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7/16/2020

Cambio de época y etnocidio


La Jornada


Tengo que decirles que efectivamente estoy asombrado. No esperaba que las cosas fueran a ser así. Creí que la Cuarta Transformación (4T) implicaría un cambio sustancial en la forma de gestionar los megaproyectos. Pero no. Espero se pongan las pilas con premura. ¿Me pregunto, ¿dónde está el Instituto Nacional de Pueblos Indígenas? ¿Y todos los amigos que están en dependencias y no han hecho nada?Las anteriores son palabras de Armando Haro, doctorado en antropología social y miembro de la Red Kabueruma, compuesta por investigadores de diversas instituciones académicas para apoyar a los pueblos del río Mayo, afectados por la construcción de la presa Pilares. Las pronunció después de escuchar los testimonios de integrantes del pueblo guarijío, asentado sobre los márgenes del río Mayo, donde el 8 de julio pasado se cerraron las compuertas para que el agua comenzara a represarse.
El sistema de protección de derechos humanos, con todo y sus avances, se volvió a quebrar frente a los intereses económicos. De nada valieron los amparos ganados, ni las quejas ante la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, ni la solicitud de medidas cautelares solicitadas a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, instituciones cuya función es resguardar los derechos humanos y ordenar su reposición cuando son violados. Tampoco funcionó la promesa pública que en octubre pasado formuló en púbico el Presidente de la República de que la obra no se construiría sin antes consultar a los pueblos afectados.Con esta acción contundente de echarles el agua encima, ha brotado el miedo y la desesperación de las familias, la gente está muy enojada e indignada por todas la corrupción e impunidad que repartieron sobornos y pago a mercenarios para consumar el golpe.
No es para menos: la obra afectará profundamente su ya de por sí precaria vida.Esta inundación le arrebatará, en breve, el ecosistema ribereño a la tribu y con ello vulnerará gravemente su relación biocultural con su territorio ancestral y sus lugares sagrados, las aguas estancadas alcanzarán la red de caminos que por tantas generaciones han posibilitado el control sobre sus recursos, quedarán incomunicados, dejarán de tener el agua limpia del río, será imposible que siembren en temporal sus mahueches y milpas. Su desplazamiento productivo es inminente. Pero lo que angustia y llena de miedo a los guarijíos son las consecuencias inmediatas. “Se percatan que vienen ya las lluvias del verano y que se van a quedar encerrados. Por más que dimos aviso en innumerables ocasiones a las instancias ‘responsables’ del caso, todo parece indicar que Mesa Colorada, Chorijoa y otras rancherías cercanas se van a quedar aisladas porque no tuvieron a bien ni siquiera prever este aspecto de las vías terrestres inundables”.
Lo que los guarijíos, en voz del doctor Armando Haro, denuncian es la configuración de un etnocidio, tal como lo definió Rodolfo Stavenhagen, primer relator de pueblos indígenas de la Organización de Naciones Unidas. “El proceso mediante el cual un pueblo… pierde su identidad debido a políticas diseñadas para minar su territorio y la base de sus recursos, el uso de su lengua y sus instituciones políticas y sociales, así como sus tradiciones, formas de arte, prácticas religiosas y valores culturales. Cuando los gobiernos aplican estas políticas, se vuelven culpables de etnocidio”. Nada ha cambiado en estos tiempos de cambio. Las políticas gubernametales privan a los guarijíos de su territorio, con lo cual muchos tendrán que migrar y perderán su lengua, sus tradiciones, su arte y, en general, sus valores culturales. Como ha sucedido con muchos pueblos indígenas afectados por la construcción de presas a lo largo de la historia.
Es lo mismo que explicitamente se ha reconocido en la construcción del Tren Maya, pues para sus impulsoresel etnocidio tiene un opuesto positivo: el etnodesarrollo, lo que ha llevado al antropólogo Benjamin Maldonado a afirmar que mirar al etnocidio como potencializador de etnodesarrollo es una posición política clara.No hay cambio en el enfoque porque la Cuarta Transformación es una cuarta reiteración de la misma voluntad del poder. Para el Estado, el etnocidio es una forma de etnode-sarrollo. Del indigenismo de Gamio al de López Obrador así se ha padecido.
Los campos de disputa están bastante bien definidos. Los horizontes también. La pandemia que hoy padecemos y que nos agobia a todos ha opacado un tanto los cambios de época que nos han tocado vivir, pero de que existen, existen, y representan un gran reto que exige inteligencia e imaginación para poder remontar esta crisis que nos tocó vivir. Desde el aparato gubernamental ya se fijaron las posturas. La de los pueblos, que al final es la que cuenta, se va configurando. Paso a paso, a su tiempo y con sus recursos, como lo han hecho históricamente. Hay que aprender a mirarla para después no llamarse a engaño.

6/22/2017

Hijo de AMLO, Aristegui y cientos fueron espiados con programas del gobierno: ‘Eje Central’


"Las comunicaciones de José Ramón López Beltrán, hijo del presidente de Morena, o de la periodista Carmen Aristegui, fueron seguidas las 24 horas del día, durante 15 días", revela el reportaje.


Secretarios de Estado, funcionarios del INAI, el hijo de Andrés Manuel López Obrador, la periodista Carmen Aristegui, hijos de políticos y más fueron blanco de programas de espionaje utilizados por el gobierno federal, revela un reportaje que publica este jueves el sitio EjeCentral.
El medio informó que cuenta con documentos que precisan la vigilancia a 729 personas en el verano 2015.
Apuntó que aunque no es posible si se trata del software Pegasus -del cual fueron blanco activistas y periodistas en los últimos meses- “entre los programas identificados se encuentran DaVinci, IBIS o Data Suite”.
El reportaje arroja luces sobre el espionaje en el país:
“La información en poder de este semanario muestra que el seguimiento a estos blancos específicos se llevó a cabo entre el 31 de agosto y el 14 de septiembre de 2015, a través mensajes de texto, en WhatsApp o Twitter, a los números celulares de quienes en ese momento se convirtieron en objetivos para la inteligencia nacional.
“Durante ese verano de 2015, el bombardeo de mensajes de texto fue enviado entre las seis de la mañana y las 2:41 de la madrugada del día siguiente, a los números móviles de los periodistas Carmen Aristegui y Raymundo Riva Palacio, así como José Ramón López Beltrán, hijo del dirigente de Morena, Andrés Manuel López Obrador.
“También incluyeron a funcionarios de las empresas de Multisistema de Noticias Cambio, Diario 21 de Guerrero, Stereorey México y Televisa Talento, de quienes se desconoce el nombre porque aparecen las empresas como propietarios de las líneas.
“Los documentos revisados por ejecentral contienen los nombres, direcciones particulares y el número celular personal de cada uno de los personajes que fueron blanco del espionaje; así como el día, la hora exacta y la secuencia en que los SMS fueron enviados a los dispositivos móviles.
“Los reportes muestran dos direcciones que se repetían en cada uno de los registros, y de las que probablemente fueron enviados los mensajes. La primera, ubicada en Morelos 182-4, en el poblado de San Miguel Coatlinchán, y la segunda en Rascón 154, comunidad de Santiago Cuautlalpan, ambas en el municipio de Texcoco, Estado de México. Sin embargo, de acuerdo a expertos consultados, estos domicilios sólo pueden ser pantallas para disfrazar el espionaje, sin poder detectar el punto real desde donde se envía la operación”.
Y aún más: “Los documentos revisados por este semanario revelaron cómo instituciones del gobierno mexicano intentaron o tuvieron acceso a información personal de civiles, que pudieron ser sujetos de investigaciones o que resultaron ser personajes sociales con un común denominador: su permanente cuestionamiento a la gestión del gobierno del presidente Peña Nieto.
“Las comunicaciones de José Ramón López Beltrán, hijo del presidente de Morena, o de la periodista Carmen Aristegui, fueron seguidas las 24 horas del día, durante 15 días. Rastrearon los movimientos de su telefonía celular durante la primera quincena de septiembre de 2015. También fueron seguidas las comunicaciones de medios como Stereorey México, que es del grupo de MVS Radio, en donde trabajó Aristegui hasta marzo de 2015, porque fue despedida, junto con su equipo de 19 periodistas y por sus colaboradores; así como Televisa Talento S.A. de C.V., Multisistema de Noticias Cambio, que es la empresa que edita el Diario Cambio de Puebla, y Diario 21 de Guerrero”.

5/06/2017

Violencia de género en México: también en los círculos universitarios


Ivonne Carolina Flores Alcántara*
No, no, no, no, no. Ya empezamos mal. La violación implica necesariamente verga. Si no hay verga no hay violación. O sea, con palos de escoba, dedos y vibradores no hay violaciones. Hay una violación a la dignidad, si tú quieres, pero de esas hay de muchos tipos
Marcelino Perelló, exlocutor de Radio UNAM
La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación, y la Constitución de la Ciudad de México prohíben la discriminación motivada por cualquier condición que atente contra la dignidad humana y anule o menoscabe los derechos y libertades de las personas.
La ley suprema de México establece que todas las autoridades tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos. Por lo cual, el Estado deberá prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos. En cuanto a la discriminación, la Carta Magna prohíbe expresamente las conductas discriminatorias motivadas por origen étnico o nacional, de género, edad, discapacidades, condición social, condición de salud, religión, opiniones, preferencia sexual, estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas.
El 5 de febrero de 2017 se promulgó la Constitución Política de la Ciudad de México, la cual amplia las garantías de respeto y protección de derechos humanos. La Constitución de la Ciudad de México, en el artículo tercero, establece que la dignidad humana es principio rector supremo y sustento de los derechos humanos. Además, establece como principios el respeto a los derechos humanos, la cultura de la paz y la no violencia.
En materia de protección en contra de la violencia de género las autoridades tienen como principio rector el aplicar de manera transversal los derechos humanos, atendiendo las perspectivas de género, la no discriminación, la inclusión, la accesibilidad. La Constitución de la Ciudad de México prohíbe “toda forma de discriminación, formal o de facto, que atente contra la dignidad humana o tenga por objeto o resultado la negación, exclusión, distinción, menoscabo, impedimento o restricción de los derechos de las personas, grupos y comunidades, motivada por origen étnico o nacional, apariencia física, color de piel, lengua, género, edad, discapacidades, condición social, situación migratoria, condiciones de salud, embarazo, religión, opiniones, preferencia sexual, orientación sexual, identidad de género, expresión de género, características sexuales, estado civil o cualquier otra.
La Constitución señala que las siguientes conductas son discriminatorias:
  • La misoginia
  • Cualquier manifestación de xenofobia
  • La segregación racial
  • El antisemitismo
  • La islamofobia
  • La discriminación racial y
  • Otras formas conexas de intolerancia
La negación de ajustes razonables, proporcionales y objetivos es discriminación.
El marco constitucional de la Ciudad de México establece que toda persona tiene derecho a ser respetada en su integridad física y sicológica, así como a una vida libre de violencia. También garantiza el derecho a una vida libre de todo tipo de violencia o discriminación. Además, en el artículo 14 de la citada Constitución, se establece que toda persona tiene derecho a vivir libre de amenazas generadas por el ejercicio de las violencias y los delitos.
¿Qué dicen los tratados internacionales?
La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece que todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos por la Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano es parte. En cuando al ejercicio de derechos humanos no podrán restringirse ni suspenderse, salvo en los casos y bajo las condiciones que la Constitución establezca.
El artículo 4 de la Constitución de la Ciudad de México estipula que los derechos humanos conforman el parámetro de regularidad constitucional. Las autoridades están obligadas a que se garantice el respeto de los derechos humanos, la cuáles deberán prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos.
Las autoridades jurisdiccionales de la Ciudad ejercen el control de constitucionalidad y convencionalidad mediante el cual están obligadas a favorecer en todo tiempo la protección más amplia para las personas; las autoridades no deben favorecer aquellas normas contrarias a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y a los derechos humanos reconocidos en tratados y jurisprudencia internacionales.
En cuanto al artículo 20 de la Constitución de la Ciudad de México se establece que el Congreso de la Ciudad de México armonizara? la legislación de acuerdo con los tratados de derechos humanos celebrados por el Estado mexicano así como el aplicar la jurisprudencia de los tribunales y órganos internacionales.
La Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer establece el derecho de las mujeres a vivir una vida libre de violencia. La violencia de género es una violación de los derechos humanos y de las libertades fundamentales.
La Convención define que la violencia contra la mujer es cualquier acción o conducta, basada en su género, que cause muerte, daño o sufrimiento físico, sexual o sicológico a la mujer, tanto en el ámbito público como en el privado.
Este instrumento internacional establece los mecanismos de protección y defensa de los derechos de las mujeres como fundamentales para luchar contra el fenómeno de la violencia contra su integridad física, sexual y psicológica, tanto en el ámbito público como en el privado, y su reivindicación dentro de la sociedad.

Ley aplicable

La Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia establece que el Estado Mexicano debe prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres, garantizar el acceso a una vida libre de violencia. Además, que el acceso a una vida libre de violencia se rija bajo los principios de igualdad y de no discriminación.
El acceder a una vida libre de violencia implica la igualdad jurídica entre la mujer y el hombre; el respeto a la dignidad humana de las mujeres; la no discriminación, y la libertad de las mujeres.
Es violencia contra la mujer cualquier acción u omisión, basada en su género que cause daño o sufrimiento sicológico, físico, patrimonial, económico, sexual o la muerte tanto en el ámbito privado como en el público. Además, la Ley señala que la misoginia son conductas de odio hacia la mujer y se manifiesta en actos violentos y crueles por el hecho de ser mujer.
La violencia contra la mujer puede ser física o verbal; además, adquiere múltiples formas o manifestaciones:
  • Violencia sicológica: cualquier acto u omisión que conlleva a la víctima a la depresión, al aislamiento, a la devaluación de su autoestima e incluso al suicidio; por ejemplo: negligencia, abandono, descuido reiterado, celotipia, insultos, humillaciones, devaluación, marginación, indiferencia, infidelidad, comparaciones destructivas, rechazo, restricción a la autodeterminación y amenaza, violencia física, actos que infligen daño no accidental, uso de la fuerza física o algún tipo de arma u objeto que pueda provocar o no lesiones ya sean internas, externas, o ambas.
  • Violencia patrimonial: actos u omisiones que afectan la supervivencia de la víctima; por ejemplo: transformar, sustraer, destruir, retener o distracción de objetos, documentos personales, bienes y valores, derechos patrimoniales o recursos económicos destinados a satisfacer sus necesidades de la víctima.
  • Violencia económica: toda acción u omisión del agresor que afecta la supervivencia económica de la víctima. Se manifiesta a través del control del ingreso de las percepciones económicas de la víctima.
  • Violencia sexual: actos que degradan, dañan el cuerpo, la sexualidad de la víctima. Atentan contra la libertad, dignidad e integridad física de la víctima. Implica la supremacía masculina sobre la mujer para denigrarla y concebirla como objeto.
  • Otras formas análogas que lesionen o sean susceptibles de dañar la dignidad, integridad o libertad de la víctima.

Violencia de género en la UNAM

El académico de la Universidad Nacional Autónoma de México Alfredo Jalife Rahme Barrios ha sido denunciado del sistemático acoso, violencia de género, discriminación (http://www.losangelespress.org/alfredo-jalife-y-su-incontinencia-misogina/). Con el empleo de las nuevas tecnologías de la comunicación, personajes como éste recurren a la calumnia para mantener, en cierta medida, sus “delirios de aspiraciones divinas”, fomentar el odio hacia un grupo étnico, inventar conspiraciones, vilipendiar, inventar historias de lavado de dinero, inventar culpables, hacer uso de malabares lingüísticos para justificar y fomentar el odio racial y la misoginia.
Para investigar el acoso derivado de la violencia de género, las autoridades no responden con los mecanismos de celeridad que este tipo de acoso genera en las víctimas. Aunado a que el académico presume, sin tapujo, de sus conexiones con las “altas esferas” del poder en México. A su parecer, todo se puede hacer en este país con la ayuda de buenos amigos; al fin y al cabo es un país de amigos y si tienes poder, quedas impune.
A través de mensajes en las redes sociales insulta a quien esto escribe, cuestiona mis capacidades intelectuales y profesionales por el simple hecho de ser mujer e, incluso en un nivel de violencia abierto e impune, me amenaza.
El catedrático de la Universidad Nacional Autónoma de México ignora que en el estado Mexicano existe un marco constitucional y legal tendiente a erradicar la violencia contra la mujer. Ha utilizado las herramientas de la era de información para demostrar en todos los supuestos en los que puede incurrir para violar la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia.
El Estado mexicano ha suscrito tratados internacionales para erradicar la violencia contra la mujer, garantizar que los derechos humanos sean respetados. Además, de que se realizaron reformas constitucionales para garantizar el respeto a derechos humanos, ya que vivimos en un estado de derecho.
La Universidad Nacional Autónoma de México está obligada a dar ejemplo de que la violencia de género es un acto que tenga en contra de los principios de la máxima casa de estudios.
En un país que se ha destacado por un elevado número de feminicidio, corrupción, tráfico de influencias, el Estado mexicano debe garantizar, como debería ser el caso de cualquiera que reciba amenazas de muerte, insultos, violencia de género e intimidaciones el que se garantice la efectiva tutela de los derechos humanos con perspectiva de género.
Ivonne Carolina Flores Alcántara*
*Maestra en derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México

9/28/2016

Madres de los 43 exigen renuncia de Peña Nieto

“No somos revoltosas, buscamos a nuestros hijos”


  A 2 años de la desaparición de los 43 estudiantes de la Escuela Rural Isidro Burgos, ubicada en Ayotzinapa Guerrero, las madres expresan su dolor, pero también el amor por sus hijos, esa fuerza que las mueve para continuar en la búsqueda, en la exigencia de “justicia y verdad”.

“Es muy duro no poder platicar con él, no poder darle un abrazo, donde quiera que esté mi hijo, que sepa que lo amo y porque lo amo, siempre lo buscaré” dijo Nicanora García a Cimacnoticias, madre de Saúl Bruno, uno de los 43 normalistas desaparecidos en Ayotzinapa, Guerrero.

Nicanora García y su hijo Saúl Bruno son originarios de Tecuanapa Guerrero, ese poblado está a cinco horas de Ayotzinapa, el lugar donde se ubica la Escuela Rural en la que estudiaba su hijo.

Desde que Saúl Bruno desapareció el 26 de septiembre del 2014, al tratar de trasladarse a la ciudad de Iguala, la vida de Nicanora García cambió porque al ver que su hijo desapareció junto con otros 42 estudiantes, las acciones de búsqueda de “justicia y verdad” se han convertido en su rutina diaria.

La mamá de Saúl Bruno, hace servilletas para venderlas en los lugares a los que asiste para hacer activismo y dar seguimiento al caso Iguala-Ayotzinapa.

“Para una madre es muy duro no saber de su hijo, si come o no come, o qué estará pasando y este gobierno que no quiere entregarnos a nuestros hijos. Él es el tesoro más grande que he tenido en mi vida y no me voy a ir sin que me lo entreguen”, dijo Nicanora.

LA MARCHA

El pasado 26 de septiembre las madres de los 43 estudiantes iniciaron la segunda marcha masiva desde el monumento del Ángel de la Independencia, acompañadas de un gran contingente conformado por estudiantes de la Universidad Nacional Autónoma de México, el Instituto Politécnico, normalistas, sindicatos de telefonistas y de los sectores de salud y educativo, así como de organizaciones civiles.

Realizaron una pausa a la marcha para detenerse en el  anti monumento de “no olvido” de los 43, en donde realizaron el conteo de los estudiantes desaparecidos.

Después continuaron hasta llegar al Zócalo capitalino en donde el gobierno de la Ciudad de México, instaló unas carpas para un evento, lo que no impidió que los contingentes se organizaran para tomar el espacio y escuchar a las madres y padres de los 43 estudiantes.

En una de las vallas frente al edificio del gobierno de la Ciudad de México, colocaron una manta que decía: “Basta de impunidad gobierno traidor”. A un lado instalaron el templete en donde tres madres hablaron para pedir respeto a los Derechos Humanos, cumplimiento cabal de las recomendaciones del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) y la renuncia de Enrique Peña Nieto.

También pidieron cárcel para los implicados en el secuestro de los estudiantes, en específico para el entonces gobernador de Guerrero, Ángel Heladio Aguirre Rivero, y para  Tomás Zerón de Lucio, quien estuvo a cargo de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) y de manera reciente fue turnado como secretario técnico del Consejo de Seguridad Nacional, por decisión de Enrique Peña Nieto.

La primera mamá que habló fue Joaquina Palotzin, madre de Julio César. Ella agradeció el apoyo de las organizaciones civiles y de la ciudadanía y pidió que no las vean como personas “revoltosas”, porque son madres que buscan ver con vida a sus hijos y no descansarán hasta saber la “verdad”.

Hizo alusión al basurero de Cocula, el lugar que la Procuraduría General de la República (PGR) señaló como prueba de investigación, que ahí se quemaron los cuerpos de los 43 estudiantes, cuando el GIEI refutó con pruebas meteorológicas que ahí no se había registrado ningún incendio.

“Queremos que sigan con las investigaciones, saber dónde están nuestros hijos porque cada día que pasa es un sentimiento de sufrimiento. Ya no queremos sentir. Este dolor que sentimos no queremos que lo sufra otra madre” dijo Joaquina en el Zócalo capitalino.

Después tomó la palabra Hilda Legideño, madre de Jorge Antonio, quien denunció que el gobierno les ha ofrecido dinero, pero indicó que los 43 estudiantes no son “objetos” y por este motivo ellas continuarán en la exigencia de justicia.

Cerró Carmen de la Cruz, madre de Jorge Aníbal, quien pidió la presentación con vida de los 43 estudiantes y la renuncia de Enrique Peña Nieto.

“No quisiera estar aquí, pero en este lugar nos puso este maldito gobierno. Ellos se llevaron a nuestros hijos” dijo Carmen de la Cruz y narró que el 26 de septiembre del 2014, a las 3 de la tarde habló con su hijo Jorge Aníbal y le dijo que lo quería mucho.

“Mamá yo siempre te voy a querer, tu eres mi todo, me dijo ese día” dijo Carmen de la Cruz. Después hizo un exhorto a la ciudadanía para que no olviden el caso de los 43 estudiantes e informó que las agresiones a los estudiantes continúan.

Ese mismo día las madres y padres de otros estudiantes acudieron a los estados de Quintana Roo, Jalisco y Michoacán para estar presentes en las marchas simultáneas que se realizaron en esas entidades.


CIMACFoto: César Martínez López
Por: Gema Villela Valenzuela
Cimacnoticias | Ciudad de México.-

1/05/2013

Mujeres deben evaluar “zonas peligrosas” de las ciudades

NACIONAL
VIOLENCIA
   Políticas anticrimen carecen de visión de género, dice experta

Especial
Por: Anayeli García Martínez
Cimacnoticias | México, DF.-

La investigadora experta en género y urbanismo Sara Ortiz Escalante advirtió que para crear ciudades seguras las políticas urbanas deben considerar que las mujeres experimentan “miedos” diferentes que los varones.

Durante su participación en el “Encuentro internacional de ciudades seguras para las mujeres”, realizado en esta capital, la investigadora feminista explicó que la planeación urbana debe considerar la “percepción del miedo”.

Señaló que si en una calle donde el 100 por ciento de las personas que viven son mujeres y a una la violan, las consecuencias no afectan sólo al 1 por ciento de ellas sino a todas, ya que ese hecho aumentará la percepción de inseguridad y miedo.

La también socióloga explicó que en una ciudad las mujeres pueden sentir temor de ser víctimas del mismo delito que le ocurrió a otra mujer, en especial si se trata de una transgresión a su cuerpo y sexualidad.

La consultora en urbanismo y seguridad abundó que el miedo y la percepción de inseguridad también están condicionados por la diferencia que existe entre el tipo de violencia que pueden experimentar hombres y mujeres.

“Es muy diferente que tengas miedo de que te asalten o te den una paliza, que de ser violada; las consecuencias son diferentes y también la respuesta”, detalló.

Según este análisis, si asaltan a un hombre y le pegan en la calle es probable que lo cuente a sus amigos y denuncie el hecho. En cambio, cuando a una mujer la violan es difícil que lo divulgue y lo denuncie, ya que se suma el miedo a ser revictimizada y culpada.

Por tanto, precisó la experta, en una ciudad donde prevalece el miedo se limita la libertad de las mujeres, porque ellas se ven obligadas a salir de sus casas a ciertas horas del día y evitar ciertas zonas o espacios públicos que pudieran implicar un riesgo.

Aunado a lo anterior, las mujeres ven mermado el sentimiento de pertenencia a su comunidad, y en consecuencia participarán de forma menos activa.

Ortiz Escalante criticó que las medidas de los gobiernos locales sobre prevención y control del delito normalmente provienen del ámbito de la justicia y la criminología, y carecen de visión de género.

Las políticas para promover ciudades seguras están enfocadas en estrategias restrictivas, como incrementar la presencia de la policía y el control en el acceso a los espacios públicos, pero sin contemplar las diferencias sociales entre mujeres y hombres, recalcó.

También se han utilizado otras estrategias como incrementar la presencia de personas en el espacio público o atacar las raíces del problema con talleres educativos en comunidades más desfavorecidas.

Sin embargo es importante integrar en las políticas de seguridad la perspectiva de género, y tener en cuenta la percepción del miedo y la inseguridad a fin de promover entornos seguros e inclusivos.

Así por ejemplo se pueden promover las “auditorías sobre la seguridad de las mujeres”, que consisten en reunir a un grupo de mujeres que recorrerán las calles, por lo general de noche, para evaluar las zonas seguras y peligrosas de su ciudad.

La consultora destacó que otra medida es abrir centros comunitarios que brinden apoyo informativo, práctico y emocional a las mujeres, y que también sirvan como lugares de encuentro para hablar de salud, empleo y Derechos Humanos.

Un modelo de seguridad también debería incluir estadísticas e informes sobre delitos y violencia con datos desagregados por sexo, y contemple la perspectiva de género en el desarrollo, implementación y evaluación de programas de prevención de la violencia.