Miguel Concha
En años recientes
la migración a México ha aumentado considerablemente. Lo que ha generado
cambios relevantes en las polí-ticas migratorias. Como integrante del
Consejo Directivo de la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los
Derechos Humanos (CMDPDH) he conocido de primera mano los resultados y
la información recopilada en estaciones migratorias por el área de
solicitantes de asilo.
De ahí me surge una gran preocupación por la
respuesta que el Estado mexicano ha tenido hacia quienes ingresan a
nuestro país intentando encontrar una vida mejor, o simplemente buscando
salvar sus vidas y las de sus familias, a raíz de que son perseguidos
por motivos de origen étnico, opiniones políticas, religión,
nacionalidad, género, pertenencia a un grupo social, o porque sus países
son azotados por la violencia generalizada, las violaciones masivas de
derechos humanos, conflictos armados internos u otras circunstancias que
hayan perturbado gravemente el orden público.
A pesar de la larga
tradición de asilo de la que México suele alardear, la realidad que
enfrentan las miles de personas que llegan de América Central, Medio
Oriente y el norte y centro de África dista mucho de ser reconfortante.
De acuerdo con lo declarado por el canciller Ebrard, tan sólo en 2019
más de 180 mil personas fueron privadas de libertad en las llamadas
estaciones migratorias. Este número incluye hombres, mujeres, niñas y
niños que se atrevieron a llegar a un país donde asumieron que su vida y
derechos estarían protegidos.
La tragedia de las estaciones migratorias
no se detiene con la privación de la libertad de gente que no ha
cometido ningún crimen ni está enfrentando ningún proceso judicial. Lo
más preocupante son las condiciones en que las personas se encuentran:
hacinadas, durmiendo en el suelo en colchonetas sucias, sin que se les
permita en meses lavar sus cobijas. Mu-jeres, hombres y niños pasan días
y noches revueltos en habitaciones sin ventilación ni iluminación
adecuada, y sin que se les realicen revisiones médicas para evitar el
contagio de enfermedades.
En los centros de detención el acceso al agua
potable no siempre se garantiza, y en ocasiones la comida que se les da
no es suficiente. En otros casos los alimentos están en estado de
descomposición, y en algunas circunstancias no se les da de comer para
castigarles por haberse quejado del estado en que se les tiene.
El
acceso a servicios de salud tampoco es algo que se les garantice.
Incluso en casos en que alguien requiera de operaciones o medicamentos
urgentes, la gravedad de su estado de salud no es garantía de que serán
trasladadas a un hospital, o que se les permitirá ver a un médico.
Podemos recordar como ejemplo que durante esta administración dos
personas han fallecido bajo la custodia del INM: una niña guatemalteca
de 10 años y un hombre haitiano. Otra fuente de preocupación es la
represión que las personas viven dentro de las estaciones.
La privación
de alimentos y agua no es la única forma en que las personas migrantes
son castigadas. También son llevadas a pequeñísimos cuartos sin
iluminación, donde pueden permanecer durante varias semanas sin poder
hablar con sus compañeros de la estación ni poder llamar a sus familias.
En otras ocasiones han declarado haber sido golpeadas y amenazadas
verbalmente y con armas por parte de distintos cuerpos de seguridad
(Policía Federal, Guardia Nacional, Seguridad Privada de la Estación).
Algunas de las personas que migran a México intentan obtener la
condición de refugiadas, pues vienen huyendo de grave violencia en sus
países.
Nuestra Constitución señala que cuando estas personas llegan a
México tienen derecho a solicitar asilo, con independencia de su
nacionalidad, edad, sexo, modo de ingreso, etcétera. Sin embargo, el
derecho de estas personas a iniciar el procedimiento de reconocimiento
de la condición de refugiado no es respetado en muchas ocasiones por las
autoridades.
Así, las abogadas de la CMDPDH han recabado testimonios de
personas no hispanohablantes a quienes se les ha engañado para que
firmen su deportación, diciéndoles que están firmando su solicitud de
asilo, o de grupos completos de personas a quienes se les niega acceso
al procedimiento de asilo porque las autoridades consideran
que no se merecen ese derecho.
En conclusión, si bien es cierto que en los años recientes la política
migratoria y el sistema de asilo mexicano ha encontrado grandes desafíos
derivados del aumento en el número y diversidad de los flujos
migratorios que ingresan a México, también lo es que la respuesta del
gobierno dista mucho de ser adecuada. La criminalización de la migración
no puede ser la respuesta que se dé a la crisis humanitaria que la
región y el mundo están enfrentando.
Resulta por ello necesario que el
Estado mexicano tome medidas urgentes para garantizar los derechos de
todas las personas que cada día ingresan a nuestro país, y deje de
actuar como el muro migratorio del vecino país del norte.
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