4/25/2016

Los periodistas pal café . . . .



Al patio de la Universidad del Claustro de Sor Juana no llegó ningún representante del gobierno mexicano. Ni siquiera porque a la exposición del segundo y último informe del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) asistió el presidente de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, James Cavallaro. Fue el sello de ruptura, en un proceso de alejamiento y confrontación que se agudizó en cuanto los cinco expertos extranjeros detonaron la llamada verdad histórica, en específico la narrativa sin sustento técnico ni científico de la presunta incineración de 43 normalistas en un basurero de Cocula.
La virtual ruptura peñista de relaciones no tuvo en cuenta que la presentación del informe del GIEI era un acto formal, perteneciente, aunque fuera en su última fase (determinada ésta de manera unilateral y amenazante por Los Pinos), a un acuerdo formal que fue firmado por la misma administración federal mexicana ante una instancia internacional legítimamente dedicada a atender asuntos relacionados con derechos humanos en los países integrantes de esa CIDH, que a su vez forma parte de la Organización de Estados Americanos. No estuvieron Miguel Ángel Osorio Chong, ni Claudia Ruiz Massieu Salinas de Gortari, ni Arely Gómez González. Tampoco jefe alguno del Ejército, la Marina o las policías. Ni siquiera el subsecretario de Gobernación, Roberto Campa Cifrián; el subsecretario de Relaciones Exteriores, Miguel Ruiz Cabañas, o el subprocurador de derechos humanos, Eber Betanzos, a quienes se habían reservado asientos con su nombre y cargo escritos en cartulinas rectangulares colocadas en los respaldos.
En cambio, Enrique Peña Nieto se hizo presente para fijar posturas ante el informe del GIEI, pero solamente por la vía del Twitter (ya antes se había hecho presente en la planta de Pajaritos, en Coatzacoalcos, por la vía del Photoshop, acomodando una fotografía de él y algunos funcionarios sobre una gráfica de la estructura industrial accidentada; pulcros en la vestimenta, carentes del equipo de protección que es obligatorio en esos lugares y más cuando se está en una situación riesgosa, atentos y eficaces ante cualquier problema y en cualquier lugar de México y no sólo de México, del mundo entero, por la tecnológica vía voladora de la falsificación fotográfica). EPN, como el subprocurador Betanzos y otras cuentas internéticas del gobierno federal, se dedicaron a enumerar con denuedo burocrático las cifras alegres de la presunta buena atención a los requerimientos investigativos de los expertos independientes.
A juzgar por la información, la retórica y los presuntos buenos sentimientos operativos de Los Pinos y subordinados que le acompañan, al GIEI debió haberle sobrado material oportuno y profundo, suficiente como para resolver no solamente el caso de Iguala-Cocula, sino algunos más de los episodios sangrientos de la historia reciente de México. En el mundo de la simulación enceguecedora, el gobierno federal es rey.
Los cinco expertos independientes, por su parte, reiteraron su fundado rechazo a la versión murillista de la incineración en Cocula y aportaron nuevos datos y evidencias que, según el cuidado lenguaje que han usado, no significan acusaciones en sí, sino circunstancias que deben tomarse muy en cuenta en la búsqueda de verdad y justicia en el caso emblemático de los 43 jóvenes desaparecidos (42, en realidad), cuyos familiares ocuparon primera fila en el mencionado claustro. Por ejemplo, la videograbada visita de Tomás Zerón, el jefe de la libretista Agencia de Investigaciones Criminales del gobierno mexicano, quien estuvo un día antes en el lugar donde se encontró luego una bolsa con restos, según eso, de los desaparecidos. Esa peculiar visita, acompañado de uno de los declarantes del día siguiente, no fue consignada en ninguna información oficial.
El relato del GIEI constituye una dolorosa confirmación de la manera absolutamente injusta en que se maneja en México la estructura de procuración de justicia. Más allá de los infamantes detalles dados a conocer por ese grupo interdisciplinario en el caso específico de los 43, el fondo del asunto radica en ese tejido institucional hecho para el engaño, el escamoteo, la demora, la corrupción y, en esencia, la manipulación de esas instancias judiciales a contentillo de quienes tienen el poder y de sus aliados.
El segundo y último informe del GIEI ha confirmado que el Estado mexicano, sus policías de los tres niveles (municipales, guerrerense y federal), así como miembros del Ejército y otros órganos de inteligencia y seguridad nacional, supieron al detalle lo que iba sucediendo con los normalistas de Ayotzinapa, en tiempo real y sin intervenir para impedir lo que apuntaba a un desenlace trágico. Pero no sólo hubo esa confabulación regional en la que participaron fuerzas locales y representantes de fuerzas federales, sino que el propio aparato central de la administración peñista se esmeró en impedir que se avanzara en la búsqueda de la verdad, especialmente en cuanto a la participación de militares que presenciaron momentos importantes de aquellos sucesos y que por el rango de mando y control que ejercen no podían estar ausentes o ser ignorantes de lo que estaba sucediendo con 43 jóvenes y con otras víctimas directas e indirectas.
Ese sistema está expulsando al GIEI del país, mediante difamaciones contra algunos de sus integrantes y la creación de un ambiente no sólo turbio sino pleno de amago, pues la prolongación de la estancia física de esos expertos estaría en riesgo por falta de colaboración del gobierno mexicano en cuanto a seguridad y protección. Ahora quedan a la intemperie política, sólo con una promesa de seguimiento de la CIDH, los familiares de los 43 y en especial abogados como Vidulfo Rosales. Por ello ayer, en ese informe postrero, varias veces se escuchó la petición de No se vayan.
¡Hasta mañana, con la marcha dominical de la primavera feminista contra la violencia machista!



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El próximo fin de semana terminará el periodo de sesiones del Congreso. Quedó atascada en el Senado la Ley de Responsabilidades, que forma parte del sistema nacional anticorrupción. Existe un aparente enfrentamiento entre el PRI y el Verde contra el PAN y el PRD. Los privérdicos no quieren que cuaje una legislación dura contra los corruptos; los panperredistas, supuestamente sí. ¿Será real el desencuentro? Recordemos las circunstancias en que fueron aprobadas las normas derivadas del Pacto por México. PRD y PAN se prestaron a todo, a media luz. Qué frustración para las organizaciones ciudadanas que promueven la ley 3de3, su esfuerzo para reunir 600 mil firmas y luego obtener la validación del INE. No son los únicos. En el expediente Ayotzinapa, los padres de familia escucharon el reporte de los investigadores del GIEI, del cual se desprende que el gobierno es el responsable de la desaparición de los 43 normalistas. Y no sucede nada. Cabe citar la frase de escritor Fernando del Paso al recibir el Premio Cervantes: Las cosas no han cambiado en México, sino para empeorar; continúan los atracos, las extorsiones, los secuestros, las desapariciones, los feminicidios, la discriminación, los abusos de poder, la corrupción, la impunidad y el cinismo.
Veintiocho gramos
¿Cada policía llevará una báscula de precisión para determinar si la mariguana que lleva una persona no rebasa 28 gramos? Menos de esa cantidad no será delito, de acuerdo con la iniciativa de ley de Enrique Peña Nieto. Subió el límite de cinco gramos actual. Pondrá al alcance de la policía un instrumento –otro más– de extorsión formidable. Pero, ¿dónde conseguir los 28 gramos? El gran regalo para el negocio del narcotráfico está en el artículo que suprime la prohibición de siembra, comercio, transporte, prescripción médica, etcétera, cuando se realicen con fines científicos y médicos. Pronto veremos surgir clínicas por toda la República, tipo doctor Simi. Será cuestión de comprar la receta.



Hacía lustros, sexenios, décadas, que no recibía (como no fuera de los despachos de abogánsters que compran las carteras vencidas de los bancos y se dedican a extorsionar a quien se deja) una comunicación enviada por medio del Servicio Postal Mexicano. Un sobre con un fleco de colores y una leyenda: entrega inmediata. Por supuesto, las estampillas requeridas. Éstas las guardé, porque de seguro serán valiosísimas para cualquier coleccionista dentro de unos meses. El remitente (también marcado en el sobre) era un muy viejo compañero de la facultad. Me enviaba un recorte de la revista Proceso, referente a la carta de un lector que se inconformaba con la crónica sobre el libro del doctor Guillermo Soberón, El médico, el rector. Estaba firmada por Primo F. Reyes. –¿Te acuerdas de Primo? –me preguntaba mi amigo. –¿No piensas que sus afirmaciones, datos y fechas son absolutamente inexactos y fantasiosos? Contesté: 1. Recuerdo a Primo. 2. Pienso que alucinó.
El cambio de ciudad Mérida a Ciudad Victoria, o sea de la trova a la redova, le afectó severamente su sentido de orientación espacio-temporal y, aunque en su carta la buena voluntad es evidente, no se le quita lo fantasioso y protagónico. Recuerdo que en la Escuela de Jurisprudencia, a un grupo de emocionados novatos que salíamos de una clase de sociología, impartida brillantemente como todas las suyas, por el maestro Leopoldo Baeza y Acevez, nos abordó un joven tan simpático como parlanchín que se presentó: soy Primo Reyes, candidato a delegado de la facultad a Federación Estudiantil. Su fisonomía proclamaba, sin lugar a dudas, que era originario de alguna entidad del sureste del país, pero cuando comenzó a hablar nos quedó claro: Primo era yucateco.



En junio de 2012, el presidente Barack Obama emitió una orden ejecutiva conocida como DACA para suspender los procesos de deportación de personas que hubieran llegado a Estados Unidos en forma indocumentada con 16 años de edad o menos y que en ese momento no hubieran cumplido 31 años. La orden ejecutiva del presidente permitió que más de un millón de jóvenes indocumentados permanecieran en el país sin el peligro de ser deportados.
Dos años más tarde, ante la negativa del Congreso a realizar una reforma migratoria, el presidente emitió una nueva orden ejecutiva, DAPA, para también suspender los procesos de deportación de cuando menos otros 4 millones de indocumentados cuyos hijos fueran residentes permanentes o hubieran nacido en Estados Unidos.
No pasó mucho tiempo antes de que el gobernador de Texas interpusiera una demanda legal para anular dichas órdenes ejecutivas. Al recurso se sumaron rápidamente otros 25 estados cuyos gobernadores pertenecían al Partido Republicano, no podía ser de otra manera. De inmediato, un juez federal de ese estado emitió una sentencia anulando las órdenes del presidente. A fin de cuentas, el litigio llegó a la Suprema Corte, que la semana pasada escuchó los argumentos de ambas partes. Se espera que en junio próximo la Corte emita un fallo que puede ser definitivo.



Toda la furia contra Petróleos Mexicanos, y a ella la señalan por la explosión en el complejo petroquímico Pajaritos, en el clásico de al ladrón, al ladrón. El verdadero culpable de esta desgracia, el consorcio privado Mexichem, grita a todo pulmón que es Pemex la responsable (y ella, aunque no lo es, actúa como si en realidad lo fuera), cuando la firma propiedad de Antonio del Valle Ruiz no sólo es la accionista mayoritaria, sino la que opera y toma las decisiones en la planta productiva.
Desde septiembre de 2013, antes de la aprobación de la reforma energética y gracias a la generosidad del entonces director general de la ex paraestatal, Emilio Lozoya, dicho complejo petroquímico es mayoritariamente (alrededor de 56 por ciento) propiedad de Mexichem, y en esta asociación público-privada (el restante 44 por ciento pertenece a Pemex) el reparto del negocio es clarísimo: el consorcio de Antonio del Valle Ruiz se embolsa las utilidades y la empresa productiva del Estado carga con los gastos y las culpas, como en Pajaritos.
Petróleos Mexicanos enfrenta una delicada situación financiera que le impide entrar al rescate de la planta productiva de Mexichem. No está en condiciones de hacerlo aunque le correspondiera, que no es el caso. Si bien, y con razón, el director general de la ex paraestatal ha explicado que Pemex registra un problema de liquidez, no de solvencia, la obligación es reflotar a la ahora empresa productiva del Estado y no canalizar recursos públicos a consorcios privados para que éstos cumplan con sus metas de rentabilidad.
Vamos, ni siquiera existe duda: primero Pemex y después Pemex. La magra liquidez que tiene la empresa productiva del Estado debe ser utilizada en ella misma. El consorcio privado que se atienda solo, pues, como públicamente se ha jactado el presidente del consejo de administración de Mexichem, Juan Pablo del Valle, lo sucedido en Pajaritos no va a afectar nuestra estabilidad financiera, pues apenas es uno de los muchos negocios que tenemos en más de 30 países.
Las finanzas de Pemex no soportan un rescate más, otro salvamento de un negocio de amigos. El único rescate válido y necesario es el de la propia empresa productiva del Estado. En todo caso, Antonio del Valle Ruiz y familia que lo acompaña deberían pedir cuentas a Emilio Lozoya, el firmante de la asociación público-privada y destructor de las finanzas de Pemex, pues fue él quien garantizó que todo sería miel sobre hojuelas.
Ahora que, literalmente, reventó la asociación público-privada, los siempre oportunistas diputados se curan en salud y exigen conocer el contrato firmado casi tres años atrás (septiembre de 2013) por Emilio Lozoya y Mexichem. ¿Qué dice el contrato? ¿En qué términos se firmó? La respuesta es que se trata de un asunto privado (con bienes públicos), por lo que no puede difundirse. Bien, si es privado, pues que los daños en Pajaritos los pague la empresa privada y que las finanzas de Pemex se abstengan de meter un centavo en reparaciones o rescates. Pemex no está en condiciones ni debe pagar por Pajaritos.
Pero parece que no aprenden: a) Mexichem y Petróleos Mexicanos establecerán un esquema financiero diferente al del acuerdo inicial para financiar la reconstrucción de la planta Clorados 3 (en Pajaritos), informó Juan Pablo del Valle, presidente del consejo de administración de la empresa privada, quien manifestó que aún no determina si la planta entrará en paro técnico al no contar con materia prima, y b) el director general de Pemex señaló que la asociación entre ambas se mantendrá y se analizará la inversión que requerirán para poner a funcionar de nuevo a este complejo petroquímico, mientras se realiza una investigación sobre el origen de la fuga, la explosión y los daños en la planta. Entonces, salvamento en puerta, y serán las arcas públicas las que aporten los recursos para que las ganancias privadas no sufran ni se acongojen.
La política pública de rescatar los negocios privados ha diezmado a las finanzas nacionales. Dos ejemplos (de los miles que hay) lo documentan: banqueros y Fobaproa; miles y miles de millones pagados por los mexicanos a lo largo de dos décadas, y a estas alturas aún adeudan 870 mil millones de pesos, mientras los bancos, en igual periodo, acumularon casi un billón de pesos en utilidades netas, es decir, libres de polvo y paja. Y también está el rescate carretero: los empresarios amigos del régimen obtuvieron las concesiones del ramo, que nada tardaron en reventar para que el erario entrara en acción; eso fue en 1997, y casi 20 años después los mexicanos –que no han dejado de pagar por estos destrozos ajenos– todavía deben 230 mil millones de pesos, mientras a los mismos empresarios les regresaron la mayoría de las concesiones y siguen llenando sus alforjas.



Según cifras de la CEPAL 2015 fue para América Latina y el Caribe el peor año económico desde 2009 al registrar un decrecimiento en su PIB de -0.4% (Gráfico 1).
Los crecimientos de Cuba y Nicaragua 4.0%, Bolivia 4.5%, Panamá 5.9 y República Dominicana 6.6% no lograron compensar los desplomes en Brasil -3.5 y Venezuela -7.1%
Las proyecciones revisadas para este 2016 son, desafortunadamente, peores. Para América Latina se prevé un decrecimiento de -0.6%, con caídas en el PIB de casi todos los países bajo acoso neoliberal: Argentina se va a -0.8%, Brasil a -3.5, Ecuador a -0.1, y Venezuela a -6.9%
Para México el pobre crecimiento de 2.5% en 2015 se reduce a 2.3% en 2016.
Captación fiscal
Si bien en el último cuarto de siglo se elevó lenta pero consistentemente la captación tributaria en la Región (22 países seleccionados) de 14.6% del PIB en 1990 a 21.7% en 2014, esta última cifra es aun bajísima en comparación con el 34.4% que captan en promedio los países de la OCDE (Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico) (Gráfico 2).



La tasa de suicidio en Estados Unidos se ha disparado a su nivel más alto en tres décadas; los más pequeños hablan de sus temores y angustias provocados por los políticos, que dicen hacer todo en nombre de los niños; las guerras siguen sin cesar, pero ya casi nadie les presta atención; la desigualdad está a niveles comparables con la época dorada de los grandes magnates justo antes de la gran depresión de 1929; los más vulnerables son culpados de casi todo (crimen, economía, terrorismo), persiste la violencia armada, se documenta abiertamente la corrupción política, se intensifica la guerra contra las mujeres, parte de la cúpula insiste en que no existe el cambio climático y hay una lucha infernal de la cúpula política y económica del país por mantener el estatus quo.
De eso están muy llenos los días aquí, junto con la muy sencilla conclusión de que nada de esto tiene que ser así, y que las mayorías expresan un deseo casi opuesto a todo esto. Pero no importa; se impone lo absurdo.
Una maestra de prescolar nos cuenta que recientemente escuchaba una conversación entre sus alumnos en una escuela pública de Nueva York: una hija de un egipcio y una puertorriqueña dijo que Trump quiere poner un muro a través de México y Egipto, y con ello no podré ver a mi abuela; otra dijo Hillary y Trump son amigos. Otro más comenta: Trump nos está espiando.



Cuando las campañas para renovar presidencias municipales y el Congreso local tienen más de una semana (se iniciaron el 12 de abril), el Tribunal de Justicia Electoral de Baja California ordenó al Instituto Estatal Electoral (IEE) permitir a Carolina Aubanel Riedel registrarse como candidata independiente a la alcaldía de Tijuana. El IEE había dicho que la empresaria –dueña de un canal de televisión local– no había reunido las firmas suficientes para aparecer en las boletas.
En Baja California los candidatos independientes (ocho a presidentes municipales y siete a diputados) están en franca desventaja, no sólo porque, como en el caso de Aubanel, la posibilidad de registrarse les llegó cuando las campañas ya empezaron, sino porque mientras los candidatos de los partidos podrán gastar 11 millones de pesos, los aspirantes a ediles apenas tienen aprobado un gasto de un millón 100 mil pesos (10 por ciento de lo que pueden invertir los partidos).
Hasta ahora no parece que en Baja California, específicamente en Tijuana, se pueda dar un caso como el de Nuevo León, donde un candidato independiente se impuso a los partidos. Gastón Luken, el independiente más fuerte, está (según las primeras encuestas) lejos del Partido Acción Nacional y del Partido Revolucionario Institucional (PRI) y compitiendo con Julián Leyzaola, el famoso jefe policiaco que puso Tijuana en orden cuando los cárteles de la droga habían convertido la ciudad en su campo de batalla.



Digámoslo sin rodeos: uno de los más importantes festivales del país (para algunos el más importante) ha sido embestido por la mediocridad de la burocracia. El Jazztival de Michoacán, que este año celebraba su decimocuarta edición, fue tomado por asalto por las nuevas autoridades culturales del estado, y sin más, de un plumazo, echaron por tierra los esfuerzos de toda una comunidad.
Por principio de cuentas, y sólo en Morelia, cancelaron todos los conciertos en el claustro principal de la Casa de Cultura, que invariablemente se veía desbordado por más de mil melómanos de todas las edades, y los remitieron al patio trasero (no es broma). Otras actividades se fueron al teatro Ocampo, reduciendo significativamente la afluencia de jazzófilos.




En vísperas de la terminación de su estancia en México por decisión del gobierno mexicano, el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) dio a conocer su segundo informe, Avances y nuevas conclusiones sobre la investigación, búsqueda y atención a las víctimas, sobre la agresión perpetrada en Iguala el 26 de septiembre de 2014 en contra de estudiantes de la normal rural de Ayotzinapa y de otras personas. Esa instancia de coadyuvancia fue creada por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), en acuerdo con autoridades nacionales y los familiares de los 43 muchachos desaparecidos aquella noche, e inició su tarea en marzo del año pasado, cuatro meses después de que la Procuraduría General de la república (PGR), encabezada entonces por Jesús Murillo Karam, presentó una versión de los hechos según la cual los normalistas habían sido ejecutados e incinerados en el basurero de Cocula, y sus restos, triturados, colocados en bolsas de plástico y arrojados al aledaño río San Juan. Tal versión fue elevada en enero de 2015 a rango de verdad histórica, pese a sus múltiples inconsistencias y contradicciones y a las críticas de que fue objeto por especialistas y organizaciones de derechos humanos.

Agradecen a integrantes del GIEI, compañeros de camino
Queridos compas, camaradas y compañeros: Gracias por estar, por decir y por nombrar, a pesar de todo...!!! Seguiremos buscando a nuestros queridos futuros maestros y ustedes serán compañeros de camino.

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El jueves pasado presenté al Senado de la República una iniciativa de Reforma sobre el uso de la mariguana. Esta propuesta fue resultado de un amplio debate nacional, en el que participaron más de 200 expositores y 4 mil interesados, incluyendo jóvenes, universitarios, consumidores, padres de familia y especialistas. Se trató de un diálogo informado, plural e incluyente, en el que se escucharon todas las posiciones con absoluto respeto y apertura.
La sociedad y la comunidad científica tuvieron la palabra. Hubo un claro consenso: existen limitaciones en el enfoque actual, con que se ha atendido el tema de la mariguana. Y no sólo eso, de este ejercicio de diálogo y debate, pudimos identificar cinco posiciones constantes.
• Se precisó la necesidad de atender el tema de las drogas en general, y el de la mariguana en particular, desde la perspectiva de los Derechos Humanos.

El Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) volvió a hacer trizas la verdad histórica del ex procurador general de la República Jesús Murillo Karam sobre los hechos de Iguala y exhibió al jefe de la Agencia de Investigación Criminal de la PGR, Tomás Zerón de Lucio, como pieza clave en los intentos por desviar el caso hacia una quinta versión que no está sustentada en el expediente y también en la tácita siembra de una bolsa con restos óseos en el río San Juan, que, a la postre, mediante el análisis del ADN nuclear, se pudieron identificar en los laboratorios de genética de la Universidad de Innsbruck como pertenecientes a Alexander Mora, el único estudiante reconocido hasta ahora de los 43 detenidos/desaparecidos.

No exageran la doctora Lilia Albert y la socióloga y ambientalista Marisa Jacott al afirmar, en el libro que recientemente publicaron (México tóxico, Siglo XXI editores), que nuestro país carece de una efectiva política de protección civil. Que hay descoordinación de las autoridades cuando ocurre una emergencia química y no están preparadas para dar una explicación lógica y oportuna a las familias de quienes mueren o resultan heridos. Esto lo demuestra la sucedida el miércoles pasado en el complejo petroquímico de Pajaritos, Coatzacoalcos. Se intentó acallar la protesta de las familias con un cordón militar y policial; tampoco hubo capacidad para atender debidamente a los heridos. Todo eso enfureció a la gente que apedreó y abucheó a los líderes del corrupto sindicato petrolero. Agreguemos la falta de solidaridad humana del socio mayoritario de la empresa (el otro es Pemex): la familia del banquero Antonio del Valle, a quien le vendió el gobierno a precio de ganga parte de la planta petroquímica de Vinilo, donde ocurrió la explosión. Brilló por su ausencia luego de la tragedia.

La decisión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) de dar por concluido el mandato del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) abre una oportunidad de oro para retomar el camino de la movilización social y la organización política.

De vez en cuando conseguimos sacar a un compañero de la cárcel, detener las máquinas que vienen a destruir un pueblo, frenar un megaproyecto, impedir un despojo… Recurrir a la ley, a los procedimientos jurídicos, todavía produce resultados. Pero esa no debe ser la única razón para seguirlos empleando, con toda necedad.

Una de las frases más recordadas de J. M. Keynes se refiere a lo que dijo con respecto a que los hombres prácticos que creen estar exentos de cualquier influencia intelectual usualmente son esclavos de algún economista difunto. Ciertamente esto le ha ocurrido a él, siendo, a 70 años de su muerte, una influencia mayor en la forma en que se piensa la economía y sus repercusiones políticas.

Hace unos días buscaba el calor que se fue de nuestra ciudad y lo encontré en una carpeta de dibujos en la que Frederick Catherwood nos develó la vida infinita de la cultura maya. Pintó para preservar hasta nosotros su sueño colectivo. Tenía 40 años cuando se inició en el conocimiento del universo de los mayas. Había nacido en 1799 en Hoxton, suburbio de Londres y, desde 1821, visitó y dibujó las más importantes ciudades antiguas. Desde Jerusalén a Tebas, desde Roma hasta Karnak, todos los detalles pasaron por sus ojos.

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Anoche soñé con mercurio: unos glóbulos enormes y relucientes que subían y bajaban. El mercurio es el elemento número 80, y mi sueño me recordaba que el jueves cumpliré ochenta años.
A lo largo de mi vida, he visto cómo los elementos y los aniversarios se entrelazaban desde que era niño, cuando averigüé lo que eran los números atómicos. A los once años podía decir Soy sodio (el elemento 11), y ahora, a los setenta y nueve, soy oro. Hace unos pocos años, cuando le regalé a un amigo un frasco de mercurio por su ochenta cumpleaños –un frasco especial que ni goteaba ni se podía romper–, éste me miró de una manera un tanto rara, pero luego me mandó una preciosa carta en la que acababa bromeando: Cada mañana tomo un poco para mantenerme sano.
¡Ochenta años! Casi no me lo creo. A menudo tengo la impresión de que la vida está a punto de comenzar, sólo para comprender que casi termina. Mi madre era la número dieciséis de dieciocho hermanos; yo soy el menor de cuatro hijos, y casi el más joven de la interminable caterva de primos por parte de madre. En la secundaria siempre fui el más joven de la clase, y he conservado esta sensación de ser el más joven, aun cuando ahora soy la persona más vieja que conozco.
El siglo XX musical, tan amplio que ya no sabemos cómo clasificarlo, debe a los afrodescendientes de Estados Unidos no sólo todo lo que el jazz y el blues significan. De la negritud salieron cuatro músicos absolutos y definitorios, a quienes nadie pudo impedirles tocar, componer, organizar y vender su incesante creación en arrogante e irritante libertad: Duke Ellington, Miles Davis, Jimi Hendrix, Prince. Cada uno en su instrumento fue virtuoso impar. Nunca retrocedieron, nunca dejaron de evolucionar, de transformarse. Sólo Hendrix murió muy pronto, y su huella se interrumpe. La traían, se organizaban sus bandas, orquestas, quintetos, cuartetos, tríos necesarios. Peleaban con sus patrones blancos, perdían. Y siempre salieron ganando. Sabían lo que querían, con esa fijeza de Mozart, una disciplina sobrehumana y la música por dentro.

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