Podría haber sanciones penales
Involucradas, tres secretarías, la Planta de Asfalto, cuatro alcaldías y el Instituto para la Seguridad de las Construcciones
▲ Uno de los resultados de las fiscalizaciones de la Auditoría Superior
local apunta a que las autoridades no acreditaron que los
desarrolladores de los sistemas de actuación por cooperación de la
Alameda y las colonias Granadas (esta imagen) generaran los pagos de
mitigación en especie por un monto que asciende a 656 millones de pesos.
Como parte de las revisiones al ejercicio fiscal 2018, la
Auditoría Superior de la Ciudad de México (ASCM) detectó 41 acciones
que pudieran derivar en sanciones administrativas o penales por posibles
daños al erario.
Al momento el organismo continúa con el análisis del monto de lo que
representa la afectación económica por supuestos malos manejos de
recursos.
Uno de los resultados apunta a que las autoridades no acreditaron que
los desarrolladores de los sistemas de actuación por cooperación (SAC)
de la Alameda y las Granadas generaran los pagos de mitigación en
especie por un monto que asciende a 656 millones de pesos.
En estas revisiones están involucradas las secretarías de Desarrollo
Urbano y Vivienda, de Obras y Servicios. de Movilidad; así como la
Planta de Asfalto, las alcaldías de Álvaro Obregón, Coyoacán, Cuajimalpa
y Milpa Alta, y el Instituto para la Seguridad de las Construcciones.
Ayer se dio a conocer que la ASCM realiza una investigación en las
áreas de Tesorería y Oficialía Mayor de lo que fue la Asamblea
Legislativa del Distrito Federal, por el manejo irregular de los
recursos de la reconstrucción, lo que involucra a los ex diputados
Leonel Luna, Mauricio Toledo y Jorge Romero.
Deficiencias en la administración
En octubre pasado, cuando se hizo público el último
informe parcial de fiscalización de la Cuenta Pública de la Ciudad de
México de 2018, se presentaron 10 denuncias, de las cuales tres son
penales y siete administrativas; la mayoría están relacionadas con el
tema de la reconstrucción.
Por ejemplo, el órgano auditor solicitó a la Contraloría y a la
Procuraduría General de Justicia iniciar un procedimiento por
irregularidades en un contrato para la reparación de la carpeta
asfáltica y rencarpetamiento en la alcaldía de Benito Juárez. Según las
investigaciones, la Secretaría de Obras y Servicios entregó información
de un laboratorio que realizó el análisis de la mezcla asfáltica, aunque
los datos que presentaron no corresponden a ese laboratorio.
Asimismo, se solicitó iniciar diversos procedimientos derivados de
expedientes relacionados con la contratación de obra pública, y apoyos
económicos para la reconstrucción de viviendas afectadas por el sismo
del 19 de septiembre de 2017.
También destaca una solicitud de sanción a servidores públicos de la
extinta Agencia de Gestión Urbana, quienes no entregaron información,
respaldos ni soporte documental de la operación del Sistema Único de
Información de Servicios Públicos Urbanos; así como una solicitud de
sanción a funcionarios del Fideicomiso de Recuperación Crediticia por no
presentar soporte documental de un contrato firmado con el Instituto de
Vivienda.
Además de las denuncias, también se emitieron 531 recomendaciones
relacionadas con la falta de documentación que justifique el presupuesto
comprometido y devengado, incumplimiento de la normatividad interna
aplicable, falta de normatividad, debilidades del control interno e
incumplimiento de disposiciones legales.
Foto Roberto García Ortiz
Sandra Hernández García
Periódico La Jornada
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