Informe sobre Ayotzinapa refuerza implicación del Ejército
La negativa para que GIEI entrevistara al Ejército devela la protección
de autoridades para que no se indaguen violaciones a garantías
humanitarias.
Sin importar las reformas al Código de Justicia Militar, las sanciones y
recomendaciones internacionales, ni la exigencia constante de
activistas para que haya justicia, las autoridades militares aún se
niegan a colaborar en casos de violaciones a Derechos Humanos (DH) en
los que estén implicados elementos castrenses.
Casi desde su llegada a México en noviembre de 2014, el Grupo
Interdisciplinario de Expertas y Expertos (GIEI) de la Comisión
Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) –que investiga el caso
Ayotzinapa– pidió entrevistar a integrantes del 27 Batallón de
Infantería de Iguala, Guerrero, por la información que pudieran aportar
sobre la desaparición forzada de 43 estudiantes normalistas.
Sin embargo, la PGR se negó mes con mes a procesar la solicitud, con la
cual se podrían esclarecer los hechos del 26 y 27 de septiembre de 2014,
advierten especialistas.
En septiembre de 2015, el GIEI reveló en su primer informe que el
Ejército vigiló a los jóvenes desde que salieron de la Normal Rural de
Ayotzinapa, para actividades de “boteo” y toma de autobuses.
Además, testigos señalaron la presencia de agentes de inteligencia
militar en la calle Galeana y el Palacio de Justicia, donde habrían
estado los normalistas; que el Ejército visitó la comisaría de
Barandilla donde habría sido llevado normalistas detenidos; y luego la
misma patrulla se dirigió al Hospital Cristina, donde se habían
refugiado sobrevivientes y uno de los heridos de gravedad.
El Ejército también resguardó la escena del crimen donde se hallaron los
cuerpos de dos normalistas en la calle Juan N. Álvarez y Periférico
Norte tras un segundo ataque. Luego, otra patrulla militar resguardó el
lugar donde apareció el cuerpo sin vida y torturado de Julio César
Mondragón antes de que llegaran las autoridades civiles, informó el
GIEI.
Pese a esta información aún quedaban cabos sueltos sobre si los
militares sólo habrían presenciado estos hechos, o si sabían más sobre a
dónde fueron llevados los normalistas, cuyo paradero aún se desconoce,
por lo que el GIEI insistió en entrevistar al Batallón.
La PGR mostró por escrito las declaraciones ministeriales de 11
militares del 27 Batallón, pero en las cuales se omitieron las preguntas
y se borró gran parte de las respuestas. Las declaraciones
ministeriales del Ejército constan en la segunda parte del expediente
del caso que hizo público la PGR el 11 de abril, pero aparecen
censuradas.
Pese a que aún no queda clara la participación militar en los hechos y
se desconoce el paradero de los normalistas, el Estado retiró el apoyo
al GIEI para su permanencia en México, por lo que el equipo deberá irse
luego de que hoy dé su segundo informe, en el que mostrará el
cuestionario que hubiera aplicado a los soldados.
AÑOS DE EVADIR LA JUSTICIA
El Sistema Interamericano de DH ha emitido más de una sentencia contra
México por la participación del Ejército en casos de desaparición
forzada, tortura sexual y obstrucción de la justicia.
Aunque la CoIDH ordenó, por estos casos, que el Estado mexicano
investigue la participación de militares en violaciones a las garantías
humanitarias, que reforme su Código de Justicia Militar para erradicar
el fuero castrense y homologarlo con convenciones internacionales, y que
legisle adecuadamente sobre desaparición forzada, estos mandatos no han
modificado el sistema de justicia militar.
La CIDH también ha emitido recomendaciones a México para que investigue
diligentemente y sancione conforme al fuero civil a militares
involucrados en violaciones sexuales contra mujeres.
Entre los casos más emblemáticos destaca que en 1994 soldados detuvieron
arbitrariamente, violaron y torturaron a tres hermanas tzeltales, en
Chiapas, en medio del contexto de represión al EZLN.
Seis años después de los hechos, el Centro por la Justicia y el Derecho
Internacional llevó el caso a la CIDH, que determinó que el Estado
mexicano violó los derechos a la libertad e integridad personal y a la
protección de la honra y de la dignidad, garantías judiciales y
protección judicial en perjuicio de las mujeres.
En 2002, la indígena tlapaneca Valentina Rosendo Cantú fue interceptada
por militares en la montaña de Guerrero, donde la interrogaron, la
golpearon y luego abusaron sexualmente de ella. Tras denunciar los
hechos, la Sedena desmintió la acusación y aseguró que no había
operaciones en la zona, por lo que la acusación pretendía afectar
“intereses personales de delincuentes que habitan en esa área”.
En ese mismo año, ocurrió la violación de Inés Fernández Ortega por
militares, cuyo caso –junto con el de Valentina–derivó en dos sentencias
de la Corte Interamericana, las cuales ordenaron además de la
reparación del daño a las víctimas, reformar el artículo 57 del Código
de Justicia Militar para permitir el enjuiciamiento de los militares que
participen en delitos contra civiles.
Aún sin cumplir el mandato, en 2006 un grupo de militares en el
municipio de Castaños, Coahuila, violó a 13 mujeres. Dos años después,
sólo tres soldados de los 12 que confesaron, fueron sentenciados por
violación.
En 2007, al menos cuatro indígenas adultas mayores de la sierra de
Zongolica, en Veracruz, también habrían sido agredidas sexualmente por
militares. En respuesta, el entonces mandatario, Felipe Calderón, negó
toda responsabilidad de los militares y aseguró que Ernestina Ascencio,
la primera de las víctimas, murió por “complicaciones de úlcera”.
Fue la presión constante de activistas que derivó a que en 2014 se
reformara el Código de Justicia Militar (artículo 57), que obliga a que
los soldados que cometan violaciones a DH de civiles sean juzgados ante
tribunales ordinarios.
No obstante, en 2015 la CoIDH determinó que esa reforma es insuficiente y
parcial, y estableció que la jurisdicción militar no era competente
para juzgar y sancionar violaciones a DH cometidas por militares.
En el contexto de violencia y crimen organizado que vive el país, grupos
civiles denuncian que las violaciones a DH se están multiplicando –como
evidenció el reciente video de tortura militar contra una mujer de
Guerrero–; sin embargo, no ha habido otra reforma al Código de Justicia
Militar que facilite las investigaciones y permita sanciones expeditas
contra los agresores.
CIMACFoto: César Martínez López
Por: Angélica Jocelyn Soto Espinosa
Cimacnoticias | Ciudad de México..-
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