Madres exigen renuncia del jefe de Agencia de Investigación
Tras la develación ayer de que autoridades de diferente nivel habrían
participado en obstrucción de la justicia, tortura y omisión de
diligencias periciales en el caso Ayotzinapa, las madres y padres de los
normalistas desaparecidos forzadamente exigieron que se cumplan las
recomendaciones que hizo el Grupo Interdisciplinario de Expertas y
Expertos Independientes (GIEI) en su informe final.
Las familias se pronunciaron hoy en el Centro de Derechos Humanos Miguel
Agustín Pro Juárez, en esta ciudad, respecto a las conclusiones del
segundo informe que presentó ayer el GIEI, y exigieron que el director
en jefe de la Agencia de Investigación Criminal de la Procuraduría
General de la República (PGR), Tomás Zerón de Lucio, sea separado del
cargo e investigado por haber llevado a cabo diligencias periciales que
no incluyó en las averiguaciones previas del caso, según se constató en
un video mostrado por las y los expertos.
También pidieron que sea Enrique Peña Nieto y no la PGR ni la
subsecretaría de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación
(Segob), quien responda a las recomendaciones y lo contenido en el
informe del GIEI.
Las mamás y los papás de los estudiantes demandaron que en adelante se
sigan las líneas de investigación que propuso el GIEI –diferentes a la
de la incineración en el basurero de Cocula, Guerrero–; que prevalezca
la búsqueda de los estudiantes, y que se permita la creación de un
mecanismo de seguimiento de la Comisión Interamericana de Derechos
Humanos (CIDH), encabezado por el comisionado James L. Cavallaro e
integrado por un especialista del GIEI.
Activistas en la Presentación del II Informe del GIEI | Foto: Angélica Jocelyn Soto Espinosa
Carmen Mendoza, madre del desaparecido Jorge Aníbal Cruz Mendoza,
aseguró que están agradecidas con el GIEI porque descubrieron
información de relevancia para ellas, pero el gobierno mexicano –cuyos
representantes no acudieron a recibir el segundo informe– “tenía prisa
de que se fueran, porque tiene miedo de que le descubra más basura que
tiene adentro”.
Y es que por decisión del Estado mexicano, ayer concluyó la asistencia
técnica que prestó la CIDH a México a través del GIEI para el
esclarecimiento de la desaparición forzada de los 43 estudiantes de la
Escuela Normal Rural “Raúl Isidro Burgos”.
El GIEI –integrado por personas con amplias trayectorias en Derechos
Humanos (DH)– no logró concluir sus indagatorias para determinar el
paradero de los jóvenes desaparecidos desde el 26 y 27 de septiembre de
2014, lo cual constituía uno de los objetivos de la asistencia técnica
acordada entre el Estado y las familias.
No obstante, el trabajo de las y los expertos independientes permitió
conocer desde el primer informe presentado el 6 de septiembre de 2015,
que la investigación de la PGR está plagada de irregularidades e
inconsistencias.
Entre las más notables está que las pruebas periciales de la PGR en las
que basa que los estudiantes habrían sido quemados en el basurero de
Cocula –la llamada “verdad histórica” presentada por el entonces
procurador, Jesús Murillo Karam–, no están sustentadas en argumentos
científicos, y que incluso los resultados del peritaje más reciente
consta de tan sólo tres hojas que “no alcanza los estándares mínimos”.
Por todo esto, el GIEI hizo 22 recomendaciones. Entre ellas, disminuir
la formalidad y burocracia; limitar la preponderancia de las pruebas
testimoniales y confesiones; mejorar la calidad y el método de toma de
declaraciones; aumentar el valor de la prueba pericial y objetiva; y
hacer un rediseño institucional para que los servicios periciales sean
independientes de la PGR.
También planteó potenciar la capacidad analítica de las pruebas;
realizar análisis de contexto que permitan investigar patrones y
responsabilidades; incorporar en la investigación todos los delitos y
violaciones a DH, y evitar que éstas se juzguen bajo el rubro de
delincuencia organizada
Además, valorar la calidad de la investigación sobre el número de
inculpados; integrar las averiguaciones; promover un sistema de
información periódica para las víctimas; evitar filtración de las
investigaciones por parte de la PGR; y garantizar el acceso a todas las
fuentes de información, y potenciar las líneas de investigación.
Así como investigar eventuales responsabilidades superiores y no sólo de
autores materiales; usar medios tecnológicos en la búsqueda de los
desaparecidos, exhumación, inhumación y conservación y entrega de restos
óseos; dar atención adecuada a las víctimas; evitar la revictimización y
criminalización; y garantizar una actitud cooperativa frente a la
asistencia internacional.
Las madres de los estudiantes hicieron un llamado para que este martes,
que se cumple un año y siete meses desde la desaparición de los
normalistas, la sociedad marche junto a ellas del Ángel de la
Independencia al Hemiciclo a Juárez, en la Ciudad de México.
CIMACFoto: Angélica Jocelyn Soto Espinosa
Por: Angélica Jocelyn Soto Espinosa
Cimacnoticias | Ciudad de México.-
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