La Jornada
La localidad
de Palmarito Tochapan, en el municipio poblano de Palmar de Bravo, ha
vivido dos alarmantes y trágicas jornadas consecutivas deviolencia.
Según cifras del gobierno de Puebla, entre miércoles y jueves
fallecieron allí cuatro militares y seis presuntos delincuentes
dedicados a la extracción y venta ilegales de gasolina –conocidos como huachicoleros–, resultaron lesionados cinco soldados y un policía estatal, y hubo 14 detenciones.
Según las versiones oficiales, el miércoles una patrulla militar que
efectuaba un reconocimiento fue atacada por un grupo indeterminado de
individuos a bordo de camionetas. Ante la presencia de mujeres y niños
que habrían sido
utilizados como escudopor los agresores, los uniformados decidieron no disparar, pero ayer ocurrieron otros enfrentamientos en los cuales los soldados respondieron el fuego.
Posteriormente, habitantes de Palmarito bloquearon con barricadas y
neumáticos en llamas la autopista México-Veracruz y los accesos al
municipio, con la finalidad de exigir la salida del Ejército de la
población.
Palmarito Tochapan se ubica en la llamada franja del huachicol, una zona poblana donde la ordeña
de ductos de Pemex y la venta de combustible robado se han convertido
en prácticas extendidas en las que participa un numeroso grupo de
personas. Por lo demás, la extracción ilegal de combustible de las
líneas de transporte es un fenómeno de larga data y que en diversos
puntos del territorio nacional –particularmente, en el nororiente del
país– ha alcanzado niveles de gran escala y casi industriales.
Desde hace muchos años las autoridades se han abstenido de emplearse a
fondo en contra de esas actividades delictivas, pese a que el gobierno
podría disponer de diversas herramientas para prevenirlas y
erradicarlas: desde la inteligencia policial hasta la vigilancia con
videocámaras, pasando por la identificación de compradores al mayoreo de
combustibles robados. Es claro, pues, que la ordeña de los
ductos no podría realizarse sin complicidades corruptas en el interior
de las oficinas públicas y sin participación de corporaciones dispuestas
a hacer negocios con la adquisición por debajo del precio regular de
esos hidrocarburos.
En la referida región de Puebla, el fenómeno del huachicol
tiene, como componente adicional, la incorporación de sectores de la
población carentes de medios legales de subsistencia y, como telón de
fondo, una generalizada inconformidad social por precios prohibitivos de
combustibles, inconformidad que en enero pasado se tradujo en intensas
protestas populares en contra del llamado gasolinazo de ese mes.
Con esos elementos en mente, resulta ineludible señalar que el
combate al robo de combustibles tendría que empezar por el combate
frontal a la corrupción en diversos segmentos de la administración
pública –Pemex entre ellos–, una política estricta de control del lavado
de dinero, un cambio en la política económica para dignificar las
condiciones de vida de diversas zonas del país –caso de la referida
franja del huachicol– y una reconsideración de las políticas
energéticas en curso, las cuales propician el surgimiento del mercado
negro para combustibles robados por la simple razón de que éstos han
quedado fuera de la capacidad de compra de muchas personas.
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