CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El segundo y
último informe del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes
(GIEI) profundizó en la misma tendencia que el reporte de septiembre de
2015, pero con revelaciones aún más delicadas.
Éstas conducen a desmontar la “verdad histórica” sobre la
desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa y van perfilando un
“encubrimiento histórico”, tal como declaró Joy Olson, directora
ejecutiva de la Oficina de Washington para Asuntos Latinoamericanos
(WOLA, por sus siglas en inglés).
En este segundo informe podemos identificar al menos los siguientes 10 puntos explosivos del “encubrimiento histórico”.
1. “Siembra” de evidencias por parte de Tomás Zerón.- ¿Qué
hacía Tomás Zerón, director de la Agencia de Investigación Criminal de
la PGR, el domingo 28 de octubre de 2014 en el lecho del río San Juan,
un día antes de que se conociera la “versión oficial” sobre el hallazgo
de los supuestos restos de los 43 estudiantes en ese mismo río y en el
basurero de Cocula?
Carlos Beristáin, uno de los cinco integrantes del GIEI, destacó la
contradicción de las fechas al mostrar el video donde se observa a Zerón
junto con otro personal de la PGR. No lo dijo con contundencia, pero
todos pensaron lo mismo: se sembraron evidencias un
día antes para ajustar la versión de la “verdad histórica” obtenida a
partir de la tortura de la mayoría de los inculpados.
“No encontramos ningún informe sobre esos hechos, ninguna diligencia
el día 28. Toda la información oficial empieza el 29 de octubre”,
sentenció Beristáin.
Este es el punto más explosivo que colocaría al gobierno mexicano, en
general, y a la PGR y a Zerón en lo particular, en una situación de
vergüenza internacional y de posibles delitos muy graves.
2. Tortura documentada en al menos 17 de los 61 detenidos.- Al
menos 17 de los 61 detenidos por las autoridades estatales y federales
fueron torturados. Entre éstos están los cinco principales “autores
intelectuales” y “materiales” de la “verdad histórica”, en donde se
señala que sicarios de los Guerreros Unidos se llevaron a los
estudiantes y los calcinaron en Cocula.
“Los informes médicos realizados de forma secuencial tras la
detención muestran que en todos los casos se dan lesiones nuevas durante
el periodo de detención bajo custodia”, señala el documento del GIEI.
Para la directora de Amnistía Internacional para las Américas, Érika
Guevara Rosas, el informe es “demoledor” porque documenta la práctica de
la tortura generalizada. Justo unos días después que prácticamente todo
el gabinete de seguridad nacional presentó “disculpas” por la evidencia
de un video donde se torturó a una mujer por parte de soldados y
policías federales.
3. ¿Quién es El Caminante?.-
Por primera vez, los integrantes del GIEI mencionaron a un presunto
integrante del cártel Guerreros Unidos, identificado como El Caminante, que
sostuvo comunicación con al menos siete policías municipales ubicados
en Cocula e Iguala durante las “horas críticas” del ataque del 26 y 27
de septiembre de 2014.
Se ignora quién es El Caminante, pero el GIEI subrayó que “es una línea de investigación que no se ha agotado”.
4.- Suplantaron al verdadero chofer del quinto autobús.- Ángela
Buitrago, una de las integrantes del GIEI más atacadas por la campaña
mediática orquestada oficialmente, subrayó al leer el punto sobre el
quinto autobús –el que tendría “heroína sembrada” y fue secuestrado por
los normalistas por equivocación– que el chofer que les presentaron las
autoridades no es el mismo que se observa en el video oficial.
“Ostensibles diferencias” existen entre el chofer original y la persona que fue presentada ante el GIEI.
El quinto autobús y su chofer son claves para confirmar la hipótesis del trasiego de heroína de Guerrero a Chicago.
“El quinto autobús es una hipótesis investigativa que podría
justificar el ataque masivo e indiscriminado” contra los estudiantes de
Ayotzinapa. Ahí estaría el verdadero móvil.
5. Hubo llamadas telefónicas de estudiantes vivos.- En
contra de la tesis de la PGR de que “todos los teléfonos móviles de los
estudiantes fueron destruidos”, el GIEI identificó que días después se
activaron llamadas de algunos estudiantes desde el municipio de Huitzuco
o desde Iguala.
El estudiante Jorge Aníbal Cruz Mendoza envió un mensaje de texto a
su madre, a la 1:16 de la madrugada del 27 de septiembre, pidiéndole
“que le pusiera saldo”. “Este teléfono siguió activo incluso meses
después”, subrayó el GIEI. No se investigó esta línea y menos la
posibilidad de que varios estudiantes estuvieran vivos a partir del
análisis de la telefonía.
6. Es insostenible la “quinta versión” de la PGR.-El
GIEI fue enfático al afirmar que antes de su primer informe existían
cuatro versiones sobre el destino de los 43 estudiantes. Cuando se
exhibió la “mentira histórica” de que todos los estudiantes fueron
incinerados en el basurero de Cocula, la PGR a través de Tomás Zerón dio
origen, en septiembre de 2015, a la “quinta versión”: un grupo
importante, no todos los estudiantes, pudo haber sido incinerado en el
basurero de Cocula.
“No hay ningún sustento en el expediente para sostener esta versión”,
sentenció el GIEI. Es decir, la PGR y Tomás Zerón en particular han
mentido o “fabricado” esta quinta versión.
7. El tercer peritaje de dinámica de fuego en Cocula es un fraude.- El
GIEI fue contundente al descalificar el tercer peritaje que la PGR
entregó sobre la “dinámica de fuego” en Cocula, en marzo de este año.
Este peritaje detonó la ruptura entre el GIEI y la PGR.
En su informe los expertos afirmaron que sólo se presentó un informe
de nueve páginas, que incluye fotos de Google Earth y su dictamen está
en sólo tres páginas. En opinión del GIEI este documento “no alcanza el
estándar mínimo” para ser analizado por un tribunal nacional o
internacional, según leyó Francisco Cox.
El tercer peritaje “no contiene cálculos, no hay referencia al
estudio de (José) Torero ni al peritaje del Equipo Argentino. La
respuesta dada a los objetivos del estudio no contiene ningún análisis
ni ningún razonamiento científico. No hay el rigor científico mínimo
para dar respuesta a los objetivos fundamentales”, sentenció Cox.
Además, el informe reveló que los peritos contratados por la PGR
fueron obligados a firmar un acuerdo de confidencialidad “a
perpetuidad”, bloqueando la posibilidad de saber si hubo disenso o no en
el grupo que realizó el tercer peritaje.
El Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF) encontró restos
óseos de 17 personas y “ninguno corresponde” a los 43 normalistas. Por
tanto, la “quinta versión” es insostenible.
8. La Policía Federal “colaboró” en el ataque a los estudiantes.- En
contra de la hipótesis oficial de que sólo los policías municipales y
estatales, coludidos con Guerreros Unidos, secuestraron y entregaron a
los 43 estudiantes, el GIEI aportó elementos para confirmar que
elementos de la Policía Federal participaron en tres retenes en Iguala,
Cocula y Huitzuco, que impidieron así que los normalistas abandonaran
Iguala la noche del 26 y 27 de septiembre de 2014.
Al menos cinco vehículos de la PF tuvieron algún tipo de
participación en los eventos. E identificaron estos vehículos con los
números 11742, 11744, 11740, 9908 y 9910.
“Hubo un control cerrado, directo y permanente del movimiento de los
estudiantes desde Chilpancingo hasta Iguala durante más de 10 horas;
hubo un control y presencia de seguridad pública, policía ministerial,
policía municipal, PF, Ejército y otros miembros de seguridad pública
que monitorearon, segundo a segundo, las actividades de los estudiantes
en la entrada de la caseta de Iguala”, subrayó Angela Buitrago al leer
esta parte del informe.
9. La participación del 27 Batallón fue al menos por omisión.-A
pesar de que se les negó la posibilidad de entrevistar a los
integrantes del 27 Batallón de Iguala, el GIEI informó que varios
normalistas llegaron a la puerta de este batallón y se les negó ayuda,
al igual que familiares del equipo Los Avispones, cuyo autobús también
fue atacado. Los militares han negado esta versión.
También exhibieron contradicciones en las versiones de los militares
que han declarado. Uno de ellos afirmó que acudió a la barandilla para
preguntar por una motocicleta, pero había elementos suficientes para
afirmar que también fue a averiguar por la situación de los 43
normalistas desaparecidos.
10. La doble victimización de Julio César Mondragón.- El
GIEI pidió una segunda autopsia al cuerpo de este joven, cuya foto con
el rostro desollado y con múltiples heridas en el cuerpo se convirtieron
en la imagen internacional de la trágica noche de Iguala y del nivel de
violencia contra los normalistas.
El GIEI afirmó que los familiares “pasaron por un calvario de tres
meses” para que se realizara la segunda autopsia y que sufrieron una
“victimización secundaria” por la indolencia, burocratismo y sadismo de
las autoridades ministeriales.
En México, afirmó Carlos Beristáin, “existe una legalidad que no está al servicio de las víctimas”.
Revisa el informe completo aquí:
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