El Informe anual de la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión
reporta que en México, en 2016 fueron dos las mujeres periodistas
asesinadas en México, Anabel Flores Salazar y Zamira Esther Bautista,
crímenes que forman parte de los, al menos, 33 periodistas asesinados en
el Continente Americano ese año, que informaban sobre hechos de interés
público.
La cifra de asesinatos de periodistas en el mundo, señala el Informe de la Relatoría, creada por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), fue mayor en 6 casos respecto a 2015, cuando se registraron 27 crímenes contra comunicadores.
Además, decenas de periodistas y trabajadores de los medios de comunicación fueron agredidos, hostigados y atacados de diversas formas y algunos fueron víctimas de vigilancia en sus comunicaciones, entre ellos varias periodistas mexicanas.
Los dos asesinatos contra mujeres periodistas cometidos el año pasado en México, dice el Informe, fueron calificados como “pasionales” o vinculados con el crimen organizado
ANABEL FLORES Y ZAMIRA BAUTISTA
El 9 de febrero del año pasado, fue encontrada sin vida la periodista Anabel Flores Salazar en una carretera del estado de Puebla. El día anterior, el 8 de febrero, hombres armados a bordo de tres camionetas llegaron a su domicilio, en Orizaba, Veracruz, la sacaron a la fuerza y se la llevaron.
Tras conocer la desaparición de la reportera policiaca de El Sol de Orizaba, la Comisión Estatal para la Atención de los Periodistas de Veracruz, a través de un comunicado, anunció el inicio de un procedimiento para localizarla.
Cuando fue encontrada muerta, la Fiscalía de Veracruz insinuó que el crimen fue resultado de una relación sentimental que la periodista sostenía con un miembro de una organización criminal, versión rechazada por periodistas, organizaciones de la sociedad civil y legisladores locales.
De acuerdo con la información que el Estado envió a la Relatoría, la Fiscalía Primera de la Unidad Integral de Procuración de Justicia de la Ciudad de Orizaba abrió una carpeta de investigación que está en trámite, asimismo la Dirección de Averiguaciones Previas de la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos cometidos contra la Libertad de Expresión (Feadle) inicio una Acta Circunstanciada, también en trámite.
Otro caso ocurrió el 20 de junio cuando la periodista independiente Zamira Esther Bautista fue asesinada en Ciudad Victoria, Tamaulipas. Bautista se había desempeñado como reportera de temas sociales para los periódicos El Mercurio y La Verdad. Según información consultada por el organismo, los responsables del homicidio dejaron una tarjeta que los vincula con un grupo ilegal que opera en Victoria.
OTRAS AGRESIONES
Entre las agresiones cometidas contra mujeres periodistas, la Relatoría documentó las intimidaciones hacia la periodista Paula Carrizosa, responsable de la sección cultural del periódico La Jornada de Oriente, agredida por el director de la Unidad de Comunicación de Puebla, Francisco Trejo, el 3 de febrero del año pasado.
Ese día la reportera se encontraba en el Museo Internacional Barroco (MIB), en la ciudad de Puebla, tomando notas, cuando el funcionario le dijo en forma desafiante y amenazante que no podía publicar nada porque se trataba de un evento informal. De acuerdo con la Relatoría, destaca que el diario tenía una línea editorial crítica hacia el entonces gobernador de Rafael Moreno Valle.
En su editorial del 5 de mayo de 2016, el diario Vanguardia informó que el 3 de mayo un vehículo permaneció estacionado frente a sus instalaciones; el 4 de mayo el mismo vehículo siguió a la periodista Roxana Romero en todo el trayecto hasta su casa, el vehículo se aproximó y pasó repetitivamente junto a la vivienda, por lo cual la periodista se ausentó de su trabajo temporalmente.
Roxana Romero junto con Vanguardia fueron demandados por Humberto Moreira Valdés, ex gobernador de Coahuila y ex líder nacional del Partido Revolucionario Institucional, quien alegó daño moral por una nota publicada tras su liberación el pasado 23 de enero, poco después de salir en libertad de una prisión en Madrid, España.
En Morelos, el 8 de junio, la periodista Estrella Pedroza, reportera del diario el Regional del Sur y corresponsal del portal La Silla Rota, fue agredida por el Mando Único de Cuernavaca. De acuerdo con la información disponible, ella se encontraba grabando con su celular un acto de presunto abuso de poder por parte de policías cuando uno de ellos se le acercó para cuestionarla y le prohibió grabar, tras lo cual arrojó el celular.
Al intentar levantar el teléfono, el policía le pegó en la cara. La periodista interpuso una queja en la Secretaría de Seguridad Ciudadana y la Comisión de Derechos Humanos de Morelos que inició una investigación; posteriormente la Secretaría negó los hechos denunciados por la periodista.
En la Ciudad de México, el 5 de julio del año pasado la periodista de la Crónica Hoy, Ana Espinosa Rosete, fue golpeada por agentes de la Policía mientras cubría las manifestaciones de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), en la capital del país
De acuerdo con la información recopilada por la oficina de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), los agentes policiales impidieron el trabajo periodístico de los reporteros, por lo cual Espinosa Rosete los grabó, en ese momento una policía mujer la golpeó en el rostro y la empujo hasta caer en la vía pública. Los hechos fueron denunciados ante la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México.
Entre los casos de acoso judicial, el informe de la Relatoría incluye el proceso contra la periodista Sanjuana Martínez, quien el 19 de abril de 2016 fue condenada por el Juez 69 de lo Civil en la Ciudad de México por el delito de daño moral contra el político Jesús Ortega Martínez, ex dirigente del partido de la Revolución Democrática (PRD).
También está el proceso contra Carmen Aristegui Flores, demandada civilmente por Joaquín Vargas, propietario de la concesionaria MVS, a raíz de la publicación del libro La Casa Blanca de Peña Nieto, en cuyo prólogo la periodista hizo señalamientos que el empresario considera le causaron un daño moral.
El 28 de octubre, el Tribunal Superior de Justicia de la Cuidad de México la condenó en primera instancia por causar daño moral al presidente de MVS. Además del proceso judicial, el 13 de noviembre pasado, cinco personas entraron sin autorización a las oficinas del medio digital Aristegui Noticias, de donde robaron computadoras y material de investigación.
Ante casos como estos, el informe de la Relatoría Especial recomendó a los Estados adoptar mecanismos de prevención adecuados para evitar la violencia contra las y los comunicadores, incluyendo la condena pública a todo acto de agresión y la adopción de medidas eficaces de protección.
El organismo llamó a realizar investigar de manera seria, imparcial y efectiva los hechos de violencia cometidos contra periodistas y trabajadores de medios de comunicación; juzgar y condenar a todos los responsables de estos hechos, y la reparación adecuada a las víctimas y familiares.
Image: Silvia Núñez Esquer
Por: la Redacción Cimacnoticias | Ciudad de México.-
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