La reforma laboral aprobada el 11 de abril, y que entró en vigor el pasado 1 de mayo, detonará una depuración de dirigencias sindicales tanto en el ámbito federal como en todo el país al no contar con padrones actualizados y no haber renovado liderazgos. Se estima que se trata de dos mil organizaciones de trabajadores a nivel federal y entre 30 y 40 por ciento de los 28 mil sindicatos en todo el país y que están en esa condición, señaló Alfredo Domínguez Marrufo, subsecretario del Trabajo, en entrevista con Crónica.
A siete meses de aprobadas las reformas para crear un nuevo marco que norme las relaciones obrero-patronales, y de los sindicatos con sus agremiados, exigencia incluso por parte del gobierno de Estados Unidos y Canadá como parte de las negociaciones para firmar el T-MEC, en la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STyPS) aseguran que la nueva reforma laboral debe generar confianza en todos los sectores, porque las modificaciones se están poniendo en marcha, aunque, admiten, llevará su tiempo instaurar el nuevo modelo.
—¿Cómo va la vida sindical a partir de las nuevas reglas del juego entre agremiados y líderes? —se le pregunta a Alfredo Domínguez Marrufo.
—Ya comenzamos a aplicar la reforma laboral. Desde la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje se está solicitando que, cuando un sindicato pretende el otorgamiento de la firma de un nuevo contrato colectivo de trabajo, acredite que tiene representatividad entre los trabajadores que pretende representar en ese contrato.
El funcionario federal explica que la propia Secretaría del Trabajo está con la legitimación de los contratos colectivos de trabajo, como lo establece la nueva reforma laboral.
“Ya hemos emitido un protocolo para que los sindicatos empiecen a legitimar sus contratos y los sometan a la aprobación de su base para que sea la mayoría de los trabajadores que, en su caso, los apruebe o de lo contrario ese contrato colectivo dejará de tener efectos manteniéndose todas las condiciones de trabajo, las prestaciones y salarios en éste, y lo vamos a hacer en tanto entre en funciones el Centro Federal de Conciliación y de Registro”.
—¿De cuántos sindicatos estamos hablando en el país..?
—Tenemos, según los registros, que se trata de dos mil sindicatos activos en el ámbito federal y 28 mil sindicatos en todo el país. En el caso del ámbito federal está muy claro cuáles son los sindicatos que están con vigencia y con vida sindical. Lo sabemos a través de la Dirección General de Registros y Asociaciones, que depende de la Secretaría del Trabajo, entendemos que son poco más de tres mil, pero muchos de ellos no han renovado ni dirigencias ni padrones, de ésos son dos mil. Y de los 28 mil que se tienen con registro, un porcentaje importante, entre 30 y 40 por ciento, puede ser que ya no tengan esta vida activa, y, seguramente, se irán depurando de estos registros cuando entre en operaciones el Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral.
El 11 de abril la Cámara de Diputados aprobó la expedición de la Ley Orgánica del Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral, que se encargará, entre otras tareas, de transparentar los contratos colectivos de trabajo, además del análisis de cuáles sindicatos están con vigencia.
—Hay voces de analistas que estiman que la reforma laboral tardará cuatro años en materializarse, en ser una ser una realidad, ¿cuál es el tiempo que estima la Secretaría del Trabajo?
—Las cosas no se van a hacer de la noche a la mañana. La reforma se va a ir materializando en la medida en que la reforma laboral se ponga en marcha, en una primera etapa, en diez estados, que son Chiapas, Campeche, Nayarit, Baja California, Ciudad de México, Coahuila, Veracruz, Morelos, Puebla y Tabasco.
El subsecretario aclara que esta primera etapa será en el último trimestre de 2020. En el siguiente de 2021 será para entre 10 y 12 estados y en el último trimestre de 2022 tendrán que ir otros 12.
Alfredo Domínguez Marrufo dice que este proceso escalonado se llevará a cabo conforme a la programación y planeación que ha establecido el Consejo para la Coordinación para la Implementación de la Reforma Laboral, presidida por la Secretaría del Trabajo, en acompaña de la Secretaría de Hacienda, además de un representante del Poder Judicial de la Federación, otro de la Conago, de la Comisión Nacional de Tribunales Superiores de justicia y también de las comisiones de la Secretaría del Trabajo estamos planteando que sea en diez estados a partir del último trimestre de 2020.
“En esas entidades se va a instaurar un centro de conciliación y un tribunal laboral, pero también un tribunal federal y una oficina de representación del Centro Federal de Conciliación y Registro, que deberá vigilar la entrada en operación para poder realizar la conciliación en el ámbito laboral federal, y que además esté recibiendo los contratos colectivos de trabajo como los registros sindicales”, aclara el subsecretario del Trabajo.
En el nuevo esquema para dirimir los conflictos labores se deberá crear un cuerpo de conciliadores, de acuerdo con el diseñado en la propia Ley Federal del Trabajo y en los criterios de la ley orgánica del Centro Federal de Conciliación y Registro, en las que se establece el perfil que debe tener el conciliador (conocimiento, habilidades, las competencias necesarias para poder realizar este trabajo) para que las partes puedan llegar a un entendimiento, sin presionar a ninguna de ellas. El reto es lograr que puedan entenderse.
La Secretaría del Trabajo debe buscar un procedimiento previo de sensibilización, capacitación, de reclutamiento de conciliadores que serán sometidos a un examen de evaluación para que pueda certificarse como conciliador y que garantice que va a actuar con profesionalismo y con la debida independencia e imparcialidad frente a los patrones o los trabajadores o los sindicatos.
“La reforma constitucional del 24 de febrero de 2017 establece las bases para este nuevo modelo laboral, pues señala que debe crearse una instancia conciliatoria a la cual deberán acudir tanto trabajadores y patrones para dirimir sus conflictos antes de acudirá a un tribunal, y es precisamente que estamos apostando por la Constitución, y con voluntad de este nuevo gobierno el llamado es que nos enfoquemos en la conciliación, como un medio de solución de conflictos, que está en boga en muchas partes del mundo, y se llama medios alternativos de solución de conflictos”, precisa el funcionario federal.
Indica que se recoge este modelo del Nuevo Sistema Penal Acusatorio, porque ayuda a generar condiciones de diálogo que vayan evitando la tensión social entre sectores, y donde no tenga que venir una autoridad “a decirnos quién tiene la razón y quién no. Que sean las partes las que lo logren, y para eso necesitamos un cuerpo de conciliadores”.
La propia ley establece un periodo de 45 días para que las partes puedan tener esta oportunidad de llegar a un acuerdo conciliatorio y una solución del conflicto, pero también se establecen condiciones para procedimientos muy ágiles, muy breves, expeditos y sencillos, para que las partes puedan, de común acuerdo conciliatorio, sin renunciar a sus derechos, en el caso de los trabajadores, desde luego, para que no lleven juicios muy largos, sino que sean ágiles, que no sobrepasen los seis meses.
Y Alfredo Domínguez Marrufo enfatiza: “El cuerpo conciliatorio no va a estar en una sola entidad federativa. Lo deseable es que cada tribunal abra una oficina, donde esté el Centro de Conciliación y Registro Laboral, y que existan de dos a tres conciliadores, de dos a cuatro conciliadores, porque van a empezar con carga cero, dependiendo de la demanda que tenemos en cada una de las entidades, porque si va a partir de cero, pues evidentemente que la contratación y la capacitación no puede ser como si ya todo el sistema estuviera al máximo, sino que va a ser carga cero e inician con los primeros asuntos en octubre del año próximo y se va a ir incrementando en la medida en que va teniendo la demanda de conflictos laborales en cada una de las entidades”.
Y eso se entiende, dice el subsecretario del Trabajo, porque no es igual, de ninguna manera, el número de conciliadores que se pueden tener, por decir, en Tlaxcala que en el Estado de México, donde se habla de Centros de Conciliación mucho más robustos, porque será por el número de demandas que se tengan al respecto.
“En cada tribunal federal o local se tienen mil demandas, entre 800 y mil demandas al año, y evidentemente para ello deberá tener el personal suficiente para que un juez laboral pueda atender estos casos al año, repartidos a lo largo de todos los días hábiles. Estamos planteando que juicios que tienen que tener dos audiencias, la preliminar y la de juicio, podrán ser mucho más expeditos. En el caso de conciliadores estamos calculando, dependiendo de la demanda, cuántos casos pueden llevar al día. Calculamos que cada conciliador pueda atender cuatro audiencias de conciliación al día, entre cuatro y cinco días de conciliación. Si lo multiplicamos, por decir 48 semanas al año, o 50 semanas al año, pues cada conciliador podrá llevar un promedio de 250 conciliaciones al año, por lo tanto podrán ser de dos a cuatro conciliadores, dependiendo del número de demandas. Si se tienen pocas demandas, se va a ir contratando los conciliadores, en función de eso.
Presupuestos aprobados
El presupuesto que la Cámara de Diputados aprobó para echar a andar todo este nuevo esquema es de mil 400 millones de pesos y está por rubros, para cada centro, para cada tribunal y cuánto a la propia secretaría para todas las actividades de cara a la implementación
Para el Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral, los legisladores aprobaron 197.2 millones de pesos (mdp). Para Tribunales Laborales Federales, 375.3 mdp; para los Centros de Conciliación Locales, 359.6 mdp; para Tribunales Laborales Locales, 270.1 mdp, y para la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, 199.7 mdp
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