María Elena Álvarez-Buylla Roces*
La Ley de Ciencia y Tecnología
vigente se emitió en un contexto geopolítico, económico,
tecno-científico y ambiental muy distinto al actual, con principios y
objetivos que no coinciden necesariamente con la pluralidad, las
exigencias éticas y epistemológicas, ni con el compromiso que la
sociedad demanda de los científicos y tecnólogos frente a los desafíos
de la humanidad.
Durante 18 años, la normativa y las políticas del gobierno no
facilitaron la articulación de las capacidades y recursos nacionales en
ciencia, tecnología e innovación (CTI) para lograr soberanía científica e
independencia tecnológica; tampoco acortaron la brecha de género ni de
empleo en el sector. No hubo planeación estratégica para acoplar la
formación de nuevos científicos con la disponibilidad de puestos
laborales. Esto llevó a una gran
fuga de cerebros: la inversión pública de más de 200 mil millones se volvió un pasivo, con 1.2 millones de mexicanos altamente calificados, más de 900 mil con título universitario, más de 300 mil con posgrado, y más de 30 mil colegas en puestos de liderazgo en Estados Unidos.
Las administraciones anteriores no regularon ni dieron seguimiento
efectivo al uso de tecnologías potencialmente nocivas para el ambiente,
la salud y los procesos bioculturales. Tampoco fomentaron la
transparencia en el ejercicio de los recursos públicos o su
fiscalización adecuada.
Se le apostó al mercado y a la vinculación entre el gobierno y la
academia con el sector privado, pero sin la participación informada e
incluyente de la comunidad, y sin garantizar el acceso universal al
conocimiento y sus beneficios o la eficiencia.
En el sexenio anterior, México pasó del lugar 63 al 56 en gasto
público de CTI a escala mundial. No obstante, perdió 16 lugares en el
índice de eficiencia de innovación, al descender del puesto 56 al 72. En
un país pobre y con desigualdades abismales, ¡se gastó más en CTI pero
se disminuyó en eficiencia de innovación!: 77 por ciento del gasto fue
público y sólo 19 por ciento privado. ¡Se transfirieron al menos 35 mil
175 millones a particulares y se adoptó tecnología obsoleta, no
pertinente y riesgosa! En contraste, en 2017 y 2018, para la ciencia de
frontera, la transferencia fue nula, cuando el apoyo a la ciencia es
fundamental para desarrollar tecnología de vanguardia y pertinente,
superar la dependencia al fortalecer los medios de producción y lograr
la soberanía nacional que buscamos ahora.
En cambio, la reforma constitucional de 2019 y el PND 2018-2024 ubica
a las actividades del sector en las coordenadas del derecho humano a la
ciencia y un nuevo paradigma de ciencia honesta y rigurosa, pública:
comprometida, social y ambientalmente, con el interés público nacional,
democrática, forjada sobre firmes principios éticos y epistemológicos y
en pos de una nación soberana y libre, además de asertiva y transparente
en el manejo de los recursos.
Así, el Consejo General de Investigación Científica, Desarrollo
Tecnológico e Innovación, encabezado por el presidente López Obrador,
acordó la creación de un comité intersectorial que funja como espacio de
diálogo entre expertos y dependencias públicas para revisar la
formulación del Anteproyecto de Iniciativa de la primera Ley General de
Humanidades, Ciencias, Tecnologías e Innovación (HCTI). El Conacyt,
coordinador del sector, será responsable de liderar el comité y elaborar
el anteproyecto.
En su primera sesión, el comité conoció las diversas fuentes e
insumos normativos, académicos y ciudadanos que se han debatido en la
comunidad en torno a posibles reformas y sus justificaciones técnicas,
políticas y económicas. Asimismo, analizó los ejes temáticos, principios
y consensos esenciales para formular el anteproyecto.
El comité se pronunció a favor de la rectoría del Estado y una agenda
estratégica que apuntale el derecho a la ciencia y consolide la
articulación del gobierno, la academia, la industria y la sociedad, así
como la coordinación nacional, intersectorial y regional, y la
cooperación internacional, de manera que la libertad de investigación,
el desarrollo de fuerzas productivas y el fortalecimiento de la economía
mexicana con sólidas bases de HCTI sean compatibles con el bienestar
social y el desarrollo sustentable.
En paralelo, la plataforma del Conacyt para recabar propuestas
institucionales se abrió el 31 de enero y desde el 21 de febrero es de
acceso libre. La convocatoria inicial incluyó a secretarías de Estado,
centros públicos de investigación, universidades, instituciones de
educación superior, academias, organismos estatales y organizaciones
empresariales. A la fecha se han recabado casi 100 propuestas.
La expedición de la primera ley general de HCTI impactará en el
entendimiento, el lenguaje y las interacciones del ecosistema nacional
de CTI. Es una oportunidad histórica para vincularlo con las necesidades
del país entero, democratizar el sector y arraigar en su seno la
honestidad, el rigor metodológico, el pluralismo epistémico, el
compromiso socio-ambiental, la transparencia, el uso responsable de los
recursos y la rendición de cuentas.
* Directora General del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología
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