Samir Flores
Samir Flores Soberanes, el
defensor del territorio y comunicador comunitario asesinado hace un año
en su natal Amilcingo, Morelos, se ha convertido en el referente
nacional de la lucha contra los megaproyectos que se imponen en
territorios indígenas. El primer aniversario de su asesinato sirvió de
contexto para la celebración de unas jornadas de tres días en las que se
denunció la represión a los defensores del medio ambiente y a la
autonomía de los pueblos originarios.
Con el hashtag #SamirSomosTodasyTodos se registraron 77 actividades
en 21 estados de la República y en diversas ciudades de Alemania,
Bélgica, Brasil, Canadá, Dinamarca, Estados Unidos, Guatemala y Grecia.
El eco internacional que demanda justicia para el defensor nahua
llegó hasta la oficina de Derechos Humanos de la ONU, que reconoció
su invaluable labor en la defensa y promoción de los derechos de las comunidades indígenas, y llamó a las autoridades mexicanas a continuar con las investigaciones y dar con los responsables.
Es necesario que el Estado mexicano adopte las medidas necesarias para garantizar condiciones de seguridad a otras personas defensoras de la región que han recibido amenazas y hostigamiento por su labor, así como intentos de criminalización, advirtió el organismo internacional.
Terminar con la impunidad es otra de las demandas del movimiento
indígena, pues hasta el momento no hay un solo detenido por el asesinato
de Flores Soberanes.
Este gobierno tiene la oportunidad de resolver el primer asesinato político del sexenio, pero ni la Secretaría de Gobernación ni ninguna instancia federal se han acercado al problema, parece que no les importa, señala el abogado David Peña, quien representa a la familia de Samir.
El proceso se complica, advierte Peña, por el entramado de las
relaciones locales y los grupos políticos que existen alrededor del PIM.
La fiscalía no sabe cómo entrarle al caso por todos los grupos inmiscuidos, dice, y aunque el Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra y el Agua (FPDTA) y la familia de Samir insisten en que el caso sea atraído por la Fiscalía General de la República, el abogado indica que
es la misma ineficacia en las dos fiscalías, pero el mapa de los actores locales lo tiene la fiscalía de Morelos, pero no ha demostrado capacidad y disposición.
Caso Fátima: la gente piensa en castigos duros
Instaurar pena de muerte, prisión perpetua
En el fondo, la descomposición social
En casos como el de Fátima,
el castigo al o los responsables debería ser: 1) prisión perpetua; 2)
pena de muerte; 3) reducación, reinserción en la sociedad, y 4) otro.
Este fue el tema de la semana, de cara al lamentable suceso de la niña
que sacudió a la comunidad. El feminicidio tocó fibras sensibles de la
gente y la llevó a pensar en soluciones muy duras, incluso no
contempladas por la legislación mexicana; 51 por ciento de los
participantes votó por prisión perpetua y 41 por ciento por pena de
muerte.
Metodología
El sondeo fue distribuido por redes sociales.
Participaron mil 327 personas. De Twitter, 404; de El Foro México, 590, y
de Facebook, 333. A continuación algunas opiniones.
Lozoya-Ancira-Covarrubias
Fertilizantes: barril sin fondo
Emilio Lozoya duerme en
una prisión madrileña y uno de sus socios, Alonso Ancira, hace lo
propio en una cárcel malagueña. Más allá de sus infinitas tropelías, la
pareja ha ganado las portadas de los medios de comunicación sólo por uno
de sus muchos asaltos en contra de la nación: la compraventa de Agro
Nitrogenados, un consorcio de fertilizantes privatizado, a precio de
remate, en el salinato (en 1992 a favor del segundo de los presos
referidos) y reingresado, a precio inflado, al inventario del Estado (en
2013, por el primero de los reos en mención) con Enrique Peña Nieto
(también le gusta la capital española, pero todavía no lo embodegan en
un reclusorio de esa localidad).
Esa compraventa motivó las órdenes de aprehensión en contra de Lozoya
y Ancira, que ya fueron ejecutadas (una en mayo de 2019, la otra en
días pasados). De ahí que ahora el par de pandilleros duerma en chirona,
en espera de ser extraditado a México. A ello deberá sumarse la
investigación judicial sobre otra adquisición (Fertinal) en una
operación similar a la anterior, en la que brilla otro miembro del clan,
Fabio Covarrubias.
Mucho se ha dicho y escrito sobre esto, pero poco se conoce (más allá
del atraco al erario y el elevado grado de corrupción) sobre el efecto
concreto en la parte productiva de Pemex, en el entendido que dichas
adquisiciones tenían como fin (versión oficial) incrementar
sustancialmente la producción interna de fertilizantes, dada la
creciente dependencia del mercado foráneo.
Pues bien, la Auditoría Superior de la Federación (ASF), por medio de
su informe de resultado de la fiscalización superior de la cuenta
pública 2018, nos regala un paseo temático, en el que destaca que en ese
año “Pemex Fertilizantes (…) destruyó valor económico en su operación
por 2 mil 839 millones de pesos”, de tal suerte que
no contó con base gravable para cubrir su aportación impositiva y, por ende, no tuvo recursos para cubrir el retorno esperado por los acreedores patrimoniales y de deuda; por la subutilización de su infraestructura productiva, así como su producción fue insuficiente para atender la demanda de productos en el mercado.
Con Lozoya, Pemex erogó alrededor de mil millones de dólares para
adquirir, a precio inflado, Agro Nitrogenados y Fertinal (ambos en
condición de chatarra), y al final de cuentas lo único que logró (más
allá de su tajada en el negocio y la mayor rebanada para Ancira y
Covarrubias) fue provocar un daño adicional y creciente a la ex
paraestatal.
Para el Estado mexicano el negocio Lozoya-Ancira-Covarrubias exigió más y más dinero. La ASF lo resume así:
Pemex Fertilizantes no logró establecer una estructura y organización corporativa conforme con las mejores prácticas internacionales; careció de sistemas y procesos eficaces para prevenir, detectar, atender, mitigar, dar seguimiento y sancionar riesgos de corrupción; operó con opacidad y sin planeación ni visión estratégica; observó falta de interés por parte de los miembros de los cinco consejos de administración para asistir y tratar los principales problemas.
Callejón sin salida
La posibilidad de alcanzar
una solución negociada del conflicto en el sur de Ucrania se encuentra
atrapada en un callejón sin salida desde que quedó claro que, sin
establecer un preciso orden cronológico, es imposible cumplir los
acuerdos de Minsk, cuya firma por todas las partes implicadas se celebró
en su momento como magnífica oportunidad para terminar esa guerra
fratricida.
Cinco años después, no se ha podido concretar ni uno solo de los
entendimientos pactados, salvo muy contados avances parciales: el
intercambio de prisioneros, pero no de todos los retenidos, y el
retroceso simbólico del armamento pesado en pocos sitios de
confrontación, quedando intacta la mayoría. En síntesis, no hay combates
directos, aunque los tiroteos son prácticamente cotidianos y el goteo
de muertos continúa.
Rusia y Ucrania relevaron a sus máximos encargados de negociar, pero
mantienen sin variar sus posiciones respecto de cómo deben llevarse a la
práctica los acuerdos de Minsk, conscientes de que con esa
intransigente actitud no podrá haber ningún arreglo político.
Un día en la vida de Noah Piugattuk
La extinción de los mundos
autóctonos no es un asunto agotado en las pantallas de cine, porque no
es y nunca será una cosa menor. Películas con este tema a menudo señalan
la insensibilidad de los gobiernos y su cuestionable soberanía. Eso es
lo que vemos en Un día en la vida de Noah Piugattuk (Canadá, 2019), de Zacharias Kunuk, película dentro de la sexta Muestra de Cine de Quebec.
Quebecine 2020 arrancó esta semana en la Cineteca Nacional y, como
siempre, nos abre un panorama de la actualidad cinematográfica de
aquella región. Este reciente trabajo de Kunuk resultó una de las
mejores películas canadienses que se presentaron en el pasado Festival
de Toronto.
El filme se ubica en los años 60, en la isla canadiense de Baffin,
donde se da el encuentro de aborígenes de la región y su líder Noah
Piugattuk, con un emisario del gobierno canadiense, quien les solicita
desplazarse a un asentamiento, en el que se les proporcionará vivienda y
los infantes inuit podrán asistir a la escuela. Todo el tiempo ofrece
beneficio económico a quienes no tienen al dinero como factor para el
bienestar.
Panteón Rococó: 25 años
En una nota de Jorge
Caballero, publicada en estas páginas un domingo 14 de julio de 2002
desde Jerez de la Frontera, España, la cabeza auguraba un destino:
“Panteón Rococó en España: ¡Estos tíos son la polla… son la hostia!”
Ahora, 18 años después, en México se podrían trasladar los adjetivos al
casto lenguaje de barrio: “Son la neta… son unos chingones” (je). Luis
Román Ibarra – Dr. Shenka– , Darío Espinosa, Leonel
Rosales, Felipe Bustamante, Francisco Barajas, Rodrigo Bonilla Gorri,
Missael Oseguera y Tanis celebran 25 años de existencia del Panteón
Rococó con un suceso inédito: tres conciertos, con un“doble sold out (localidades
agotadas) en el Foro Sol”, como publicó el Panteón en sus redes
sociales. O sea, oficialmente, casi 200 mil asistentes celebrarán los
cinco quinquenios de los autores de Toloache pa’ mi negra, La dosis perfecta, Vendedora de caricias, La carencia y El último ska. Él
éxito del Rococó es una muestra de que se pueden combinar en las
canciones temas de denuncia social y amorosos, como en su tiempo hizo el
Three Souls. Así, pues, los próximo 7, 8 y 9 de mayo se escuchará en
coro gigante:
Y la carencia, arriba / y los salarios, abajo. / Y yo le digo a mi Teresa / no me voy a resignar.
Radio Chopo, sicodelia
Este mediodía, en el escenario Radio Chopo del Tianguis
homónimo, se presentan Hueco, con su propuesta dark; el punk core ska
corre por cuenta de Altibajos; de Guanatos llegan Dajuana Band
con su rock alternativo, y el grunge de Jacks Maniaks; Hatroxxx tocará
electro experimental; La Divina Pistola llega de Tlahuelilpan, Hidalgo,
para dejar muestra del metal rock que se produce en esos lares; cierran
escenario los chilangos de La Maestra, quienes pondrán su hard rock a
consideración del exigente público chopero.
Editorial La Jornada
La industria petrolera nacional
presentó en enero su mayor ritmo de crecimiento anualizado en 16 años,
alcanzó su mejor nivel de los pasados 15 meses, y ligó su tercer mes
consecutivo al alza. A estas buenas noticias debe sumarse la entrada en
operación del campo petrolífero de Quesqui en el estado de Tabasco, el
cual cuenta con 500 millones de barriles de reservas probadas y se
espera genere 135 mil barriles diarios el próximo año; así como la
posible incorporación de un megayacimiento en Veracruz con un potencial
de 5 mil millones de barriles de petróleo equivalente (es decir, una
combinación de crudo y gas).
Papel de Amnistía Internacional en la guerra que padecemos
Amnistía Internacional pidió
encontrarse con el presidente Andrés Manuel López Obrador a fin de
analizar, junto con un grupo de ONG, la seria crisis de derechos humanos
por la que atraviesa el país (La Jornada, 20/02/20).
La predicción hoy
es simplemente inconcebible. No porque Bernie Sanders no sea capaz de
ganar el voto directo en las elecciones primarias del Partido Demócrata.
Y es plausible que la mayor parte de los electores se sientan atraídos
por su integridad y sus programas sociales. Pero el primer gran escollo
aparece-rá en la convención nacional, dominada en cierta manera por los
delegados cautivos de una burocracia partidaria que lo ve con recelo y
antipatía. Un primer y abigarrado obstáculo.
El presidente López
Obrador envió al Congreso de la Unión una iniciativa para elevar a
rango constitucional el derecho a recibir pensión por vejez,
discapacidad y becas de estudio ( Gaceta Parlamentaria, 26/11/2019). Para los diputados de Morena el objetivo es que se garantice a esa política social, que es
universal, los recursos que se requieren ahora como derechos constitucionales.
En años recientes
la migración a México ha aumentado considerablemente. Lo que ha generado
cambios relevantes en las polí-ticas migratorias. Como integrante del
Consejo Directivo de la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los
Derechos Humanos (CMDPDH) he conocido de primera mano los resultados y
la información recopilada en estaciones migratorias por el área de
solicitantes de asilo. De ahí me surge una gran preocupación por la
respuesta que el Estado mexicano ha tenido hacia quienes ingresan a
nuestro país intentando encontrar una vida mejor, o simplemente buscando
salvar sus vidas y las de sus familias, a raíz de que son perseguidos
por motivos de origen étnico, opiniones políticas, religión,
nacionalidad, género, pertenencia a un grupo social, o porque sus países
son azotados por la violencia generalizada, las violaciones masivas de
derechos humanos, conflictos armados internos u otras circunstancias que
hayan perturbado gravemente el orden público. A pesar de la larga
tradición de asilo de la que México suele alardear, la realidad que
enfrentan las miles de personas que llegan de América Central, Medio
Oriente y el norte y centro de África dista mucho de ser reconfortante.
De acuerdo con lo declarado por el canciller Ebrard, tan sólo en 2019
más de 180 mil personas fueron privadas de libertad en las llamadas
estaciones migratorias. Este número incluye hombres, mujeres, niñas y
niños que se atrevieron a llegar a un país donde asumieron que su vida y
derechos estarían protegidos. La tragedia de las estaciones migratorias
no se detiene con la privación de la libertad de gente que no ha
cometido ningún crimen ni está enfrentando ningún proceso judicial. Lo
más preocupante son las condiciones en que las personas se encuentran:
hacinadas, durmiendo en el suelo en colchonetas sucias, sin que se les
permita en meses lavar sus cobijas. Mu-jeres, hombres y niños pasan días
y noches revueltos en habitaciones sin ventilación ni iluminación
adecuada, y sin que se les realicen revisiones médicas para evitar el
contagio de enfermedades. En los centros de detención el acceso al agua
potable no siempre se garantiza, y en ocasiones la comida que se les da
no es suficiente. En otros casos los alimentos están en estado de
descomposición, y en algunas circunstancias no se les da de comer para
castigarles por haberse quejado del estado en que se les tiene. El
acceso a servicios de salud tampoco es algo que se les garantice.
Incluso en casos en que alguien requiera de operaciones o medicamentos
urgentes, la gravedad de su estado de salud no es garantía de que serán
trasladadas a un hospital, o que se les permitirá ver a un médico.
Podemos recordar como ejemplo que durante esta administración dos
personas han fallecido bajo la custodia del INM: una niña guatemalteca
de 10 años y un hombre haitiano. Otra fuente de preocupación es la
represión que las personas viven dentro de las estaciones. La privación
de alimentos y agua no es la única forma en que las personas migrantes
son castigadas. También son llevadas a pequeñísimos cuartos sin
iluminación, donde pueden permanecer durante varias semanas sin poder
hablar con sus compañeros de la estación ni poder llamar a sus familias.
En otras ocasiones han declarado haber sido golpeadas y amenazadas
verbalmente y con armas por parte de distintos cuerpos de seguridad
(Policía Federal, Guardia Nacional, Seguridad Privada de la Estación).
Algunas de las personas que migran a México intentan obtener la
condición de refugiadas, pues vienen huyendo de grave violencia en sus
países. Nuestra Constitución señala que cuando estas personas llegan a
México tienen derecho a solicitar asilo, con independencia de su
nacionalidad, edad, sexo, modo de ingreso, etcétera. Sin embargo, el
derecho de estas personas a iniciar el procedimiento de reconocimiento
de la condición de refugiado no es respetado en muchas ocasiones por las
autoridades. Así, las abogadas de la CMDPDH han recabado testimonios de
personas no hispanohablantes a quienes se les ha engañado para que
firmen su deportación, diciéndoles que están firmando su solicitud de
asilo, o de grupos completos de personas a quienes se les niega acceso
al procedimiento de asilo porque las autoridades consideran
que no se merecen ese derecho. En conclusión, si bien es cierto que en los años recientes la política migratoria y el sistema de asilo mexicano ha encontrado grandes desafíos derivados del aumento en el número y diversidad de los flujos migratorios que ingresan a México, también lo es que la respuesta del gobierno dista mucho de ser adecuada. La criminalización de la migración no puede ser la respuesta que se dé a la crisis humanitaria que la región y el mundo están enfrentando. Resulta por ello necesario que el Estado mexicano tome medidas urgentes para garantizar los derechos de todas las personas que cada día ingresan a nuestro país, y deje de actuar como el muro migratorio del vecino país del norte.
El 11 de febrero de
2019, Samir Flores y un grupo de opositores al Proyecto Integral
Morelos acudieron a protestar a una actividad en la que estaría el
presidente Andrés Manuel López Obrador. Con mantas, consignas y un
modesto equipo de sonido, los y las manifestantes permanecieron durante
todo el acto hasta que lograron llamar la atención del presidente. AMLO,
quien estaba acompañado, entre otros, por Cuauhtémoc Blanco y Hugo
Erick Flores, volteó hacia el grupo en el que se encontraba Samir y,
visiblemente molesto, con la mano derecha alzada y el dedo índice
también levantado, se refirió a ellos y ellas en tono retador:
Escuchen, radicales de izquierda, que para mí no son más que conservadores. Nueve días después, el 20 de febrero, Samir Flores sería asesinado a las afueras de su casa.
Hay una crisis de seguridad
innegable en el país. El número de asesinatos de 2007 a la fecha
alcanza más de 200 mil personas. El feminicidio es un tipo
característico de crimen que debe analizarse en lo específico con sus
características y variantes en sus distintos espacios sociales y
geográficos. Se necesita una política integral para enfrentarlo. Se
requiere mucha empatía para ser solidario con las víctimas de esta
enorme tragedia que a todos nos afecta.
En otra situación entre
México y Estados Unidos, que podría causar un desencuentro con posibles
consecuencias negativas para nosotros, está el comentario sin sentido
hecho por Hugo Rodríguez, subsecretario adjunto para asuntos del
hemisferio occidental del Departamento de Estado de nuestros vecinos, en
una sesión del subcomité correspondiente de la Cámara de
Representantes, encargado de evaluar la eventual asistencia en materia
de seguridad a México, ahora que prácticamente el Plan Mérida ha
desaparecido, advirtiendo que si México compra helicópteros a Rusia,
como se comentó durante la reciente visita a nuestro país del canciller
ruso Serguei Lavrov, país con el que tenemos añejas relaciones, podemos
ser objeto de sanciones bajo la Ley para contrarrestar a los adversarios
mediante sanciones, aprobada en julio de 2017.
El instinto de muerte freudiano es anterior a un desmando crítico, perpetuamente tornadizo, apresado en garras de eternidad.
▲ Fotograma de la cinta de Tamara Kotevska
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