a sus hijos.

La vida les cambió de un momento a otro, ya nada es igual: “Nos hace falta ese hijo que aún no sabemos en dónde está”. Hoy ni su esposo ni ella trabajan para generar ingreso, por lo que agradece a la gente que solidariamente les apoya para sobrevivir y seguir en su lucha.

Repudia que el gobierno les ofreciera un monto quincenal, pero ellos no quieren dinero de la corrupción, no quieren dinero manchado de sangre. “Si de verdad el gobierno quiere ayudarnos, que no nos ofrezca dinero porque mi hijo no tiene precio. Si nos quiere ayudar ¡Que nos lo devuelva!”, exige Margarita.
 

Foto: Silvia Núñez Esquer, corresponsal

Por: Silvia Núñez Esquer, corresponsal

Cimacnoticias | Hermosillo, Son.- 

Las otras verdades

   Lydia Cacho 
Plan b*

A diario la gente miente para luego intentar convencernos de que el engaño que le hace salirse con la suya no es una manipulación intencionada, alevosa, que le da ventaja sobre las emociones de la persona afectada. Todos los días alguien cree que es conveniente mentir, sobornar, corromper, engañar, tergiversar los hechos.

 

A diario miles de personas sobreviven el abuso emocional causado por la aniquilación de la verdad. La intensidad de los efectos nocivos de una mentira está determinada por el objetivo que persigue el mentiroso.

 

También juega un papel importante la relación de poder entre la persona que manipula o niega hechos reales, y quien recibe esa mentira y se siente afectada porque otros intentan desestimar sus emociones e imponen una versión falsificadora de la historia.

 

Cuando un grupo de personas con poder político, jurídico, mediático y económico establecen un acuerdo para imponer una narrativa basada en la falsificación de pruebas judiciales y ocultando a los responsables, causan un daño emocional profundo en los receptores de esa intencionada mentira.

 

Las muestras más visibles de ese daño son las reacciones de incredulidad, rabia, ira, desesperación y rencor.

 

Históricamente los gobiernos municipales, estatales o federales que activan políticas de desaparición forzada de ciertos grupos sociales actúan exactamente de la misma forma: generan confusión, contaminan las investigaciones criminales, envían mensajes ambiguos, debilitan las estrategias de Derechos Humanos, y utilizan al aparato mediático corrupto para criminalizar a las víctimas, desacreditar a sus familias, y agotar a quienes les acompañan en los procesos de búsqueda de verdad y justicia.

 

Gracias al GIEI sabemos que hay hechos que son incontrovertibles sobre el caso Iguala: hubo al menos nueve ataques directos perpetrados por policías municipales y atestiguados por militares, policías estatales y federales.

 

Uno de los ataques se dio frente al Palacio de Justicia, de allí “desapareció” un autobús (evidencia perdida). Hay 180 víctimas directas, la mayoría jóvenes y varios menores de edad, seis ejecutados extrajudicialmente, más de 40 heridos, 80 víctimas de persecución y atentados, más de 30 sufrieron ataques contra sus vidas, y 43 normalistas fueron detenidos y desaparecidos forzosamente.

 

Además de policías municipales de Iguala y Cocula, que fueron los agresores directos, en dos escenas donde fueron detenidos y desaparecidos normalistas hubo presencia del Ejército, de policías federales y ministeriales mientras sucedían los hechos.

 

Tal presencia está registrada y documentada en el expediente de la PGR. Hay al menos 700 familiares directos de las víctimas que han tenido que enfrentar las consecuencias de los hechos, el impacto del dolor, miedo y maltrato de las autoridades.

 

A pesar del poder de quienes mienten, no podemos perder de vista que cientos de personas conocen la verdad, que es urgente dejar la ira atrás y retomar la fuerza para descubrir los hechos que podrán cambiar el rumbo de la historia de México.

 

Hemos de aprender a desentrañar la verdad sobre las personas desaparecidas en México, aprender a brincar el cerco mediático oficialista, aprender a pensar estratégicamente para encontrar el camino de salida a la cultura de la impunidad fundada, creada, fortalecida y perpetrada por los padres de la patria y los dueños del Poder Judicial de este país.

 

En la próxima década, el nuevo sistema de justicia penal procesal y los juicios orales quedarán implantados. Tenemos que lograr que la sociedad, las y los investigadores, jueces y litigantes, aprendan a operar a favor de la legalidad y no del ocultamiento, a favor de la justicia y no de la injusticia.

 

La mentira no comenzó con Ayotzinapa, pero gracias a la presencia del GIEI podemos aprender mejores prácticas de investigación para esclarecer los hechos desde diferentes ámbitos.

 

También en el periodismo tenemos mucho que aprender sobre raseros éticos de la opinión. Las marchas del sábado nos demostraron que millones buscamos lo mismo: verdad, justicia y paz. No podemos olvidar que todavía no hay verdad histórica, esa apenas se escribe. 

 

Twitter: @Lydiacachosi

 

*Plan b es una columna cuyo nombre se inspira en la creencia de que siempre hay otra manera de ver las cosas y otros temas que muy probablemente el discurso tradicional, o el Plan A, no cubrirá.

  

CIMACFoto: César Martínez López

Por: Lydia Cacho

Cimacnoticias | México, DF.- 

Mamás de los 43: del dolor a la exigencia de justicia

Ayotzinapa: un año de lucha para las madres

   Un año de búsqueda, resistencia y aprendizaje

A 12 meses de la desaparición forzada de los normalistas de Ayotzinapa, las madres de los jóvenes rememoran cómo pasaron del dolor a la autoorganización en su lucha de resistencia.    

 

La búsqueda que abanderaron durante 12 meses las madres de los 43 estudiantes desaparecidos en Iguala, las obligó a distanciarse de sus familias, a dejar sus trabajos, vender sus animales para evitar que murieran, y perder la temporada de cosechas, pero conocieron otras luchas de resistencia y aprendieron a defender sus derechos.

 

Tras los ataques del 26 de septiembre de 2014 contra estudiantes de la Normal Rural “Raúl Isidro Burgos”, se cuentan 180 víctimas directas y 700 familiares afectados de diferentes maneras, según los testimonios recogidos por Cimacnoticias y el informe del Grupo Interdisciplinario de Expertas y Expertos Independientes (GIEI), de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

 

A un año de los hechos, Margarita Zacarías, madre del joven desaparecido Miguel Ángel Mendoza Zacarías –y dedicada al campo y a la venta de atole–, ya no trabaja y sobrevive con la ayuda de la gente.

 

“El gobierno destrozó a toda la familia; hemos dejado trabajos, casa, hijos. Francamente, él (su esposo) y yo ya no ganamos nada y sólo tenemos la preocupación, el dolor de lo que puede estar sufriendo nuestro hijo. Además vivimos pensando en los hijos que dejamos en nuestra casa”, relata.

 

María de Jesús Tlatempa Bello, madre de José Eduardo Bartolo Tlatempa, dejó la venta de elotes para buscar a su hijo y responder a las preguntas que la sobresaltan: “No sabemos por qué pasó, por qué les hizo esto el gobierno a nuestros hijos, por qué los reprimió, por qué cobardemente los trató como a unos delincuentes. Nosotros estamos aquí, dejamos familia, nuestro trabajo por andar buscando a nuestros hijos”.

 

Para ella, la única certeza es que fueron policías municipales, estatales, federales y el Ejército, quienes actuaron por órdenes de “más arriba” para desaparecer a los normalistas.

 

María reprocha que esto le pase a la gente humilde que quiere prepararse: “Para él (José Eduardo) fue un privilegio entrar a la Normal, porque no tenemos recursos para una mejor educación”.

 

Las madres de Ayotzinapa no sólo han tenido que sobrellevar su propio dolor; algunas tuvieron que explicar a las niñas y niños de sus familias la desaparición de sus seres queridos, y evitar que sus otros hijos dejaran de estudiar.

 

DEL DOLOR A LA ACCIÓN

 

En los primeros días tras el ataque, las mujeres se movilizaron por las calles de Iguala, visitaron los servicios forenses, las estaciones de policía y otras instancias de gobierno.

 

“Tenemos que andar de un lado a otro; tenemos que salir a difundir, prácticamente decirle sus verdades al gobierno de todo lo que estamos viviendo, porque desgraciadamente nos ha atacado, nos ha dañado emocionalmente”, acusa Hilda Leguireño Vargas, madre del desaparecido Jorge Antonio Atizapa Leguireño.

 

La vida de María Elena Guerrero Vázquez, madre de Giovanni Galindes Guerrero, también cambió radicalmente desde que los policías se llevaron a su hijo. “Ha sido muy duro pero no imposible de vencer todos los retos, porque no descansaré. Me he tenido que enfrentar a dejar a mi familia, a abandonarla, a andar en el movimiento todo el tiempo”, expresa.

 

María Elena cuenta que acordó con su esposo (profesor rural) que ella buscaría a su hijo, mientras él regresaba a trabajar y a cuidar a su hija de 17 años. Desde que inició el movimiento en busca de los estudiantes, ella vuelve a su casa cada tres o cuatro meses, va de visita dos o tres días y regresa al movimiento.

 

Las familias no comen en un horario fijo y duermen menos de ocho horas diarias. Cuando están en la Normal se la pasan en reuniones para ponerse de acuerdo y aprovechan para lavar su ropa. “Estamos en resistencia y no descansaremos”, sostiene.

 

Ahora, la mayoría de las madres tienen graves malestares físicos y mentales a consecuencia del estrés que les provoca la búsqueda, pero no atienden su salud porque los mecanismos de atención que les ofrecen las autoridades son “limitados”, o porque simplemente desconfían de ellos.

 

Como producto de su activismo, las madres han aprendido varias lecciones. “No sabíamos ni hablar, pero ahorita ya todas las mamás hemos aprendido de otras organizaciones o del impulso de una misma por luchar por lo que es de nosotros, por lo que nos quitaron”, dice María Elena.

 

Mientras esperan el inicio de los actos públicos, las muje

res leen periódicos y libros, otras se documentan sobre otras historias de represión, relatan la defensa de la tierra y el agua de otros pueblos, y opinan sobre la educación en México. 

 

Berta Nava Ramírez, madre del asesinado Julio César Ramírez Nava, destaca que lo que sabe ahora lo aprendió tras la muerte de su hijo porque ella pensaba que el gobierno trabajaba bien hasta que lo asesinaron; luego visitó comunidades que habían sido golpeadas y masacradas por militares.

 

También advierte que el gobierno comete “muchos atropellos” contra las familias, como golpear a los papás, dispararles balas de goma, o infiltrar a militares vestidos de civil a los mítines.

 

Pese al riesgo, la mujer asegura: “No le vamos a dar el gusto a este desgraciado de Peña Nieto, que diga ‘ya se cansaron, ya ganamos’”. Aclara que para ella, los otros normalistas son como sus hijos y que ahora hay que luchar por los que siguen vivos.

 

Las madres de los normalistas coinciden en que han fraternizado entre sí hasta conformar una familia, y que están unidas buscando a los 43.

 

Cristina Bautista Salvador, mamá del desaparecido Benjamín Ascencio Bautista, critica que la versión de la PGR, sobre que los estudiantes fueron quemados en el basurero de Cocula, no estuviera sustentada en argumentos científicos, “ya que cada mentira que dice el gobierno duele, tortura a las familias”.

 

El GIEI documenta que los impactos más visibles de la desaparición se dan en los padres, y especialmente en las madres que viven esa pérdida con un profundo dolor y desasosiego, además del estrés que experimentan por no tener certidumbre.

 

A veces ellas preparan porciones de tortillas para el hijo desaparecido, piden que su cuarto esté limpio y, en algunos casos, hasta festejan sus cumpleaños. “A veces siento que llega corriendo a la casa. En la tarde le dejo la puerta abierta y nunca llega. Pero siento que él está vivo y que él va a regresar”.

 

Todas abrigan la esperanza de que los normalistas estén vivos, pero –acotan– no porque estén aferradas a una ilusión, sino porque el gobierno no ha podido comprobar científicamente que sus hijos están muertos, ni les ha entregado sus cuerpos para enterrarlos.

Reportaje 

CIMACFoto: César Martínez López

Por: Angélica Jocelyn Soto Espinosa

Cimacnoticias | México, DF.- 

En “Día de la Indignación Nacional” miles y miles sumaron su voz

Ayotzinapa: un año de lucha para las madres

   Mujeres unieron sus causas a reclamo de justicia por Ayotzinapa

Aunque las nubes estaban cargadas, un incontable número de personas se aglomeró en distintos puntos de esta capital para ver pasar y acompañar a las madres de los 43 normalistas desaparecidos en Iguala, Guerrero, al conmemorarse el primer aniversario de esos hechos oscuros.

 

En el bautizado ya como “Día de la Indignación Nacional”, pasadas las 12 del día del sábado 26 de septiembre, al pie de las escalinatas del Auditorio Nacional –muy cerca de la residencia oficial de Los Pinos–, las madres avanzaron sobre Paseo de la Reforma con los retratos de sus hijos acomodados en su pecho y con sus huaraches típicos del estado de Guerrero, en un recorrido de más de cuatro horas hasta el Zócalo capitalino.

 

Detrás de ellas, una cruz rosa de más de tres metros (con la cara de los normalistas en cada brazo) y que llevó la alianza de grupos civiles que ha denunciado el feminicidio en el Estado de México, simbolizó el repudio a la impunidad en la desaparición de miles de personas en México, la mayoría mujeres (adolescentes y niñas) víctimas de la violencia de género.

 

En minutos se formó detrás de los rostros serios de las madres y padres de Ayotzinapa el resto de los contingentes: normalistas, grupos de trabajadoras y trabajadores, estudiantes, artistas y en general sociedad civil organizada, que formaron una fila tan larga que aún a la mitad del trayecto seguía nutriéndose de más personas.

 

Miles de quienes protestaban eran mujeres: maestras que repudian la reforma educativa; las normalistas de distintas entidades que también han sido reprimidas por los gobiernos locales; campesinas despojadas de sus tierras; estudiantes, músicas, artistas visuales y decenas de defensoras de los derechos femeninos que además de clamar por los normalistas, insistían en que “nos queremos vivas y nos queremos todas”.

 

“Siento indignación, mucha rabia y enojo porque el gobierno no nos ha dicho qué pasó con los estudiantes”, “hoy salimos por los normalistas, pero debimos haber salido mucho antes porque esto nos pudo haber pasado a cualquiera”, dijeron varias mujeres cuando apenas empezaban a avanzar los contingentes.

 

La mayoría de las y los manifestantes se pusieron sobre las banquetas a lo largo de Paseo de la Reforma, desde donde esperaron el paso de las madres para verlas de frente, tomar fotos y aplaudir su resistencia.

 

A diferencia de otras marchas, en la de este día –una de las más multitudinarias a la que hayan convocado las familias de Ayotzinapa (al menos 30 mil personas, según reportes oficiales)– la gente solidaria vino a dar algo a las madres, “a retribuir lo que durante este año nos han enseñado: a luchar sin cansarse”, expresó un mujer dedicada al hogar que llegó con su familia.

 

Por eso las llenaron de aplausos cada vez que llegaban a una glorieta, les ofrecieron flores, les gritaron consignas de apoyo, y les escribieron en cartulinas: “Tú hijo también es mi hijo” y “hoy lucho porque es tu hijo, pero sé que si mañana fuera el mío, tú marcharías junto a mí”.

 

En la Estela de Luz la gente se seguía aglomerando hasta hacer imposible el paso sobre las banquetas; más adelante, el Monumento al Ángel de la Independencia se veía tan colmado que la multitud tuvo que acomodarse hasta el escalón más alto. 

 

En el camino, una mujer se acercó lo más que pudo a las familias para decirles directamente que iba a estar con ellas hasta que todo terminara, sin importar el tiempo que tuviera que pasar. Por un momento, el gesto serio de las madres devolvió una sonrisa de agradecimiento.

 

Las organizaciones civiles no sólo dieron algo a las familias de Ayotzinapa, también ofrecieron separadores, cartulinas con consignas impresas, postales y pines con exigencias de justicia por los 43 normalistas.

 

Como se convocó a una marcha pacífica, asistieron cientos de familias. Las y los niños prepararon en sus escuelas un dibujo con acuarelas, para exigir la aparición con vida de los estudiantes.

 

Durante el recorrido, María de Jesús Tlatempa Bello, madre del joven desaparecido José Eduardo Bartolo Tlatempa, tomó el micrófono y gritó con fuerza –aunque apenas un día antes había terminado su ayuno de protesta por 43 horas– que va a seguir buscando a su hijo, que sabe que los militares se llevaron a los normalistas, y que para ellas no ha habido descanso.

 

El primer mitin se realizó frente al llamado “antimonumento por los 43” (una estructura metálica que dibuja el emblemático número), donde se pasó lista a los estudiantes desaparecidos, a los heridos y a los asesinados el 26 de septiembre de 2014, y en el que se informó que aunque las familias ya habían llegado a la mitad de su caminata, más contingentes seguían sumándose a la columna que venía desde la Estela de Luz.

 

Luego las familias siguieron avanzando para leer más muestras de agradecimiento y mirar las expresiones de protesta –como las caras de sus hijos en cartulinas frente al Hemiciclo a Juárez, en la Alameda Central– que las estaban esperando.

 

La manifestación llegó al Zócalo pasadas las 4 de la tarde. El mitin lo iniciaron las familias. Cristina Bautista Bautista, madre del desaparecido José Ascencio Salvador Bautista (originario de una comunidad indígena de Guerrero), dio su discurso en lengua náhuatl.

 

Esta mujer, que antes de la desaparición de su hijo era monolingüe, agradeció que su llamado a la sociedad civil para que marcharan junto a ella este día no haya sido en vano, y expresó que no va a claudicar en la exigencia de justicia hasta ver a su hijo de regreso, aunque eso la lleve a marchar una vez más el próximo año.

 

Al final de la protesta, los gritos de las madres de los desaparecidos hicieron un eco tan grande que –como en la noche de los hechos criminales– hasta las nubes se desahogaron.

Por: Angélica Jocelyn Soto Espinosa, Cimacnoticias | México, DF.- CIMACFoto: César Martínez López

Levantan ayuno por los 43, pero la lucha sigue, advierten madres

Ayotzinapa: un año de lucha para las madres

   Convocan a la sociedad a marchar este sábado

“Hoy terminamos nuestro ayuno. Todos los 43 padres de familia que estamos dispuestos por dar la vida por nuestros hijos ya ayunamos 43 por 43, y aquí estamos: más fuertes que nunca”, dijo Cristina Bautista, madre del desaparecido Benjamín Ascencio Salvador Bautista, al cierre de la protesta que iniciaron las familias de Ayotzinapa en el Zócalo capitalino a las 7 de la noche del pasado miércoles y que terminaron hoy a las 2 de la tarde con 23 minutos.

 

Con una voz muy fuerte, Cristina agregó: “Agradezco a todas las personas que nos acompañaron, que estaban velando esta noche mientras estábamos durmiendo; a los doctores que nos acompañaron, y a todos los que estaban haciendo actividades culturales. Que sepa el gobierno que nosotros no estamos solos, nos están acompañando”.

 

De pie, las madres y padres de los normalistas desaparecidos hace un año despidieron la protesta como la iniciaron: frente a la Catedral Metropolitana, entre aplausos y consignas, pero sin ningún acuerdo trascendental con el gobierno mexicano.

 

Antes de terminar la protesta, María de Jesús Tlatempa Bello, madre del desaparecido José Eduardo Bartolo Bello, recordó que este acto de resistencia se suma a lo que hacen todos los días, como caminar por las calles “en pleno aguacero”, en “pleno sol”, “en la noche sin dormir y sin comer”.

 

Las voces también enérgicas de otras mujeres, y hasta de niñas, aprovechaban cada silencio de las madres para gritar consignas en apoyo.

 

Tras las 43 horas de ayuno, y pese a las enfermedades crónicas de algunas, las madres concluyeron íntegras su exigencia “inclaudicable”, observo Vidulfo Rosales, abogado de las familias.

 

El abogado aprovechó para refrendar que si ayer rechazaron públicamente haber llegado a un acuerdo con Enrique Peña Nieto fue porque sus compromisos (como la creación de una Fiscalía especializada), no es lo que las madres y padres estaban pidiendo.

 

El mensaje final de Rosales fue para los desaparecidos, para recordarles que los siguen buscando y que donde sea que estén sus familias los van a encontrar.

 

Al concluir su discurso, las madres y padres invitaron a la sociedad y a las mamás de personas desaparecidas a que marchen con ellas mañana a las 12 del día de la residencia oficial de Los Pinos al Zócalo capitalino.

 

También enfatizaron la esperanza de encontrar a sus hijos. Por ejemplo, Emiliano Navarrete, padre del desaparecido José Ángel Navarrete, se levantó de su lugar, caminó frente a los medios de comunicación presentes y confesó que a veces se cuestiona sobre si debería estar buscando a su hijo en los montes, en lugar de estar en las marchas, pero que luego piensa que cuando encuentre al joven desaparecido él se dará cuenta que tiene una gran familia de mexicanos y personas extranjeras que lo estaban buscando.

 

“Todos nos sentiremos felices cuando veamos a todos nuestros jóvenes aquí. Van a decir ‘yo también aporté mi granito de arena’ para que este joven  regresara y volviera a ser feliz con su familia”, aseguró Emiliano.

 

Durante su salida, las madres –protegidas por vallas humanas– caminaron entre los gritos de la gente. Una de ellas entreabrió su boca seca para dibujar un “muchas gracias” dirigido para quienes las miraban.

  CIMACFoto: César Martínez López

Por: Angélica Jocelyn Soto Espinosa

Cimacnoticias | México, DF.-

Bordar la paz

Ayotzinapa: un año de lucha para las madres
CRISTAL DE ROCA
Por: Cecilia Lavalle*

¿Qué es la paz? ¿Cómo se construye? ¿Qué se necesita? En la ONU dicen que alianzas. Porque el 21 de septiembre es el Día Internacional de la Paz, y el lema de este año es “Alianzas para la paz, dignidad para todos”.

 

Yo confieso que no sé mucho del tema, pero cuando conocí a Teresa tuve más respuestas que preguntas.

 

Teresa es una mujer baja y menuda. Diría que flota, porque se mueve con suavidad; pero pisa firme. Tiene una piel blanquísima, cabello blanco de raíz a punta, y viste casi siempre de blanco.

 

Sonríe con facilidad y mira con ojos atentos y amables, casi como mira una niña. Hasta que dice lo que piensa o siente. Entonces la mirada es firme y sabia.

 

Tenía una vida que sólo era suya, hasta que asesinaron a su hijo. Desde entonces tiene una vida que es la de muchas y muchos en mi país.

 

Su hijo tenía 21 años, era estudiante de arquitectura en el Distrito Federal y un mal día lo asesinaron en su departamento.

 

La historia podía haber terminado ahí. En un dolor personal. En un duelo familiar. Pero no. Se volvió colectivo. Porque en un país como el nuestro, donde la violencia y la injusticia duermen juntas, no hay duelo personal, el duelo es colectivo y esa colectividad se vuelve tu familia.

 

Teresa no sabe quién asesinó a su hijo, y tampoco sabe por qué. Lo poco que sabe ella lo ha averiguado, preguntando aquí y allá, escuchando a quien tiene algo que decirle o interpretando los silencios de quien no se atreve a decir nada.

 

Caminó los caminos de la legalidad sólo para descubrir lo que ya sabía, lo que ya sabemos: el Estado de Derecho ha de ser un estado en Finlandia, porque aquí nadie da razón.

 

Y entonces se unió a un movimiento por la paz, integrado por personas que comenzaron exactamente como ella: buscando justicia por una hija o un hijo asesinado, por una hija o un hijo desaparecido, por un esposo o una esposa, un padre, una madre, un hermano, una hermana…

 

En fin, porque les arrebataron la presencia de un ser que se ama y que para las autoridades no alcanza a ser ni estadística.

 

Su vida, como la de muchísimas madres y padres, pasó de lo cotidiano al activismo social. Y en el dolor compartido, en la indignación compartida, en la búsqueda de justicia compartida, han encontrado fortaleza para seguir viviendo y para construir la paz.

 

Teresa construye la paz de muchas maneras. Entre ellas, bordando. Porque también forma parte del colectivo Bordamos por la Paz, que tiene réplicas en varias ciudades de México, y en Nueva York, Barcelona, Tokio, entre otras.

 

Integrado sobre todo por mujeres, este colectivo borda. “No bordamos”, me corrige, “hacemos memoria en un bordado”.

 

En pañuelos blancos bordan los nombres de personas asesinadas o desaparecidas, bordan la fecha o las circunstancias en que se cometió el delito, bordan alguna imagen o algún poema, bordan el reclamo de justicia, bordan por la paz.

 

Bordan en plazas públicas e invitan a quien lo desee a bordar con ellas. “No hace falta saber bordar, me explica, eso te lo enseñamos. Hace falta no querer perder la memoria”.

 

Y quienes no quieren perder la memoria se unen a bordar. Y con sus bordados montan un tendedero en cualquier lugar. Y esos tendederos se vuelven, en efecto, el memorial de la tragedia que vive México, porque basta leer unos cuantos pañuelos para sentir en hilos de colores el dolor que recorre nuestro país de punta a punta.

 

Basta saber que en más de una ocasión policías las han desalojado violentamente de alguna plaza, para entender hasta qué punto mueven conciencias con sus bordados.

 

Cuando la conocí, entendí. Entendí que la paz se construye haciendo memoria, reconociendo cada agravio, cada delito, cada dolor; porque sólo así se puede empezar a hacer justicia.

 

Y entendí, también, que la paz se borda punto por punto.

 

Apreciaría sus comentarios: cecilialavalle@hotmail.com.

 

*Periodista y feminista en Quintana Roo, México, e integrante de la Red Internacional de Periodistas con Visión de Género.

Foto: Cecilia Lavalle

Cimacnoticias | México, DF.-