5/06/2017

Violencia de género en México: también en los círculos universitarios


Ivonne Carolina Flores Alcántara*
No, no, no, no, no. Ya empezamos mal. La violación implica necesariamente verga. Si no hay verga no hay violación. O sea, con palos de escoba, dedos y vibradores no hay violaciones. Hay una violación a la dignidad, si tú quieres, pero de esas hay de muchos tipos
Marcelino Perelló, exlocutor de Radio UNAM
La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación, y la Constitución de la Ciudad de México prohíben la discriminación motivada por cualquier condición que atente contra la dignidad humana y anule o menoscabe los derechos y libertades de las personas.
La ley suprema de México establece que todas las autoridades tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos. Por lo cual, el Estado deberá prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos. En cuanto a la discriminación, la Carta Magna prohíbe expresamente las conductas discriminatorias motivadas por origen étnico o nacional, de género, edad, discapacidades, condición social, condición de salud, religión, opiniones, preferencia sexual, estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas.
El 5 de febrero de 2017 se promulgó la Constitución Política de la Ciudad de México, la cual amplia las garantías de respeto y protección de derechos humanos. La Constitución de la Ciudad de México, en el artículo tercero, establece que la dignidad humana es principio rector supremo y sustento de los derechos humanos. Además, establece como principios el respeto a los derechos humanos, la cultura de la paz y la no violencia.
En materia de protección en contra de la violencia de género las autoridades tienen como principio rector el aplicar de manera transversal los derechos humanos, atendiendo las perspectivas de género, la no discriminación, la inclusión, la accesibilidad. La Constitución de la Ciudad de México prohíbe “toda forma de discriminación, formal o de facto, que atente contra la dignidad humana o tenga por objeto o resultado la negación, exclusión, distinción, menoscabo, impedimento o restricción de los derechos de las personas, grupos y comunidades, motivada por origen étnico o nacional, apariencia física, color de piel, lengua, género, edad, discapacidades, condición social, situación migratoria, condiciones de salud, embarazo, religión, opiniones, preferencia sexual, orientación sexual, identidad de género, expresión de género, características sexuales, estado civil o cualquier otra.
La Constitución señala que las siguientes conductas son discriminatorias:
  • La misoginia
  • Cualquier manifestación de xenofobia
  • La segregación racial
  • El antisemitismo
  • La islamofobia
  • La discriminación racial y
  • Otras formas conexas de intolerancia
La negación de ajustes razonables, proporcionales y objetivos es discriminación.
El marco constitucional de la Ciudad de México establece que toda persona tiene derecho a ser respetada en su integridad física y sicológica, así como a una vida libre de violencia. También garantiza el derecho a una vida libre de todo tipo de violencia o discriminación. Además, en el artículo 14 de la citada Constitución, se establece que toda persona tiene derecho a vivir libre de amenazas generadas por el ejercicio de las violencias y los delitos.
¿Qué dicen los tratados internacionales?
La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece que todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos por la Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano es parte. En cuando al ejercicio de derechos humanos no podrán restringirse ni suspenderse, salvo en los casos y bajo las condiciones que la Constitución establezca.
El artículo 4 de la Constitución de la Ciudad de México estipula que los derechos humanos conforman el parámetro de regularidad constitucional. Las autoridades están obligadas a que se garantice el respeto de los derechos humanos, la cuáles deberán prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos.
Las autoridades jurisdiccionales de la Ciudad ejercen el control de constitucionalidad y convencionalidad mediante el cual están obligadas a favorecer en todo tiempo la protección más amplia para las personas; las autoridades no deben favorecer aquellas normas contrarias a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y a los derechos humanos reconocidos en tratados y jurisprudencia internacionales.
En cuanto al artículo 20 de la Constitución de la Ciudad de México se establece que el Congreso de la Ciudad de México armonizara? la legislación de acuerdo con los tratados de derechos humanos celebrados por el Estado mexicano así como el aplicar la jurisprudencia de los tribunales y órganos internacionales.
La Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer establece el derecho de las mujeres a vivir una vida libre de violencia. La violencia de género es una violación de los derechos humanos y de las libertades fundamentales.
La Convención define que la violencia contra la mujer es cualquier acción o conducta, basada en su género, que cause muerte, daño o sufrimiento físico, sexual o sicológico a la mujer, tanto en el ámbito público como en el privado.
Este instrumento internacional establece los mecanismos de protección y defensa de los derechos de las mujeres como fundamentales para luchar contra el fenómeno de la violencia contra su integridad física, sexual y psicológica, tanto en el ámbito público como en el privado, y su reivindicación dentro de la sociedad.

Ley aplicable

La Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia establece que el Estado Mexicano debe prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres, garantizar el acceso a una vida libre de violencia. Además, que el acceso a una vida libre de violencia se rija bajo los principios de igualdad y de no discriminación.
El acceder a una vida libre de violencia implica la igualdad jurídica entre la mujer y el hombre; el respeto a la dignidad humana de las mujeres; la no discriminación, y la libertad de las mujeres.
Es violencia contra la mujer cualquier acción u omisión, basada en su género que cause daño o sufrimiento sicológico, físico, patrimonial, económico, sexual o la muerte tanto en el ámbito privado como en el público. Además, la Ley señala que la misoginia son conductas de odio hacia la mujer y se manifiesta en actos violentos y crueles por el hecho de ser mujer.
La violencia contra la mujer puede ser física o verbal; además, adquiere múltiples formas o manifestaciones:
  • Violencia sicológica: cualquier acto u omisión que conlleva a la víctima a la depresión, al aislamiento, a la devaluación de su autoestima e incluso al suicidio; por ejemplo: negligencia, abandono, descuido reiterado, celotipia, insultos, humillaciones, devaluación, marginación, indiferencia, infidelidad, comparaciones destructivas, rechazo, restricción a la autodeterminación y amenaza, violencia física, actos que infligen daño no accidental, uso de la fuerza física o algún tipo de arma u objeto que pueda provocar o no lesiones ya sean internas, externas, o ambas.
  • Violencia patrimonial: actos u omisiones que afectan la supervivencia de la víctima; por ejemplo: transformar, sustraer, destruir, retener o distracción de objetos, documentos personales, bienes y valores, derechos patrimoniales o recursos económicos destinados a satisfacer sus necesidades de la víctima.
  • Violencia económica: toda acción u omisión del agresor que afecta la supervivencia económica de la víctima. Se manifiesta a través del control del ingreso de las percepciones económicas de la víctima.
  • Violencia sexual: actos que degradan, dañan el cuerpo, la sexualidad de la víctima. Atentan contra la libertad, dignidad e integridad física de la víctima. Implica la supremacía masculina sobre la mujer para denigrarla y concebirla como objeto.
  • Otras formas análogas que lesionen o sean susceptibles de dañar la dignidad, integridad o libertad de la víctima.

Violencia de género en la UNAM

El académico de la Universidad Nacional Autónoma de México Alfredo Jalife Rahme Barrios ha sido denunciado del sistemático acoso, violencia de género, discriminación (http://www.losangelespress.org/alfredo-jalife-y-su-incontinencia-misogina/). Con el empleo de las nuevas tecnologías de la comunicación, personajes como éste recurren a la calumnia para mantener, en cierta medida, sus “delirios de aspiraciones divinas”, fomentar el odio hacia un grupo étnico, inventar conspiraciones, vilipendiar, inventar historias de lavado de dinero, inventar culpables, hacer uso de malabares lingüísticos para justificar y fomentar el odio racial y la misoginia.
Para investigar el acoso derivado de la violencia de género, las autoridades no responden con los mecanismos de celeridad que este tipo de acoso genera en las víctimas. Aunado a que el académico presume, sin tapujo, de sus conexiones con las “altas esferas” del poder en México. A su parecer, todo se puede hacer en este país con la ayuda de buenos amigos; al fin y al cabo es un país de amigos y si tienes poder, quedas impune.
A través de mensajes en las redes sociales insulta a quien esto escribe, cuestiona mis capacidades intelectuales y profesionales por el simple hecho de ser mujer e, incluso en un nivel de violencia abierto e impune, me amenaza.
El catedrático de la Universidad Nacional Autónoma de México ignora que en el estado Mexicano existe un marco constitucional y legal tendiente a erradicar la violencia contra la mujer. Ha utilizado las herramientas de la era de información para demostrar en todos los supuestos en los que puede incurrir para violar la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia.
El Estado mexicano ha suscrito tratados internacionales para erradicar la violencia contra la mujer, garantizar que los derechos humanos sean respetados. Además, de que se realizaron reformas constitucionales para garantizar el respeto a derechos humanos, ya que vivimos en un estado de derecho.
La Universidad Nacional Autónoma de México está obligada a dar ejemplo de que la violencia de género es un acto que tenga en contra de los principios de la máxima casa de estudios.
En un país que se ha destacado por un elevado número de feminicidio, corrupción, tráfico de influencias, el Estado mexicano debe garantizar, como debería ser el caso de cualquiera que reciba amenazas de muerte, insultos, violencia de género e intimidaciones el que se garantice la efectiva tutela de los derechos humanos con perspectiva de género.
Ivonne Carolina Flores Alcántara*
*Maestra en derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México

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