Archivo CIMAC
Ciudad de México. En un año el Congreso de la Unión
consiguió aprobar 4 reformas: en materia de participación política,
derechos laborales, violencia contra las mujeres y educación con
perspectiva de género.
El Congreso de la
Unión cerró 2019 con cuatro reformas favorecedoras para las mexicanas:
educación con perspectiva de género; paridad en los tres órdenes de gobierno y
organismos autónomos; prisión preventiva oficiosa para feminicidas y derechos
laborales para trabajadoras del hogar.
En medio de las
reformas constitucionales promovidas por el presidente Andrés Manuel López
Obrador, el Senado, integrado por 49 por ciento de mujeres, y la Cámara de
Diputados, compuesta por 48 por ciento de diputadas, aprobaron cuatro reformas
que, aunque en algunos casos fueron criticadas por agrupaciones feministas, se
publicaron en beneficio de los derechos de las mujeres.
Las legisladoras
incidieron en la agenda parlamentaria desde que inició 2019. Por ejemplo:
entraron al debate sobre prisión preventiva oficiosa donde algunas defensoras
aseguraron que el enfoque punitivo no garantiza justicia a las mujeres,
mientras otras mencionaron que era una forma de atacar la impunidad.
Finalmente, en
abril el Congreso reformó el artículo 19 constitucional para que delitos como
feminicidio y violación ameriten que el acusado siga su proceso en reclusión
para que no escape o atente contra la víctima. En mayo entraron en vigor las
reformas a cinco leyes laborales con el objeto de garantizar la justicia
laboral, la libertad sindical y la negociación colectiva.
En ambas Cámaras
se precisó que con estas normas se impulsaría la presencia de las mujeres en la
vida sindical y aumentaría su actividad como lideresas de trabajadores, esto
debido a que en la Ley Federal del Trabajo se estableció la obligación de que
toda directiva se conforme bajo el principio de paridad de género. En este tema
también se lograron cambios en favor de las trabajadoras del hogar. En la misma
ley se estableció que las empleadas deben tener contrato por escrito donde se
estipule su remuneración, horas de trabajo, suministro de alimentos y
herramientas de trabajo.
Además, para
verificar el cumplimiento de estas disposiciones, inspectores del trabajo
podrán hacer visitas a los hogares. Por otro lado, se facultó a la Comisión
Nacional de los Salarios Mínimos para fijar la remuneración del trabajo en el
hogar; se prohibió la contratación de personas menores de 15 años de edad y, en
casos de personas de entre 16 y menores de 18, se precisó que las jornadas no
podría ser de más de 6 horas al día. La reforma a la Ley del Seguro Social, por
su parte, incorporó a las personas trabajadoras del hogar como sujetos de
aseguramiento del régimen obligatorio.
Otro de los
avances legislativos más ambiciosos se concretó en junio al entrar en vigor la
reforma a nueve artículos constitucionales para garantizar que la mitad de los
cargos de decisión política en los tres niveles de gobierno (federal, estatal y
municipalen los tres poderes de la Unión (Ejecutivo, Legislativo y Judicial), y
organismos autónomos sean para mujeres, lo que se conoce como “paridad en todo”
o paridad transversal.
La reforma, que
buscó llevar la paridad más allá del terreno electoral, también hizo que la
Carta Magna adoptara un lenguaje incluyente y con perspectiva de género al
cambiar términos como “varones” por “hombres”, “ciudadanos” por “ciudadanía”,
“diputados” por “diputaciones”, “senadores” por “senadurías” e incluir
ministras y ministros.
Meses después, con
la nueva reforma educativa, en septiembre se publicaron tres leyes en la
materia, entre ellas la Ley General de Educación que ordena el diseño de
políticas incluyentes, transversales y con perspectiva de género y que los
contenidos de los planes y programas de estudio comprenden aprendizaje sobre
igualdad de género y educación sexual integral y reproductiva, entre otros
rubros.
Finalmente, en diciembre las y los diputados aprobaron tres reformas
que aún deben ser ratificadas por el Senado para entrar en vigor. La
primera fue la Ley de Amnistía propuesta en septiembre por López Obrador
para otorgar la libertad a mujeres, personal médico y parteras acusadas
del delito de aborto o de homicidio en razón de parentesco; y por
delitos contra la salud, entre otros. La segunda fue para modificar la
Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia para
hacer más eficiente el proceso para decretar la “Alerta de Violencia de
Género”. Un cambio normativo más que podría avanzar este 2020 es el
paquete de reformas para definir y sancionar la violencia política de
género en ocho leyes.
19/AGM/LGL
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