Guatemala, tres años después del incendio que mató a 41 niñas
Fuentes: Rebelión
“No quiero que nadie me diga Feliz Día de la Mujer el 8
de marzo” dice Brendy Cuy Urizar. Tampoco Elsa Siquín Montafúr celebra
este día. Brendy es la tía de Yohanna y Elsa la madre de Yemmi, dos de
las 41 niñas que murieron en el incendio del Hogar Seguro en Guatemala
el 8 […]
“No quiero que nadie me diga Feliz Día de la Mujer el 8 de marzo”
dice Brendy Cuy Urizar. Tampoco Elsa Siquín Montafúr celebra este día.
Brendy es la tía de Yohanna y Elsa la madre de Yemmi, dos de las 41
niñas que murieron en el incendio del Hogar Seguro en Guatemala el 8 de
marzo de 2017.
Tres años después la tragedia ésta es considerada culpa de las
menores por protestar el día anterior, o son estimadas delincuentes ya
que “por estar ahí, algo habrán hecho mal”. También las madres tienen la
culpa porque “abandonaron sus hijas en el Hogar”. Esta criminalización
llegó a su colmo cuando a finales de 2019 las quince niñas
sobrevivientes fueron denunciadas por ser las responsables de la muerte
de sus compañeras. La estigmatización y criminalización no solamente
determinan la búsqueda de justicia después la tragedia, sino también
determinó la muerte y vida de las chicas, y de cómo llegaron al Hogar.
Una
tragedia anunciada
El día antes del fuego, varias jóvenes protestaron y se escaparon del
Hogar Seguro Virgen de Asunción en el municipio de San José Pinula, a
las afueras de la Ciudad de Guatemala. El Hogar Seguro no era tan seguro
como pretendía su nombre, tampoco según la ley que establece su función
como casa de acogida para jóvenes en riesgo de sufrir violencia.
Cada domingo y lunes la madre Yemmi la visitaba en el Hogar. Yemmi
lloraba mucho, quería irse de allí. “Se quejaba de la comida podrida y
maltratos. El último domingo que la vi, me contó que ya no quería tomar
el refresco porque temían que les drogaban para tranquilizarlas, que vio
cómo llevaron a una niña en la noche. Ese día me dio una carta, y por
eso luego la castigaron.” Yemmi no exageró. Entre 2012 y 2016 el
Procurador de Derechos Humanos registró decenas de denuncias de abusos,
entre ellos maltratos, violaciones y trata sexual. Brendy, la tía de
Yohanna, entienda por qué las niñas protestaron. “Lo único que estaban
pidiendo eran sus derechos. No gozaban ni de toallas sanitarias. Cuando
tenían sus reglas sacaban pedazos de las colchones.”
El 7 de marzo no fue la primera vez que los jóvenes se rebelaron
contra los abusos. Excepcional fue que esta vez llegaron, por orden del
entonces presidente Jimmy Morales, mas de cien policías entrenados para
combatir criminales a reprimir una protesta de menores de edad.
Golpeadas y rociadas con gas pimienta las jóvenes capturadas tuvieron
que esperar durante horas en el frío a las afueras del Hogar. Por no
querer mezclar “los buenos” con “los malportados”, encerraron a los
chicos en un auditorio grande y a 56 chicas en una aula de 47 metros
cuadrados. Las chicas estaban aplastadas ahí desde la medianoche, sin
acceso al baño, ni a agua potable. Lo que les dieron fueron unas
colchonetas de polietileno. Tras un día y una noche de desesperación,
una compañera les prendió fuego. Rápidamente un mar de llamas llenó la
habitación.
Durante 9 minutos la Subcomisaria Lucinda Marroquín tuvo la llave,
pero no abrió la puerta. Sobrevivientes dicen que les insultó y gritó
que se quemaran. 23 niñas murieron calcinadas, 18 más en los siguientes
días. 15 niñas sobrevivieron, con graves lesiones físicas y emocionales.
“Nueve minutos”, llora Brendy sentada en el cuarto donde duerme toda la
familia. “Ni abrió la puerta cuando escuchó esos gritos aterrorizados
de las niñas que se estaban quemando. Nunca lograré entender esto.”
Sobrevivientes
denunciados por asesinato
Doce
personas, entre ellas policías, empleados del Hogar Seguro, una
jueza y altos funcionarios de la Secretaría de Bienestar Social,
enfrentan juicios por los eventos del 7 y 8 marzo. Se les acusa de
delitos menores, como maltrato y homicidio culposo, delitos que
implican penas de 3 a 8 años. El proceso penal apenas avanza. “El
mayor obstáculo resulta que dividieron la investigación y
enjuiciamiento en tres procesos, según la capacidad de mando y
decisión de los sindicados”, explica Esteban Celada, el abogado de
Mujeres Transformando el Mundo, una organización que es querellante
adhesiva en el caso y que defiende a tres familias. El proceso
también está plagado por otros retrasos y obstáculos. Ya solamente
en la última semana de enero 2020 se canceló una audiencia porque
un fiscal llegó dos minutos tarde, y la otra, porque olvidaron los
permisos de transporte de una sindicada.
Otra
estrategia de los abogados de los acusados es culpar a las
sobrevivientes y familiares de las fallecidas. Es una campaña que se
refleja también a nivel político, mediático y social. Celada
habla indignado. “En vez de concebir las niñas como víctimas que
sufrieron una cantidad de violencias, las pintan como jovenes
malportadas y delincuentes que fueron institucionalizadas.” También
cuestionan a las familias, en específico a las madres, insinúan que
no les importaron sus niñas y por lo cual terminaron bajo custodia
del Estado. Celada califica esos discursos muy ofensivos. “Pero lo
mas perverso de todo este criminalización es denunciar penalmente a
las chicas sobrevivientes como responsables.”
En septiembre 2019, un cierto abogado, Ludwig Sandoval interpuso una
denuncia en contra de las 15 niñas sobrevivientes, acusándolas de 18
delitos y asesinato, cargo que acarrea una pena de 25 a 50 años de
prisión. Sandoval no tiene nada que ver con el caso pero sí con el
exdirector del Hogar Seguro. La denuncia se dio justo cuando los
abogados querellantes buscaban que siete niñas sobrevivientes pudieran
por fin dar su testimonio y que ningún sobreviviente debería repetir su
historia en tres procesos penales distintos. Según Celada, esta denuncia
busca no solamente estigmatizar las niñas sino también callarlas. Añade
que para poder entender esta criminalización perversa, se debe
contextualizar la estigmatización y la violencia continuada contra las
niñas que ha determinado sus vidas, su llegada al Hogar, sus muertes y
la búsqueda de justicia. “Este caso es un reflejo de Guatemala, un
cóctel letal de misoginia, pobreza extrema y violencia intrafamiliar,
estatal, institucional y criminal”.
Secuestrado
por el Estado
Yemmi tenía 15 años cuando murió en el fuego. Vivió toda su vida en
un barrio empobrecido de la ciudad de Guatemala. Su casa parece un
callejón donde se han montado unos ladrillos y láminas. Aun con la
cocina fuera de este reducido espacio, apenas hay lugar para el cuarto
de baño y dos cuartos con piso de tierra para toda la familia. En el
cuarto más grande no caben más que dos camas matrimoniales, donde Yemmi
dormía con su madre, tres hermanas y un hermano. El padre murió hace
años. Los dos cuartos están llenos de trofeos. A Yemmi la encantaba
jugar fútbol. Afuera hay vestidos secando por todos lados. Elsa lava
ropa y vende comida para ganarse la vida. Cuando terminó la escuela
Yemmi y Carlota, su hermanita de cuatro años menor, ayudaban a su mama a
preparar y vender tamales. “Nunca les faltó algo, siempre tuvieron que
comer, aunque era solamente frijol. Si necesitaba un cuaderno yo miraba
como podía comprarlo. Siempre fui papá y mamá para todos. ”
No solamente la extrema pobreza distinguió la vida de Yemmi. También
la determinó la violencia que azota Guatemala y el barrio donde creció.
Las pandillas y la violencia que generan es una realidad que no se puede
negar allí. Tampoco se puede negar la violencia que generan las
autoridades que estigmatizan a los jóvenes pobres de esos barrios como
posibles pandilleros. Debido a la persecución a varones jóvenes, las
pandillas cambian de táctica y encargan a chicas llevarles armas y
drogas. Estando al lado de una amiga que cargaba una arma, Yemmi fue
detenida en un retén de policía. No le permitieron llamar a su mamá. El
policía que le sacó su teléfono nunca se lo devolvió. El juez mandó a su
amiga a un penitenciario juvenil, y a Yemmi al Hogar Seguro. Nunca
avisaron a Elsa donde estaba su hija.
El
Estado tendrá el cuidado
Stef Arreaga es periodista guatemalteca y miembro del Colectivo 8
Tijax. Tras escuchar del incendio permaneció días en el hospital y en la
morgue, desde entonces acompaña a la mayoría de las familias y
sobrevivientes. “El dominador común de todas las 54 niñas que estaban en
el incendio es la situación de pobreza extrema. Además la mayoría vivía
en áreas rojas, consideradas muy peligrosas. Otro factor común es que
varias niñas vinieron de familias con madres solteras. Las razones por
la cual las chicas llegaron al Hogar fueron distintas, pero ninguna
estaba ahí porque cometieran delitos. Unas fueron maltratados y hasta
prostituidas en casa, otras madres las pusieron ahí porque las maras
querían recluir a las niñas. También hubo madres que querían que sus
niñas pudieran tener una educación, comida, acceso a un médico. Algo que
las madres no pudieron darles». Otras niñas eran como Yohanna quien fue
criada por su tía Brendy, porque sus padres se marcharon. “A los 15
años se puso rebelde, quería irse.” explica Brendy en su casa de madera
en un municipio de Sololá. “Yohanna llamó al juzgado para llevarla al
Hogar.” Stef se pregunta si los jueces que tuvieron que decidir sobre
las chicas, habrían tomado la misma decisión si no vinieran de áreas
marginales. También le llama la atención que tantas niñas provinieran de
familias donde mujeres criaron a las niñas, y la marginalización que
esto implica.
Elsa, quien no puede leer ni escribir y quien casi nunca salió de los
alrededores de su barrio, buscó a su hija en hospitales, morgues,
hogares y juzgados, dentro y fuera de la Ciudad de Guatemala. Varias
veces preguntó por Yemmi en el Juzgado de la Niñez que la había
encerrado. Al cabo de un mes la encontró en el Hogar Seguro, después una
sugerencia de un desconocido. “Su pelo tieso, su ropa y cuerpo llenos
de manchas. No la dieron ni cosas para bañarse. Estaba toda golpeada por
otras chicas y quemada porque la ponían en la cancha como castigo. La
prometí que iba a sacarla de ahí. En la audiencia el juez dijo que él
decide, que el cuidado lo iba a tener el. Pero ¿qué cuidado? -llora
Elsa- si me la entregó muerta.”
“Si
hubiera recibido algo de dinero sacaría mi familia de este barrio”
Elsa
y Brendy lo tienen claro. Es el Estado que las quemó. “Pero los
vecinos y mi familia me dicen que por mi culpa estaba ahí”,
lamenta Elsa. “Hasta en el camino a la morgue mi madre y hermana me
regañaron que Yemmi era mi responsabilidad.” También a Brendy la
miran mal fuera de su pueblo. En las calles de la ciudad más cercana
le gritaron asesina. “Ya no vamos por ahí.” Elsa ya tampoco
vende sus tamales en el mismo puesto arriba del barrio por miedo a
que la van a extorsionar. Muchas personas piensan que Elsa, Brendy y
las otras familias, recibieron dinero por lo que pasó con sus hijas,
les desprestigian alegando que su motivación por estar en juicios,
es una indemnización.
“Si
hubiera recibido algo de dinero sacaría mi familia de este barrio”,
dice Elsa. Recién recibió amenazas de muerte de unos vecinos y hace
un año y medio mataron a su hija Carolina de 13 años. Fue a una
tienda al lado y nunca volvió, la decapitaron y la tiraron en un
terreno baldío cercano. Elsa dice no tener idea porqué. “Quizás
porque pensaron que yo recibí dinero, o quizás porqué Carolina no
quería acompañar una persona como hizo su hermana. Aquí
en Guatemala, la violencia lo agarra contra las niñas.”
Tres
años sin justicia
Tanto Elsa y Brendy desesperan en su búsqueda por justicia, como
cuando el juez suspende una y otra audiencia. Llegar a éstas cuesta
dinero y tiempo, algo que varias familias no tienen. “No voy a todas. El
día que voy es un día que no trabajo”, explica Elsa. Brendy se indigna
que ya son tres años y que todavía no hay justicia. “Sabemos que estamos
enfrentando a funcionarios muy altos y poderosas”. Con unos sindicados
tardaron dos años para decidir si deberían enfrentar juicio, como la
jueza que no cumplió con su deber de averiguar y asegurar la seguridad
de los niños y adolescentes el 7 de marzo. Otros acusados tenían
estrechos vínculos con el expresidente Jimmy Morales. Él también
enfrenta querellas en este caso, por haber ordenado la llegada de 100
policías extra. Su inmunidad siempre lo protegió de persecución en este
caso. Y sigue gozando de inmunidad, ya que en enero 2020 fue nombrado
como diputado en el Parlamento Centroamericano, horas después de la toma
de poder por el nuevo Presidente en enero 2020.
Celada considera que otra razón por la cual se incrementa la
obstaculización de la justicia, es porque dos de los tres procesos
penales están a punto de entrar en la etapa final. En esta etapa habrá
debate público y se presentarán evidencias. Quizás el 2020 podrá ver
condenas en el caso de Hogar Seguro. Sin embargo, Stef Arreaga del
colectivo 8 Tijax teme que podrían ser penas leves, ya que no son
juzgado por delitos de tortura sino por delitos como el maltrato.
Además, penas como la de asesinato culposo no son acumulativas; se juzga
por todo el grupo, no por las 56 individuos.
Justicia
fuera de los tribunales
Para
Brendy y Elsa justicia no es un memorial que el gobierno instaló en
noviembre 2019 a la entrada del Hogar, escribiendo mal los nombres y
olvidando de invitar a las familias y sobrevivientes a la
inauguración. Justicia para ellas es que se conozca la verdad sobre
lo que pasó, que los culpables sean condenados apropiadamente, y que
no vuelva a pasar lo que pasó en ningún otro Hogar, y a ninguna
otra niña.
Queda
todavía mucho por hacer. “Siguen pasando esos episodios de motines
en otros hogares donde los niños escapan, donde los niñas están
pidiendo que les escuchen”, reflexiona el abogado Celada. “Lo
malo es que la sociedad no escucha. Si siguen rebelándose es porque
algo nos quieren decir, pero ni siquiera pensamos que son merecedores
de ser escuchados.”
Celada enfatiza que la justicia también se debe buscar fuera de los
tribunales, por ejemplo, manteniendo el altar que organizaciones de la
sociedad civil y individuos montaron en la Plaza Central de Guatemala.
En septiembre 2019 el gobierno lo quitó. Aunque activistas volvieron a
ponerlo, la falta de indignación de la población en general dice mucho
según Celada. Revela la estigmatización y criminalización hacia las
familias y sobrevivientes. “Si una sociedad es incapaz de tener empatía
por un hecho tan grave como este, se normaliza la violencia. Y puede
volver a pasar una tragedia como este del Hogar Seguro.”
Texto y fotos de la autora: https://fraukedecoodt.org/
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